22 de abril de 2018

Los tarifazos son de no creer y los colgados aumentan al mismo ritmo
El Gobierno recorta el ingreso de los jubilados y ordena aumentos de salarios por debajo de la inflación, avanzando con una fortísima alza de las tarifas. Es un combo demoledor. El impacto en la clase media.
Por Alfredo Zaiat
Los colgados a la red del servicio eléctrico en el conurbano están creciendo al ritmo de tarifas impagables, con la pasividad de los intendentes conocedores del clima social de su territorio y con la aceptación resignada de las empresas prestadoras ante la advertencia de la suerte inflamada que puede correr la cuadrilla con su camioneta si intenta ordenar las conexiones. En muchos pueblos hubo marchas de protesta por los aumentos en las tarifas, quejas que ponen en cuestionamiento el postulado acerca de que los usuarios del área metropolitana estaban subsidiados a costa de los del interior. En realidad, la Nación aplicaba subsidios a tarifas iguales que provincias y localidades no hacían por decisión política, ya sea por cuestiones presupuestarias o por connivencia con el operador privado. El ruidazo del miércoles, la marcha de velas del día siguiente, con el desconcierto de los aliados menores de la administración macrista, son expresiones del hastío social por el inmenso castigo a hogares, comercios y pequeñas y medianas industrias de un esquema tarifario desproporcionado, injusto y regresivo.
La promesa oficial de la eliminación de subsidios con el alza de tarifas para incentivar la inversión privada en el área energética no se cumplió. Hubo tantos o más cortes de luz que antes del ajuste, disminuyó la producción de petróleo y gas y aumentaron las importaciones de hidrocarburos. El aspecto notable es que con subsidios había inversiones en el sector energético y ahora, con tarifazos que están borrando los subsidios, no aparecen inversiones de envergadura.
El tarifazo en luz y gas, al que todavía le faltan otros ajustes, de acuerdo al cronograma oficial, sólo desató la codicia de corporaciones energéticas con el aval de uno de los suyos al frente del Ministerio de Energía y, fundamentalmente, del presidente Mauricio Macri. Quienes han participado de la negociación detallan que en el gobierno había tres propuestas para definir la evolución de las tarifas, una suave, la intermedia y otra más agresiva, y remarcan que fue Macri quien decidió la última opción. Esto explica el respaldo presidencial al cuestionado ministro Juan José Aranguren. El responsable principal no es Aranguren; es Macri.   

Colchón

Los primeros aumentos de las tarifas fueron aplicados en el contexto de la luna de miel política con el nuevo gobierno y, en especial, con el colchón económico, laboral y social heredado del kirchnerismo. Esas reservas permitieron amortiguar el ajuste lanzado sobre la población en el primer año de gestión de la segunda Alianza. El año pasado, como parte de la campaña para las elecciones de medio término, disminuyó la velocidad en la modificación de los precios relativos en contra de trabajadores, jubilados y pymes. Superada la instancia electoral, el plan volvió al cauce natural del ajuste macrista, con el asalto sobre los ingresos de los jubilados, fijando un techo del 15 por ciento a las negociaciones salariales y retomando el sendero de facilitar aumentos extraordinarios en las ganancias de las empresas energéticas con los tarifazos.   
En el comienzo de este proceso hubo manifestaciones de resistencia social y hasta la Corte Suprema dispuso que se respetaran las normas que obligaban a audiencias públicas previas para la fijación de las tarifas de gas. Si bien en el fallo estableció que las tarifas debían seguir criterios de razonabilidad y proporcionalidad en los aumentos, el esquema pactado entre las empresas y el Ministerio de Energía no los respetó y sólo cumplen la formalidad de las audiencias.
En la primera ola de aumento de la luz, el gas y el agua, la campaña de que “eran muy baratas”, sin aclarar que era una vía para mejorar el ingreso y capacidad de consumo de la población, fue efectiva para confundir a la mayoría de la población. Como se mencionó, había un colchón socioeconómico que permitía acomodar el presupuesto familiar a la nueva coyuntura de un ajuste regresivo, sin colapsar. Hubo un período de pausa electoral pero ese colchón ya se consumió. En ese escenario, al retornar el gobierno al sendero original de los tarifazos está provocando un descalabro en hogares, comercios y pymes, puesto que los nuevos ajustes se aplican sobre una base que ya registró aumentos exorbitantes. La primera tanda pudo ser relativamente absorbida; la siguiente, ya no, más aún cuando existe una política oficial deliberada de recorte de los ingresos de trabajadores y jubilados.

