Plan C

El viejo truco de manipular las reglas

Un experto que integró hasta marzo la Comisión Administradora del Río Uruguay reveló que el gobierno de Macri permitió que se usaran normas y parámetros definidos por Uruguay para beneficiar a la pastera. Calificó como “laxo e inconsistente” el informe de Cancillería.

El informe argentino-uruguayo que sostuvo que la contaminación de la pastera UPM-Botnia es leve sumó nuevos cuestionamientos. El ex delegado argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay Horacio Melo –que hasta marzo integró ese organismo responsable del monitoreo del río– calificó al informe de “laxo” e “inconsistente”. Melo advirtió que el trabajo dado a conocer la semana pasada por la canciller Susana Malcorra hizo “desaparecer el 90 por ciento de las exigencias” vigentes en materia de contaminación. En su lugar, fueron utilizadas “normas uruguayas dictadas exclusivamente para la empresa UPM”. Melo fue miembro de la CARU desde 2005 hasta hace ocho meses. Conoció desde adentro las dificultades con las que se topó el monitoreo ambiental conjunto –por ejemplo, las limitaciones para que los técnicos ingresaran a la planta–, así como las diversas irregularidades que descubrieron en las ocasiones en que entraron.

En este sentido señaló que el informe, aunque dice haberse basado en “50 campañas de monitoreo a la planta” omite hacer cualquier mención “al caño clandestino de dilución de los efluentes líquidos detectado por el Comité Científico en el primer ingreso” a la pastera. El ex delegado detalló que los técnicos vieron que las piletas pluviales “en muchas oportunidades tenían caudal a pesar de que no había llovido”, con lo que constituían “verdaderos efluentes no declarados”. En el mismo sentido, agregó que la empresa nunca explicó “cómo funciona el vertedero industrial, en el que se ha formado un depósito de aguas de una sospechosa contaminación”, que no se sabe dónde desagota.

“El documento”, continuó, “tampoco explica que es parcial. No es lo que ordenó la sentencia de la Corte de La Haya, ni lo que posteriormente acordaron los presidentes (José Mujica y Cristina Kirchner), en cuanto a que debe monitorearse en forma continua, abarcando los efluentes líquidos y aéreos, los sedimentos del río y sus seres vivos”. De la misma manera, no aclara que “en cuanto a los puntos de muestreo en el área de influencia en el Río Uruguay, la boya multiparamétrica más cercana al difusor de la industria se encuentra a más de 2500 metros del efluente, por exclusiva responsabilidad de la República del Uruguay”.

Pero el cuestionamiento central no es a estas omisiones, sino a los criterios empleados para sostener que la contaminación es leve. Para entenderlo, hay que hacer un poco de historia:

- El Estatuto de Río Uruguay fue firmado por ambos países en 1975. Allí se definió como contaminación a “la introducción directa o indirecta, por el hombre, en el medio acuático, de sustancia o energía de las que resulten efectos nocivos.”

- Argentina y Uruguay se obligaron por medio de ese estatuto a “no disminuir” en sus respectivas normas “las exigencias técnicas en vigor para prevenir la contaminación de las aguas”. Los parámetros a emplear fueron acordados en el Digesto de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) sobre el uso y aprovechamiento del río, y sólo deben ser reemplazados cuando existe una norma más exigente.

Además, Melo recordó que el Digesto dice de manera textual en su capítulo 5 que “cada Parte dictará las normas a las que deberán ajustarse los efluentes que puedan acceder al Río, provenientes de actividades desarrolladas en su jurisdicción. En dichas regulaciones, las Partes tomarán en consideración los estándares de calidad de las aguas incorporados en el Capítulo 4 del presente Título”. En el capítulo 6 lo reafirma: “Para establecer los estándares de efluentes, las Partes deberán tener en cuenta: los estándares de calidad de las aguas fijados para el Río”.

Durante los gobiernos kirchneristas los delegados argentinos y los uruguayos en la CARU no hicieron un informe conjunto justamente por discrepancias sobre qué parámetros tomar. Obviamente, Uruguay buscaba imponer los más flexibles, mientras que los representantes argentinos defendían lo que señala Melo. Este criterio cambió con la renovación de delegados, tras la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia.

Como ejemplo del abandono de la norma más exigente, el ex delegado señaló que, de acuerdo al Digesto, los efluentes industriales volcados al agua no pueden superar una temperatura de 19 grados, que es la que corresponde a “las condiciones naturales del río”. Sin embargo, el informe tomó como parámetro 38 grados: desechó lo que dice el Digesto y utilizó como norma una resolución uruguaya dictada para beneficiar a la empresa (la Resolución 370, de 2011).

La misma manipulación se dio con los niveles de fósforo. “El fósforo que el efluente de la planta de UPM introduce al Río Uruguay no puede superar los 0,025 mg por litro, como lo establece el decreto uruguayo 253/1979, que es la norma más exigente al respecto. Pero como todos los valores les dieron por encima de ese estándar (valor máximo) eligieron como valor máximo permitido la norma menos exigente, en este caso citando al Digesto, que es ¡200 veces! más alto, de 5 mg/litro de efluente”. De esta manera, el informe terminó señalando que sólo en tres de los 50 monitoreos (agosto 2011, marzo 2014 y diciembre de 2014) se constató una “carga diaria” superior a la máxima permitida.

Melo sostuvo que ni la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, ni el Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay justifican una interpretación como la que publicó la Cancillería argentina, que dio como resultado un informe “laxo e inconsistente”.

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