Plan C

El fiscal Pollicita se inclinó por desestimar una denuncia por la corrida bancaria

Cuando la Justicia no quiere investigar

Al revés de la actitud que mantienen respecto del kirchnerismo, los fiscales afines al macrismo ahora sostienen que las medidas económicas gravosas para el Estado no constituyen un ilícito.

El fiscal Gerardo Pollicita dictaminó a favor de desestimar la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade contra el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y su antecesor Federico Sturzenegger, a quienes pidió imputar por su responsabilidad en las medidas que provocaron la devaluación y la corrida cambiaria en beneficio de capitales especulativos. El legislador del Frente para la Victoria–PJ presentó la denuncia “para que se investigue si (Sturzenegger) fue inútil, incompetente, inepto, si hubo mala praxis o si fue un negociado en connivencia” con la financiera JP Morgan, explicó semanas atrás. Pollicita consideró que no existió “ninguna conducta ilícita” y no se privó de predicar contra la “judicialización de la política”. “Pollicita no quiere investigar a los ladrones de las reservas del Banco Central”, advirtió el diputado vía Twitter. Al no haber impulso fiscal, el juez Daniel Rafecas desestimaría la denuncia.

Tailhade consideró que el gobierno de Cambiemos y las autoridades del Banco Central promovieron “un esquema de desregulación financiera y cambiaria que alentó fuertemente la especulación y la obtención de ganancia millonarias por parte de sectores estrechamente vinculados a quienes hoy dirigen la economía, a la vez que ha dejado a nuestro país expuesto frente al movimiento de esos capitales”. “La combinación de desregulación cambiaria, alta inflación y un dólar barato, fruto del propio modelo económico, gestaron el ambiente propicio para la fuga de capitales” y posibilitaron que entre marzo y mayo de 2018 “más de diez mil millones de dólares de las reservas del Banco Central fueron sacrificados para financiar esa fuga”, explicó. Sugirió que uno de los objetivos de las medidas fue “beneficiar al JP Morgan”, del que Caputo fue “alto directivo”. La lista de los denunciados incluía a miembros del directorio del Banco Central, como sus vicepresidentes Lucas Llach y Damián Reidel, o el subgerente general de operaciones Agustín Collazo, y a directivos del JP Morgan.

“De los sucesos denunciados no se deriva ninguna conducta ilícita”, dictaminó Pollicita, que en los últimos tiempos suscribió imputaciones fogoneadas por el gobierno como la de Cristina Kirchner por el memorándum con Irán. El “núcleo central” de la denuncia es “una crítica a la política económica” de los responsables del banco, que para el fiscal actuaron dentro de “las atribuciones legales conferidas por la carta orgánica” de la institución. “Las sospechas esgrimidas están basadas solo en supuestos”, opinó el fiscal, y consideró que las medidas objetadas son “cuestiones políticas no justiciables”. “El equilibrio que debe existir entre los distintos poderes del Estado de acuerdo a nuestro sistema republicano de gobierno impone que el Poder Judicial evite inmiscuirse en decisiones que impliquen una judicialización de la política”, escribió Pollicita. “No olvidar a este encubridor de corruptos”, lo denunció Tailhade por Twitter. “No vamos a dejar de denunciar a los corruptos que nos gobiernan” ni “a los fiscales y jueces cómplices de este robo histórico”, advirtió.

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