Ante la procuradoría de violencia institucional
Denunciaron a la Policía Metropolitana por la represión en Lugano
La presentación fue realizada por los legisladores porteños Campagnoli, Rachid y Ferreyra, y el diputado Horacio Pietragalla.
Accionar - Pide que se investigue a los policías, que actuaron como "barrabravas" - Foto: Tiempo Argentino
Los legisladores porteños José Cruz Campagnoli, María Rachid y Pablo Ferreyra, junto al diputado nacional Horacio Pietragalla formalizaron ayer una denuncia penal contra la Policía Metropolitana en la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) por la represión de las Fuerzas de Seguridad que participaron del desalojo del terreno aledaño a la Villa 20, bautizado como Barrio Papa Francisco. Mientras tanto, el campamento improvisado sobre el bulevar de la Avenida Fernández de la Cruz sumó familias que no encontraron en los paradores del gobierno porteño una solución habitacional. Al ser consultado por el reclamo de los vecinos, Mauricio Macri se desentendió de su responsabilidad como titular del ejecutivo porteño: "Nosotros podemos darle solución transitoria mientras ellos buscan una solución definitiva." Hoy a las 9 de la mañana se realizará una marcha a la Jefatura de Gobierno en reclamo de respuestas para las 700 familias desalojadas.
Ya son alrededor de 60 las familias que habitaban el antiguo cementerio de autos de la Policía Federal en el barrio en Villa Lugano y que actualmente acampan enfrente tras el desalojo. La Policía Metropolitana todavía los rodea y dificulta su movimiento. Algunos de los ocupantes denunciaron que el objetivo de la presencia policial es cansarlos para que abandonen el lugar. "Esta situación es peor que estar en cana", destacaron.
A esa denuncia se suma la realizada ayer por los legisladores en la PROCUVIN. Pablo Ferreyra, que el sábado recibió cuatro balas de goma. "La Metropolitana volvió a actuar de la peor manera, reprimiendo a palazos y disparando contra vecinos y militantes que lo único que buscan es proteger sus derechos". En el mismo sentido opinó José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro: "Esperamos que la denuncia avance para que se investigue a fondo el accionar de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad a cargo del operativo y de los policías que tuvieron un comportamiento más parecido al de barrabravas con armas de fuego". «
Ya son alrededor de 60 las familias que habitaban el antiguo cementerio de autos de la Policía Federal en el barrio en Villa Lugano y que actualmente acampan enfrente tras el desalojo. La Policía Metropolitana todavía los rodea y dificulta su movimiento. Algunos de los ocupantes denunciaron que el objetivo de la presencia policial es cansarlos para que abandonen el lugar. "Esta situación es peor que estar en cana", destacaron.
A esa denuncia se suma la realizada ayer por los legisladores en la PROCUVIN. Pablo Ferreyra, que el sábado recibió cuatro balas de goma. "La Metropolitana volvió a actuar de la peor manera, reprimiendo a palazos y disparando contra vecinos y militantes que lo único que buscan es proteger sus derechos". En el mismo sentido opinó José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro: "Esperamos que la denuncia avance para que se investigue a fondo el accionar de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad a cargo del operativo y de los policías que tuvieron un comportamiento más parecido al de barrabravas con armas de fuego". «
La jueza, contrariada con las fuerzas
La jueza porteña María Gabriela López Iñíguez, que el lunes había considerado como "exitoso" el desalojo del sábado en Lugano, informó ayer que su orden "no se completó" por lo que abrió una investigación para determinar por qué finalizaron el procedimiento.
Según la magistrada, el sector aún ocupado fue definido por el fiscal Carlos Rolero como "el más problemático" ya que allí "radicarían los focos delincuenciales vinculados a la tenencia ilegal de armas y al comercio de estupefacientes". Para López Iñiguez esta omisión en el procedimiento de una "gravedad institucional evidente" porque "no encuentran explicación alguna ni correlato con las órdenes impartidas".
Según la magistrada, el sector aún ocupado fue definido por el fiscal Carlos Rolero como "el más problemático" ya que allí "radicarían los focos delincuenciales vinculados a la tenencia ilegal de armas y al comercio de estupefacientes". Para López Iñiguez esta omisión en el procedimiento de una "gravedad institucional evidente" porque "no encuentran explicación alguna ni correlato con las órdenes impartidas".
Tiempo argentino
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