17 de julio de 2025

El drama en la fábrica de termos tras la liberación de importaciones

En Lumilagro apenas quedan 65 trabajadores 

La empresa de Tortuguitas adoptará un esquema híbrido de "producir y traer" para evitar el cierre. De los 200 puestos de trabajos, sólo resiste el 32 por ciento.

“La principal preocupación de los trabajadores es que ellos puedan sostener este grupo de 65 trabajadores que quedaron en pie”, dicen desde el Sindicato de Empleados del Vidrio (Seivara) buscando advertir y brindar un diagnóstico preciso sobre la situación que atraviesa Lumilagro, la fábrica de termos golpeada por la apertura de importaciones promovida por el gobierno de Javier Milei. En un escenario donde la liberalización comercial, el contrabando y la caída del consumo se conjugan para esta industria, la planta de Tortuguitas lentamente reduce personal, desarma infraestructura y reconvierte su modelo productivo en un intento por no desaparecer.

Desde 2022, la planta que llegó a tener cerca de 200 operarios atravesó un proceso gradual de retiros voluntarios y absorción del personal hasta reducirse a poco más de 60 empleados fijos, recalcaron desde el sindicato del vidrio  y aseguraron que fueron acuerdos pactados sin despidos intempestivos, sino tras sucesivas convocatorias a retiros en momentos de baja producción.

Dos años más tarde, la línea de termos de vidrio comenzó a apagarse. El horno de vidrio fue clausurado en 2024, y su espacio fue reasignado al desarrollo de termos de acero inoxidable, una apuesta local para resistir el embate de las importaciones y los precios bajos en la Argentina. Pero el objetivo resultó insuficiente, no solo porque es un mercado con gran competencia, sino también porque apareció un inconveniente mayor.

Ante la presión creciente, la firma presentó un nuevo plan que consiste en importar 60 por ciento de los termos desde China y Brasil, y mantener solo el 40 por ciento de producción nacional (algo de vidrio y el resto de acero) bajo la premisa de "redaptarse o morir", como definió su gerente comercial públicamente, Carlos Bender.

El quiebre se precipitó con una decisión clave, pocos días después de que la administración de Javier Milei eliminara los aranceles antidumping sobre termos y recipientes isotérmicos a principios de julio, vigentes desde 2001, Lumilagro anunció el inicio de un plan de importación masiva de productos. 

Según Bender, el criterio oficial de la Comisión Nacional de Comercio Exterior argumentaba que el sector no había logrado despegar a pesar de dos décadas de protección; sin embargo, la empresa ya venía acorralada por la retracción del mercado interno y un contrabando imparable.

Como estrategia para competir, decidió recurrir principalmente a fábricas en China bajo licencia Lumilagro, con supervisión propia de diseño y calidad, y así importar directamente los termos. El primer contenedor ya está en marcha, aseguró Bender.

La presencia invisible que debilitó a la empresa

La crisis de Lumilagro no se explica sólo por la apertura arancelaria. Gran parte del impacto se debió a la fuerte penetración del mercado de productos ilegales. Solo Bolivia, sin una tradición importante de consumo de termos, registró la introducción de más de 4 millones de unidades de acero a precios absurdamente bajos, provenientes de China, de acuerdo a lo manifestado desde Seivara. Estos bienes ingresan sin control, alteran los precios, complican la trazabilidad y erosionan la competitividad local.

El sindicato denunció que, además, los cambios recientes en el estampillado dificultaron aún más al consumidor diferenciar entre productos nacionales e importados, legales e ilegales. Esto generó un impacto directo en el poder adquisitivo y la supervivencia del modelo productivo local.

Las estadísticas oficiales dan sustento a este diagnóstico. Según datos de la CNCE, entre 2021 y 2024, la producción nacional de termos cayó un 26,5 por ciento, las ventas se redujeron en 32 por ciento y el empleo en el sector se desplomó un 31 por ciento. En ese marco, Lumilagro, con una presencia del 60 por ciento del mercado local, empezó a sentir el impacto con fuerza ya que se extinguieron líneas como la de vidrio, se desmantelaron hornos, se reasignaron trabajadores, y la competencia extranjera salió a toda capacidad.

Con el nuevo plan, la empresa aspira a sostener su liderazgo, resistir el embate de los precios bajos y preservar lo posible de mano de obra. Aunque la estructura casi se redujo a su mínima expresión, aseguran que por ahora no pasará a integrar la lista de las más de 7.000 empresas que tuvieron que cerrar sus puertas durante el último año y medio en territorio bonaerense y más de 12.000 a nivel país, según los datos del CEPA.

