El Gobierno fue aceptado como querellante
El juez federal Claudio Bonadío aceptó la participación del Estado como parte, lo que le permitirá acceder al expediente y sugerir medidas de prueba, en la investigación por el choque de una formación de TBA en la estación de Once, que provocó la muerte de 51 personas y 703 heridos. El anunció lo había realizado el ministro de Planificación, Julio de Vido, la semana pasada, pero se esperaba la confirmación del juez, ya que los familiares de las víctimas podrían presentar denuncias contra el Estado, a cargo de controlar la concesión.
Bonadío, según fuentes de la causa, resolvió hacer lugar al pedido porque el servicio que presta la empresa TBA es un transporte público que “debe ser garantizado por el Estado Nacional”. En ese sentido, los informantes añadieron que otorgarle el rol de querellante al Estado "no es impedimento para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas".
El miércoles comenzaron las primera pericias de la causa, que continúan hoy. En esas medidas de prueba intervienen tres expertos oficiales: dos ingenieros de la Universidad de Buenos Aires y uno del cuerpo de profesionales de la Corte Suprema junto a los peritos de parte.
La AGN aprobó el informe sobre TBA
El titular de la AGN, Leandro Despouy, resaltó que se encontraron "múltiples incumplimientos por parte de la empresa en las tareas de mantención y aplicación de los fondos de los subsidios del Estado", a pesar de "un marcado incremento" de esos giros. Además, Despouy indicó "una clara quietud por parte de la Secretaría de Transporte", a pesar de los denuncias presentadas por la Comisión Nacional de la Regulación del Transporte (CNRT). El informe será entregado al juez Claudio Bonadío, a cargo de la causa por la tragedia de Once, y al Congreso.
Despouy destacó que la CNRT "ha cumplido un rol importante en la aplicación de penalidades y multas", aunque "la Secretaria de Transporte no dio movimiento a ninguna de las 53 denuncias presentadas, 15 pertenecientes a líneas de TBA". Por eso, el titular de la AGN aseguró que el informe será muy "revelador" de la actuación de la empresa y que será "útil" para que el Poder Ejecutivo y Judicial tomen las "decisiones correspondientes".
El radical aclaró que "la Auditoría no puede administrar, sino que controla. El poder político administra y toma decisiones. Por eso la AGN no puede exigir la rescisión del contrato", en referencia a los dichos de la Presidenta ayer durante la apertura de las sesiones ordinarias, cuando sostuvo que ningún informe de los organismos de control había solicitado la recesión del contrato a la empresa del Grupo Cirigliano.
Por su parte, Alejandro Nieva, uno de los siete integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), también se refirió al aumento de los subsidios estatales y señaló que "los números han ido creciendo en los últimos años de manera importante y exponencial. En 2005, recibían 735 millones de pesos, y en 2011, sólo TBA recibió casi 1.000 millones de pesos, el 20 por ciento del total recibido por todas las empresas".
Según un peritaje preliminar, los frenos de los vagones traseros funcionaban
Durante los primeros análisis del tren que el miércoles pasado chocó contra un paragolpes hidráulico en la terminal de Once y provocó la muerte de 51 personas, los peritos corroboraron que cuatro de los frenos de los últimos cuatro coches de la formación no fallaban al ser activados. Por su parte, el vocero de La Fraternidad, relativizó esos resultados al considerar que "técnicamente no dicen nada porque todavía no se hizo el peritaje en la primera parate del tren, ya que no se (la) pudo mover".
Además, al realizar esa "prueba dinámica de tracción y freno" en los vagones vacíos, los peritos comprobaron que el mecanismo funcionó, pero aún no determinaron si respondió de la misma manera el día del accidente. Es decir si los frenos pudieron ayudar a la detención de la información o, por el contrario, traccionaron por inercia sobre los vagones delanteros. Es por eso que, según las fuentes citadas por la agencia DyN, aclararon que esos resultados "no son concluyentes", ya que los análisis tuvieron que interrumpirse y recién serán concluidos el lunes.
Paralelamente, Caminos argumentó que "el mecanismo de frenos accionaba, pero es una pericia preliminar y eso técnicamente no dice nada porque todavía no se hizo el peritaje en la primera parte del tren, ya que no se pudo mover".
Los trabajos son encabezados por tres ingenieros especialistas en ferrocarriles, dos del posgrado de Ingeniería Ferroviaria de la Universidad de Buenos Aires, Néstor Luzuriaga y Juan Alfredo Brito, y uno de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Díaz. Como peritos de parte estuvieron Alejandro Leonetti, de la Secretaría de Transporte; Horacio Faggiani, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT); Carlos Díaz, en representación del maquinista Marcos Antonio Córdoba; y Julio Pastine, de la concesionaria TBA.
Mientras que, Horacio Pernasetti, otro de los integrantes de la auditoría, remarcó que "no aparece la razón por la cual (TBA) aumentó el gasto de personal y disminuyó el gasto en mantenimiento". "Este informe implica claras recomendaciones a la autoridad de aplicación y a la Secretaría de Transporte para que tomen las medidas que consideren necesarias". instó.
Pernasetti subrayó que "el proceso de renegociación del contrato (entre el Estado y el concesionario) lleva diez años y esto perjudica el servicio. Es necesario que se dé fin a esta situación porque estas situaciones se van a ir haciendo cada vez más graves", previno.
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