ESCENARIO
Papel Prensa: Ercolini le dio la razón a Cristina
El "partido judicial" se tomó cinco semanas para desestimar una acusación falsa contra la presidenta y apenas 20 horas para desvincular a Magnetto & Cía. Después del 18F, ¿se viene el indulto tribunalicio a la pata civil de la dictadura?
El dictamen de un fiscal sin pruebas reales para acusar a la presidenta por el presunto encubrimiento de los autores de la voladura de la AMIA demoró cinco semanas en ser desestimado por el juez federal Daniel Rafecas.
El dictamen de otro fiscal sustentado en una inmensa cantidad de documentos y testimonios que pedía la indagatoria de Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina de Noble, como supuestos partícipes de la apropiación ilegal de Papel Prensa en alianza con la dictadura militar, fue rechazado en menos de 20 horas por el juez federal Julián Ercolini.
Por amarga que sea la noticia, el escándalo que produjo Ercolini con su resolución exprés, tiene un costado didáctico irreprochable: expone de manera cruda a los ojos de la sociedad dónde está el gobierno y dónde el poder real de la Argentina, a la vez que valida la tesis kirchnerista sobre la existencia de un "partido judicial" dependiente de las corporaciones económicas y su destino.
Porque el problema no es jurídico. La falla no está en el Código Penal. Es la subjetividad política de los jueces y fiscales que lo aplican lo que determina quién o quiénes son los sujetos a ser perseguidos y cuáles no merecen idéntico trato.
A una velocidad que produce vértigo, ahora que un proyecto político como el oficial decidió poner el reflector sobre sus miembros menos aptos para soportar la luminosidad de la verdad completa, buena parte del Poder Judicial se hunde de manera inexorable en el barro con resoluciones como la de Ercolini y Alberto Nisman. O el papelón del presidente de la Corte, llamando "cosa juzgada" a una causa que investiga 29 asesinatos y todavía está en trámite, bajo su instrucción.
Pertenecen al mismo pelotón que en tiempo real sigue destruyendo el expediente que investiga la muerte de enero en Le Parc: una jueza federal y una fiscal de otro fuero, a dos meses del episodio que conmocionó al país, mantienen una puja feroz en los medios para destruir las evidencias que privilegia cada parte.
Cuando se advierte que el atentado a la Embajada de Israel sigue sin ser resuelto, al igual que la voladura de la AMIA, generalmente se atribuye la impunidad a razones conspirativas –que las hay, pero se desdeña o relativiza el papel que cumplen algunos funcionarios judiciales que integran redes de poder con intereses permanentes en el mecanismo que reproduce esos resultados.
Lo de Sandra Arroyo Salgado y Viviana Fein no es una pelea de barrio: es un fenomenal operativo llamado a enderezar las interpretaciones sobre lo ocurrido hacia un lado o hacia el otro, donde la verdad objetiva siempre ocupa un lugar aleatorio. Puede servir más o menos al propósito, pero nunca para desviarse de él. Lo que está pasando a la vista de todos con el Caso Nisman, es lo mismo que antes pasó con la AMIA y la Embajada.
El despojo criminal de Papel Prensa lleva 39 años impune. La denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos contra Magnetto & Cía como partícipes necesarios tiene cinco años. Hace dos que Ercolini instruye la investigación. La hiperactividad que demostró al sustraer a Magnetto de la indagatoria pedida por un fiscal valiente, como Leonel Gómez Barbella, estuvo ausente durante todo el proceso que tramita con freno de mano. Cinco de los imputados ya murieron sin responder por los delitos reclamados. Que son de lesa humanidad, vale recordar.
A diferencia de lo que pasó con la Embajada y la AMIA, donde la impunidad fue asegurada por una minuciosa estrategia de demolición del expediente, Ercolini explora otra alternativa con la ayuda de los medios dominantes y la biología: muertos los responsables, se extingue la acción penal. No le importa que Rafael Ianover, una de las víctimas del desapoderamiento, esté por cumplir 90 años.
No es una lectura, se trata de lo que piensa. Así se lo manifestó a un colega, a quien conoce desde el colegio secundario. Ercolini no quiere ver complicada su carrera judicial con las turbulencias que produciría la citación a uno de los hombres más poderosos de la Argentina por un delito imprescriptible y horrendo que, de comprobarse, lo puede conducir a la cárcel.
No es falta de coraje personal. Es una decisión política. La de retacearle a la memoria y a la verdad –de la que se ocupan las víctimas, los periodistas y los historiadores–, la necesaria consecuencia judicial. Algo parecido sucedió con la causa que investigaba el origen ilícito de la deuda externa. El juez federal Ballesteros sentenció que banqueros, funcionarios y empresarios eran culpables, una vez que tuvieron garantizada la prescripción, es decir, la impunidad. La diferencia es que en este caso, los delitos no prescriben.
La estrategia de Ercolini, como puede verse, no es novedosa. Sabe que tiene el expediente más caliente de la historia democrática en sus manos. Papel Prensa es el leading case que confirma que el golpe del ’76 fue cívico-militar y tuvo un objetivo: el disciplinamiento manu militari de la sociedad para operar un profundo cambio de la matriz productiva en beneficio del poder económico concentrado. Ahí mismo nace el monopolio del papel, plataforma del actual oligopolio audiovisual que detenta el Grupo Clarín S.A.
Fue a cambio del apoyo a sus métodos represivos ilegales, que las Tres Armas le entregaron Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón. Esos diarios urdieron el entramado simbólico indispensable para justificar culturalmente el plan y hacer tolerables, por vía de la invisibilización o la censura, los crímenes del terrorismo de Estado, nada menos.
Mientras una generación completa desaparecía en los campos clandestinos de detención y exterminio, y los cuerpos de miles eran incinerados en La Perla o arrojados a las aguas del Río de la Plata, los dueños y accionistas de estos diarios –a los que Ercolini le extendió un certificado de impunidad por un tiempo más con su resolución del jueves– reproducían en sus páginas un estado de normalidad inexistente.
Toda la verdad que no se encuentra en sus archivos aparece límpida y grave en la "Carta Abierta a la Junta Militar" de Rodolfo Walsh y el Nunca Más elaborado por la CONADEP de los ’80. Sin esos textos fundamentales, la dictadura habría sido un "proceso de reorganización", una asonada militar más, un lapso de siete años entre gobiernos democráticos. Y el despojo de Papel Prensa, apenas, "una venta entre privados", como manda a decir Magnetto.
Banalizando la historia trágica del país, desconociendo el testimonio de Lidia Papaleo de Graiver y del propio Ianover, ignorando la desbordante prueba documental aportada, desmontando la lógica más elemental que permite saber de presiones y acoso coordinado entre civiles y militares para desapoderar a unos y empoderar a otros, el juez Ercolini ordenó hacer una pericia contable para determinar si lo que Clarín y La Nación dicen que pagaron era poco o mucho. Es increíble.