Clase media

Colonizados con años de informarse acerca de una crisis que no sucedió, a muchos puede generarle incomodidad la mención acerca de la existencia de un colchón socioeconómico, que no es otra cosa que la mejora relativa de la calidad de vida de los hogares, que en estos años de economía macrista empezó a retroceder. Los tarifazos están castigando fuerte a la mayoría de la población, pero tienen un impacto diferencial en las clases media y media baja.
Los grupos acomodados en la parte superior de la pirámide de ingresos pueden molestarse por tener que abonar boletas abultadas, pero no les mueve el amperímetro del humor ni el de la fidelidad política a una fuerza conservadora. Los miembros que integran el piso de la pirámide conocen las estrategias de supervivencia en escenario de escasez, ya sea colgándose de los servicios de luz y de la televisión por cable y/o sumándose a la red de contención social, comunitaria u oficial. En cambio, las clases media y media baja no reúnen la capacidad patrimonial de unos ni la tolerancia existencial para ser asistido por otros. Por eso están desorientadas, además porque una parte de ellas acompañaron en las dos últimas elecciones las boletas de Cambiemos.
La mayor visibilidad de la actual crisis provocada por el tarifazo se debe a que las clases media y media baja no tienen red de contención social. No aplican para ser beneficiarios de la tarifa social ni son ni quiere ser parte de programas de cobertura social, a nivel nacional, provincial o comunitario. Esas carencias la suplen con la capacidad de lograr una mayor difusión de sus reclamos en los medios de comunicación o canalizando la bronca a través de la protesta con el ruidazo o con variadas movilizaciones.
El humor de las clases media y media baja es un termómetro político relevante que quedó de manifiesto en otros momentos críticos, como en el corralito que atrapó sus ahorros y en el denominado “cepo” que limitaba la posibilidad de comprar dólares. Ahora es el tarifazo con boletas de luz y gas que capturan una proporción creciente de sus ingresos mensuales.

Presupuesto

La jefatura de Gabinete preparó un informe para entregar argumentos a funcionarios encargados de defender los tarifazos. Sin cuidarlo, el primero que lo utilizó fue el presidente Macri ante un reducido grupo de periodistas, como informó Clarín. El reporte, que preparó el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, calcula que los servicios públicos (gas, electricidad, agua y transporte) representan el 7,9 por ciento del gasto mensual de un hogar promedio. Otros estudios evitan la tradicional subestimación oficial de información estadística desfavorable. El informe no precisa cuál era ese porcentaje antes de los tarifazos. Ese dato es relevante para entender su magnitud en el presupuesto de los hogares. Para suplir esa carencia, esa información la aporta la investigación del Cifra-CTA, analizando los servicios residenciales de electricidad y gas natural, sin considerar los aumentos de agua y transporte. Se trata entonces de una evaluación parcial que debe considerarse de mínima. La suma de los incrementos de gas natural y electricidad pasó a representar del 2,7 al 14,5 por ciento de los ingresos laborales del conjunto de los ocupados desde el inicio del gobierno de Macri hasta abril 2018. Un impactante aumento del 440 por ciento y casi el doble –sin los tarifazos en agua y transporte– del estimado en el informe oficial.
La Universidad Nacional de Avellaneda también hizo su propio cálculo. Al sumar el tarifazo en transporte y agua al de gas y luz, la carga de los servicios públicos pasó a representar el 17,9 por ciento del salario medio de la economía. Pese a que esas cifras son más cercanas a la realidad que la preparadas por la jefatura de Gabinete, en el gobierno están convencidos, a partir de ese deficiente análisis acerca del impacto del tarifazo, de que “la percepción de la gente es que pagan más de lo que realmente pagan”, como publica la red de medios al servicio del oficialismo.

