Kicillof aclaró que los bonistas podrán optar y que no cambia la jurisdicción
El gobierno renovó las críticas contra el juez de Nueva York Thomas Griesa. Por su parte, el consultor de la ONU Daniel Herrendorf propuso presentar una cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Detalles - El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, explicaron ayer los alcances del proyecto de ley - Foto: télam
El ministro de Economía, Axel Kicillof, salió ayer a aclarar algunos aspectos del proyecto de ley de "pago soberano local de la deuda externa argentina". En una conferencia de prensa, el titular de la cartera de Economía especificó que el objetivo de la propuesta es remover al Bank of New York Mellon (BoNY) de sus funciones de fiduciario (o intermedioario) debido a que la orden del juez de Nueva York Thomas Griesa le impide la distribución del dinero, violando sus obligaciones.
Acompañado por el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, Kicillof dijo que "los fundamentos de la ley reflejan la voluntad de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de enmendar las serias consecuencias del default". Por lo tanto, a pesar de las restricciones judiciales, Kicillof aseguró a los acreedores que "Argentina tiene un vencimiento de deuda el 30 de septiembre y vamos a seguir pagando".
El proyecto de ley plantea una nueva sede de pago para que los bonistas del canje puedan cobrar en una cuenta inembargable de Nación Fideicomisos SA en el Banco Central de la República Argentina, y la opción voluntaria de un cambio de legislación de los bonos por la ley argentina si se sienten inseguros respecto de las futuras sentencias judiciales. Si los acreedores no están de acuerdo con la sede, pueden realizar una propuesta propia con juntar una mayoría simple.
Kicillof cuestionó a Griesa y su fallo, al que tildó de "verdadera locura política y financiera" y lo acusó de organizar "la multiplicación de los panes pero al revés: la multiplicación de la deuda".
Si la Argentina accede a pagar a los fondos buitre los U$S 1600 millones que el juez exige, rápidamente los holdouts realizarán demandas por otros U$S 15 mil millones. Esto disparará la cláusula RUFO de los títulos de los canjes, que hace extensivo el acuerdo al 92,4% restante que sí entró al canje. El endeudamiento resultante de este proceso estaría entre U$S 120 mil millones y U$S 500 mil millones, "dependiendo de la rapidez de la pluma de Griesa", explicó el ministro.
Por ello, Argentina se encontraba "atada de manos" para llegar a un acuerdo con los buitres, subrayó Kicillof. Pero la mediación en manos de Daniel Pollack, designado por el juez "no es una mesa de negociación por los derechos que les otorgó Griesa" a los buitres, agregó el funcionario, quien volvió a cargar contra Paul Singer, dueño de Elliott Management, holding al que pertenece el buitre NML: "El señor Singer puede venir, sentarse en el mostrador y ganar 300 por ciento. ¿Le alcanza? No, porque es buitre." Además, acusó a esos fondos especulativos de "crear comunicados y solicitadas para manipular los mercados y timbear".
Respecto de la posible cartera de los fondos litigantes, Kicillof consideró la posibilidad que posean bonos en default para forzar el bloqueo del cobro, Credit Default Swaps (seguros de default) para beneficiarse de una cesación de pagos y títulos del canje para pedir la cláusula de aceleración.
Según el prospecto de los bonos, si se reúne el 25% del total de cualquier serie de títulos, incluso de algunas que son muy pequeñas, de U$S 95 millones en total, los bonistas podrían pedir el cobro adelantado. Esta operación se llama aceleración del capital. Al respecto, el ministro dijo que "los acreedores quieren cobrar, la Argentina quiere pagar y entre nosotros se paró Griesa", por lo que, de evitar el peso de la sentencia judicial, la mayoría de los tenedores de títulos podrían disponer de su dinero.
El proyecto de ley prevé además que al mismo tiempo que se paga a los bonistas, se les depositará a los holdouts en una cuenta paralela un monto equivalente que podrán cobrar cuando realicen el ingreso al canje. De esta manera, se cumplirá con la interpretación tradicional y convencional del pari passu, cláusula de los bonos argentinos que indica que el país tiene que pagar equitativamente a todos sus acreedores.
Cabe recordar que Griesa se valió de este artículo para bloquear el cobro de los bonos, argumentando que hasta que no se pagara el 100% de lo adeudado a los buitres no permitirá que el resto pueda recibir el dinero. Griesa falló en junio que cualquier medida evasiva de su sentencia sería tomada como un desacato luego de que surgieran rumores de que la Argentina apuntaba a cambiar de jurisdicción.
El nuevo proyecto no fuerza a los acreedores a cambiar la ley, por lo que, en palabras de Zannini, "es una solución estable, permanente, igualitaria y sustentable, pero es perfectible y requiere ser objeto de discusión en el Congreso". El secretario de Legal y Técnica recordó que los dos canjes fueron resultado de debates palamentarios y concluyó que "la tradición de este gobierno es que los problemas por la deuda se traten en el Poder Legislativo".
En el plano internacional, el consultor de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), Daniel Herrendorf, propuso "acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", tal como hizo la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo. El jurista sostuvo que "la Comisión puede emitir una medida cautelar y suspender cautelarmente la ejecución de la sentencia hasta tanto la propia Comisión considere si se han violado o no Derechos Humanos o tratados sobre derechos fundamentales y garantías" para permitir que los bonistas cobren el dinero correspondiente. El argumento para la denuncia ante el organismo, según Herrendorf, es que la sentencia "viola efectivamente tratados internacionales porque una deuda soberana no puede ejecutarse como se ejecuta un pagaré entre privados".
