Plan C

“DE LA SOTA QUIERE IMPEDIR LA VIGENCIA DE LA CLÁUSULA ANTIMONOPÓLICA DE LA LEY DE MEDIOS”

20.05.2013 | 09:19 |

Rechazo al DNU del Gobierno de la Provincia. Actores de la Comunicación Social descreen que con el decreto 525 se pretenda “garantizar la libertad de expresión” y lo interpretan como un freno a la plena vigencia de la ley 26.522

Por Alexis Oliva 
(El Argentino, edición Córdoba)

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 525, con el que el gobernador José Manuel de la Sota se propone “defender y garantizar la libertad de expresión, opinión y prensa en la provincia de Córdoba”, motivó el rechazo de diversos actores vinculados a la Comunicación Social.

Al igual que el DNU que Mauricio Macri emitió la semana pasada en Buenos Aires, el “acuerdo general de ministros” que revisará la Legislatura cordobesa prohíbe “la intervención, desapoderamiento, designación de veedores, restricción y control en forma directa e indirecta de los medios de comunicación”, lo que es interpretado como una cláusula que busca impedir la aplicación de la ley nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.525 en la provincia.

Miguel Rodríguez Villafañe, abogado especialista en derecho a la información: “En lo bueno que el decreto tiene, no supera a cuestiones ya consagradas en el artículo 51 de la Constitución provincial, en la nacional y en pactos internacionales. Y lo que debiera haber hecho, no lo hace: no regula el secreto profesional periodístico, la cláusula de la conciencia y la doctrina de la real malicia. En su momento, acompañé al Cispren con un proyecto de regulación del secreto profesional y al día de la fecha no se han hecho eco el Gobierno ni la Legislatura provincial. El decreto está direccionado a que no se aplique en Córdoba la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo cual es imposible ya que es de clara competencia nacional y federal, conforme el nuevo artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional reformada en 1994”.

Carlos Vicente, titular del Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), delegación Córdoba: “El único medio prohibido en Córdoba es el canal de TV digital de la Universidad Nacional de Rio Cuarto, porque el Gobierno provincial impide el funcionamiento de la antena de Televisión Digital Abierta en Río Cuarto, pesar de que un juez federal ordenó su puesta en funcionamiento. Pero, como es un juez independiente, De la Sota no le da pelota. El colmo del disparate es que ahora el tragicómico De la Sota firmó un decreto que impide intervenir, restringir o censurar medios. En realidad, quiere impedir la aplicación de la ley (de medios), especialmente los artículos 45 y 161, que expresan la cláusula antimonopólica que pone límites a la hiperconcentrada propiedad de los medios. Como dice La Voz del Interior, es un decreto de ‘blindaje de medios’, a lo que yo agregaría ‘del grupo Clarín’, para decir la verdad”.

Carlos Valduvino, secretario general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación: “Es una puesta en escena ante las próximas elecciones legislativas. Nos hubiese satisfecho a los trabajadores de prensa de la provincia de Córdoba que este decreto otorgara una salida a los trabajadores de Radio LV2 y que expresara claramente que no se permitirá más en la provincia de Córdoba el ‘aventurerismo’ empresarial de personas físicas o jurídicas que vienen a ‘comprar medios en la provincia’.

Además, adelanta una discusión de la que deberá ser partícipe toda la sociedad, cuando el 24 de mayo de 2015 finalice el decreto 527 que firmó el ex presidente Néstor Kirchner, cuando prorrogó por diez años las licencias de radio y televisión, incluyendo a medios del Grupo Clarín. El Gobernador recibió, a través de su Ministro de Seguridad, el informe que la semana anterior le presentó el Cispren, donde hay hechos protagonizados por él mismo que avasallan la libertad de expresión.

Por último, nos preguntamos por qué muchos hogares cordobeses no tienen la posibilidad de acceder al sistema TDA. Con este decreto se dice una cosa, y la realidad muestra otras. En definitiva, repudiamos este DNU y expresamos que para avanzar hacia la libertad de expresión y pluralidad informativa se debe profundizar la puesta en vigencia de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
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