3 de agosto de 2018

La abogada de la familia Maldonado evalúa llevar el caso a la Corte Interamericana
“No está descartado recurrir a la CIDH”
Verónica Heredia estudia llevar el caso de Santiago Maldonado a los tribunales internacionales. La Corte Suprema debe responder un recurso que presentó debido a los sucesivos rechazos del juez Lleral a las pericias solicitadas.
Por Adriana Meyer
Sergio Maldonado no cesa en su reclamo de justicia por su hermano Santiago.
En tiempo récord el juez federal Gustavo Lleral rechazó citar a declaración testimonial al perito que la semana pasada denunció errores en la autopsia y puso en cuestión sus resultados. Así lo había pedido la familia de Santiago Maldonado para que el criminalista Enrique Prueger brinde toda la información y conocimientos que considere de relevancia para llegar a la verdad en el caso del tatuador anarquista, que desapareció hace un año en medio de la represión a una protesta mapuche en territorio recuperado de Cushamen, Chubut. “Sumaremos ese rechazo al paquete de medidas que pedimos y que el juez se negó a ordenar, en nuestra demanda ante la Corte Suprema, y si el derecho interno no nos da respuestas las buscaremos en los tribunales internacionales”, dijo a PáginaI12 la abogada de la familia, Verónica Heredia, al anticipar que “no está descartado” que la causa principal por la desaparición forzada de Santiago Maldonado pueda llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 
Prueger elaboró un informe, publicado por este diario hace una semana, luego de analizar los resultados de la autopsia, y determinó que hubo errores y omisiones en la forma de realizar los peritajes científicos sobre el cuerpo y las ropas de Maldonado que lo habilitaron a cuestionar que el cuerpo haya permanecido en el lugar del hallazgo en el río Chubut los 78 días que estuvo desaparecido. En particular señaló que “en las ciencias fácticas no existen estudios complementarios (como menciona la autopsia de Maldonado) sino verificatorios, y estos estudios echan por tierra las conclusiones del dictamen”. 
En diálogo con PáginaI12, la abogada Heredia destacó que “el fundamento legal de Lleral es el artículo 199 del Código Procesal Penal que establece que el rechazo de las medidas propuestas en la etapa de instrucción no causa agravio y por lo tanto son inapelables”. Asimismo agregó que “esto forma parte de todos los pedidos que estuvimos haciendo, que este juez ha rechazado y que hace tres semanas llevamos para sumar a nuestro pedido en la Corte Suprema desde el 26 de abril, por lo tanto ahora agregaremos este rechazo. Es toda una construcción jurídica para explicar a la Cámara que tenemos que ir en queja porque ese artículo es inconstitucional”. La representante de los Maldonado explicó: “Voy pidiendo en el expediente a Lleral y me va diciendo que no con estos argumentos, todo esto es lo que está impugnado porque pedimos y nos rechazan un paquete de medidas. Por eso ampliamos las peticiones a la Corte Suprema, y cuando ese tribunal decida que nos habilita a conformar un equipo independiente para investigar todas estas pruebas se van a tener que realizar los testimonios, las nuevas autopsias, los informes, la llamada a los peritos Prueger e incluso (Ariel) Garbarz a prestar declaración testimonial y los peritajes pendientes”. 
–¿Qué ocurre si la Corte no se expide o lo hace en forma contraria?
–Evaluaremos cuánto tiempo se toma, veremos cómo continuamos este reclamo por denegación de justicia y porque peligra la verdad a medida que pasa el tiempo recurriendo a las instancias internacionales conforme prevé la legislación argentina.
–De ser así, ¿podría estar el Estado argentino en riesgo de tener una segunda condena por desaparición forzada, como sucedió en 2011 con el caso de Iván Torres?
–Si el Estado argentino no responde vamos a buscar todas las instancias para encontrar verdad y justicia. Si esto significa una nueva condena será porque en todos estos meses que llevamos, y que vamos a seguir insistiendo para que el derecho interno nos de las respuestas, no lo habrá hecho. Iván era un joven mapuche que desapareció en 2003 en Comodoro Rivadavia, y en su condena la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció puntos que el Estado no cumplió, tal como elaborar un listado oficial de desaparecidos y no emitir recompensas ante estos casos, porque es la forma de sembrar pistas falsas en los expedientes.
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