No se trata del precio. No hubo venta. Nunca se concretó en los términos que prescribe el Código de Comercio. Fue una apropiación ilegítima enmarcada en un crimen de carácter imprescriptible, en un contexto donde la sociedad estaba presa del pánico por la violencia terrorista estatal.
El fiscal Gómez Barbella fue claro en su dictamen: "Les imputo a los nombrados que la suscripción se concretó el día 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación, ubicada en la calle Florida entre Av. Corrientes y Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todo ello en un marco de persecución política contra las víctimas y sus negocios, ordenada por la primera junta durante la última dictadura militar."
Ercolini lo conoce. No se llega a juez sin saber eso. Está en la jurisprudencia. Pero el peritaje, aunque pruebe que el precio que los imputados dicen haber pagado fue "vil e irrisorio", le permite ganar tiempo. Precisamente eso: tiempo, es lo que no les sobra a los protagonistas del expediente, para beneficio de los imputados.
De hecho, ya fueron velados los imputados Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Emilio Eduardo Massera, Bernardo Sofovich y Patricio Peralta Ramos. Al resto, si es que quiere demostrar su inocencia en la "apropiación ilícita de bienes" que denunció el fiscal Gómez Barbella, el promedio de edad los complica: Magnetto tiene 70 años. Ernestina Herrera de Noble, cumple 90 en junio. Bartolomé Mitre ronda los 75.
Ercolini dice que no tiene prueba suficiente para citarlos a indagatoria. Al parecer, no las leyó. Van algunas:
1) Documento de la reunión mantenida por el General Oscar Bartolomé Gallino (con poder de mando en los centros clandestinos de tortura y detención) el 7 de abril de 1977 con "los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo 'Fundador' de Papel Prensa SA". En el Boletín oficial de la fecha figuran como directores Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. Los Graiver y sus empleados seguían secuestrados.
2) Documento con la segunda reunión de Gallino, el 9 de abril de 1977, que establece que "a las 8 horas y cuarenta minutos concurren a producir sendos informes el señor secretario de Industria, doctor (Raymundo) Podestá, los presidentes de los directorios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón (...) En la misma fecha, a las veinte horas se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril".
3) Documento que prueba que después de reunirse con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos, Gallino interrogó el 11 de abril de 1977 a Lidia Papaleo. Preguntó sobre el expediente sucesorio y los bienes declarados en esa causa. Lidia mencionó Papel Prensa, después siguió con el Banco Comercial de La Plata, el Banco de Hurlingham y un departamento en la calle Darragueyra, de Capital Federal. Uno a uno, Gallino le pidió que desglosara nombres de empresas y personas, accionistas y empleados. Encuentros y acuerdos. Lidia contó que se había encontrado con Lanusse, Bernardo Neustadt y Jacobo Timerman, por Papel Prensa y las acciones del diario La Opinión. Gallino insistió sobre Papel Prensa: "Preguntada quién forma parte de la sociedad de Papel Prensa, dijo que hay acciones a nombre de David Graiver, Galería Da Vinci y el señor Ianover", señala el documento.
4) Editorial publicada en simultáneo por Clarín, La Nación y La Razón, en sus respectivas tapas, el 19 de mayo de 1977: "A la opinión pública", tras explicar que con "la conformidad de la Junta de Comandantes" lograron adquirir las acciones Clase A de Papel Prensa, aseguran que: "Los tres diarios no han hecho un solo pago ni han dado un solo paso que no fuera con el conocimiento y aprobación previos por parte de las autoridades militares intervinientes." Agregan: "El precio pagado por la transferencia accionaria se halla debidamente preservado mediante su depósito, por indicación del oficial superior preventor, general Osvaldo Bartolomé Gallino (sic)", y concluyen que se hizo "con el consentimiento previo y posterior del Estado, a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar (...), en defensa de la libertad de prensa y respetando uno de los soportes de nuestro estilo de vida (...)".
5) Testimonio de Isidoro Graiver, ante la fiscalía, del 6 de noviembre de 1985: "En octubre de 1976, el doctor Miguel de Anchorena en ese entonces abogado apoderado de la sucesión Graiver, David, se puso en contacto con su cuñada para informarle que había recibido una información del señor Francisco Manrique cuyo contenido era sintéticamente que el gobierno nacional vería con agrado la desaparición del conjunto empresario Graiver como tal, para lo cual sería necesario la venta de los paquetes accionarios del Banco Comercial del Plata, del Banco de Hurlingham y el paquete de control o mejor dicho del control accionario de Papel Prensa, estimando que los compradores lógicos de este último paquete eran los diarios La Nación, Clarín y La Razón."
6) Declaración de José Alfredo Martínez de Hoz ante la misma fiscalía, del 27 de noviembre de 1985: "Interesaba que en definitiva la conducción de la empresa fuera llevada adelante por accionistas que tuviesen un verdadero interés y responsabilidad para llevarlo a cabo. La Junta aprobó el criterio de prestar su autorización para la transferencia de dichas acciones al grupo de los diarios (...) Se pensaba que este era el grupo más capaz, más responsable para llegar a la conclusión del proyecto y su puesta en marcha."
7) Testimonio de Lidia Papaleo, del 7 de noviembre de 1985: "El Dr. Miguel de Anchorena le comunicó que Francisco Manrique le había manifestado que las autoridades nacionales deseaban que el Grupo Graiver vendiera el paquete accionario de Papel Prensa, del Banco Hurlingham y del Banco Comercial de La Plata, y que el comprador indicado sería los diarios La Razón, Clarín y La Nación (...) Que Martínez Segovia, presidente del directorio de Papel Prensa agregó que esa venta no podía efectuarse ni a personas de la colectividad judía ni a un grupo extranjero. (...) El precio era menor al que aspiraban pero no había otra alternativa."
8) Testimonio de Francisco Manrique (ex ministro de Bienestar Social 1970-72, David Graiver había asumido la Subsecretaría de Bienestar Social), del 24 de abril de 1986: "Lidia Papaleo (se comunicó) para informarme que en ese caso era el gobierno con una cabeza visible que era el doctor Podestá (su amigo y secretario de Promoción Industrial) que interfería en una operación de venta de Papel Prensa. (Podestá) me dijo que robarle a un ladrón tenía 100 años de perdón, a juzgar por los calificativos que se echaban sobre los Graiver y las actitudes que aparentemente se estaban tomando contra ellos."