Mientras tanto, el litigio prosigue en las distintas sedes judiciales. En la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, la Argentina y el Citibank acusan a los buitres de impedir el cobro a tenedores de bonos con legislación extranjera e incluso de títulos que no pertenecen a los canjes. Para analizar la situación, la Corte llamó a una audiencia el 18 de septiembre. Queda pendiente, también, el pedido de los tenedores europeos de bonos al mismo tribunal para que el BoNY distribuya los fondos. «
Acompañado por el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, Kicillof dijo que "los fundamentos de la ley reflejan la voluntad de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de enmendar las serias consecuencias del default". Por lo tanto, a pesar de las restricciones judiciales, Kicillof aseguró a los acreedores que "Argentina tiene un vencimiento de deuda el 30 de septiembre y vamos a seguir pagando".
El proyecto de ley plantea una nueva sede de pago para que los bonistas del canje puedan cobrar en una cuenta inembargable de Nación Fideicomisos SA en el Banco Central de la República Argentina, y la opción voluntaria de un cambio de legislación de los bonos por la ley argentina si se sienten inseguros respecto de las futuras sentencias judiciales. Si los acreedores no están de acuerdo con la sede, pueden realizar una propuesta propia con juntar una mayoría simple.
Kicillof cuestionó a Griesa y su fallo, al que tildó de "verdadera locura política y financiera" y lo acusó de organizar "la multiplicación de los panes pero al revés: la multiplicación de la deuda".
Si la Argentina accede a pagar a los fondos buitre los U$S 1600 millones que el juez exige, rápidamente los holdouts realizarán demandas por otros U$S 15 mil millones. Esto disparará la cláusula RUFO de los títulos de los canjes, que hace extensivo el acuerdo al 92,4% restante que sí entró al canje. El endeudamiento resultante de este proceso estaría entre U$S 120 mil millones y U$S 500 mil millones, "dependiendo de la rapidez de la pluma de Griesa", explicó el ministro.
Por ello, Argentina se encontraba "atada de manos" para llegar a un acuerdo con los buitres, subrayó Kicillof. Pero la mediación en manos de Daniel Pollack, designado por el juez "no es una mesa de negociación por los derechos que les otorgó Griesa" a los buitres, agregó el funcionario, quien volvió a cargar contra Paul Singer, dueño de Elliott Management, holding al que pertenece el buitre NML: "El señor Singer puede venir, sentarse en el mostrador y ganar 300 por ciento. ¿Le alcanza? No, porque es buitre." Además, acusó a esos fondos especulativos de "crear comunicados y solicitadas para manipular los mercados y timbear".
Respecto de la posible cartera de los fondos litigantes, Kicillof consideró la posibilidad que posean bonos en default para forzar el bloqueo del cobro, Credit Default Swaps (seguros de default) para beneficiarse de una cesación de pagos y títulos del canje para pedir la cláusula de aceleración.
Según el prospecto de los bonos, si se reúne el 25% del total de cualquier serie de títulos, incluso de algunas que son muy pequeñas, de U$S 95 millones en total, los bonistas podrían pedir el cobro adelantado. Esta operación se llama aceleración del capital. Al respecto, el ministro dijo que "los acreedores quieren cobrar, la Argentina quiere pagar y entre nosotros se paró Griesa", por lo que, de evitar el peso de la sentencia judicial, la mayoría de los tenedores de títulos podrían disponer de su dinero.
El proyecto de ley prevé además que al mismo tiempo que se paga a los bonistas, se les depositará a los holdouts en una cuenta paralela un monto equivalente que podrán cobrar cuando realicen el ingreso al canje. De esta manera, se cumplirá con la interpretación tradicional y convencional del pari passu, cláusula de los bonos argentinos que indica que el país tiene que pagar equitativamente a todos sus acreedores.
Cabe recordar que Griesa se valió de este artículo para bloquear el cobro de los bonos, argumentando que hasta que no se pagara el 100% de lo adeudado a los buitres no permitirá que el resto pueda recibir el dinero. Griesa falló en junio que cualquier medida evasiva de su sentencia sería tomada como un desacato luego de que surgieran rumores de que la Argentina apuntaba a cambiar de jurisdicción.
El nuevo proyecto no fuerza a los acreedores a cambiar la ley, por lo que, en palabras de Zannini, "es una solución estable, permanente, igualitaria y sustentable, pero es perfectible y requiere ser objeto de discusión en el Congreso". El secretario de Legal y Técnica recordó que los dos canjes fueron resultado de debates palamentarios y concluyó que "la tradición de este gobierno es que los problemas por la deuda se traten en el Poder Legislativo".
En el plano internacional, el consultor de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), Daniel Herrendorf, propuso "acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", tal como hizo la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo. El jurista sostuvo que "la Comisión puede emitir una medida cautelar y suspender cautelarmente la ejecución de la sentencia hasta tanto la propia Comisión considere si se han violado o no Derechos Humanos o tratados sobre derechos fundamentales y garantías" para permitir que los bonistas cobren el dinero correspondiente. El argumento para la denuncia ante el organismo, según Herrendorf, es que la sentencia "viola efectivamente tratados internacionales porque una deuda soberana no puede ejecutarse como se ejecuta un pagaré entre privados".
Mientras tanto, el litigio prosigue en las distintas sedes judiciales. En la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, la Argentina y el Citibank acusan a los buitres de impedir el cobro a tenedores de bonos con legislación extranjera e incluso de títulos que no pertenecen a los canjes. Para analizar la situación, la Corte llamó a una audiencia el 18 de septiembre. Queda pendiente, también, el pedido de los tenedores europeos de bonos al mismo tribunal para que el BoNY distribuya los fondos. «
Bajó la calificación a varias provincias
Standard & Poor's bajó ayer sus calificaciones en escala nacional a "raCCC" desde "raBB+" de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén, y de la Ciudad de Buenos Aires. Adujo la baja de calificación del país.
Tiempo argentino
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