7 de noviembre de 2016

El proyecto que el macrismo planea vetar

La iniciativa de los movimientos sociales promueve crear un millón de puestos de trabajo y aumentar las asignaciones por hijo y embarazo. Ya tiene dictamen y se debatiría en el Senado en dos semanas. El oficialismo intenta demorar su tratamiento y no descarta un veto presidencial.
Un grupo de movimientos sociales y legisladores de casi todos los bloques opositores trabajan contrarreloj –antes del cierre del año parlamentario– en la aprobación de un proyecto de “emergencia social” que alcance a los sectores más vulnerables de la sociedad. La iniciativa impulsada por el Movimiento Evita (ME), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie (BdP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que promueve la creación de un millón de puestos de trabajo y el aumento en las asignaciones universales por hijo y por embarazo, ya tiene dictamen favorable en el Senado y llegaría al recinto de la Cámara alta en dos semanas. Mientras, en Diputados se trabaja en tres propuestas de financiamiento para el proyecto: impuesto especial al juego (tragamonedas), al giro de utilidades de empresas al exterior y a los plazos fijos en moneda extranjera. La propuesta cuenta con la bendición del papa Francisco y el 18 de noviembre habrá una movilización al Congreso de los movimientos sociales con el respaldo de la CGT para reclamar su aprobación. La principal resistencia surge de la alianza oficialista Cambiemos que busca dilatar su tratamiento parlamentario, a la vez que en el Gobierno se evalúa un veto del Presidente, si llegara a aprobarse.
La propuesta lanzada por los movimientos sociales que impulsaron la masiva movilización del 7 de agosto pasado desde la iglesia de San Cayetano hasta Plaza de Mayo comenzó a madurar en múltiples encuentros con dirigentes de la CGT y las CTA, la Iglesia católica y los distintos bloques del Congreso: dictar por la ley la “emergencia social” para los sectores más vulnerables de la sociedad y de la denominada economía popular, afectados por la recesión y la brutal transferencia de recursos hacia los sectores económicos más concentrados.
El texto del proyecto original quedó plasmado en un dictamen de mayoría del Senado como “Ley de emergencia social y de las organizaciones de la economía popular”. Fue una resolución del plenario de las comisiones de Trabajo y previsión social, Presupuesto y Desarrollo y vivienda, propuesta por Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna (FpV-PJ) y Jaime Linares (GEN), y que también rubricaron senadores de distintas posturas dentro del peronismo como el salteño Rodolfo Urtubey, la camporista santacruceña Virginia García, los puntanos Adolfo Rodríguez Saa y Liliana Negre de Alonso, así como la díscola Magdalena Odarda, de la CC-ARI, entre otros.
El proyecto, que cuenta con respaldo mayoritario y llegaría al recinto de la Cámara alta en dos semanas, con la única resistencia del minoritario interbloque de Cambiemos, crea el Programa de Ingreso Social con Trabajo (Programa Solidario) a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para crear un millón de empleos en todo el país; conforma también el Consejo de la Economía Popular y un registro de los mismos en el ámbito del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de acordar una “salario social complementario” para el sector. Además, declara la emergencia social y fija un aumento del 15 por ciento en la Asignación Universal por Hijo y en la Asignación por Embarazo para Protección Social. También estipula la emergencia alimentaria por un año para “garantizar la atención de las necesidades básicas alimentarias y nutricionales de la población en condiciones de vulnerabilidad”.
Las organizaciones sociales plantearon a los bloques parlamentarios la necesidad de contar con un financiamiento genuino para llevar adelante la iniciativa. Las alternativas comenzaron a analizarse en un encuentro entre las organizaciones de la economía popular y el bloque del Peronismo para la Victoria (ME): en el Salón Blanco del Palacio Legislativo, el 26 de octubre, estuvieron los presidentes y diputados de casi todos los bloques opositores de la Cámara baja, con la única excepción de Cambiemos.
Dieron su aprobación a la iniciativa Héctor Recalde y Edgardo Depetri (FpV); Graciela Camaño, Facundo Moyano, Felipe Solá y Agustín Calleri por el massista FR; Oscar Romero (BJ); Victoria Donda (LdSur); Alicia Ciciliani (PS); Luis Lusquiños (CF); Alcira Argumedo (PS); además de los convocantes Leonardo Grosso, Lucila De Ponti, Remo Carlotto, Andrés Guzmán, Silvia Horne y Araceli Ferreyra (PpV-ME).
Allí se acordó comenzar a redactar los proyectos para darle sustento económico a la emergencia social. Los promotores de la iniciativa calculan que harían falta 40 mil millones de pesos anuales para generar el millón de puestos de trabajo y otros 570 millones para el aumento de las asignaciones.
Diputados de distintas bancadas trabajan en la redacción de tres proyectos para su financiamiento: “Uno con un impuesto especial al juego y las tragamonedas. Otro vinculado al giro de utilidades de empresas al exterior. Y un último para grabar una tasa que obtienen los bancos por los plazos fijos en moneda extranjera”, explicó a este diario la diputada De Ponti, encargada de coordinar las tareas.

Justicia social

La propuesta de los movimientos de la economía popular fue parte del debate planteado en el tercer encuentro mundial de los Movimientos Populares 2016, que se realizó en El Vaticano y donde todos los participantes dialogaron con el papa Francisco “sobre la necesidad de un proceso de cambio que tenga a los movimientos sociales como protagonistas en las lucha por la justicia social”.
“Nos preocupa mucho el rumbo que ha tomado la actual gestión, hay más hambre, más desocupación, más excluidos del sistema laboral, y ante esta situación de emergencia social parece que Macri les tira nafta a los problemas. Nos alarma la postergación y la falta de respuestas concretas de la mesa de diálogo. La justicia social no llueve del cielo y la vamos a ir a buscar a la calle, reivindicando la unidad de los trabajadores frente a un Gobierno que transfiere recursos a los sectores más concentrados y no reacciona ante los reclamos de los sectores más postergados”, dijo a Página/12, desde Roma, Gildo Onorato, de la CTEP y secretario de políticas sociales del ME, que participó del encuentro en El Vaticano.
La referencia de Onorato no es casual. Desde Cambiemos apuestan a que el proyecto –con amplio consenso opositor– no se trate en el Congreso antes del cierre del año parlamentario, que culmina el 30 de noviembre. A pesar de que el Gobierno podría ampliar la tarea legislativa si no llega con los tiempos para imponer sus propios proyectos, lo haría a través de sesiones extraordinarias, en las que el Ejecutivo define el temario a tratar. Incluso, los propios legisladores de la alianza oficialista ya les advirtieron a los promotores de le emergencia social que esta se toparía con el veto “inevitable” del presidente Macri.
Por eso, los movimientos sociales tienen programado un plan de lucha para apurar el tratamiento de los proyectos y buscar vencer la resistencia del Gobierno. Este martes 8, la CTEP, CCC y BdP realizarán una “asamblea popular” en Plaza de Mayo, como anticipo de la convocatoria a la movilización que los movimientos populares realizarán el 18 de noviembre, con el respaldo de la CGT, para “exigir la inmediata sanción de la Ley de Emergencia Social y la Emergencia Laboral antes de que finalice el período de sesiones ordinarias”.
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