Plan C

Fueron otorgados por el Banco Nación en los últimos dos años

Casta al cuadrado

A través del Banco Nación, al que querían privatizar con el argumento de que es “una cueva de acomodados políticos que solo sirve para timbear los ahorros de la gente”, importantes funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza consiguieron créditos multimillonarios a tasas preferenciales. Entre los afortunados, el propio secretario de Finanzas y dos colaboradores estrechos de Caputo

Sebastian Cazon

 

Cuando el economista Federico Furiase fue designado como director en el Banco Central a comienzos de 2024, sus deudas bancarias no superaban los 60 millones de pesos. Para ese entonces, Javier Milei había aceptado su incorporación al Gobierno y olvidado que lo consideraba “una máquina de decir boludeces”. Tras un año y medio de gestión, el flamante secretario de Finanzas engrosó sus pasivos con un crédito por 360 millones de pesos otorgados por el Banco Nación. El caso llamó la atención, aunque no se tratase de un hecho aislado. Furiase es solo un nombre dentro de una larga lista de funcionarios y legisladores que, mientras promovían la privatización de la entidad pública, recibían préstamos millonarios con los brazos abiertos. Desde el asesor Felipe Núñez, hombre del ministro Luis Caputo; pasando por Juan Pablo Carreira, jefe de las milicias digitales libertarias; hasta los diputados Mariano Campero, “héroe” del veto al aumento jubilatorio, y el exPRO Alejandro Bongiovanni. Trascendido, el festival de créditos libertarios, en la oposición presentaron un pedido de informe para conocer el marco regulatorio y el detalle de los préstamos otorgados.

Financiamiento para todos y todas

Las cifras son contundentes y exponen una contradicción flagrante: los mismos que cuestionaban la eficiencia del Banco Nación se vieron beneficiados por sus tasas preferenciales. Entre Furiase, Núñez y Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del BCRA, se acumularon préstamos por casi mil millones de pesos. “Hay mucha gente a la que le está yendo mucho mejor en poco tiempo”, dijo Furiase la semana pasada para relativizar la pulverización de los salarios, justo antes de que tomaran notoriedad sus pasivos. “Banana”, como lo apodó el Presidente en su momento, tomó un crédito por 367 millones en agosto de 2025, equivalente a 276 mil dólares.

El caso Núñez es de un ejercicio de contorsionismo realmente admirable. El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) pasó de considerar al Nación como “una cueva de acomodados políticos que solo sirve para timbear los ahorros de la gente” y de celebrar su posible cierre a solicitarle un crédito por 373 millones de pesos, unos 315 mil dólares. Fue en febrero de 2025, el mismo mes en que Milei firmaba el decreto 116/2025 que convertía al banco público en Sociedad Anónima, medida que luego fue suspendida por el juez Alejo Ramos Padilla.

El préstamo más abultado se lo llevó Inchauspe. El integrante del directorio del Central obtuvo 510 millones de pesos en diciembre pasado. Una cifra que en ese momento superaba los 360 mil dólares. El jefe de los trolls libertarios también fue a golpear las puertas del Estado elefante. Carreira, alias Juan Doe, obtuvo un crédito por 113 millones, unos 76.000 dólares. Es la persona a cargo de la cuenta Oficina de Respuesta Oficial, que tiene como objetivo escrachar a periodistas que cuestionan al Gobierno.

El financiamiento llegó al Congreso. Cuatro diputados libertarios fueron beneficiados con las tasas preferenciales del Nación: el santafesino Alejandro Bongiovanni, el tucumano Mariano Campero, el bonaerense Santiago Santurio y la rionegrina Lorena Villaverde.

Las casualidades de la vida hicieron que Bongiovanni accediera al préstamo en enero de este año, justo un mes después de que rompiera con el PRO y se incorporara a las filas libertarias. El sobrino del creador de la Fundación Libertad recibió 255 millones de pesos. Campero, por su parte, también se vio afectado por las fuerzas del azar. Le concedieron un crédito por 322 millones de pesos en mayo de 2025. Por esos días, el Congreso discutía la creación de la Comisión LIBRA, de la cual es integrante.

En la nómina de los funcionarios, no podía quedar afuera la familia Menem. Sharif, hijo de Lule Menem, recibió una cifra para nada despreciable, considerando sus 24 años: 357 millones de pesos.

La diputada Villaverde, en tanto, no se iba a perder otro escándalo. Figura en la lista por un crédito que obtuvo en enero del año pasado por 227 millones. Como antecedente, registra que la sucursal de Cipolletti le había rechazado su carpeta porque no cumplía los requisitos. En Río Negro aseguran que logró destrabarlo a partir de la intervención directa del presidente del Nación, Daniel Tillard. Esta acusación se suma a un prontuario con denuncias por supuestos vínculos con el narcotráfico y estafas con terrenos en Río Negro.

Por último, en el relevamiento aparece el diputado Santiago Santurio. El integrante de las Fuerzas del Cielo obtuvo 340 millones en julio de 2025, unos meses después de integrarse al Palacio Legislativo por su militancia ultracatólica y su activismo en contra del aborto.

Para sorpresa de todos, el vocero Manuel Adorni no apareció en los registros. En este período incorporó propiedades, pero no optó por los hipotecarios del Banco Nación. Al parecer, encontró mejores vehículos de financiamiento.

Pedidos de informes, denuncias y pocas respuestas

Todas las carpetas se aprobaron durante la gestión de Daniel Tillard, quien se despidió de su cargo en diciembre de 2025, celebrando los 20 mil créditos hipotecarios otorgados. Muchos de ellos, a sus compañeros de espacio. La información está registrada en la Central de Deudores del Banco Central y fue procesada por el sitio “¿Cuánto Deben?” de Andrés Snitcofsky.

Desde el Banco Nación le dijeron a Página/12 que los préstamos fueron aprobados porque los funcionarios tienen cuentas sueldo en la entidad y que se respetaron los criterios de capacidad de pago. El Gobierno, por ahora, se mantuvo en silencio. Ni el ministerio de Economía, el Banco Central o los involucrados brindaron explicaciones.

En este marco, el diputado socialista Esteban Paulón realizó pedidos de acceso a la información pública al Banco Central y al Banco Nación tras expresar que la entidad “es de todas y todos, y no puede estar al servicio de los intereses particulares de unos pocos privilegiados”. El objetivo del requerimiento es conocer el marco regulatorio de los otorgamientos.

“Si bien el acceso al crédito en entidades públicas no constituye en sí mismo irregularidad alguna, la concurrencia de circunstancias tales como montos elevados, simultaneidad en los otorgamientos y la condición de funcionarios públicos de los beneficiarios torna necesario verificar que el acceso al crédito por parte de funcionarios públicos no se haya visto influido por su posición institucional, ni por la eventual disponibilidad de información privilegiada”, sostuvo Paulón.

El abogado y asesor financiero Carlos Maslatón calificó al hecho como un “acto de corrupción crediticia con fondos públicos” y lo asimiló a la Circular 830 del gobierno de Raúl Alfonsín. “Fueron técnicamente sobornos a decenas de miles de políticos y funcionarios con los que se compraban silencios, lealtades, votaciones y hasta favores del tipo de los que ustedes quieran imaginar”, rememoró y concluyó: “Lamento ver nombres de examigos, con los que estoy políticamente distanciado desde el 2022, en este enjuague armado por el Banco Nación”.

El festival de créditos libertarios coincidió con el fallido intento de privatizarlo. Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la Casa Rosada buscaba “mejorar su transparencia”, convirtiéndolo en una sociedad anónima. No consiguió ni lo uno ni lo otro.

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