9) Declaración de Pedro Jorge Martínez Segovia, del 13 de noviembre de 1985: "Fue una advertencia lógica como resultado de las normas que regían y rigen las transferencias de paquetes accionarios Clase A grupos extranjeros y en cuanto a la eventual venta a un miembro de la colectividad judía, pudo haber sido un consejo atento a las circunstancias del momento y no como una manifestación de antisemitismo (...) El Estado no quería estar asociado, aunque sea por un breve lapso, con el grupo Graiver, de gran notoriedad en esos momentos."
10) Declaración de Emilio Massera, del 5 de diciembre de 1985: "Se analizó la posibilidad de que ingresara a la empresa, personas jurídicas o individuales de reconocida solvencia moral y material."
11) Testimonio de Alberto Máximo D’Agostino, ante la misma fiscalía, del 4 de diciembre de 1984: "Preguntado respecto a si al investigar la composición del paquete accionario de la empresa determinó la presencia de capitales pertenecientes a la Agrupación Montoneros, proscripta en aquel momento, responde que no. Que en ningún momento surgió un indicio en tal sentido."
12) Notas publicadas por Clarín, La Nación y La Razón, donde se evidencia el acoso a los Graiver: La Nación, 11 de octubre de 1976, el Grupo Graiver estaba supuestamente "implicado en la quiebra fraudulenta de dos bancos (...) por 150 millones de dólares". Cuatro días después desplegó una publicidad a página completa de la revista Somos, con el título: "El caso Graiver", en el que los habían escudriñado y hasta se preguntaban: "¿Está muerto... o no?" Ese mismo día, Clarín publicó que el grupo Graiver "involucra en un delicado problema a varios bancos de Buenos Aires". Los acusaban con "informaciones extraoficiales" de usar uno de sus bancos "para exportar capitales de la Argentina", de hacer "actividades ilegales", "demostrándose que habían presentado sucesivos balances falsos que lucían una irreal prosperidad". Para terminar ese artículo, que no estaba firmado por ningún periodista, aseguraban: "No se explican (...) cómo Graiver pudo haber gozado de impunidad." Nueve días después, ya en medio de las negociaciones, para La Nación no eran supuestos. Al referirse a David decían: "El millonario argentino al que se involucra en un gigantesco fraude." El 22 de octubre, el tema llegó al ya mencionado editorial principal de Clarín. Primero destacaron que "el clima reinante antes del 24 de marzo (del golpe) era de corrupción administrativa del régimen", y luego de describir las operatorias ilegales que le atribuían al grupo aseguraron: "(se) hace necesaria una más prolija investigación". El 28 de octubre, después de detallar las "responsabilidad de Gelbard", sostuvieron que el ex ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard, "fue sancionado, privándosele de sus derechos políticos y de su ciudadanía argentina", se encargaron del Grupo Graiver: "Con notoria vinculación con Gelbard, que le valió todo tipo de ventajas y privilegios y cuyos manejos financieros han culminado con un escándalo de proporciones internacionales."
13) Documentos que prueban que pocos días después de suscriptos los convenios, Fapel transfirió las acciones Clase A a los diarios. El 18 de enero la Asamblea autorizó las transferencias. El 8 de marzo fue secuestrado Juan Graiver, al día siguiente, el 9 de marzo Lidia Papaleo le pidió al juez que autorizara la transferencia. El juez no la autoriza. El 14 secuestran a Lidia Papaleo, Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi, secretarias del grupo. El 15, al abogado Jorge Rubinstein, segundo del grupo, asesinado el 4 de abril. El 17 de marzo, a Isidoro Graiver, el 22, a su madre, Eva Gitnacht y el 12 de abril a Rafael Ianover.
14) Resolución Nº 3 de la Junta Militar del 19 de abril de 1977 en la que se declara la interdicción de los bienes de los Graiver.
15) Documento presentado por Clarín, La Nación y La Razón el 16 de mayo de 1977 (mientras los familiares y empleados del grupo Graiver estaban secuestrados) solicitando "oportunamente el Tribunal acuerde judicialmente la aprobación a la venta cesión y transferencia realizada".
16) Acta secreta: los militares le quisieron poner una mínima condición a los tres diarios, a cambio de posicionarlos para el negocio, pero los diarios se negaron. Se les pedía que dejaran entrar en el negocio al resto de los periódicos del país y que les ofrecieran "hasta un 49% de las cantidades por ellos adquiridas en las mismas condiciones de precio y plazo". En el Anexo II del Acta Secreta 14, del 15 de diciembre del '76, quedó registrada la negativa: "Luego de pocas horas de tomar conocimiento, los diarios manifestaron la imposibilidad de contemplar favorablemente (el pedido), no creían prudente ceder acciones de la Clase A a otros posibles usuarios, pues se compartiría y debilitaría la conducción."
17) Declaración judicial de Rafael Ianover ante el juez Arnaldo Corazza (7 y 14 de abril de 2010): relató diversas acciones ilícitas entre las que encuentran la detención ilegal y torturas de varios miembros de la familia Graiver y su entorno, así como su propia detención ilegal en condiciones inhumanas, todo lo que concluyó en el traspaso del paquete accionario de la empresa en cuestión: "El temor y el terror que vivía en ese tiempo no me permitieron leer el convenio que iba a firmar. Lo firmé porque era voz corriente en ese momento que había detenidos desaparecidos, y quería protegerme a mí y a mi familia."
18) Dictamen Ministerio Público Fiscal, Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, del 27 de abril de 2011: "El conjunto de maniobras cuya autoría se atribuye a integrantes del entonces gobierno de facto en presunta colusión con los propietarios y/o representantes de las empresas denunciadas en autos, podrían haber sido parte del conjunto de acciones persecutorias desplegadas desde el Estado contra grupos o colectivos definidos por los perpetradores, basados en motivos políticos, económicos y religiosos (...) La adquisición presuntamente extorsiva de las acciones de Papel Prensa podría ser calificada como delito de lesa humanidad, en el contexto de un ataque generalizado y sistemático sufrido por la población civil argentina entre los años 1976 y 1983 (...) la ejecución y consumación de las referidas acciones presuntamente extorsivas que habrían llevado a la adquisición de la empresa Papel Prensa tuvieron lugar en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Ello importa encuadrar la adquisición presuntamente extorsiva de las acciones de Papel Prensa, prima facie, como delito de lesa humanidad."
19) Resolución Sala III Penal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, 16 de junio de 2011, que confirma dictamen de fiscalía: "Las diligencias practicadas en la causa autorizan a sostener –en este estadio preliminar– que el conjunto de acciones dirigidas al traspaso compulsivo de las acciones de la empresa Papel Prensa habrían ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno de los más significativos –la suscripción de los contratos de venta de las acciones de Papel Prensa SA– habría acaecido en las oficinas del diario La Nación, ubicadas en la calle Florida entre Corrientes y Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."