Uruguay y Chile

En la militancia oficial por el tarifazo, la crítica a los subsidios fue efectiva en la primera mitad del mandato de la segunda Alianza para convalidar una transferencia de ingresos inmensa hacia las corporaciones energéticas. Ahora, cuando el pago de las boletas se consume parte importante del presupuesto de las familias, la estrategia oficial es apuntar al elevado nivel del consumo de los hogares. Repitiendo el contenido del informe de Lopetegui, con datos del Ministerio de Energía, el presidente Macri afirmó, en diálogo con periodistas de Clarín y La Nación, el jueves pasado por la tarde, luego de la “negociación” con radicales para el pago en cuota con intereses del aumento, que espera que en “este invierno seamos capaces de consumir energía como los uruguayos”. El reporte, consignado por ambos diarios, dice que “si (los hogares argentinos) tuviesen los consumos invernales de Montevideo y Santiago las facturas serían algo menores a las del año pasado, aun con la tarifa actual”.
Macri también compara que el gas entregado a casas, comercios e industrias sigue siendo más barato en Argentina respecto a esos dos países, comentando que el comportamiento climático es similar en los tres.
Como el gobierno esta acostumbrado a decir cualquier cosa sin ser rebatido, la información veraz es un buen antídoto a las habituales campañas oficiales de confusión. Primero, comparar el consumo de gas de Argentina con Chile y Uruguay es lo mismo que mezclar peras con manzanas, como ilustran especialistas en estadísticas para desestimar análisis disparatados. Esos dos países vecinos no tienen gas, cuando Argentina es un país gasífero. Después, el gas de red no es una fuente relevante de consumo energético ni en Uruguay ni en Chile.
Veamos cada uno de esos casos, consultando fuentes rigurosas:
  • Uruguay: Existen apenas unos 45.000 usuarios de gas natural por cañería en Uruguay (en Montevideo, Ciudad de la Costa, Paysandú, Colonia y San José).  El informe “Sector energético en Uruguay. Diagnóstico y perspectivas”, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, explica que el gas natural es una fuente energética de reciente ingreso en la matriz del Uruguay. Su consumo en el país comenzó en 1998 cuando entró en operación el Gasoducto del Litoral, que cruza el río Uruguay desde Argentina a través del puente Paysandú-Colón. Recuerda que Uruguay no cuenta con producción de gas natural, debiendo importar la totalidad de su consumo a través de los gasoductos de interconexión existentes con Argentina. El sector industrial es el mayor consumidor de gas natural, seguido por el sector comercial y el residencial. Destaca que la leña es una de las principales fuente energética de los uruguayos, puesto que es la mitad del costo equivalente de gas natural, hasta para consumos residenciales importantes.
    Uruguay consume menos gas que Argentina porque no lo tiene y, por lo tanto, no es utilizado como fuente energética principal en hogares y comercios. No tiene sentido hacer una comparación entre ambos países, salvo si es para engañar.
     
  • Chile: El Anuario Estadístico de Energía 2016 del Ministerio de Energía informa que apenas el 6 por ciento del consumo energético del país es gas natural. La Asociación Gas Natural precisa que en Santiago, Valparaíso, Concepción, las principales ciudades chilenas, la mayoría de los hogares y comercios cocina, calienta agua y calefacciona con gas licuado y no recibe gas por red. Explica que en parte esto ocurre porque en zonas extensas de cada una de esas ciudades no hay una red desplegada, pero también porque no todas los hogares con acceso a una conexión eligen el gas por red por su elevado costo. Detalla que la penetración del gas por red en Santiago es baja, apenas el 29 por ciento de los hogares está conectado, y que el ingreso de buena parte de los hogares es bajo, lo que implica consumos relativamente bajos. También brinda detalles del clima chileno, que el macrismo desconoce: “en las tres ciudades es templado, lo que permite vivir buena parte del año sin calefacción”.
Comprar el consumo de gas con Chile es tan desatinado como hacerlo con Uruguay, salvo, nuevamente, si es para confundir el debate.