Incertidumbre sindical y obrera

El clima entre los trabajadores es frágil. Con más del 60 por ciento del plantel afuera, y sin retiros voluntarios restantes, la preocupación se focaliza en los 65 empleados que quedan. ¿Cuánto tiempo podrán sostener esta producción limitada? ¿Y si la importación avanza aún más y se reduce la fábrica local a una cáscara vacía? Esas son las preguntas que recorren los pasillos de la fábrica, según lo manifestado por los propios trabajadores.

Los gremialistas advierten que este fenómeno no es solo de los termos. “Esta coyuntura negativa no se limita sólo a este sector del vidrio. Otras ramas como construcción, automotriz, óptico también comienzan a mostrar signos de deterioro”, alertaron. 

La reconversión como tabla de salvación

El modelo de reconfiguración de la producción incluyó la instalación de supervisores en fábricas propias de China, instalación de controles de calidad y trazabilidad, y una reorganización logística que incluyó el alquiler de naves de su propia planta. El objetivo es mantener una línea de producción mínima dentro del país, aprovechar economías de escala en el exterior, y conservar la marca con diseño local.

Bender defiende esta estrategia: “Lo que hemos hecho es reconvertirnos. Fueron muchos años donde logramos eficiencia y precios accesibles en la economía de escala”. “Cuando la situación se hizo inmanejable, abrimos los retiros y se les pagó a todos el total de lo que les correspondía”, agregó. 

La historia de Lumilagro es un síntoma de una enfermedad más profunda que afecta a toda la industria bonaerense. Las políticas que advierten como apertura indiscriminada de importaciones se reflejan en caída de consumo y producción, pérdida de empleos, y reconfiguración de cadenas productivas locales, de acuerdo a lo expresado desde el sindicato.

Desde el sindicato piden a gritos políticas activas como controles más rigurosos al contrabando, reintroducción de medidas arancelarias selectivas, estímulo al consumo interno que por el momento manifestaron que solo proviene del gobierno bonaerense pero que tampoco alcanza, y una mirada estratégica para proteger industrias claves.

La fábrica apuesta por una salida híbrida, mantener una cuota mínima de producción local para sostener la marca, el empleo y una mínima capacidad productiva. Pero si prevalecen los precios dump, el contrabando y la falta de incentivos nacionales, la planta arriesga convertirse en poco más que una fachada, con un puñado de trabajadores vigilando contenedores en lugar de alimentar hornos.

El verdadero desafío será esperar a los próximos meses, cuando lleguen los primeros contenedores importados bajo el sello Lumilagro. El sindicato pide estar alerta ya que esos termos “poseen aceros de baja calidad que generan óxidos dañinos”, advierten, y llaman a fortalecer los controles fronterizos e internos.

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Otras tres grandes firmas dejan de producir por la crisis o empiezan a importar

Caen empresas como moscas con el modelo Milei

La láctea Verónica entró en concurso, Scania suspendió su producción y la dueña de Siempre Libre cierra para importar todo. Ya son más de una decena los gigantes empresarios en estado crítico. 

Con diferentes estados de situación, otras tres empresas grandes se sumaron al pelotón de más de una decena de compañías seriamente afectadas por el modelo económico de Javier Milei. La referencia es la láctea Verónica, el gigante de los camiones Scania y la compañía que heredó el negocio en crisis de Jonhson & Jonhson. Esas compañías decidieron bajar producción por falta de demanda o, directamente, transformarse en importadores netos aprovechando la apertura total del modelo libertario. 

Por un lado, la firma Kenvue, que produce las marcas Carefree y Siempre Libre , dio de baja todas las líneas de su planta en la localidad de Fátima, Pilar, para traer todo el producto desde Brasil y Colombia. Allí se fabricaban toallitas íntimas y descartables y toda la línea de líquidos de Johnson’s Baby. Esa planta, además, exportaba a todas partes del mundo. 

De ahora en más, la empresa traerá todo desde dos plantas que tiene en San Pablo, Brasil; y Cali, Colombia. Según se supo, la planta de Pilar seguirá como depósito de mercadería importada, centro de logística y lugar de controles de calidad. Hasta hora, lo único que traían importado eran las cremas Neutrogena y sus enjuagues bucales Listerine. En este contexto, la planta se mantiene con unos 80 de los 200 operarios y técnicos.