20) Declaración de incompetencia de Daniel Rafecas, 4 de agosto de 2011: "La labor probatoria producida en el expediente hasta el momento, le asigna verosimilitud a la hipótesis de la Secretaría de Derechos Humanos, en cuanto se denunciara la existencia de un concierto delictivo que permitiría la calificación de tales hechos como delitos de lesa humanidad y que tendría como su epicentro, la privación ilegal de la libertad y tormentos de las víctimas, conductas teñidas de la dimensión económica de las finalidades del régimen que habrían determinado el plan que fue implementado a través de los órganos represivos dependientes de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires (...) La totalidad de las víctimas mencionadas, habría sido secuestrada, exclusivamente, por su vinculación con David Graiver y la operatoria económica de sus empresas (...) Las víctimas habrían sido interrogadas dentro del circuito Camps, respecto del sitio que ocupaban en el grupo económico Graiver (...) La única reunión que habría mantenido Gallino con personas que no fueran funcionarios del Estado fue con los integrantes de los adquirentes de las acciones Clase A de Papel Prensa SA, a través de Fapel SA y con el motivo explicitado de la adquisición de tales acciones. (...) Este puñado de circunstancias (...) vincularían a la apropiación de la empresa como la concreción de un plan proveniente de las más altas esferas del régimen militar y concretada, en su momento más crítico, a través del aparato represivo de la línea de mando de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y como parte de un sólo iter criminis, complejo, conformado por maniobras diversas pero que no por ello dejan de ser, como expresé en fecha 7 de julio de 2010 y hoy ratifico con mayores elementos de juicio, una unidad que se encuentra en la persecución del grupo Graiver y en la apropiación de sus activos con mayor valor estratégico, esto es, Papel Prensa SA."
21) Dictamen del fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas sobre la elección de los tres diarios: "Al conocerse la muerte o desaparición de David Graiver y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar el grupo, para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas. La Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase A de Papel Prensa, eligiendo ellos mismos como compradores a los diarios La Nación, Clarín y La Razón. Esto surge claramente, no sólo de los dichos de los integrantes del Grupo Graiver, sino de todas las declaraciones informativas o testimoniales reunidas en autos (...) El precio fue objetado por lo bajo en el juicio sucesorio de David Graiver por el representante del Ministerio Público."
22) Presentación realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: "La transmisión del paquete accionario de Papel Prensa SA que se encontraba en poder de Rafael Ianover, la firma Galería Da Vinci SA –de propiedad de David Graiver– y de los herederos de David Graiver realizada a favor de Fapel SA, habría sido llevada adelante mediante la comisión de los delitos de extorsión, privación ilegítima de la libertad, torturas, vejaciones y asociación ilícita, de los que habrían resultado víctimas Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Haydeé Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Rafael Ianover, Lidia C. Gesualdi y Silvia Fanjul, y de las torturas seguidas de muerte de Jorge Rubinstein; hechos que fueron calificados como crímenes contra la humanidad y, por ende, imprescriptibles."
23) Intento de hacer pasar como verdadera una foja trucha, denunciado por este diario: la foja que presentaron en la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata los abogados Hugo Wortman Jofré, en representación de Héctor Magnetto, y Alejandro Pérez Chada, por parte de Bartolomé Mitre, es producto de un dictamen del fiscal Molinas que fue fraguado para beneficiar a Clarín, La Nación y La Razón. Se retiró la foja original del expediente y se remplazó por otra escrita nuevamente en la que se omitieron dos frases que perjudican a los directivos de los diarios. Esas dos frases que no fueron tipeadas en la foja que remplazó la original: "la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario Clase A de Papel Prensa, eligiendo ellos mismos como compradores a los diarios La Nación, Clarín y La Razón", y luego, en el mismo sentido, cuatro párrafos más adelante, Molinas especificó que quedaba claro el "apuro de la negociación y la existencia de un solo oferente impuesto o elegido por las autoridades nacionales". La foja original tiene el sello medalla correspondiente a la fiscalía y la firma de la secretaria letrada María Inés Rava que confirma que se trata de una copia fiel del original. La trucha no tiene ningún sello ni firma. Ambas fueron reveladas por este diario.
24) Testimonios de José Rogelio Villarreal, secretario general de la Presidencia de Jorge Rafael Videla, y Patricio Peralta Ramos, ex director del diario La Razón, confirmando que fue la Junta Militar la que determinó la participación de Clarín, La Nación y La Razón, obtenidos por la periodista Graciela Mochkofsky.
Algunas pruebas surgieron de la investigación periodística de Tiempo Argentino, encabezada por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso, y sostenida por todo el colectivo de trabajo del diario. Toda ellas fueron anexadas al expediente. Otras formaron parte del informe "Papel Prensa, la verdad", elaborado por la Secretaría de DD HH y la Secretaría de Comercio y presentado por Cristina Fernández de Kirchner en 2010.
La resolución de Ercolini las ignora. La vergonzosa oscuridad que arroja sobre el caso, sin embargo, se parece a la que antecede al comienzo del día.
Nunca es tan oscura la noche como en ese instante.
Después amanece, irreversiblemente.
El dictamen de otro fiscal sustentado en una inmensa cantidad de documentos y testimonios que pedía la indagatoria de Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina de Noble, como supuestos partícipes de la apropiación ilegal de Papel Prensa en alianza con la dictadura militar, fue rechazado en menos de 20 horas por el juez federal Julián Ercolini.
Por amarga que sea la noticia, el escándalo que produjo Ercolini con su resolución exprés, tiene un costado didáctico irreprochable: expone de manera cruda a los ojos de la sociedad dónde está el gobierno y dónde el poder real de la Argentina, a la vez que valida la tesis kirchnerista sobre la existencia de un "partido judicial" dependiente de las corporaciones económicas y su destino.
Porque el problema no es jurídico. La falla no está en el Código Penal. Es la subjetividad política de los jueces y fiscales que lo aplican lo que determina quién o quiénes son los sujetos a ser perseguidos y cuáles no merecen idéntico trato.
A una velocidad que produce vértigo, ahora que un proyecto político como el oficial decidió poner el reflector sobre sus miembros menos aptos para soportar la luminosidad de la verdad completa, buena parte del Poder Judicial se hunde de manera inexorable en el barro con resoluciones como la de Ercolini y Alberto Nisman. O el papelón del presidente de la Corte, llamando "cosa juzgada" a una causa que investiga 29 asesinatos y todavía está en trámite, bajo su instrucción.
Pertenecen al mismo pelotón que en tiempo real sigue destruyendo el expediente que investiga la muerte de enero en Le Parc: una jueza federal y una fiscal de otro fuero, a dos meses del episodio que conmocionó al país, mantienen una puja feroz en los medios para destruir las evidencias que privilegia cada parte.