Inflación

El tarifazo en gas y luz afecta también a pymes industriales y comerciales, que hasta ahora han podido trasladar gran parte de ese aumento de costos a precios. Pero les resulta cada vez más complicado hacerlo por la caída de la demanda interna debido a la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, siendo uno de los motivos el aumento de tarifas que disminuyó abruptamente el ingreso disponible. Con margen de ganancias que se reducen o desaparecen, esas unidades productivas se achican o cierran.
Los aumentos seguirán este año en un cronograma que no da respiro y que seguirán siendo una potente fuente inflacionaria. El mes próximo le toca el turno al servicio de agua y cloacas, con un ajuste de hasta el 68 por ciento por recortes de subsidios (descuentos zonales) en la tarifa. Al mes siguiente aumentará el subte, previa audiencia pública, hasta los 12,50 pesos, y también el colectivo y el tren. A la luz le tocará otro turno de suba en agosto y al gas, en octubre.  
En esa carrera de tarifazos a la que se ha lanzado el gobierno, los combustibles fueron liberados y sus precios son definidos según la evolución del tipo de cambio y el petróleo a nivel internacional, entre otras variables. En estos días, el barril alcanzó los 70 dólares, lo que habilita a las petroleras a aplicar un nuevo incremento en las naftas.
Todos estos aumentos desmesurados tienen un sorprendente impacto reducido en la tasa de inflación oficial. Los índices mensuales son similares, con tarifas casi congeladas, a los que informaban las consultoras privadas en los años que el IPC-Indec no era creíble. Nadie había explicado que era sencillo aplicar ajustes de cuatro cifras en servicios públicos básicos con tan poca relevancia en la inflación, ni en forma directa y ni por los aumentos de segunda vuelta por traslado a precios. Son las maravillas estadísticas que genera un gobierno conservador.
Con complicidad de especialistas ortodoxos y heterodoxos, la magia macrista sigue haciendo sus trucos. La cifra de la tasa de inflación, en realidad, no es una cuestión relevante por el debate con técnicos en estadísticas, sino que es importante porque la subestimación orienta a una negociación salarial todavía más desfavorable para los trabajadores, que padecen el techo oficial del 15 por ciento con tarifazos descomunales.
Hoy los vecinos deciden en las urnas si su país da un vuelco hacia la centroizquierda
Paraguay, entre los colorados y el cambio
La contienda electoral se definirá entre el candidato oficialista Mario Abdo Benítez y su rival de la alianza Ganar, Efraín Alegre. El coloradismo corre con ventaja. Lugo, Cartes y Duarte Frutos se postulan para el Congreso.
La disputa electoral de hoy se centra en los candidatos Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre.
Paraguay elegirá hoy al sucesor del presidente Horacio Cartes, quien deja el Palacio de López con el 23% de aprobación. En las elecciones de única vuelta, los paraguayos tendrán la responsabilidad de decidir si el país se mantiene entre aquellos con gobiernos de derecha, en expansión en la región, o si da un vuelco hacia la centro-izquierda con un triunfo opositor.
A pesar de que son 10 las fórmulas presidenciales inscriptas, la discusión real está centrada en dos binomios: el del gobernante Partido Colorado, Mario Abdo Benítez-Hugo Velázquez, y el de la Gran Alianza Renovada (Ganar), Efraín Alegre-Leonardo Rubín. Todos los sondeos solo pudieron difundirse hasta hace dos semanas indicaron que colorados y opositores de Ganar monopolizarán los votos, aunque existe coincidencia en que el oficialismo corre con ventaja para retener el Ejecutivo.
El aspirante de la Asociación Nacionalista Republicana (nombre formal del coloradismo) es el ex senador Abdo Benítez, escoltado por Velázquez, ex jefe de Diputados, ganadores de la interna que en diciembre relegó al candidato elegido por el propio Cartes y que los colorados leen como la verdadera elección. Gobierno durante seis décadas (solo fuera de la gestión en el período 2008-2012), el coloradismo se apoya en una poderosa estructura partidaria que parece camino a ser clave otra vez en la compulsa de hoy.
Del otro lado, el histórico Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el Frente Guasú y los partidos Democrático Progresista, Revolucionario Febrerista y Encuentro Nacional y Concertación Nacional Avancemos País se unieron en Ganar, y van a la pulseada con el ex senador Alegre y el periodista Rubín como binomio.
Quien gane asumirá la jefatura del Palacio de López el 15 de agosto y se quedará hasta 2023, sin chance de reelección, al menos hasta ahora, porque la Constitución nacional veta esa posibilidad. Además de mandatario y vice, hoy se eligen 45 senadores (más 30 suplentes), 80 diputados (más 80 suplentes), 17 gobernadores, 17 juntas departamentales y los 18 miembros del Parlamento del Mercosur (más 18 suplentes). Dentro de los candidatos a senadores, se encuentran tres ex presidentes: el actual mandatario Cartes, y sus antecesores Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo.
Una de las curiosidades de los comicios es que vuelve a aparecer con alguna chance de imponerse una alianza similar a la que se armó en 2008 y que logró, con el triunfo de Lugo, terminar con la hegemonía colorada. Aquel acuerdo se destrozó cuando parte del PLRA apoyó el golpe institucional que terminó con Lugo fuera del cargo, a causa de lo que evaluaron como su responsabilidad política en la llamada masacre de Curuguaty, donde murieron 11 campesinos y 6 policías, en el desalojo de una propiedad ocupada por trabajadores.
Por su parte, superadas las heridas que dejó su interna y con su maquinaria electoral a pleno (un millón y medio de afiliados), el Partido Colorado debió enfrentar en la campaña los reclamos por las falencias de su gestión y que hacen al Paraguay actual: altas cifras de pobreza, baja inversión en educación y un crecimiento económico que no llegó a todos los sectores. A su vez, otro de los puntos débiles de los colorados es el pasado de su candidato, puesto que Abdo Benítez, a quien la prensa llama “Marito”, es hijo de Mario Abdo, secretario del dictador Alfredo Stroessner, a quien suele rescatar en sus declaraciones.
Sabedor de las carencias del país, el candidato colorado lanzó en las últimas semanas un pliego de propuestas: promover una Asamblea Nacional Constituyente que trabaje sobre una necesaria reforma del Poder Judicial, lograr lo que llamó una revolución educativa que lleve el porcentaje de Educación al 7 por ciento del PIB, y mejorar la base contributiva del país, que tiene un esquema con impuestos muy bajos.
Del otro lado del arco político, Alegre, al frente de Ganar, hizo campaña enarbolando las que serán sus cinco primeras medidas si llega al palacio de López: reducir el costo de la tarifa de electricidad (en base a que el país cuenta con dos importantes centrales hidroeléctricas, Itaipú, compartida con Brasil, y Yacyretá, con Argentina); lograr la salud básica gratuita; promover un salto cualitativo y cuantitativo en el sector educación y llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para sanear la justicia.
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Ojeada sobre el escenario
El horizonte electoral para 2019. El influjo de la Constitución. Precedentes que todos y todas recuerdan. Cambiemos, hegemonía de PRO. La UCR no rompe y se dobla. La interna peronista, las PASO como herramienta. Dificultades propias, presiones ajenas, el peso de las derrotas. Algo sobre tarifazos y transferencia de ingresos.
Por Mario Wainfeld
Los políticos viven en campaña permanente, circunstancia que tratan de disimular para no distanciarse de la ciudadanía. Hoy en día, empero, esa agenda se visibiliza, debate, sincera.
Cada quién imagina su escenario. Todos toman en cuenta referencias del pasado, que no se repetirán pero proveen indicios, presagios, hipótesis de trabajo. Repasemos:
  • En el año 2003 el ex presidente Carlos Menem contaba con un piso suficiente para prevalecer en la interna peronista. El muy cercano techo lo inhabilitaba para triunfar en las presidenciales. La dirigencia compañera restante inventó los “neolemas”: salteó la interna con el invalorable concurso de la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini. Así las cosas, otro peronista -Néstor Kirchner- llegaría a la presidencia, en segunda vuelta.
  • En 2007 la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentó dos espacios opositores con menos potencial de votos que el Frente para la Victoria (FPV): cuarenta por ciento en total y en trazo grueso. Parejos entrambos, por añadidura. Cristina se alzó con más del 45 por ciento en primera vuelta, cifra ganadora conforme al ballotage argentino. Le hubiera bastado con el 40 y más de 10 puntos de diferencia, que los obtuvo.
  • En 2011, la oposición se diseminó aún más y dejó campo libre a la reelección de Cristina.
  • En 2015, Cambiemos armó el rompecabezas opositor y logró que Mauricio Macri llegara al ballotage –escoltando al ex gobernador Daniel Scioli– y a la presidencia en la segunda ronda.
Los roles se invirtieron desde entonces. El oficialismo actual procura construir horizontes similares a los de 2007 o 2011. El peronismo sueña con tener chances como Cambiemos 2015.
El sentido común expandido (no unánime) le atribuye a Cristina Kirchner un capital semejante al de Menem 2003.
Las mesas de arena trabajan con esas coordenadas, en una suerte de diagnóstico compartido.
Saben todos y todas que Cambiemos se impuso en dos votaciones consecutivas. Y que, si se reprodujeran los guarismos del año pasado, se impondría en las de 2019. Su afán es conservar las posiciones. Romper la inercia, el de los adversarios.
Macri conserva la pole position, cuando falta más de un año para comenzar el armado de las listas. Uno y medio para los comicios.