Camiones frenados

En la línea de la crisis, la firma de Camiones Scania decidió suspender a 520 trabajadores hasta el día 20 de julio. La explicación de la empresa fue una baja de la demanda global y en Argentina.

Fuentes de la compañía precisaron que aquellos trabajadores suspendidos tendrán un pago de compensación no remunerativa, con la idea de que eso compense la pérdida de ingresos. En la fábrica que se paraliza, instalada en la localidad tucumana de Colombres, se producen sobre todo componentes para camiones y buses que Scania exporta a distintos mercados internacionales.

Una láctea en problemas

Este viernes se realizará en la Secretaría de Trabajo nacional una audiencia para resolver la situación crítica de la láctea Verónica. Al día de hoy, en sus plantas de Totoras, Lehmann y Suardi, provincia de Santa Fe, hay más de un mes y medio de salarios impagos, el aguinaldo sin cubrir y apenas un 40% del sueldo de mayo abonado. 

En esa audiencia, en principio, lo que ocurriría es que la firma podría confirmar el despido de 200 trabajadores, amparada en el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que solicitó semanas atrás. 

En paralelo al frente laboral, el colapso financiero de Verónica se traduce en números preocupantes. Según datos la central de deudores del BCRA, en lo que va del año, la firma emitió más de 1.700 cheques rechazados por falta de fondos, que acumulan un rojo superior a $5.000 millones. Hasta el momento, solo logró cubrir un 9% de esas obligaciones. 

Un cementerio de empresas

Estos nuevos casos de compañías se montan en un fenómeno muy extendido que es un gobierno libertario de apertura económica que les está generando a pymes y grandes empresas un escenario inédito de derrumbe de balances y actividad. 

En lo que va del Gobierno libertario cerraron 12000 empresas, con la particularidad que no fueron solo pymes las afectadas, sino también grandes capitales. Hay más de una decena de firmas de peso, de todos los rubros, que tomaron decisiones drásticas por la crisis.

En el listado de salidas aparecen ENAP, Fresenius, Procter and Gamble, Xerox, Clorox, Prudential y el HSBC. En tanto que se achicaron muchas otras, con casos emblema como Whirlpool y la firma de sanitarios FV, que suspendió a fines del año pasado a 800 trabajadores. Esta situación que evidencia que no sólo la caída en las ventas explica el fenómeno, sino que el supuesto orden macro no parece ser tan sólido como se vende. 

A ese grupo hay que sumarles las firmas del agro que están en crisis. La referencia es para Sancor y los grandes del agro Los Grobo y Agrofina, que se presentaron a concurso de acreedores, afectados por los precios internacionales y la caída en las ventas, quedando ambas al borde de una crisis financiera casi terminal. En esa misma línea quedó la empresa Red Surcos: con una deuda de aproximada de 73 millones de dólares, la compañía entró en default en diciembre tras incumplir el pago de un pagaré por 500.000 dólares. Desde entonces, enfrentó embargos que paralizaron su actividad.

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Exigen recomposición salarial y mejoras en las condiciones de trabajo

Marcha del Garrahan: trabajadores, médicos, residentes y gremios se movilizaron a Plaza de Mayo

Se manifestaron en defensa del sistema sanitario y denunciaron la falta de personal del centro de salud pediátrico más emblemático de América Latina.


Este jueves, una multitud integrada por trabajadores, médicos, residentes y gremios del Hospital Garrahan marchó desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo, en una movilización que combinó reclamos salariales, denuncias por precarización laboral y un fuerte rechazo al ajuste del sistema de salud público. 

La protesta fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital  y sumó el respaldo de gremios de la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales y políticas. El reclamo, que se hace sentir en medio de un contexto de ajuste generalizado, apunta contra la parálisis presupuestaria del Gobierno nacional.

“Los salarios están por debajo de la canasta básica”, advirtieron los gremios, que también denunciaron la falta de insumos, la sobrecarga horaria y la negativa del Ejecutivo a pasar a planta al personal contratado.

La columna partió desde el propio hospital, con una primera parada frente al Congreso, y desde allí avanzó por avenida de Mayo rumbo a Casa Rosada. Mientras tanto, el Garrahan no se detuvo: en simultáneo con la marcha, se realizaron cinco cirugías de alta complejidad, entre ellas un trasplante hepático infantil y neurocirugías. La protesta incluyó un paro de 24 horas, aunque se garantizó la atención de urgencias y pacientes internados.

