El empresario Marcelo Mindlin fue indagado en la causa por las fotocopias de los cuadernos
Una declaración y de regreso a casa
El titular de Iecsa, la compañía que le compró al primo de Macri, aseguró que no pagó ni le exigieron coimas. A diferencia de otros involucrados en la investigación, no debió acogerse al régimen del arrepentido para salir en libertad.
El empresario Marcelo Mindlin, muy cercano a Mauricio Macri, fue indagado en la causa de las fotocopias de los cuadernos, no necesitó convertirse en arrepentido y se fue tranquilo de Comodoro Py. Había sido citado por el juez Claudio Bonadío como sospechoso de integrar la asociación que caracteriza a este expediente, a raíz de la alusión a su empresa Pampa Energía en las anotaciones del chofer Oscar Centeno como uno de los lugares que visitó Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido, de donde volvió “con dos bolsos llenos de dinero” el 14 de mayo de 2009. Mindlin presentó un escrito pero también contestó preguntas. Descartó aquel supuesto encuentro con Baratta, aunque reconoció reuniones con él y el ex ministro de Planificación en las que aseguró que “no entregó dinero, ni nadie se lo pidió ni exigió”, según relataron allegados a la causa. Su empresa energética, sostuvo, no recibía subsidios estatales de modo que su argumento es que no tenía nada que pedir ni había nada que pudieran exigirle. Hoy es dueño de Iecsa, una de las empresas involucradas en la causa pero por la gestión de sus dueños anteriores: Angelo Calcaterra está procesado por pagos ilegales y está por verse la situación de Franco Macri.
Un hecho curioso fue que el juez estuvo presente durante la indagatoria. En el caso de Mindlin se mostró interesado en preguntarle sobre el sistema de subsidios en el sector eléctrico y el empresario aprovechó para explicar que no estaba subsidiado –lo que se subsidia es el consumo– y que la crisis energética había golpeado su actividad. Encuadró reuniones con De Vido y Baratta en ese escenario, pero insistió que incluso “no había motivo para que le pidieran algo porque no tenían de donde sacarle”.
En relación a las anotaciones de Centeno, el empresario imputado dijo que ni él ni su empresa aparecen mencionados. Tampoco parece haber sido nombrado por arrepentidos o testigos. Lo que escribió el chofer según las fotocopias fue: “…lo llevé al ing. Ezequiel García y al licenciado Roberto Baratta a Bouchard 547 piso 26, donde subió el licenciado Roberto Baratta y lo esperamos con García en el 2do subsuelo; luego el licenciado bajó con dos bolsos llenos de dinero”. Mindlin sostuvo que la cochera a la que se habría referido el chofer corresponde a otro piso y no al de su oficina. Es un edificio donde hay distintas empresas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, donde Centeno concurrió al menos cuatro veces según los cuadernos. Pero, insistió, a él no lo fueron a ver los ex funcionarios.
Mindlin fue citado a indagatoria en una segunda etapa de la causa, cuando ya se habían decidido los procesamientos, con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza. Fue cuando también citó a Paolo Rocca, el CEO del Grupo Techint. Lo que sucede es que la situación de éste último es muy diferente. Hubo otros directivos de la compañía que declararon sobre el pago de coimas. Luis Betnaza, según figura en el expediente, ordenó el pago de al menos un millón de dólares, lo que lleva a pensar que es improbable que un monto semejante salga de la compañía sin que se entere su máximo responsable. Rocca, sin embargo, insistió en que Betnaza tenía autonomía y señaló que pudo haber pagado para que el gobierno argentino intercediera ante Venezuela para impedir la nacionalización de Sidor, una firma del holding. Betnaza, cuando declaró como arrepentido, dijo que funcionarios de Planificación le pidieron dinero y que él ordenó pagar a Héctor Zabaleta en concepto de “aportes” por la gestión. Zabaleta obtuvo falta de mérito. En el caso de Techint, hay arrepentidos que aluden a la empresa, como Claudio Uberti. Y Bonadío ya dio por probados ocho pagos ilegales. Un punto en común entre Rocca y Mindlin es su cercanía al gobierno de actual.
Ayer hubo audiencias en la Cámara Federal con cuestionamientos a los procesamientos y seguirán hoy, también con reclamos de excarcelaciones. La defensa de Calcaterra, por ejemplo, pidió diferenciar a los empresarios que pagaron en forma ocasional de los que lo hacían de manera sistemática. Y concentró sus críticas en la figura de “asociación ilícita”, para englobar a todos los imputados por igual cuando la prueba que hay son “las anotaciones de Centeno” pero sin un cotejo entre ellas y los hechos, además de que los dichos de los arrepentidos no están constatados aún. Como argumenta que él pagó bajo presión, su defensa alega que si el pago no es voluntario, el delito de asociación ilícita no le corresponde. A lo que agrega que es impensable que, siendo sobrino de Franco Macri y primo del Presidente formara una asociación ilícita con el gobierno anterior, enfrentado con Macri, durante 14 años. Calcaterra, considera además que debió obtener beneficios procesales por ser colaborador espontáneo desde el comienzo, pero fue procesado con prisión preventiva (en suspenso) y embargado en 4.000 millones de pesos”. Hoy seguirán las audiencias con algunos de los empresarios que siguen presos, como Gerardo Ferreyra.
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