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La unidad cambiemita: Macri se lanza comandando una coalición gobernante, con un partido que la hegemoniza (PRO). Conservarla unida está al alcance de la mano.
Lo fortifican dos figuras dominantes, en grandes distritos: el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
La Unión Cívica Radical (UCR), socia minoritaria, desliza reclamos, tímidos por definición. La limita una impotencia: imposible amenazar con la secesión. No tiene con qué, perdería infinitamente más que el aliado.
Cuestiona el tarifazo, regatea conformándose con el pago en cuotas con intereses…no sumará adhesiones con tan poco. Ni siquiera se alza con un compromiso escrito sobre la tasa de interés siendo que las promesas verbales de Macri se difuminan como gas en una canasta.
El gobernador boina blanca mendocino, Alfredo Cornejo, se disfraza de vanguardia y pide la candidatura a vicepresidente, para el partido o para él mismo. En Mendoza no hay reelección, busca su destino mientras su colega y correligionario jujeño Gerardo Morales se conforma con cuatro años más al mando de la provincia. Cualquiera de ellos comprende que la resolución está en manos de la Casa Rosada, que maneja el sabó, el presupuesto nacional, la legitimidad de origen y la de ejercicio. Too much.
La Carta Magna propicia la reelección, para eso se reformó en 1994. Menem y Cristina Kirchner se dieron maña para concretar la ventaja. El ex presidente Fernando de la Rúa fue el único que no pudo… ni siquiera terminar el mandato.
Macri no es De la Rúa, aunque su verdadera talla debe atravesar pruebas de fuego. La primordial: el efecto de las políticas públicas, crecientemente impopulares. Otra, los vaivenes de la veleidosa opinión pública que le reportó tantas satisfacciones pero que ahora emite señales de cansancio, descontenta con el devenir de la economía.
Los comunicadores del macrismo, tan hábiles cuan vivarachos, persisten en el discurso aspiracional y en trucar cifras e indicadores. Interpelan al corazón, habrá que ver cuándo (y cuánto) responderá la gente común con el bolsillo (ver asimismo nota aparte).