Pese a que desde el Gobierno recordaron que rige la conciliación obligatoria, los trabajadores ratificaron sus demandas. “Lo que está en juego es la salud de miles de niños y niñas”, advirtieron.

La UBA también expresó su apoyo y cuestionó las modificaciones al régimen de residencias médicas impulsadas por el Gobierno, al considerar que eliminan derechos laborales y afectan la calidad del sistema público.

La movilización concluyó frente a la Casa Rosada, con un mensaje claro: sin inversión en salud, no hay futuro.

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Un límite a la motosierra

La Justicia frenó el cierre de Vialidad Nacional

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional. El Gobierno no podrá avanzar sobre el organismo hasta que se pronuncie un juez sobre la constitucionalidad del decreto de Milei y Sturzenegger.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín frenó el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional dispuesta hace dos semanas por el gobierno de Javier Milei, en el marco de su política de disolución de organismos del Estado.

El nuevo revés contra la motosierra de La Libertad Avanza (LLA) fue consecuencia de la aceptación que la Justicia le dio a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), luego de que se decretara el desguace de esa área y su partición en distintas áreas del Estado.

De esta manera, la dirección encargada de planificar y ejecutar obras viales debería seguir existiendo como tal, hasta tanto un juzgado resuelva la cuestión de fondo, que es la legalidad del cierre orquestado por el Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger.

La presentación de Sevina no fue la única que se efectivizó contra el cierre de Vialidad. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) había presentado también una acción de amparo contra la disolución de ese organismo, así como también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Este último planteo pidió que el decreto sea declarado inconstitucional y que, por lo tanto, se suspendan sus efectos.

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Qué pasa con los subtes y los principales accesos

Cortes de tránsito en la Ciudad por la movilización de los trabajadores del Hospital Garrahan

La marcha fue convocada a partir de las 16.30 desde el Congreso a Plaza de Mayo. Qué calles estarán afectadas.

A raíz de la movilización en apoyo a los trabajadores del Hospital Garrahan prevista para este jueves desde las 16:30 del Congreso hacia Plaza de Mayo, el tránsito se verá afectado en parte de la Ciudad de Buenos Aires. Estos son los cortes y desvíos previstos por la marcha.

A las 15.30 hs está prevista la concentración de los trabajadores agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y sindicatos de la salud en el Garrahan. Desde allí se movilizarán hasta Hipólito Yrigoyen y Luis Sáenz Peña, donde comenzará el corte una hora después, a las 16.30.

Desde ese punto las columnas avanzarán hacia Plaza de Mayo. La movilización afectará el tránsito en Avenida de Mayo, la Avenida 9 de Julio, Diagonal sur y las inmediaciones de Casa Rosada. 

De acuerdo con los voceros de Emova, la empresa concesionaria del subte porteño, por el momento no recibieron órdenes del Ejecutivo porteño para cerrar de bocas de estaciones de subte ubicadas en los principales puntos de concentración de la marcha, como lo son las estaciones Congreso - Sáenz Peña - Lima - Piedras - Perú - Plaza de Mayo.

La marcha de este jueves, en sintonía con el paro de 24 horas que empezó a las 7, "busca visibilizar el grave deterioro del hospital pediátrico de alta complejidad de referencia nacional que atiende 600 mil consultas por año, ante el desfinanciamiento impulsado por el gobierno de Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones", precisó en un comunicado oficial la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) y la Junta Interna de ATE Garrahan. Además, rechazan "la reciente designación de Mariano Pirozzo como nuevo director médico del Garrahan, por no contar con formación en pediatría y haber protagonizado recientemente una política de ajuste y despidos en otros centros de salud pública".

Desde el gremio remarcaron que el Hospital atiende "600 mil consultas por año, de las cuales 400 mil son de alta complejidad". Además, precisaron, "el 40 por ciento de los niños con cáncer del país se atienden en el Garrahan".

Los profesionales de la salud reclaman la recuperación de sus salarios en el marco de las últimas decisiones económicas que promovieron una profunda devaluación. "Un salario inicial de al menos 1.800.000 o 1.900.0000 pesos para frenar la ola de renuncias, que ya suma más de 220 profesionales en los ultimos meses", explicaron. Además, exigen que desde el Ministerio de Salud se "frene la precarización de residentes y becarios" y se revierta "el vaciamiento". 

