Plan C

El nuevo ministro Luis Caputo posee una empresa que desocupa con topadoras a pueblo originarios

En la declaración jurada presentada por el ex secretario de Finanzas figura una empresa Sacha Rupaska S.A. Esta empresa desde 2007 que se encarga de comprar terrenos en Santiago del Estero y desocupa con topadoras y ardides judiciales a sus ocupantes.

Un artículo del portal Letra P, firmada por el periodista Claudio Mardones, sostiene que el nuevo ministro de Finanzas, según consta en su declaración jurada, figura como dueño de la empresa Sacha Rupaska S.A quien tiene un triste prontuario de maltratos y desocupaciones contra habitantes de pueblos originarios.

"La operación de compra de ese lote vino acompañada por una subdivisión del terreno en el que viven las familias y fue vendida a un empresario tucumano que comenzó a ocupar el terreno con distintas obras para desalojar a la familias y entorpecer el trámite de posesión conocido como 'usucapión'", revela la nota.

A lo que hace referencia es a la denuncia que realizó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina (MOCASE - VC), organización que lucha por los derechos de los trabajadores de la tierra y pueblos originarios, por la compra de los terrenos y el perjuicio que supuso el "intento de usurpación" a 80 familias.

Según prosigue el artículo al año siguiente de la venta, los campesinos fueron acusadas ante la Justicia Federal por entorpecer la posesión de la propiedad vendida, mientras seguía el intento de desalojo por parte de las topadoras. En 2016, las 80 familias que habitan los terrenos santiagueños comenzaron una nueva etapa de reclamos para recuperar sus derechos de posesión sobre las 17.800 hectáreas que controla Sacha Rupaska S.A.

"Según la declaración jurada que presentó el flamante ministro de Finanzas un mes después de los nuevos reclamos de las familias, su posesión accionaria es de 7.200 pesos, aunque en el listado de "créditos en el país" Caputo aparece como acreedor de Sacha Rupaska S.A. por 3.800.150,54 pesos. El dato confirma que el peso accionario del funcionario en esa empresa fue variando con el correr del tiempo y era mucho mayor cuando se concretó la compra de terrenos que los campesinos denunciaron ante la Justicia y que ahora buscan anular", concluye la nota. 

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