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Todos desunidos palmaremos: Para ser competitivo, el panperonismo necesita sumar más del 30 por ciento en la primera vuelta para evitar que Macri se imponga con el 40 por ciento. La fragmentación potenciaría la ventaja oficialista.
Las Primarias Abiertas Simultáneas y obligatorias (PASO) ofrecen la herramienta para dirimir supremacías, sumando. La interna supone reglas implícitas: atractivos para todos los sectores, en especial para los que llevan las de perder. El sistema proporcional D´Hondt en listas de diputados cumple esa función.
La amplitud es condición necesaria pero no suficiente. Se añade la exigencia de una campaña interna no sanguinaria, que no aleje al elector “extraño” y aún a fracción de los propios en la contienda general. La batalla bonaerense entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández: un antecedente para no repetir.
El pragmatismo “tira” para frentismo con contadas o nulas exclusiones. Ni el peronismo sin los K ni el kirchnerismo aislado tienen pinta de arribar al imprescindible 30 por ciento.
Dicho de esa forma, todo parece sencillo. No lo es por la hondura de las diferencias intestinas, por existir jugadores con intereses muy diversos (gobernadores, en particular pero no solamente). Antes que nada, porque las derrotas dispersan y avivan enconos, a diferencia de los triunfos. El peronismo mordió el polvo dos veces, paga las consecuencias.
Ceder y dialogar para unir, una de las claves. De nuevo: simple de decir, pero…

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Vetos cruzados y foráneos: Los compañeros federales enrostran al kirchnerismo las caídas recientes sin reconocerle los éxitos electorales, los avances socio-laborales, las ampliaciones de derechos sucedidos a partir de 2003. El kirchnerismo, a su vez, derrama bolillas negras mientras predica la unidad.
Los federales excluyen a Cristina invocando el precedente Menem 2003. Son especulaciones, verosímiles. No llegan ni a eso las virtualidades que atribuyen –sin fundamento serio– a otros candidatos.
Con una pizca de voluntarismo, todos unidos podrían pensar que una interna prolija, masiva, embellece y proyecta al ganador. El presidente Raúl Alfonsín, Menem, De la Rúa y Macri comenzaron así la carrera y llegaron a ampliar las fronteras de las fuerzas propias.