Cuando se advierte que el atentado a la Embajada de Israel sigue sin ser resuelto, al igual que la voladura de la AMIA, generalmente se atribuye la impunidad a razones conspirativas –que las hay, pero se desdeña o relativiza el papel que cumplen algunos funcionarios judiciales que integran redes de poder con intereses permanentes en el mecanismo que reproduce esos resultados.
Lo de Sandra Arroyo Salgado y Viviana Fein no es una pelea de barrio: es un fenomenal operativo llamado a enderezar las interpretaciones sobre lo ocurrido hacia un lado o hacia el otro, donde la verdad objetiva siempre ocupa un lugar aleatorio. Puede servir más o menos al propósito, pero nunca para desviarse de él. Lo que está pasando a la vista de todos con el Caso Nisman, es lo mismo que antes pasó con la AMIA y la Embajada.
El despojo criminal de Papel Prensa lleva 39 años impune. La denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos contra Magnetto & Cía como partícipes necesarios tiene cinco años. Hace dos que Ercolini instruye la investigación. La hiperactividad que demostró al sustraer a Magnetto de la indagatoria pedida por un fiscal valiente, como Leonel Gómez Barbella, estuvo ausente durante todo el proceso que tramita con freno de mano. Cinco de los imputados ya murieron sin responder por los delitos reclamados. Que son de lesa humanidad, vale recordar.
A diferencia de lo que pasó con la Embajada y la AMIA, donde la impunidad fue asegurada por una minuciosa estrategia de demolición del expediente, Ercolini explora otra alternativa con la ayuda de los medios dominantes y la biología: muertos los responsables, se extingue la acción penal. No le importa que Rafael Ianover, una de las víctimas del desapoderamiento, esté por cumplir 90 años.
No es una lectura, se trata de lo que piensa. Así se lo manifestó a un colega, a quien conoce desde el colegio secundario. Ercolini no quiere ver complicada su carrera judicial con las turbulencias que produciría la citación a uno de los hombres más poderosos de la Argentina por un delito imprescriptible y horrendo que, de comprobarse, lo puede conducir a la cárcel.
No es falta de coraje personal. Es una decisión política. La de retacearle a la memoria y a la verdad –de la que se ocupan las víctimas, los periodistas y los historiadores–, la necesaria consecuencia judicial. Algo parecido sucedió con la causa que investigaba el origen ilícito de la deuda externa. El juez federal Ballesteros sentenció que banqueros, funcionarios y empresarios eran culpables, una vez que tuvieron garantizada la prescripción, es decir, la impunidad. La diferencia es que en este caso, los delitos no prescriben.
La estrategia de Ercolini, como puede verse, no es novedosa. Sabe que tiene el expediente más caliente de la historia democrática en sus manos. Papel Prensa es el leading case que confirma que el golpe del ’76 fue cívico-militar y tuvo un objetivo: el disciplinamiento manu militari de la sociedad para operar un profundo cambio de la matriz productiva en beneficio del poder económico concentrado. Ahí mismo nace el monopolio del papel, plataforma del actual oligopolio audiovisual que detenta el Grupo Clarín S.A.
Fue a cambio del apoyo a sus métodos represivos ilegales, que las Tres Armas le entregaron Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón. Esos diarios urdieron el entramado simbólico indispensable para justificar culturalmente el plan y hacer tolerables, por vía de la invisibilización o la censura, los crímenes del terrorismo de Estado, nada menos.
Mientras una generación completa desaparecía en los campos clandestinos de detención y exterminio, y los cuerpos de miles eran incinerados en La Perla o arrojados a las aguas del Río de la Plata, los dueños y accionistas de estos diarios –a los que Ercolini le extendió un certificado de impunidad por un tiempo más con su resolución del jueves– reproducían en sus páginas un estado de normalidad inexistente.
Toda la verdad que no se encuentra en sus archivos aparece límpida y grave en la "Carta Abierta a la Junta Militar" de Rodolfo Walsh y el Nunca Más elaborado por la CONADEP de los ’80. Sin esos textos fundamentales, la dictadura habría sido un "proceso de reorganización", una asonada militar más, un lapso de siete años entre gobiernos democráticos. Y el despojo de Papel Prensa, apenas, "una venta entre privados", como manda a decir Magnetto.
Banalizando la historia trágica del país, desconociendo el testimonio de Lidia Papaleo de Graiver y del propio Ianover, ignorando la desbordante prueba documental aportada, desmontando la lógica más elemental que permite saber de presiones y acoso coordinado entre civiles y militares para desapoderar a unos y empoderar a otros, el juez Ercolini ordenó hacer una pericia contable para determinar si lo que Clarín y La Nación dicen que pagaron era poco o mucho. Es increíble.
No se trata del precio. No hubo venta. Nunca se concretó en los términos que prescribe el Código de Comercio. Fue una apropiación ilegítima enmarcada en un crimen de carácter imprescriptible, en un contexto donde la sociedad estaba presa del pánico por la violencia terrorista estatal.
El fiscal Gómez Barbella fue claro en su dictamen: "Les imputo a los nombrados que la suscripción se concretó el día 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación, ubicada en la calle Florida entre Av. Corrientes y Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todo ello en un marco de persecución política contra las víctimas y sus negocios, ordenada por la primera junta durante la última dictadura militar."
Ercolini lo conoce. No se llega a juez sin saber eso. Está en la jurisprudencia. Pero el peritaje, aunque pruebe que el precio que los imputados dicen haber pagado fue "vil e irrisorio", le permite ganar tiempo. Precisamente eso: tiempo, es lo que no les sobra a los protagonistas del expediente, para beneficio de los imputados.
De hecho, ya fueron velados los imputados Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Emilio Eduardo Massera, Bernardo Sofovich y Patricio Peralta Ramos. Al resto, si es que quiere demostrar su inocencia en la "apropiación ilícita de bienes" que denunció el fiscal Gómez Barbella, el promedio de edad los complica: Magnetto tiene 70 años. Ernestina Herrera de Noble, cumple 90 en junio. Bartolomé Mitre ronda los 75.
Ercolini dice que no tiene prueba suficiente para citarlos a indagatoria. Al parecer, no las leyó. Van algunas:
1) Documento de la reunión mantenida por el General Oscar Bartolomé Gallino (con poder de mando en los centros clandestinos de tortura y detención) el 7 de abril de 1977 con "los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo 'Fundador' de Papel Prensa SA". En el Boletín oficial de la fecha figuran como directores Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. Los Graiver y sus empleados seguían secuestrados.
2) Documento con la segunda reunión de Gallino, el 9 de abril de 1977, que establece que "a las 8 horas y cuarenta minutos concurren a producir sendos informes el señor secretario de Industria, doctor (Raymundo) Podestá, los presidentes de los directorios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón (...) En la misma fecha, a las veinte horas se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril".