Trabajadores del Garrahan vuelven a marchar en reclamo por mejoras salariales y la preservación de sus puestos de trabajo.

"La convocatoria fue creciendo con el correr de las semanas y hoy cuenta con un respaldo transversal y federal: universidades, centros de salud, gremios docentes, sindicatos de prensa, organizaciones de jubilados, colectivos sociales, culturales, feministas y políticos se han sumado con mensajes solidarios desde todo el país", destacaron. Entre las organizaciones que adhirieron se encuentran FESPROSA, APGCABA (Asociación de Psicólogos), ALE (licenciados en enfermería), UTS Córdoba, SIPREBA (prensa), APTS San Luis, ASPROSA Santa Cruz, SIPRUS Santa Fe, ADOM, Asociación de Terapistas Ocupacionales GCABA, SITRADU Entre Ríos, UEPC Córdoba, UTEP, CTA-A CABA y Rosario, AMSAFE Rosario, CICOP Belgrano, San Martín y Hurlingham, SUTEBA Tigre, AGIHM Hospital Moyano, ARSAT Comisión Interna FOETRA, Consejo de DDHH de Hurlingham, Liga Argentina por los DDHH, Libres del Sur, FOL, Judiciales de Córdoba, Movimiento Evita, La Marea Estudiantil, CEPA, Secretaría Obrero-Estudiantil FUBA, MAR Colectivo Territorial, entre otros.También acompañan el Colectivo Ni Una Menos, el Colectivo Sanitario Andrés Carrasco (ALAMES), el Centro de Estudiantes de Enfermería Cecilia Grierson, referentes como Nina Brugo, Quimey Sol Ramos, María Castillo, Paula Resnik, Manuela Begino, y legisladores como Esteban Paulon (PS) y Cele Fierro (MST-FIT Unidad), y siguen llegando las adhesiones.

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Los negocios con el Estado libertario

Más contratos millonarios para el clan Menem  

La empresa Tech Security, de los hermanos del presidente de Diputados, fue seleccionada en una licitación para proveer servicios de seguridad privada en distintas sedes del Banco Nación. Otras firmas de la familia Menem ya habían avanzado en vínculos millonarios con el Estado.

Los familiares del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, siguen sumando contratos millonarios con el gobierno de Javier Milei. Ahora se conoció que la firma Tech Security fue preseleccionada para brindar tareas de seguridad al Banco Nación: se trata de un contrato de 4 mil millones de pesos por 24 meses, renovable por dos años más.

La empresa estuvo a nombre del propio Martín Menem hasta diciembre de 2023. Ante su designación como titular de la Cámara baja, le cedió el control a su hermano Eduardo Adrián. Entre los socios también figura el otro hermano, Fernando Nicolás Menem.

El acuerdo contempla la vigilancia en edificios del Nación como la Casa Central, el Centro de Procesamiento Paralelo, el Edificio Maipú, el de Funcionarios y el Aeroparque Jorge Newbery

La suma total que recibiría Tech Security por sus servicios llega $3.933.026.507,98. Otra compañía preseleccionada en la misma licitación, Briefing Security, recibiría un presupuesto notablemente menor: $237.537.036.

Los múltiples negocios de los Menem

Otra firma vinculada al clan Menem que logró ganar millonarias licitaciones con el gobierno libertario es Global Protection Service (GPS) Group, que se quedó con muchos de los contratos que antes tenía Tech Security.

El vínculo entre los Menem y el GPS Group vendría de la mano de Nicolás Hazaff, un enigmático empresario conocido como "El Turco" a quien se lo relaciona directamente con Fernando Nicolás Menem, el hermano menor de Martín.

En lo que va del Gobierno de Mieli, GPS Group lleva facturados casi 3 mil millones de pesos en distintos contratos con el Estado para distintos servicios ligados a la seguridad privada. Varios de ellos, como en el caso de la seguridad del Teatro Cervantes o de las instalaciones de Ezeiza del ENARGAS, fueron heredados directamente de Tech Security, la firma fundada por los Menem. 

Otra empresa que muestra un vínculo entre entre "El Turco" Hasaff y la familia Menem es La Bizantina S.G. S.A., dedicada al rubro de limpieza. La firma ya facturó otros $1.300 millones en distintos contratos con el Estado.

Lo llamativo es que uno de esos contratos se lo adjudicó la propia Cámara de Diputados que conduce Martín Menem, por un total de 694,7 millones de pesos, en septiembre de 2014.  