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Gobernadores en estado de alerta: Las divisiones del peronismo cuentan con la cooperación del macrismo y sus aliados fácticos. La estrategia exitosa durante años, da la impresión de haberse exacerbado excesivamente en semanas recientes. Asediar y descalificar es redituable, si se manejan bien las dosis. Si se exageran, cualquier remedio es veneno.
Los aliados fácticos también juegan, por fuera de las reglas del sistema democrático. La caterva de jueces federales de Comodoro Py y los medios dominantes se conjugan para perseguir al kirchnerismo, enlodarlo y, con vergonzosa frecuencia, encarcelar a sus dirigentes.
La táctica permanente escaló con la intervención judicial al Partido Justicialista nacional (PJ) y el encarcelamiento del ex gobernador jujeño Eduardo Fellner. La brutalidad de las movidas puede ser un búmeran para el gobierno nacional que las impulsó, re-juntando lo que quiere dividir.
Los gobernadores peronistas operan con premisas propias, la principal asentarse en rodeo propio. Eso los aleja de las peripecias nacionales o las relega a un lugar secundario. Casi todos los mandatarios podrían ir por la reelección y desdoblar los comicios para despegarse de las olas nacionales. De ahí su parsimonia ante los road show cruzados de encuentros por la unidad.
Pero empatizan entre sí, se saben integrantes de un colectivo con intereses parecidos. La veloz excarcelación de Fellner pudo ser consecuencia de su bronca, una marcha atrás.Pero todosentienden que las campanas siguen doblando por cada uno de ellos.
La avanzada procesal contra el tucumano Juan Manzur y las denuncias contra el chaqueño Domingo Peppo trasgreden un límite infranqueable: el de la supervivencia de cada cual.Una cosa es negociar o transigir en las pulseadas diarias por recursos con el Gobierno nacional, siendo la parte menos poderosa. Otra dejarse pasar por arriba. El gobierno, quién sabe, se pasó de rosca, polarizó para su mal.

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Al revés que Roberto Carlos: El interventor del PJ, Luis Barrionuevo, acelera, habla hasta por los codos. Promete una interna entre verdaderos peronistas: el gobernador Juan Manuel Urtubey, el ex diputado Sergio Massa y el ex gobernador José Manuel de la Sota. Deja afuera a Cristina porque formó otro partido. La memoria o el sectarismo le juegan una mala pasada: Massa comete el mismo pecado desde hace cinco años. Una interna peronista sin intervención del kirchnerismo: el oficialismo y Barrionuevo persiguen un objetivo común
Nobleza obliga: relega al ex ministro Florencio Randazzo quien siempre bregó por PASO en el PJ. La pésima cosecha electoral pesa más que el escudito, rige la Verdad 21: el que pierde es un traidor.
“Luisito” arguye que “armará” la Juventud Peronista y la Juventud Sindical Peronista. Lo flanqueaban Julio Bárbaro y Carlos Campolongo que están pasados de edad para integrarlas.
Servini había facultado a Barrionuevo a designar tres colaboradores, los mentados serían dos de ellos, pero por ahora obran como compinches sin investidura. Por directiva escrita de la misma jueza, el nombramiento está supeditado al resultado de la apelación interpuesta por las autoridades partidarias que ya pasó a Cámara.
El hombre discurseó ante un erial: ni gobernadores, ni intendentes, ni militantes no rentados. Barrionuevo es expulsivo, una especie de contracara del cantautor Roberto Carlos: tiene un millón de enemigos.
Tan es así que el ex presidente Eduardo Duhalde se despegó de la jugada y de Barrionuevo, aunque comparte el sueño húmedo de la dirigencia piantavotos: la intervención. Articuló, poco tiempo atrás, un reclamo referido al PJ Bonaerense, caratulado “Diani Oscar Alfredo s/formula petición Partido Justicialista de Buenos Aires”; lo perdió en ambas instancias.

