Plan C

CONFLICTOS DE INTERESES EN EL GOBIERNO DE MACRI

Penetración corporativa

El Gobierno designó a 114 ejecutivos de las principales compañías y estudios jurídicos en alguno de los 367 cargos de ministro, secretario y subsecretario en la estructura del Estado nacional.

La semana pasada la Casa Rosada dio marcha atrás en la asignación de rutas a Avian Líneas Aéreas, que hasta el año pasado era propiedad del Grupo Macri, en medio de un escándalo por conflicto de intereses. Recorrido similar se impuso para la millonaria condonación de deuda del Correo Argentino con el Estado acordada entre el gobierno de Mauricio Macri y el Grupo Macri. El denominador común en esos conflictos de intereses son las empresas del holding de la familia presidencial. Directivos de las distintas firmas desembarcaron en cargos públicos, en muchos casos sin desvincularse de Sociedades Macri. Rafaele Sardella es el presidente de Aguas Bonaerenses SA y empleado en Socma. Carlos Cobas es Director de Logística de la Secretaría General de Presidencia que en algunos días dejará su cargo. Antes de ser designado como responsable de coordinar la movilidad del Presidente se desempeñaba como gerente de MacAir y en los registros de aportes a la seguridad social nunca dejó de figurar como empleado de su continuadora, Avian Líneas Aéreas. 

A finales de febrero, PáginaI12 expuso la arbitraria redistribución de espacios en los hangares del Aeroparque Jorge Newbery, en la que Avian Líneas Aéreas y Baires Fly fueron beneficiadas en perjuicio de Aerolíneas Argentinas y el espacio reservado a Presidencia en ese aeropuerto. Los intereses de la aerolínea continuadora de MacAir, la empresa aérea de la familia Macri que le fue transferida a Avian a mediados del año pasado estuvieron representados por Carlos Colunga. Y, en la mesa de negociación, el ex CEO de MacAir y actual vicepresidente de Avian Líneas Aéreas tuvo como contraparte Cobas. El ahora ex responsable de la logística presidencial es su primo y compañero durante años en la aerolínea de los Macri. 

Cuando tres de cada diez funcionarios jerárquicos reclutados por el gobierno de Mauricio Macri ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado las posibilidades de que surjan conflictos de intereses se exacerban. Un relevamiento del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto del Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín contabilizó que 114 ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados del país desembarcaron en alguno de los 367 cargos de ministro, secretario y subsecretario que constituyen la nueva estructura del Estado nacional. A lo largo de los últimos treinta años hubo empresarios o dirigentes corporativos integrando gabinetes nacionales, sobre todo en las áreas de gestión económica y financiera, pero lo inédito del proceso abierto por la administración Macri es la dimensión cuantitativa y cualitativa que adquirió la penetración corporativa. 

A contrapunto de los argumentos sobre la supuesta “expertisse”, “eficiencia” y “modernización” que aportarían a la gestión estatal, las doctoras y coordinadoras de la investigación Ana Castellani y Paula Canelo levantan una serie de advertencias: a) el sesgo antiestatal, antipolítico y promercado que impregna la ideología de los CEO y gerentes; b) las lealtades que traen al seno del Estado y del gobierno quienes desarrollaron sus trayectorias en el sector privado, aumentando la probabilidad de conflictos de intereses y la permeabilidad a las presiones de los actores económicos; c) las dificultades para cohesionar un cuerpo de funcionarios caracterizado por compromisos políticos débiles; y d) la extrapolación de criterios organizacionales propios del management a la administración pública. 

Pero los conflictos de intereses exceden en la administración que asumió el 10 de diciembre de 2015 al universo Socma. El puntapié inicial lo dio el ministro de Energía, Juan José Aranguren. El ex presidente de Shell y accionista de la petrolera anglo-holandesa tiene a cargo definir el precio de los combustibles y otras variables determinantes para la actividad donde posee intereses económicos. Para minimizar los conflictos, el año pasado dijo que vendió sus acciones. En el marco de la causa a cargo del juez Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello donde fueron procesados el presidente Macri, su padre, empresarios y funcionarios, el diputado Rodolfo Tailhade del FpV-PJ solicitó que se investigue al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, por presuntas irregularidades en la asignación de rutas a la firma Flybondi. Richard Guy Gluzman, fundador de Flybondi y FB Líneas Aéreas, aparece cruzado en varias sociedades con Quintana, inclusive como vicepresidente de Pegasus, la principal empresa en la trayectoria del vicejefe de Gabinete. La misma fórmula Quintana-Gluzman aparece al frente de otras empresas, como Enflex SA o Entertainment SA. 

Pagina 12