3) Documento que prueba que después de reunirse con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos, Gallino interrogó el 11 de abril de 1977 a Lidia Papaleo. Preguntó sobre el expediente sucesorio y los bienes declarados en esa causa. Lidia mencionó Papel Prensa, después siguió con el Banco Comercial de La Plata, el Banco de Hurlingham y un departamento en la calle Darragueyra, de Capital Federal. Uno a uno, Gallino le pidió que desglosara nombres de empresas y personas, accionistas y empleados. Encuentros y acuerdos. Lidia contó que se había encontrado con Lanusse, Bernardo Neustadt y Jacobo Timerman, por Papel Prensa y las acciones del diario La Opinión. Gallino insistió sobre Papel Prensa: "Preguntada quién forma parte de la sociedad de Papel Prensa, dijo que hay acciones a nombre de David Graiver, Galería Da Vinci y el señor Ianover", señala el documento.
4) Editorial publicada en simultáneo por Clarín, La Nación y La Razón, en sus respectivas tapas, el 19 de mayo de 1977: "A la opinión pública", tras explicar que con "la conformidad de la Junta de Comandantes" lograron adquirir las acciones Clase A de Papel Prensa, aseguran que: "Los tres diarios no han hecho un solo pago ni han dado un solo paso que no fuera con el conocimiento y aprobación previos por parte de las autoridades militares intervinientes." Agregan: "El precio pagado por la transferencia accionaria se halla debidamente preservado mediante su depósito, por indicación del oficial superior preventor, general Osvaldo Bartolomé Gallino (sic)", y concluyen que se hizo "con el consentimiento previo y posterior del Estado, a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar (...), en defensa de la libertad de prensa y respetando uno de los soportes de nuestro estilo de vida (...)".
5) Testimonio de Isidoro Graiver, ante la fiscalía, del 6 de noviembre de 1985: "En octubre de 1976, el doctor Miguel de Anchorena en ese entonces abogado apoderado de la sucesión Graiver, David, se puso en contacto con su cuñada para informarle que había recibido una información del señor Francisco Manrique cuyo contenido era sintéticamente que el gobierno nacional vería con agrado la desaparición del conjunto empresario Graiver como tal, para lo cual sería necesario la venta de los paquetes accionarios del Banco Comercial del Plata, del Banco de Hurlingham y el paquete de control o mejor dicho del control accionario de Papel Prensa, estimando que los compradores lógicos de este último paquete eran los diarios La Nación, Clarín y La Razón."
6) Declaración de José Alfredo Martínez de Hoz ante la misma fiscalía, del 27 de noviembre de 1985: "Interesaba que en definitiva la conducción de la empresa fuera llevada adelante por accionistas que tuviesen un verdadero interés y responsabilidad para llevarlo a cabo. La Junta aprobó el criterio de prestar su autorización para la transferencia de dichas acciones al grupo de los diarios (...) Se pensaba que este era el grupo más capaz, más responsable para llegar a la conclusión del proyecto y su puesta en marcha."
7) Testimonio de Lidia Papaleo, del 7 de noviembre de 1985: "El Dr. Miguel de Anchorena le comunicó que Francisco Manrique le había manifestado que las autoridades nacionales deseaban que el Grupo Graiver vendiera el paquete accionario de Papel Prensa, del Banco Hurlingham y del Banco Comercial de La Plata, y que el comprador indicado sería los diarios La Razón, Clarín y La Nación (...) Que Martínez Segovia, presidente del directorio de Papel Prensa agregó que esa venta no podía efectuarse ni a personas de la colectividad judía ni a un grupo extranjero. (...) El precio era menor al que aspiraban pero no había otra alternativa."
8) Testimonio de Francisco Manrique (ex ministro de Bienestar Social 1970-72, David Graiver había asumido la Subsecretaría de Bienestar Social), del 24 de abril de 1986: "Lidia Papaleo (se comunicó) para informarme que en ese caso era el gobierno con una cabeza visible que era el doctor Podestá (su amigo y secretario de Promoción Industrial) que interfería en una operación de venta de Papel Prensa. (Podestá) me dijo que robarle a un ladrón tenía 100 años de perdón, a juzgar por los calificativos que se echaban sobre los Graiver y las actitudes que aparentemente se estaban tomando contra ellos."
9) Declaración de Pedro Jorge Martínez Segovia, del 13 de noviembre de 1985: "Fue una advertencia lógica como resultado de las normas que regían y rigen las transferencias de paquetes accionarios Clase A grupos extranjeros y en cuanto a la eventual venta a un miembro de la colectividad judía, pudo haber sido un consejo atento a las circunstancias del momento y no como una manifestación de antisemitismo (...) El Estado no quería estar asociado, aunque sea por un breve lapso, con el grupo Graiver, de gran notoriedad en esos momentos."
10) Declaración de Emilio Massera, del 5 de diciembre de 1985: "Se analizó la posibilidad de que ingresara a la empresa, personas jurídicas o individuales de reconocida solvencia moral y material."
11) Testimonio de Alberto Máximo D’Agostino, ante la misma fiscalía, del 4 de diciembre de 1984: "Preguntado respecto a si al investigar la composición del paquete accionario de la empresa determinó la presencia de capitales pertenecientes a la Agrupación Montoneros, proscripta en aquel momento, responde que no. Que en ningún momento surgió un indicio en tal sentido."
12) Notas publicadas por Clarín, La Nación y La Razón, donde se evidencia el acoso a los Graiver: La Nación, 11 de octubre de 1976, el Grupo Graiver estaba supuestamente "implicado en la quiebra fraudulenta de dos bancos (...) por 150 millones de dólares". Cuatro días después desplegó una publicidad a página completa de la revista Somos, con el título: "El caso Graiver", en el que los habían escudriñado y hasta se preguntaban: "¿Está muerto... o no?" Ese mismo día, Clarín publicó que el grupo Graiver "involucra en un delicado problema a varios bancos de Buenos Aires". Los acusaban con "informaciones extraoficiales" de usar uno de sus bancos "para exportar capitales de la Argentina", de hacer "actividades ilegales", "demostrándose que habían presentado sucesivos balances falsos que lucían una irreal prosperidad". Para terminar ese artículo, que no estaba firmado por ningún periodista, aseguraban: "No se explican (...) cómo Graiver pudo haber gozado de impunidad." Nueve días después, ya en medio de las negociaciones, para La Nación no eran supuestos. Al referirse a David decían: "El millonario argentino al que se involucra en un gigantesco fraude." El 22 de octubre, el tema llegó al ya mencionado editorial principal de Clarín. Primero destacaron que "el clima reinante antes del 24 de marzo (del golpe) era de corrupción administrativa del régimen", y luego de describir las operatorias ilegales que le atribuían al grupo aseguraron: "(se) hace necesaria una más prolija investigación". El 28 de octubre, después de detallar las "responsabilidad de Gelbard", sostuvieron que el ex ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard, "fue sancionado, privándosele de sus derechos políticos y de su ciudadanía argentina", se encargaron del Grupo Graiver: "Con notoria vinculación con Gelbard, que le valió todo tipo de ventajas y privilegios y cuyos manejos financieros han culminado con un escándalo de proporciones internacionales."
