22 de octubre de 2014

Cristina lo anunció a través de una cadena nacional

El gobierno envió al Congreso el proyecto de Código Procesal Penal

La iniciativa apunta a agilizar los plazos y los juicios. Incluye la reincidencia y prisión preventiva para los delitos graves y fija sanciones a jueces y fiscales que demoren causas. Los extranjeros detenidos infraganti serán deportados.

El gobierno envió al Congreso el proyecto de Código Procesal Penal
Definición - "Será un instrumento ágil, rápido y moderno", aseguró la presidenta al referirse al proyecto de ley que hoy ingresará formalmente al Parlamento.
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández anunció ayer, por cadena nacional, el envío formal al Congreso del proyecto de modificación del Código Procesal Penal  que implica cambios sustantivos para la administración de justicia. En un mensaje grabado que duró poco más de media hora, la mandataria puso de relieve los principales conceptos que contempla la iniciativa que regirá los procedimientos de la justicia penal a nivel federal, con la adopción definitiva del sistema acusatorio, que coloca la dirección de las investigaciones en cabeza de los fiscales. Oralidad, agilidad en las decisiones y premura en los plazos fueron parte de los ejes del anuncio que además –como un criterio inédito– otorga un lugar destacado a las víctimas de los delitos en el rol de control de los funcionarios judiciales que tramiten las causas.
"El nuevo Código Procesal Penal va a significar un avance fundamental en el combate contra el delito", afirmó la presidenta al pedir que su tratamiento en el Congreso sea con "celeridad" por parte de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. El proyecto, luego de haber sido anunciado en un acto el pasado 7 de octubre, ingresará hoy para adquirir estado parlamentario. "Lo que tenemos que mejorar son los elementos de combate contra el delito. El que asegure que se acaba la inseguridad está mintiendo. Y el que lo cree es un tonto", fustigó la mandataria, en un dardo dirigido hacia la oposición por sus cuestionamientos englobados bajo el rótulo de la inseguridad. "Jueces y fiscales son el instrumento. El objetivo final es el ciudadano", remarcó sobre la dirección que el gobierno pretende imprimirle a la renovación de los procedimientos actuales, vigentes desde 1991.
ACUSATORIO. La presidenta profundizó en varias de las características que contiene la propuesta del Ejecutivo. El principio de establecer el sistema acusatorio por sobre el actual sistema inquisitivo mixto donde los jueces pueden dirigir o delegar las investigaciones a discreción es la principal modificación. A partir de ahora, "se delega en el fiscal toda la investigación. El juez es el que decide y juzga, el que absuelve y condena –agregó–, pero la investigación estará dirigida por el fiscal con una gran novedad: introducimos en el código a las víctimas, no solo como querellantes sino van a poder participar del proceso junto al fiscal y al juez".
"Todas las decisiones serán orales con audiencia pública y la decisión se tomará en el mismo momento", sostuvo Cristina en relación al criterio de oralidad y de agilidad que establece el articulado. Las investigaciones penales tendrán un plazo máximo de recolección de pruebas fijado en un año, tras lo cual, el juicio oral y público deberá concretarse entre 5 y 30 días después. Las apelaciones durante la instrucción –entre las principales causales hoy de dilatación de los plazos– deberán ser resueltas por el órgano revisor hasta cinco días después de haber sido interpuestas. Actualmente, y dependiendo de la instancia y la complejidad pueden demorar, incluso, más de un año en ser resueltas. "Esta ley que estamos enviando, en definitiva, es un instrumento de procedimiento ágil, moderno, reclamado por jueces, por la academia y por la propia realidad que nos impone hoy un procedimiento gravoso y lento por el cual la sociedad se siente desprotegida", agregó.
PREVENTIVA Y REINCIDENCIA. El mantenimiento de la prisión preventiva y la valoración de la reincidencia como agravante de la situación del autor de un delito formaron parte del anuncio presidencial. Precisamente estos dos puntos resaltados deben ser también leídos en clave política: su presunta eliminación había sido blanco de críticas de un estéril debate sobre el anteproyecto del Código Penal, también impulsado por el oficialismo, pero que, en rigor, debían ser contemplados por este código de procedimientos. La propia mandataria hizo referencia a la existencia de la denominada “puerta giratoria” por la que "los delincuentes entran por una puerta y salen por otra", un concepto discutido por juristas, pero ampliamente instalado en la sociedad y difundido por los medios.
"Este nuevo código va a establecer la prisión preventiva, de acuerdo a la naturaleza y circunstancias del delito y a la 'conmoción social' que haya causado. No solo importa si la pena es grave", aclaró la mandataria. "La reincidencia será una causal para extender la prisión preventiva", agregó, a la vez que sostuvo que "quienes cometan delitos graves" estarán en prisión "desde el primer día" y "serán condenados en menos de diez meses".
PLAZOS. Un dato central del proyecto es hacia quién está dirigido el cumplimiento de los plazos en las investigaciones. En ningún caso el vencimiento de esos plazos generará la extinción de la acción penal, una idea que se intentó instalar en los últimos días vinculada a los hechos de corrupción. Aclaró una obviedad: "todas las causas actualmente en trámite siguen rigiéndose por el viejo código", dijo en referencia también a los cuestionamientos sobre el falso supuesto de que un nuevo código podría hacer caer causas que involucran a funcionarios. Agregó que "cuando un delito es complejo los plazos pueden extenderse" para abarcar una correcta instrucción.
"No prescribe –indicó Cristina–. Si el juez no cumple con los plazos perentorios y con los tiempos puede tener sanciones graves", indicó la mandataria, y agregó que serán causales de juicio político tanto para jueces como para fiscales, algo que se hace extensivo también al desarrollo de los juicios que quedan en la nada.
"Si un ciudadano se siente desprotegido por el mal desempeño de un juez o un fiscal, tendrá con este nuevo Código elementos para recusarlos", señaló la jefa de Estado, que puso de relieve el rol central de las víctimas en el control de los funcionarios judiciales, sobre quienes pesará la correcta aplicación de los códigos, pero también un mayor riesgo de ser destituidos en caso de mal desempeño. Será, sin dudas, el punto que mayor irritación generará puertas adentro de la corporación judicial.
La propia presidenta también anticipó una polémica que podría generarse en torno a la inclusión en los artículos de la "expulsión de los extranjeros sorprendidos infraganti en la comisión de un delito". En ese sentido, defendió la constitucionalidad de la medida que puede extenderse hasta 15 años de imposibilidad de ingresar de nuevo, e insistió en la apertura migratoria que posee la Argentina.  
Durante el mensaje que brindó desde su despacho en la Casa Rosada y fue difundido poco después de las 21, la mandataria anunció además la conformación de una Comisión Bicameral para que se ocupe del monitoreo de la aplicación del nuevo Código y el diseño de una ley de implementación que permita llevarlo a la práctica. "A partir de lo que propone el gobierno creo que debemos actuar con celeridad porque la demanda de justicia no tiene colores partidarios", reclamó Fernández de Kirchner, que culminó: "Tenemos la oportunidad de saldar esta deuda de la democracia." «