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Los bancos fijan las condiciones: altísimos intereses y a muy corto plazo

Para frenar el dólar, Caputo sube la tasa al 40%

La licitación para "quitarle liquidez a los bancos" se resolvió como estos querían. La tasa de interés duplica la inflación mensual. Cada 15 días, una nueva licitación

Raul Dellatorre

Este miércoles, el gobierno logró rescatar 4,7 billones de pesos que habían quedado en manos de los bancos y que amenazaban, según la interpretación del ministro Luis Caputo, aumentar la presión de demanda sobre la plaza cambiaria, lo que podría disparar un salto devaluatorio. Pero para lograr ese objetivo, la secretaría de Finanzas debió comprometer el pago de intereses a tasas que, anualizadas, superan el 40 por ciento. El pago efectivo de intereses por obtener que los bancos le cedieron esos 4,7 billones por plazos muy cortos (entre 15 y 90 días) es del 3,3 por ciento mensual. Es decir, duplica la tasa de inflación minorista. Con sobrada justificación, la lectura que se hizo ayer es que, en esta pulseada, los bancos impusieron las condiciones para darle el dinero al gobierno, y por muy corto plazo. "Se quebró la confianza", señaló en voz baja un reconocido especialista. No le faltaban razones: en paralelo a este supuesto "logro" del gobierno, en la plaza bursátil los inversores castigaban a los títulos de la deuda pública con una caída generalizada, aumentando el riesgo país en un 4,5 por ciento respecto de la jornada anterior. 

"El costo que pagó el gobierno por rescatar los fondos que habían quedado en manos de los bancos después de desarmar las LEFI (letras fiscales, que se cancelaron la semana pasada con un canje que los bancos sólo aceptaron parcialmente) es altísimo; se metió en un problema serio porque elevó la tasa de todo el sistema al doble de la inflación para evitar la fuga hacia el dólar, le carga a las cuentas fiscales un costo tremendo en intereses y alienta la vuelta al carry trade en un contexto de muchísimo riesgo. Nada de esto se contempló la semana pasada cuando decidieron salir de las LEFI. No es exagerado decir que es la consecuencia de una mala praxis en las decisiones de política monetaria que adoptaron", sentenció un experimentado operador y analista del mercado.

El mercado cambiario le dio un respiro este miércoles al gobierno, como expectante de los resultados de la operación de rescate de los fondos líquidos. El dólar oficial (Banco Nación) cerró en $1.225 para la compra y $1.275 para la venta, con una baja de $5 respecto del cierre anterior. El dólar blue, en tanto, bajó de la marca de los 1.300, cotizando en 1.285 para la compra y 1.295 pesos para la venta, con un descenso de 1,9% en el día.En el promedio de las entidades bancarias que publica el Banco Central (BCRA), la punta vendedora cerró con un promedio de $1.278,62. En tanto, el dólar mayorista subió 0,3% y se ubicó en $1.262.

Por su parte, en los tipos de cambio financieros el MEP cayó 0,5% hasta 1.270 y el Contado con Liqui bajó hasta los $1.274.

Celebración forzada

Pablo Quirno, secretario de Finanzas, celebró en su cuenta de la red social X la suscripción de esos títulos por un monto de 4,7 billones de pesos que le otorga al gobierno una tranquilidad relativa, pero con renovaciones de vencimientos cada 15 días.

Por ejemplo, por la LECAP que vence en dos semanas, el 31 de julio, se suscribieron 1,553 billones de pesos (es la más elegida) a una tasa efectiva mensual del 3,31 por ciento: más del doble de la inflación informada para junio por el Indec (1,6 por ciento). Ese día habrá que ofrecer una tasa igualmente atractiva para que los suscriptores no cobren y se lleven la plata (del capital más los intereses). Quince días después, el 15 de agosto, vencen otros 816 mil millones de pesos y el 29 del mismo mes, 865 mil millones (suscriptos a tasas mensuales del 3,27 y 3,10 por ciento, respectivamente). Entre los tres vencimeintos que caen en los próximos 45 días suman más de 3,23 billones: casi el 70 por ciento del monto total capturado este miércoles.

La muy elevada tasa y los plazos muy cortos que acordaron los bancos no son las únicas señales que marcan el grado de complicación del momento económico y financiero para el gobierno. Porque pese a que desde los tribunales de Nueva York llegaban buenas noticias en referencia a los litigios que el país enfrenta con las demandas de fondos buitre (recuperación de YPF y bonos con cupón PBI como casos emblemáticos que se dirimen en estados Unidos), en el mercado local los títulos públicos vivieron otro día de cotizaciones a la baja. 

