Si alguien creía que aquello del manejo a piacere de los tiempos judiciales era un asunto exclusivo de la justicia penal, en el expediente del concurso y la deuda del Correo Argentino encontrará un ejemplo acabado de que es una práctica de muy amplio alcance. Aunque la ley dice que un proceso concursal dura un año y medio o a lo sumo tres, la propia Sala B de la Cámara Comercial que este jueves conducirá una nueva audiencia por la deuda que arrastra la empresa de la familia Macri con el Estado, tiene en su manos el expediente desde hace más de seis. En ese lapso se hicieron dos audiencias en las que el Correo hizo ofrecimientos que el Estado rechazó, y entre trámites burocráticos todo se fue dilatando hasta 2016, justo cuando ya estaba Mauricio Macri en el gobierno. De pronto, el 28 de junio último, la tónica estatal cambió y la oferta fue aceptada pese a que no había variado de manera sustantiva. Si la fiscal Gabriela Boquin no apelaba, el asunto quedaba terminado con una quita de deuda del 98,87 por ciento, como salió a la luz. Las juezas que atesoran el expediente, María Lilia Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, son quienes la semana pasada rechazaron que se filme la audiencia.  
La revisión de la deuda del Correo

El equipo de la Auditoría

Werner Pertot

El papel del propio Poder Judicial en esta historia y su funcionalidad a la necesidad de la empresa Correo Argentino, quedó al desnudo en un fallo de la Corte Suprema del 17 de marzo de 2009. Tenía la firma de todos los supremos menos la de Carlos Fayt y Carmen Argibay votaba en disidencia. El fallo hacía propios los argumentos del entonces procurador general, Esteban Righi, en el proceso del concurso: en un dictamen le daba la razón al Estado, que cuestionaba que el Correo pretendía desconocer la deuda de cánones de la concesión del servicio, estimada desde el inicio del concurso en 296 millones de pesos, o compensarla con créditos que comenzó a reclamar en demandas que le inició en simultáneo al Estado. Es más, la empresa había conseguido que la Sala B de la Cámara abriera un incidente con un proceso especial de pruebas dilucidar si el crédito existía o no. Righi cuestionó con dureza al tribunal, dijo que no había ninguna duda de la existencia del crédito y dijo que había una “dilación injustificada del trámite” cuya consecuencia era que el Estado no percibía lo que le correspondía en término. Aquel fallo de la Corte impedía un intento de volver a foja cero en los términos en que, además, lo pretendía el Correo.
Si se recapitula cómo fue el recorrido del expediente del concurso, excepto en el inicio, los tiempos extensos fueron una constante. El concurso de acreedores comenzó en 2001, apenas cuatro años después de haber recibido la concesión del servicio. En 2003 el juez Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra del Correo y le prohibió salir del país a Franco Macri y al directorio. Por entonces, el grupo Macri propuso un pago a 25 años a los acreedores con una tasa del 1 por ciento anual, que rechazaron. Dubois no abrió un salvataje porque la empresa no tenía actividad y carecía de estructura. La Cámara revocó sus decisiones, y dijo que no importaba la inactividad, que se abriera el salvataje. Luego una jueza, Marta Cirulli, reemplazó a Dubois, rebobinó todo y abrió un nuevo período de “exclusividad”, o sea, una nueva negociación, que se extendió tres años, entre 2007 y 2010. Otra vez, ante cada propuesta el Banco Nación y el Estado rechazaban las propuestas inconvenientes del Correo.
En ese ínterin, el Correo insistió con sus demandas contra el Estado. La primera por supuestos daños y perjuicios producto de la estatización del servicio, tras la decisión de Néstor Kirchner de quitarles la concesión. En la segunda, a raíz de que Kirchner decreta que los activos del Correo sean transferidos al nuevo servicio oficial, el Grupo Macri alega que el Estado debe retribuirle inversiones. En ese contexto, los Macri plantean en el expediente del concurso la compensación de su deuda con los créditos que reclamaban por “inversiones realizadas y bienes de su propiedad”. Por inversiones consideraban, por ejemplo, los pagos de indemnizaciones por miles de despidos cuando comenzaron a explotar el servicio. La jueza Cirulli decidió no homologar esa propuesta.  
Luego sobrevino la insistencia del Correo de no reconocer los créditos, que el Estado cuestionó. Tras el fallo de la Corte en 2009, entre idas y vueltas el caso volvió a quedar instalado en la Sala B de la Cámara en 2011. En 2014 se celebraron dos audiencias, donde la empresa ofreció pagos a 20 y 25 años otra vez, con tasas del 6 a 7 por ciento anual, que fueron rechazadas. Volvió con el planteo de compensar créditos, algo prohibido en el artículo 130 de la Ley de Concursos, la misma que estipula plazos que no deberían superar los tres años para todo el proceso. Pasó el tiempo hasta 2016, cuando el Estado se presentó pidiendo una audiencia, algo inusual en un juicio concursal. Fue el encuentro que se concretó el 28 de junio, donde estuvieron presentes los representantes de la empresa, el director de asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, y los síndicos. La fiscal de Cámara, Boquin, recién supo el 3 de octubre del año pasado que había existido la audiencia y que el Estado había aceptado, después de tantos años, la oferta del Correo, pero llegó a la conclusión de que era un acuerdo abusivo y perjudicial para las arcas públicas, ya que se condonaría casi la totalidad de la deuda, que a valor real de hoy llegaría a unos 4000 millones de pesos.
Un episodio alarmante sucedió pocos días después de que Boquin fue notificada: el 15 de octubre de 2016, mientras aterrizaba con un avión en Madrid, las cámaras de seguridad de la puerta de su casa filmaron a un hombre abriendo con guantes su auto estacionado afuera. Desactivó la alarma y se llevó un maletín que ella había dejado en el baúl, donde estaban las copias de todo este expediente. No se llevó nada más. Ni el perfume francés que había dejado en la guantera ni nada de valor. Su marido hizo la denuncia, que le tocó al fiscal José María Campagnoli, que nunca la citó a declarar. Desde entonces, por insistencia de ella, el Ministerio de Seguridad le asignó una custodia. Al comienzo no era permanente, pero desde que presentó su segundo y tercer dictamen en febrero (el primero fue el 30 de diciembre último) pidió que esté en forma permanente. Sus últimos dictámenes están vinculados con la composición accionaria del Correo (Franco Macri tiene un usufructo de por vida y los titulares son los hermanos e hijos de Mauricio Macri) y otro por la tercera demanda que hizo la firma contra el Estado, al que acusa de querer cobrarle cánones de más unos días antes de entablar el acuerdo.
Pasado mañana, ante las juezas que quieren una audiencia privada y negaron la filmación pedida por Boquin, se abren tres escenarios ante la posible nueva negociación: que se intente dilatar una definición con la excusa de que aún no se publicó el nuevo decreto sobre incompatibilidades, que el Correo haga una nueva propuesta o que se mantenga en la anterior. Las apuestas en tribunales dicen que habrá intentos de patear todo para después de las elecciones.
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