13) Documentos que prueban que pocos días después de suscriptos los convenios, Fapel transfirió las acciones Clase A a los diarios. El 18 de enero la Asamblea autorizó las transferencias. El 8 de marzo fue secuestrado Juan Graiver, al día siguiente, el 9 de marzo Lidia Papaleo le pidió al juez que autorizara la transferencia. El juez no la autoriza. El 14 secuestran a Lidia Papaleo, Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi, secretarias del grupo. El 15, al abogado Jorge Rubinstein, segundo del grupo, asesinado el 4 de abril. El 17 de marzo, a Isidoro Graiver, el 22, a su madre, Eva Gitnacht y el 12 de abril a Rafael Ianover.
14) Resolución Nº 3 de la Junta Militar del 19 de abril de 1977 en la que se declara la interdicción de los bienes de los Graiver.
15) Documento presentado por Clarín, La Nación y La Razón el 16 de mayo de 1977 (mientras los familiares y empleados del grupo Graiver estaban secuestrados) solicitando "oportunamente el Tribunal acuerde judicialmente la aprobación a la venta cesión y transferencia realizada".
16) Acta secreta: los militares le quisieron poner una mínima condición a los tres diarios, a cambio de posicionarlos para el negocio, pero los diarios se negaron. Se les pedía que dejaran entrar en el negocio al resto de los periódicos del país y que les ofrecieran "hasta un 49% de las cantidades por ellos adquiridas en las mismas condiciones de precio y plazo". En el Anexo II del Acta Secreta 14, del 15 de diciembre del '76, quedó registrada la negativa: "Luego de pocas horas de tomar conocimiento, los diarios manifestaron la imposibilidad de contemplar favorablemente (el pedido), no creían prudente ceder acciones de la Clase A a otros posibles usuarios, pues se compartiría y debilitaría la conducción."
17) Declaración judicial de Rafael Ianover ante el juez Arnaldo Corazza (7 y 14 de abril de 2010): relató diversas acciones ilícitas entre las que encuentran la detención ilegal y torturas de varios miembros de la familia Graiver y su entorno, así como su propia detención ilegal en condiciones inhumanas, todo lo que concluyó en el traspaso del paquete accionario de la empresa en cuestión: "El temor y el terror que vivía en ese tiempo no me permitieron leer el convenio que iba a firmar. Lo firmé porque era voz corriente en ese momento que había detenidos desaparecidos, y quería protegerme a mí y a mi familia."
18) Dictamen Ministerio Público Fiscal, Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, del 27 de abril de 2011: "El conjunto de maniobras cuya autoría se atribuye a integrantes del entonces gobierno de facto en presunta colusión con los propietarios y/o representantes de las empresas denunciadas en autos, podrían haber sido parte del conjunto de acciones persecutorias desplegadas desde el Estado contra grupos o colectivos definidos por los perpetradores, basados en motivos políticos, económicos y religiosos (...) La adquisición presuntamente extorsiva de las acciones de Papel Prensa podría ser calificada como delito de lesa humanidad, en el contexto de un ataque generalizado y sistemático sufrido por la población civil argentina entre los años 1976 y 1983 (...) la ejecución y consumación de las referidas acciones presuntamente extorsivas que habrían llevado a la adquisición de la empresa Papel Prensa tuvieron lugar en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Ello importa encuadrar la adquisición presuntamente extorsiva de las acciones de Papel Prensa, prima facie, como delito de lesa humanidad."
19) Resolución Sala III Penal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, 16 de junio de 2011, que confirma dictamen de fiscalía: "Las diligencias practicadas en la causa autorizan a sostener –en este estadio preliminar– que el conjunto de acciones dirigidas al traspaso compulsivo de las acciones de la empresa Papel Prensa habrían ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno de los más significativos –la suscripción de los contratos de venta de las acciones de Papel Prensa SA– habría acaecido en las oficinas del diario La Nación, ubicadas en la calle Florida entre Corrientes y Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."
20) Declaración de incompetencia de Daniel Rafecas, 4 de agosto de 2011: "La labor probatoria producida en el expediente hasta el momento, le asigna verosimilitud a la hipótesis de la Secretaría de Derechos Humanos, en cuanto se denunciara la existencia de un concierto delictivo que permitiría la calificación de tales hechos como delitos de lesa humanidad y que tendría como su epicentro, la privación ilegal de la libertad y tormentos de las víctimas, conductas teñidas de la dimensión económica de las finalidades del régimen que habrían determinado el plan que fue implementado a través de los órganos represivos dependientes de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires (...) La totalidad de las víctimas mencionadas, habría sido secuestrada, exclusivamente, por su vinculación con David Graiver y la operatoria económica de sus empresas (...) Las víctimas habrían sido interrogadas dentro del circuito Camps, respecto del sitio que ocupaban en el grupo económico Graiver (...) La única reunión que habría mantenido Gallino con personas que no fueran funcionarios del Estado fue con los integrantes de los adquirentes de las acciones Clase A de Papel Prensa SA, a través de Fapel SA y con el motivo explicitado de la adquisición de tales acciones. (...) Este puñado de circunstancias (...) vincularían a la apropiación de la empresa como la concreción de un plan proveniente de las más altas esferas del régimen militar y concretada, en su momento más crítico, a través del aparato represivo de la línea de mando de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y como parte de un sólo iter criminis, complejo, conformado por maniobras diversas pero que no por ello dejan de ser, como expresé en fecha 7 de julio de 2010 y hoy ratifico con mayores elementos de juicio, una unidad que se encuentra en la persecución del grupo Graiver y en la apropiación de sus activos con mayor valor estratégico, esto es, Papel Prensa SA."
21) Dictamen del fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas sobre la elección de los tres diarios: "Al conocerse la muerte o desaparición de David Graiver y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar el grupo, para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas. La Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase A de Papel Prensa, eligiendo ellos mismos como compradores a los diarios La Nación, Clarín y La Razón. Esto surge claramente, no sólo de los dichos de los integrantes del Grupo Graiver, sino de todas las declaraciones informativas o testimoniales reunidas en autos (...) El precio fue objetado por lo bajo en el juicio sucesorio de David Graiver por el representante del Ministerio Público."