El AL30 cayó un 0,5% y el AL35 otro 1%. "Esta vez no fue por reflejo de lo que sucede en los mercados globales, son los inversores locales los que se desprenden de estos títulos ejerciendo presión vendedora", comentaron en la plaza bursátil local. El Riesgo País, como correlato de ese comportamiento, subió 4,50% hasta 736 puntos, según la medición de JP Morgan.

Caputo y los bancos

En las últimas horas, el ministro de Economía le apuntó indirectamente a los bancos por la suba del dólar al explicar el proceso por el cual se produjo la baja de interés que presiono sobre el tipo de cambio. “Las LEFIs se suponía que los bancos las iban a canjear por LECAPS. Pero los bancos, temerosos de perder la liquidez diaria, no fueron con todo y prefirieron hacer sobre encaje todos al mismo tiempo”, dijo Caputo. Es decir, se quedaron con el efectivo.

Tratando de calmar las aguas, el presidente Javier Milei recibió por la mañana al titular de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico. La reunión se llevó a cabo en la Casa Rosada sin que trascendieran mayores detalles del diálogo, aunque hubo interés por difundir la imagen que pretende demostrar una buena sintonía entre el sector financiero y el Gobierno.

Ese encuentro ocurrió unas horas antes de la licitación, donde los intereses de banqueros y del gobierno volvieron a enfrentarse. Es un capitulo no cerrado, pero es una disputa en la que el gobierno retrocedió en los últimos días muchos casilleros. Con una tasa de interés elevadísima, ahora deberá rogar para que las tensiones cambiarias no regresen y ver cómo se despejan los fantasmas de un fin  de ciclo. 

Por lo pronto, este miércoles el Banco Central intentó colocar el tramo final de una nueva serie de Bopreal, un bono en dólares para grandes importadores. Buscaba 1000 millones de dólares y sólo se suscribieron 9 millones: menos del uno por ciento. Rotundo fracaso. Uno de los empresarios a los cuáles estaba dirigido el llamado, lo resumió así: "Hay mucha desconfianza, y algunos de mis colegas que acompañaban al gobierno le están soltando la mano".

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 En medio del conflicto judicial por YPF, la Rosada achica la planta de abogados del Estado

Un ajuste muy a medida del fondo buitre Burford

El procurador del Tesoro, vinculado al fondo buitre que pretende quedarse con YPF, despedirá 60 funcionarios y cerrará áreas técnicas. El desarme de la defensa del Estado argentino.

Melisa Molina

En medio de la disputa con la justicia estadounidense por el caso YPF, desde el gobierno nacional anunciaron la publicación en el Boletín Oficial de un inminente recorte en la Procuración del Tesoro Nacional, el organismo que representa y defiende al Estado nacional en los juicios, además de dirigir el Cuerpo de Abogados del Estado. Si bien justifican la reducción de personal en la política de ajuste que implementa la gestión libertaria, también sostienen que es preciso hacerla por unas supuestas filtraciones que representan una posible "venta de información" al fondo Burford Capital. Paradójicamente, la Procuración --y también su desguace--, está a cargo de Santiago Castro Videla que, a su vez, es socio del abogado constitucionalista Alberto Bianchi, quien fue contratado como testigo experto para declarar en favor de Burford Capital, el fondo que compró el litigio del Grupo Petersen, y que logró que la justicia estadounidense fallara contra la Argentina en el juicio por la estatización de la petrolera. Para quienes conocen el funcionamiento de la Procuración del Tesoro "esto, en realidad, es el estudio de Bianchi desarmando la defensa del Estado argentino".

El actual procurador y Bianchi compartían el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla hasta hace poco tiempo y, por más que Castro Videla no habría participado directamente en la causa, el haber compartido estudio con Bianchi hizo que en la actualidad no pueda estar al frente del litigio por YPF y hay sospechas de la existencia de un conflicto de intereses. Castro Videla ingresó como titular de la Procuración del Tesoro en febrero de este año, cuando reemplazó a Rodolfo Barra, quien también se había excusado de intervenir en el juicio por la estatización de YPF, por haber emitido una opinión técnica de la causa años atrás.