Apoyos al proyecto

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, aseguró que "la presentación del proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal es un salto cualitativo para lograr una justicia más ágil, eficaz y rigurosa con el objetivo de cuidar a la gente honesta". El precandidato presidencial por el FPV agregó que "es muy importante que la justicia tenga los instrumentos para funcionar como tanto lo reclama la comunidad".
El ex diputado nacional Ricardo Gil Lavedra (UCR), en tanto, cuestionó a quienes vienen asegurando que las reformas al Código Procesal Penal podrían dejar impunes causas por corrupción. "Yo, sinceramente, no veo de qué manera eso pueda ocurrir, porque son reglas de procedimiento y no de fondo", explicó Gil Lavedra en declaraciones a Radio La Red.



Los puntos clave del proyecto de Código

Se establece un sistema acusatorio que delega en el fiscal la investigación, en remplazo del actual sistema mixto. Las víctimas no serán meros querellantes sino que podrán participar en el proceso.

La instrucción de las causas deberá realizarse en el plazo de un año y el juicio oral deberá iniciarse entre cinco y 30 días después de terminada la investigación. Todas las decisiones serán orales.

Si el juez y los fiscales no cumplen con los plazos, que ahora serán más breves, van a tener sanciones graves como llegar al jury de enjuiciamiento, pero las causas no prescriben.

El nuevo Código establece la prisión preventiva en base a la naturaleza, circunstancia del hecho y la conmoción social que generó. Tendrá en cuenta la reincidencia del autor.

Contempla la expulsión de extranjeros que estén en situación irregular en el país y sean sorprendidos in fraganti en el delito. En estos casos, serán expulsados y no podrán retornar por 15 años.

Los detenidos tendrán que ser condenados en el plazo de diez meses en caso de delitos graves. Los que cometen este tipo de delitos estarán presos desde el primer día de investigación.

El nuevo Código Procesal Penal será monitoreado por una comisión bicameral del Parlamentoque se creará ad hoc, y que integrarán representantes de todos los partidos políticos.
TIEMPO ARGENTINO

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