Primera audiencia para determinar la constitucionalidad del memorando con Irán
Casación fallará recién en mayo
El Estado alegó que es un "acto político, no judicializable". Réplica de entidades judías.
La Cámara Federal de Casación Penal resolverá probablemente en mayo próximo si el Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán con el proclamado objetivo de esclarecer el atentado contra la AMIA es constitucionalmente válido o no. La Sala II realizó ayer una audiencia a la que asistieron el Estado Nacional, defendiendo la validez del acuerdo con Teherán, y familiares de las víctimas y de las instituciones de la comunidad judía en la Argentina.
Sobre el final de la audiencia, que se extendió durante más de dos horas, el tribunal –integrado por Juan Carlos Gemignani, Luis Cabral y Ana Figueroa– resolvió pedirle al Estado toda la documentación y antecedentes que llevaron a la firma del acuerdo. Para ello, los jueces decidieron "suspender los términos" procesales, lo que automáticamente obturó la posibilidad de que el fallo se conociera, como había sido anunciado, el próximo 8 de abril. El Estado dispone de cinco días hábiles para aportar la documentación, y luego comenzará a correr un plazo procesal de 20 días hábiles. Así las cosas, el fallo de Casación pasó de hecho para mayo.
El Estado Nacional pidió que se declare la "nulidad" del fallo de la Cámara Federal porteña que declaró la inconstitucionalidad del Memorando. Ese elemento diplomático con connotaciones judiciales es, según el gobierno, un acto político y no puede ser judicializado. Pero el fiscal de Cámara, Raúl Plée, así como los representantes de la DAIA, de Memoria Activa, y de los particulares damnificados Olga Degtiar y Sergio Burstein, se mostraron contrarios a esa postura.
Memoria Activa consideró que el Memorando puede ser constitucional, pero "inútil" desde el punto de vista de la realidad. El Congreso iraní no lo trató, los imputados jamás mostraron predisposición a colaborar y cuando se mantuvieron las "alertas rojas" en Interpol el tema desapareció de la agenda de Teherán.
La AMIA-DAIA sostuvo que el objetivo del memo fue "diluir la responsabilidad" de los imputados iraníes. Desde la segunda entidad advirtieron que, pese a que nunca fue formalmente instrumentado, "el Memorando está en vigencia. Los daños que ocasiona la vigencia de la ley son reales, actuales y posiblemente futuros". Todos coincidieron en criticar la creación propuesta en el memo de una "Comisión de la Verdad". "La comisión especial está expresamente prohibida por la Constitución nacional. Las víctimas quedan fueran de todo el proceso", alertó Miguel Brofman, abogado de la AMIA-DAIA. "El problema no es la intención, es el memorando, que es inconstitucional y no contribuye al avance de la causa", dijo Julio Schlosser, titular de la DAIA.
Sobre el final de la audiencia, que se extendió durante más de dos horas, el tribunal –integrado por Juan Carlos Gemignani, Luis Cabral y Ana Figueroa– resolvió pedirle al Estado toda la documentación y antecedentes que llevaron a la firma del acuerdo. Para ello, los jueces decidieron "suspender los términos" procesales, lo que automáticamente obturó la posibilidad de que el fallo se conociera, como había sido anunciado, el próximo 8 de abril. El Estado dispone de cinco días hábiles para aportar la documentación, y luego comenzará a correr un plazo procesal de 20 días hábiles. Así las cosas, el fallo de Casación pasó de hecho para mayo.
El Estado Nacional pidió que se declare la "nulidad" del fallo de la Cámara Federal porteña que declaró la inconstitucionalidad del Memorando. Ese elemento diplomático con connotaciones judiciales es, según el gobierno, un acto político y no puede ser judicializado. Pero el fiscal de Cámara, Raúl Plée, así como los representantes de la DAIA, de Memoria Activa, y de los particulares damnificados Olga Degtiar y Sergio Burstein, se mostraron contrarios a esa postura.
Memoria Activa consideró que el Memorando puede ser constitucional, pero "inútil" desde el punto de vista de la realidad. El Congreso iraní no lo trató, los imputados jamás mostraron predisposición a colaborar y cuando se mantuvieron las "alertas rojas" en Interpol el tema desapareció de la agenda de Teherán.
La AMIA-DAIA sostuvo que el objetivo del memo fue "diluir la responsabilidad" de los imputados iraníes. Desde la segunda entidad advirtieron que, pese a que nunca fue formalmente instrumentado, "el Memorando está en vigencia. Los daños que ocasiona la vigencia de la ley son reales, actuales y posiblemente futuros". Todos coincidieron en criticar la creación propuesta en el memo de una "Comisión de la Verdad". "La comisión especial está expresamente prohibida por la Constitución nacional. Las víctimas quedan fueran de todo el proceso", alertó Miguel Brofman, abogado de la AMIA-DAIA. "El problema no es la intención, es el memorando, que es inconstitucional y no contribuye al avance de la causa", dijo Julio Schlosser, titular de la DAIA.
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