Una fundación que SUMA interrogantes
Pinedo, Ibarra, Lombardi y Montenegro deberán contestar por escrito 18 preguntas sobre el origen y los movimientos de fondos de la fundación. Esta semana, además, el juez levantó el secreto bancario sobre otras tres entidades vinculadas al PRO.
El juez federal Ariel Lijo remitió un cuestionario de dieciocho preguntas a cuatro funcionarios del actual gobierno para que repondan por escrito en relación con el origen de los fondos que le fueron sustraídos a la vicepresidenta Gabriela Michetti de su domicilio, la noche que Cambiemos ganó la segunda vuelta electoral. Los funcionarios que recibieron el cuestionario para dar cuenta de los detalles de las donaciones que habrían realizado a la fundación SUMA, que preside Michetti, son el ministro de Modernización Andrés Ibarra, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el embajador argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro.
Lijo dispuso que “en el término de 15 días remitan el informe escrito, por medio del cual atestigüen bajo juramento”. Además de las preguntas de rigor, el juez pretende que los funcionarios respondan sobre “la modalidad en que se realizan las donaciones de dinero en favor de la Fundación SUMA para el diseño de políticas con visión estratégica”, si “son bancarizadas” y, en tal caso, cuáles son las entidades financieras por medio de las cuales se realizan esas operaciones.
Además, el juez quiere saber “si en alguna oportunidad (los funcionarios) han colaborado en la recaudación de donaciones de dinero realizadas por parte de terceros en favor de la Fundación” y, en ese caso, “en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ello sucedió, así como también si entregaron a los aportantes recibo alguno por las donaciones realizadas”. Finalmente, el cuestionario hace hincapié en si se entregaban recibos por las donaciones y cuál era el origen del dinero de esas donaciones.
Esta semana, el juez Lijo ordenó levantar el secreto bancario sobre tres fundaciones vinculadas al PRO que son investigadas en el marco de la causa. La decisión del magistrado fue tomada luego de recibir los informes de parte de la Inspección General de Justicia. Abarcó a las fundaciones Pericles, Formar y Fundar Justicia y Seguridad.
Las tres quedaron bajo investigación luego de abierta la causa penal que investiga el origen de los fondos robados a Michetti, parte de los cuales estaban destinados a una cena de gala de SUMA, entidad sobre la cual ya se levantó el secreto bancario.
La pesquisa se orientó hacia otras fundaciones vinculadas al PRO a raíz de una ampliación de la denuncia presentada por los diputados del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié. Lijo libró oficios al Banco Central para que informe sobre las cuentas bancarias de las tres fundaciones y pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) datos sobre eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
En noviembre del año pasado, Michetti sufrió el robo de 200 mil pesos, 50 mil dólares y otros 45 mil pesos, en un hecho por el que fue procesado y enviado a juicio uno de sus custodios. Michetti presentó descargos en los que explicó que los 200 mil pesos eran para una cena de SUMA, los 50 mil dólares un préstamo de su pareja, Juan Tonelli, para pagar un curso en el exterior a su hijo y el dinero restante para abonar obras de refacción en su casa.
Otra de las medidas ordenadas por Lijo apunta al grupo Farallón, que encabeza el empresario Eduardo Gutiérrez, procesado como presunto testaferro en la causa por enriquecimiento contra el ex secretario de Obras Públicas, José López. El abogado denunciante Leonardo Martínez Herrero advirtió que Farallón es una de las empresas que auspicia a la Fundación SUMA y le habría aportado 60 mil pesos. Según el letrado, “no existe justificación creíble y legal para acreditar el origen lícito del dinero ilegal que estaba en la casa de la vicepresidenta, ni hay contrato, recibo o comprobante que respalde los dichos de su estrategia de defensa y el dinero no estuvo bancarizado”.
En el dictamen del fiscal Guillermo Marijuán constaban medidas para que fueran rastreadas las actividades de las demás fundaciones vinculadas al oficialismo, en la hipótesis de que pudieron haber sido utilizadas como un vehículo de financiamiento de actividades partidarias con dinero de origen dudoso.
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