22) Presentación realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: "La transmisión del paquete accionario de Papel Prensa SA que se encontraba en poder de Rafael Ianover, la firma Galería Da Vinci SA –de propiedad de David Graiver– y de los herederos de David Graiver realizada a favor de Fapel SA, habría sido llevada adelante mediante la comisión de los delitos de extorsión, privación ilegítima de la libertad, torturas, vejaciones y asociación ilícita, de los que habrían resultado víctimas Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Haydeé Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Rafael Ianover, Lidia C. Gesualdi y Silvia Fanjul, y de las torturas seguidas de muerte de Jorge Rubinstein; hechos que fueron calificados como crímenes contra la humanidad y, por ende, imprescriptibles."
23) Intento de hacer pasar como verdadera una foja trucha, denunciado por este diario: la foja que presentaron en la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata los abogados Hugo Wortman Jofré, en representación de Héctor Magnetto, y Alejandro Pérez Chada, por parte de Bartolomé Mitre, es producto de un dictamen del fiscal Molinas que fue fraguado para beneficiar a Clarín, La Nación y La Razón. Se retiró la foja original del expediente y se remplazó por otra escrita nuevamente en la que se omitieron dos frases que perjudican a los directivos de los diarios. Esas dos frases que no fueron tipeadas en la foja que remplazó la original: "la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario Clase A de Papel Prensa, eligiendo ellos mismos como compradores a los diarios La Nación, Clarín y La Razón", y luego, en el mismo sentido, cuatro párrafos más adelante, Molinas especificó que quedaba claro el "apuro de la negociación y la existencia de un solo oferente impuesto o elegido por las autoridades nacionales". La foja original tiene el sello medalla correspondiente a la fiscalía y la firma de la secretaria letrada María Inés Rava que confirma que se trata de una copia fiel del original. La trucha no tiene ningún sello ni firma. Ambas fueron reveladas por este diario.
24) Testimonios de José Rogelio Villarreal, secretario general de la Presidencia de Jorge Rafael Videla, y Patricio Peralta Ramos, ex director del diario La Razón, confirmando que fue la Junta Militar la que determinó la participación de Clarín, La Nación y La Razón, obtenidos por la periodista Graciela Mochkofsky.
Algunas pruebas surgieron de la investigación periodística de Tiempo Argentino, encabezada por Cynthia Ottaviano y Juan Alonso, y sostenida por todo el colectivo de trabajo del diario. Toda ellas fueron anexadas al expediente. Otras formaron parte del informe "Papel Prensa, la verdad", elaborado por la Secretaría de DD HH y la Secretaría de Comercio y presentado por Cristina Fernández de Kirchner en 2010.
La resolución de Ercolini las ignora. La vergonzosa oscuridad que arroja sobre el caso, sin embargo, se parece a la que antecede al comienzo del día.
Nunca es tan oscura la noche como en ese instante.
Después amanece, irreversiblemente.
Peligro de massot y blaquier
ADEPA festejó que un juez subrogante de Bahía Blanca dictara la "falta de mérito" a Vicente Massot, el dueño de La Nueva Provincia, investigado por el asesinato de Heinrich y Loyola, dos obreros gráficos de su planta.
En sus argumentos, increíblemente, el fallo pone en el lugar de la víctima de la dictadura a Massot, cuando se sabe que fue uno de sus ideólogos y pontificadores, tanto desde La Nueva Provincia como en la revista antisemita Cabildo.
Esta reescritura perversa de la historia se parece, aunque es mucho más grave, a la que pretende Ercolini sobre Papel Prensa, siempre según su resolución. Esa porción de la sociedad que bajo la consigna "Todos somos Nisman" se movilizó el 18F, marcha a la que asistieron Massot y Ercolini, según el diario La Nación, alimentó este desaguisado.
No es el único. El viernes, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación también dictó la "falta de mérito" de Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y de Enrique Lemos, su administrador, en la causa que investiga "La Noche del Apagón", como se conoce el operativo cívico-militar en el que fueron secuestrados 400 vecinos del Ingenio. La resolución lleva la firma de dos vocales, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, y la Cámara es presidida por Juan Carlos Gemignani.
El 24 de marzo, el sector que durante tres décadas y media se movilizó consecuentemente para recordar el nefasto golpe del '76 y sus secuelas trágicas, podrá buscar el efecto inverso al logrado por el 18F. No el de la impunidad, sino el de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que ponga las cosas en su lugar.
Para los que no leyeron el dictamen fiscal de Gómez Barbella, lo pueden encontrar acá: <http://www.telam.com.ar/advf/documentos/2015/03/550091c57f805.pdf>.
Esta reescritura perversa de la historia se parece, aunque es mucho más grave, a la que pretende Ercolini sobre Papel Prensa, siempre según su resolución. Esa porción de la sociedad que bajo la consigna "Todos somos Nisman" se movilizó el 18F, marcha a la que asistieron Massot y Ercolini, según el diario La Nación, alimentó este desaguisado.
No es el único. El viernes, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación también dictó la "falta de mérito" de Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y de Enrique Lemos, su administrador, en la causa que investiga "La Noche del Apagón", como se conoce el operativo cívico-militar en el que fueron secuestrados 400 vecinos del Ingenio. La resolución lleva la firma de dos vocales, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, y la Cámara es presidida por Juan Carlos Gemignani.
El 24 de marzo, el sector que durante tres décadas y media se movilizó consecuentemente para recordar el nefasto golpe del '76 y sus secuelas trágicas, podrá buscar el efecto inverso al logrado por el 18F. No el de la impunidad, sino el de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que ponga las cosas en su lugar.
Para los que no leyeron el dictamen fiscal de Gómez Barbella, lo pueden encontrar acá: <http://www.telam.com.ar/advf/documentos/2015/03/550091c57f805.pdf>.
Sin comentarios
La sala III de la Cámara de Casación Penal resolvió el viernes desestimar un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para ser querellante en la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa durante la dictadura.
Los jueces son Eduardo Riggi (ex funcionario del Camarón, la Cámara Federal Antisubversiva creada en 1971, nombrado juez durante la dictadura, tiene un pedido de juicio político por haber sido contactado por un agente de la SI para ofrecerle un soborno a cambio de la liberación de José Pedraza), Liliana Catucci (favoreció en la causa de las escuchas ilegales del macrismo al “Fino” Palacios) y Mariano Borinsky.
El “partido judicial” sigue en operaciones. Sin comentarios.
Los jueces son Eduardo Riggi (ex funcionario del Camarón, la Cámara Federal Antisubversiva creada en 1971, nombrado juez durante la dictadura, tiene un pedido de juicio político por haber sido contactado por un agente de la SI para ofrecerle un soborno a cambio de la liberación de José Pedraza), Liliana Catucci (favoreció en la causa de las escuchas ilegales del macrismo al “Fino” Palacios) y Mariano Borinsky.
El “partido judicial” sigue en operaciones. Sin comentarios.
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