El Gobierno junto a los gremios y a las empresas del sector automotor firmaron un acuerdo para alcanzar un nivel de producción anual de un millón de vehículos en 2023. El presidente Mauricio Macri encabezó el anuncio, que no contó con ninguna medida de estímulo, ni exigencia para las empresas ni solución concreta para los problemas de suspensiones y despidos en el sector. En cambio, se planteó como declaración de intención alcanzar en 2019 una producción de 750 mil autos (inferior al 2011, 2012 y 2013) para luego llegar en 2023 al millón de unidades al año, junto a inversiones por 5 mil millones de dólares y la creación de 30 mil puestos de trabajo. Por ahora, el empleo en el sector se deteriora porque la economía de Brasil no arranca y la reacción del mercado tracciona sólo muy tímidamente a la producción de las terminales locales. La Ley de Autopartes, única herramienta de estímulo en la que avanzó el Gobierno, fue sancionada y reglamentada pero todavía no concretó ni un sólo proyecto.
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Recuerdos de Sevel

“Es un día histórico. Sigamos en este camino. Dialogando, escuchando, sin prepotencias, con humildad, generosidad y madurez. Si profundizamos esta forma de trabajar, no tenemos límite”, dijo ayer Macri (ver aparte). El acuerdo firmado cuenta con una serie de compromisos que deberían adoptar las terminales automotrices, los autopartistas y el Estado nacional. Los referentes del sector coinciden en que avanzar en esa línea sería beneficioso para el empleo y la productividad industrial. Una lógica parecida, basada en la buena voluntad y la confianza en el mercado, fue utilizada en el acuerdo de las grandes empresas para cuidar el empleo. Las noticias de despidos demostraron que ese acuerdo no se cumplió.
El acta acuerdo firmada, a la que tuvo acceso este diario, detalla que en el sector hay actualmente 74 mil trabajadores, de los cuales el 60 por ciento está empleado en el autopartismo. La integración de partes locales en los autos nacionales está en el orden del 25 por ciento y esos componentes en su mayoría no forman parte de los segmentos más tecnologizados. Las exportaciones de autos presentan un alto grado de dependencia de Brasil, hacia donde se dirigen más del 70 por ciento de los envíos. Además, es escasa la integración de los autopartistas a las cadenas globales de valor.
El objetivo central del Gobierno es alcanzar una producción de 750 mil vehículos en 2019, por debajo de lo que la industria fabricó en 2011 (828.771 unidades), 2012 (764.495) y 2013 (791.007). El año pasado, la producción se ubicó en 472.776 unidades, una caída del 10,2 por ciento frente a 2015. La idea es alcanzar el millón de unidades para 2023. Al compás de ese aumento, la integración de partes locales subiría al 35 por ciento en 2019 y luego al 40 por ciento en 2023, y que al menos un 35 por ciento de la producción se exporte a destinos extra Mercosur. Las inversiones privadas llegarían a los 5 mil millones de dólares entre 2017 y 2019 y se crearían 30 mil puestos de trabajo hasta 2023.
Para alcanzar esos objetivos, por ahora hay sólo “compromisos”. Por ejemplo, el sector público se compromete a “mejorar el costo de los insumos”, “consensuar una política de largo de plazo de biocombustibles”, “trabajar sobre los costos de comercialización y de patentamiento” y “revisar la carga impositiva sectorial y la estructura de reintegros a las exportaciones”. En tanto, el sector privado se compromete a “cumplir con el coeficiente flex –relación entre exportaciones e importaciones—” y “presentar una propuesta de desarrollo de proveedores y propuesta para el desarrollo de inversiones”. Las empresas y los sindicatos se comprometen conjuntamente a “elaborar un programa de cursos de capacitación” y “elaborar una propuesta de mejora de la productividad”. En este último punto hay un especial énfasis en la reducción del ausentismo desde el 6/7 por ciento actual al 5 por ciento para 2019 y al 3 por ciento para 2023.
También se planteó la intención de que el Estado brinde financiamiento específico para el sector mediante el BICE u otras instituciones para el fortalecimiento del sector autopartista y el establecimiento de un nuevo marco arancelario para la comercialización de vehículos con nuevas tecnologías de motorización (híbridos y eléctricos).
El anuncio de la firma del convenio contó con la asistencia del gabinete nacional, gobernadores y con los dirigentes del sector. El presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Raúl Amil, pidió la “la revisión de la presión impositiva sectorial, la adecuación de nivel de reintegros a la exportación y la eliminación o reducción de costos laborales no salariales”, mientras que Luis Ureta Sáenz Peña, presidente de Adefa –que nuclea a las terminales—, dijo que “este acuerdo y el compromiso del trabajo conjunto permitirá emprender el camino hacia la recuperación”. “Si el plan funciona puede llegar a ser bueno, porque incrementa el trabajo en las terminales y del autopartismo”, dijo Ricardo Pignanelli, titular del Smata.
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