Un fiscal de Roma pide enjuiciar a 35 represores del Plan Cóndor
Entre los sospechosos de homicidio y secuestro figuran dos ex presidentes, un ex jefe de inteligencia, ministros y funcionarios policiales. No hay argentinos por son juzgados acá.
La Fiscalía de Roma solicitó ayer el enjuiciamiento de 35 miembros de las juntas militares y de los servicios de seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por el asesinato de 23 ciudadanos de origen italiano durante los años '70 y '80 en el marco del Plan Cóndor. Entre los acusados se encuentran el ex presidente de Perú, Francisco Morales Bermúdez; el ex primer ministro de ese país, Pedro Richter Prada; el ex ministro de Interior boliviano, Luis Gómez Arce; quien fuera jefe de los servicios de Inteligencia de la dictadura militar chilena, Juan Manuel Contreras. También estarían el ex presidente de Uruguay, Gregorio Conrado Álvarez, y el ex titular de Exteriores de ese país, Juan Carlos Blanco. .
Según explicó el fiscal de la capital italiana, Giancarlo Capaldo, todos ellos están sospechados de homicidio, masacre y secuestro y sus edades van de los 64 a los 92 años. La audiencia preliminar en la que se decidirá sobre los enjuiciamientos solicitados se celebrará en el mes de octubre. La petición de la fiscalía romana llegó casi tres años después del cierre de la investigación, iniciada por Capaldo en 1998. En ella, el fiscal recogió información e interrogó a testigos sobre las actividades de 140 presuntos implicados en las operaciones de represión del Plan Cóndor, diagramado por las dictaduras del Cono Sur para reprimir a la oposición política de forma coordinada.
En la extensa lista de Capaldo figuraban 59 argentinos, 33 uruguayos, 20 chilenos, 11 brasileños, siete bolivianos, seis paraguayos y cuatro peruanos. Desde el cierre de la investigación, fallecieron cerca de 30 personas indagadas en la causa. Entre ellas, el ex presidente uruguayo, Juan María Bordaberry, y el ex ministro de Interior de Paraguay, Sabino Augusto Ciarletti Montanaro.
Sin embargo, algunos militares lograron ser encarcelados. Es el caso del ex fiscal militar de la dictadura chilena, Alfonso Podlech Michaud, quien fue extraditado a Italia tras ser detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas. Michaud fue acusado por la desaparición del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli en la cárcel chilena de Temuco. El militar pasó tres años preso y fue liberado después de que un tribunal de Roma dictara su absolución de los cargos de secuestro y tortura de personas por "prescripción del delito". También fue eximido de la acusación de homicidio "por falta de pruebas".
Algo parecido ocurrió con el caso de Néstor Jorge Fernández Troccoli, un ex militar uruguayo, arrestado en el sur de Italia en diciembre de 2007 a pedido de la jueza Luisanna Figliolia. Sin embargo, Fernández Troccoli fue excarcelado en abril de 2008, después de que el tribunal considerara que "no existían pruebas suficientes para mantenerlo en prisión preventiva".
Pocos meses después, en octubre de ese año, el fiscal Capaldo advirtió a los supuestos responsables del Plan Cóndor investigados en Italia de la necesidad de designar un abogado y fijar un domicilio en el país europeo para recibir las convocatorias judiciales. "Las respuestas fueron muy pocas", lamentó el funcionario. «
Efe y Ansa/Tiempo argentino
Según explicó el fiscal de la capital italiana, Giancarlo Capaldo, todos ellos están sospechados de homicidio, masacre y secuestro y sus edades van de los 64 a los 92 años. La audiencia preliminar en la que se decidirá sobre los enjuiciamientos solicitados se celebrará en el mes de octubre. La petición de la fiscalía romana llegó casi tres años después del cierre de la investigación, iniciada por Capaldo en 1998. En ella, el fiscal recogió información e interrogó a testigos sobre las actividades de 140 presuntos implicados en las operaciones de represión del Plan Cóndor, diagramado por las dictaduras del Cono Sur para reprimir a la oposición política de forma coordinada.
En la extensa lista de Capaldo figuraban 59 argentinos, 33 uruguayos, 20 chilenos, 11 brasileños, siete bolivianos, seis paraguayos y cuatro peruanos. Desde el cierre de la investigación, fallecieron cerca de 30 personas indagadas en la causa. Entre ellas, el ex presidente uruguayo, Juan María Bordaberry, y el ex ministro de Interior de Paraguay, Sabino Augusto Ciarletti Montanaro.
Sin embargo, algunos militares lograron ser encarcelados. Es el caso del ex fiscal militar de la dictadura chilena, Alfonso Podlech Michaud, quien fue extraditado a Italia tras ser detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas. Michaud fue acusado por la desaparición del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli en la cárcel chilena de Temuco. El militar pasó tres años preso y fue liberado después de que un tribunal de Roma dictara su absolución de los cargos de secuestro y tortura de personas por "prescripción del delito". También fue eximido de la acusación de homicidio "por falta de pruebas".
Algo parecido ocurrió con el caso de Néstor Jorge Fernández Troccoli, un ex militar uruguayo, arrestado en el sur de Italia en diciembre de 2007 a pedido de la jueza Luisanna Figliolia. Sin embargo, Fernández Troccoli fue excarcelado en abril de 2008, después de que el tribunal considerara que "no existían pruebas suficientes para mantenerlo en prisión preventiva".
Pocos meses después, en octubre de ese año, el fiscal Capaldo advirtió a los supuestos responsables del Plan Cóndor investigados en Italia de la necesidad de designar un abogado y fijar un domicilio en el país europeo para recibir las convocatorias judiciales. "Las respuestas fueron muy pocas", lamentó el funcionario. «
Efe y Ansa/Tiempo argentino
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