Desde la Casa Rosada, antes de hacer el anuncio oficial de que al día siguiente saldría en el Boletín Oficial el desguace del organismo que defiende al Estado, dejaron correr un rumor: Que los despidos se harían porque aseguraban tener pruebas de que funcionarios de ese organismo filtraron y vendieron información confidencial sobre la causa del Estado Nacional contra Burford Capital, por la estatización de YPF. No explicaron de qué forma se enteraron que eso supuestamente había ocurrido y tampoco detallaron quiénes son los empleados que despidieron o despedirán por ese motivo.

Aquellos que conocen el funcionamiento interno de de la Procuración advirtieron que "el supuesto escándalo de la filtración vendría como anillo al dedo, para justificar el vaciamiento". Además, alertan que esa supuesta "reestructuración", caería sobre la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE), que es un órgano de capacitación especializada de los asesores jurídicos y abogados litigantes que actúan para el Estado.

"'Achicar el Estado es agrandar la nación', decía una propaganda de la última dictadura. 'Dejarlo indefenso, también', dirán ahora", añaden y consideran que, en caso de que haya algún sospechoso de trabajar para los fondos buitres, ese sería quien fue socio de Bianchi, es decir, el propio procurador. "Desguazar al Estado y desarmar a sus equipos técnicos les permitirá ganar más a ellos", puntualizan. Y señalan: "Esto, en realidad, es el estudio de Bianchi desarmando la defensa del Estado argentino". "Ellos trabajan para los buitres y descubren filtraciones hacia los buitres, es paradójico", concluyen irónicos.

No es para menos lo que sostienen los conocedores de los pasillos y despachos de la Procuración. Destacan también que el bufete que compartía Castro Videla con Bianchi tiene como especialidad litigar justamente contra el Estado, el que ahora representa Castro Videla. O sea, es también su metier

El ajuste

En un comunicado que difundió de manera oficial la Procuración del Tesoro después de que trascienda el rumor de la supuesta "venta de información" desde el interior del organismo, explicaron que achicarían la estructura "en línea con la transformación del Estado Nacional". 

"Ponemos en marcha una profunda reestructuración institucional para hacer más eficiente el funcionamiento operativo de la Procuración del Tesoro y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", escribieron en un comunicado dado a conocer ayer por la tarde. 

Luego, añadieron que esa "reestructuración", estará orientada "a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva". Hablaron de un "recorte histórico de personal", y contaron que desde el comienzo de la gestión ya hubo "60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas".

Además, adelantaron que el recorte saldrá en el Boletín Oficial y que "pasarán de seis a cuatro las Direcciones Nacionales y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado". Esto último, justificaron que será "para limitar la tarea de capacitación del organismo estrictamente al fortalecimiento de la Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de la Procuración del Tesoro Nacional". 

Para finalizar, añadieron que esa tarea "será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración". "Entre los principales cambios se destaca la reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas", subrayaron.

Sobre el número de despedidos durante los últimos días y la posible venta de información confidencial vinculada al caso YPF, desde la Procuración del Tesoro dijeron que no harían comentarios.

La causa

Con respecto a la causa, desde el oficialismo explican que la jueza de Nueva York, Loretta Preska, denegó el pedido de suspensión de la entrega de las acciones de YPF que había presentado la Argentina en los casos Petersen/Eton y Bainbridge y que, por ende, la Argentina acudirá a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York a fin de que decida, tanto el pedido de suspensión, como la apelación de la orden de entrega de las acciones. Además, agregan que la Argentina no se encuentra incumpliendo la orden, ya que la propia Preska otorgó tres días más para solicitar la suspensión ante la Cámara de Apelaciones.

Otro dato a destacar es que este miércoles, luego de que se conozca que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dispusiera la suspensión administrativa temporal de la orden con ultimátum para que el país entregue el 51 por ciento de los títulos de YPF a los fondos buitres, se conoció que el gobierno de Estados Unidos apoyó la postura de Argentina en el caso (ver aparte). 

No es la primera vez, sin embargo, que eso ocurre. El expresidente estadounidense, Joe Biden, también lo hizo. El gobierno de Donald Trump, más precisamente el Departamento de Justicia, presentará un escrito como amicus curiae contra la sentencia que desconoce los derechos soberanos de la Argentina. Desde el gobierno destacaron que el abogado de la Argentina es "el abogado de Trump", haciendo referencia a Robert Joseph Giuffra Jr, titular del estudio Sullivan & Cromwell, y confiaron que esa intervención "dará buenos resultados".

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