La familia de Mariano pidió perpetua para Pedraza y otros 13 imputados
En la lectura de alegatos, los abogados del CELS definieron el asesinato como "una cacería humana con al menos cuatro armas usadas en el hecho". También pidieron la pena máxima para los jefes policiales y varios integrantes de la patota. Lompizano quedó en libertad.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa como querellantes a los familiares de Mariano Ferreyra, pidió ayer la pena de prisión perpetua para el líder de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza, como instigador del crimen del joven militante del Partido Obrero (PO), y la misma condena para otros siete ferroviarios y seis oficiales de la Policía Federal. Estos son el segundo del gremio, Juan Carlos "Gallego" Fernández; el barrabrava Cristian Favale y Gabriel Sánchez, acusados de efectuar los disparos, y los comisarios Hugo Lompizano, Luis Mansilla y Jorge Ferreyra, entre otros, por haber liberado la zona donde actuó la patota ferroviaria.
Los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino pronunciaron ayer su alegato ante el Tribunal Oral Criminal 21, mientras en las afueras del edificio judicial situado en Comodoro Py, cientos de militantes realizabam una manifestación para reclamar justicia por Mariano.
Los abogados definieron el crimen como "una cacería humana con al menos cuatro armas usadas en este hecho". Luego, acusaron a Pedraza y a Fernández como "instigadores" del asesinato y consideraron que durante el juicio quedó "probado con certeza ese rol" del jefe gremial y su mano derecha, en lo que denominó "un plan criminal previo" a los hechos.
El móvil para idear el crimen, sostuvo la querella, era "conservar la hegemonía política" de Pedraza y Fernández dentro de la Unión Ferroviaria, así como mantener "la estructura de negocios basado en la tercerización laboral". En ese sentido, señaló que "la cooperativa Unión del Mercosur" de la cúpula de la Unión Ferroviaria, creada supuestamente para emplear a despedidos, "era manejada como una empresa y Pedraza era el único que ganaba dinero".
"Las cifras totales de la actividad de la cooperativa Unión del Mercosur", propiedad de Pedraza y Fernández, ascendieron a "30 millones en tres años en contratos con la UGOFE, lo cual parece bastante para una cooperativa creada para dar trabajo a los ferroviarios desocupados", según los acusadores.
La querella acusó a la "patota" de la Unión Ferroviaria de la autoría material y definió al crimen como "una cacería humana con al menos cuatro armas usadas en este hecho".
"(Cristian) Favale hizo un número indeterminado de disparos y en la vereda, (Gabriel) Sánchez hizo otro tanto, también hubo otras dos personas no identificadas que hicieron disparos", señaló Medina, quien para ambos también pidió la pena de prisión perpetua. Para el delegado Pablo Díaz también solicitaron perpetua porque "era el máximo referente del poder gremial" en el lugar de los hechos, y daba las órdenes.
El letrado aseguró que luego de la balacera "(Juan) Pérez guardó las armas que le entregaron (Guillermo) Uño y dos personas más, para retirarlas del lugar y encubrir el crimen"; para ellos pidieron una pena de cuatro años de prisión.
También solicitaron perpetua para Salvador Pipitó y Jorge González, porque "amedrentaron, privaron de su libertad y coaccionaron a periodistas de CN5 con el único objetivo de que no filmaran los incidentes y no haya cobertura", y para el delegado Claudio Alcorcel, porque coordinó la llegada de Favale al lugar.
La acusación contra los ferroviarios –que se encuentran todos detenidos– fue por el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas. A los siete oficiales de la Policía Federal, el CELS los acusó porque liberaron la zona de Barracas en la que fue asesinado Ferreyra y "colaboraron con el ataque de los ferroviarios". Para los comisarios Lompizano –quien faltó el jueves a la audiencia, fue detenido el fin de semana y liberado ayer–, Mansilla y Ferreyra, y los subcomisarios Rolando Garay y Luis Echavarría, así como para el principal Gastón Maximiliano Conti también pidió perpetua.
En tanto, para el agente David Villalba solicitó un año de prisión en suspenso por el delito de omisión de deberes de oficio, ya que estaba a cargo de grabar el operativo y no filmó los cuatro minutos en los que se produjo el ataque.
"Todos los testigos hablaron de haber oído al menos unos diez disparos", sostuvo Medina en su alocución y también acusó a los efectivos de la Policía Federal porque, dijo, "liberaron el escenario y colaboraron con los atacantes, se permitió el ataque".
Medina, incluso, alegó que "los policías de servicios especiales se retiraron del lugar una hora antes de la muerte de Mariano" hacia "la estación Avellaneda", y eso hizo posible que empezaran a bajar (del terraplén) los ferroviarios" que perpetraron el ataque. Su colega Bovino se centró en los posibles móviles del crimen y mencionó que "el proceso de tercerización de trabajadores fue apoyado por José Pedraza y su segundo Juan Carlos Fernández".
"Desde que la UGOFE se ocupó del ferrocarril Roca, se dio un boom de tercerización", indicó y subrayó que "el propio gremio (Unión Ferroviaria) habilitó que algunas tareas comprendidas en el convenio colectivo serían tercerizadas y que los tercerizados no eran trabajadores ferroviarios".
Ante las protestas de los tercerizados para ser incorporados como personal estable del ferrocarril, disparó Bovino, "la Unión Ferroviaria persigue y mata, y si no... mata", y agregó que "Pedraza y Fernández matarían". «
El cronograma
Alegatos
El juicio continuará el viernes a las 10, con el alegato de los abogados del PO que representan a los heridos Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos; más tarde la fiscalía hará el suyo para solicitar las condenas y luego le tocará a las defensas.
Tiempo argentino
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