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Ellos también juegan: Una anécdota o fábula futbolera narra la charla de un DT con sus jugadores. El tipo dibujaba el partido en el pizarrón, demostrando como superar al equipo rival, meter goles con pelota parada, etcétera. Un jugador, un habilidoso rebelde (el brasileño Garrincha, entre otras versiones) pedía la palabra para preguntar: “Maestro: ¿los otros no juegan?”. La parábola, hoy en día, podría invertirse a favor de la oposición. El macrismo gobernando se embrolla, se mete goles en contra, sobre todo cuando atenta contra intereses de millones de argentinos, de clase media hacia abajo.
Sobre el tarifazo hablamos en nota aparte, sobre los despidos casi siempre, sin repetirnos porque los ejemplos de acumulan. La medalla de oro semanal en la disciplina macrismo explícito la ganó el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Decretó asueto por razones operativas para todos los trabajadores de su cartera anteayer. La operatividad consiste en despedir a centenares: solo en unos días se conocerá la cantidad exacta. Modo sádico de ajustar, teniendo en vilo al conjunto, agravando el daño.
Los traspiés del oficialismo le dan oxígeno a la oposición sin dispensarla de las tareas propias. La de renovarse, interpelar a los no convencidos, ampliar sus bases, construir una alternativa viable. Casi nada, cuando la cuenta regresiva (aunque parezca mentira) ya está corriendo.
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Jorge Taiana critica el abandono de hecho de Unasur
“Es una puñalada trapera”
El ex canciller 2005-2010 opina sobre la decisión de la Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Chile y Paraguay de suspender su participación en el bloque sudamericano.
Por Martín Granovsky
El ex canciller y actual diputado del Parlasur, Jorge Taiana dijo a PáginaI12 estar preocupado después del debilitamiento, o el posible final, de la Unión Suramericana de Naciones.
–La Argentina tuvo la presidencia pro tempore de Unasur hasta hace pocos días  –afirmó ayer Taiana en una entrevista con este diario–. Y durante estos meses, ¿qué hizo? ¿Nada? ¿Le entrega la presidencia pro tempore a Bolivia y una semana después participa de la carta de seis países quejándose ante el canciller boliviano y anunciándole que suspenden su participación? Podría haber trabajado de otra manera. Y ahora, encima, ¿por qué el apuro? ¿No puede haber más reuniones de cancilleres para evitar la ruptura de Unasur? Es una puñalada trapera. Da toda la sensación de que se trata de un paso posterior a la Cumbre de las Américas de Lima, que terminó el 14 de abril sin que la Argentina lograse un acuerdo para condenar a Venezuela. Ni siquiera con Brasil. De paso, fue una cumbre que nació débil. El que la convocó, Pedro Pablo Kuczinski, dejó de ser presidente antes, por la corrupción.  
–El retiro de seis países de Unasur aparece en algunos grandes medios como una revancha sobre el chavismo.
–No conocen la historia. La primera reunión de los países sudamericanos fue en el año 2000 en Brasilia, y la convocó Fernando Henrique Cardoso, que en ese momento era presidente de Brasil.
–No fue Hugo Chávez, aunque ya era presidente.
–No, no fue Chávez. Estuvo de acuerdo, pero la impulsó Cardoso. Quiero que se entienda bien: cuando digo que fue la primera reunión, me refiero a la primera en toda la historia independiente de cada uno de nuestros países. Hay que recordar que Brasil siempre buscó un lugar permanente en el Consejo de Seguridad y en parte por ese motivo quería fortalecer la región. Pero fue una buena iniciativa. Si no, basta con mirar el mapa, ¿no?
–¿Y ver qué en el mapa?
–Eso: el mapa. Ahí se ve claramente que Sudamérica es un área común. Ahora, cuando uno revisa la historia ve que en el 2000 estaban por cumplir 200 años de vida independiente y jamás se habían reunido. A solas, sin los Estados Unidos. Suena raro. Uno sabe que se juntaban los europeos, los africanos, los centroamericanos, los de América del Norte... Pero los sudamericanos, nunca. Quizás contribuyeron las guerras limítrofes del siglo XIX, que en algunos casos se prolongaron al XX como pasó con el conflicto entre Perú y Ecuador. Pero, y más todavía en un mundo globalizado, la integración de Sudamérica surge como una necesidad más que evidente. Ya era necesario antes del rechazo al ALCA y se hizo más necesario después. Más urgente.
–El No a la formación de un Área de Libre Comercio de las Américas fue en Mar del Plata en noviembre de 2005. Usted mismo fue el coordinador designado por el gobierno para la cumbre.
–Claro, y los países del Mercosur más Venezuela, que entonces no era parte del bloque, rechazamos formar un ALCA porque sería una forma de integración subordinada a los Estados Unidos. Por eso hablo de la urgencia. No subordinarse es una parte. Otra es construir o profundizar una integración de otro tipo, entre pares. Veo estos días que muchos rescatan el papel de la Unasur solo como una instancia para obras coordinadas de infraestructura y energía. No minimizo ninguna de las dos cosas. Son muy importantes. Pero lo cierto es que venía a cumplir un vacío grande en muchos aspectos.
–¿En cuáles?
–Lo respondo por la positiva. La Comunidad Sudamericana de Naciones creada en 2004 quedó congelada y en 2008 se relanzó como Unasur, Unión Suramericana de Naciones. Muy pronto se convirtió en un espacio de debate político entre los presidentes. Y también fue un modo de representación de la región ante el mundo. Por eso una de las cosas importantes es generar una identidad propia. Para eso fue que se hicieron los encuentros entre Unasur y la Liga Árabe y entre Unasur y África. Antes no había ni espacio de reunión entre los presidentes de Sudamérica ni entre Sudamérica y los demás. El Grupo de Río era incompleto. No abarcaba a todos. Las cumbres iberoamericanas incluían a España y Portugal, o sea que nada de Sudamérica por sí misma. Por eso lo valioso fue que creamos un espacio de diálogo y un espacio de representación a la vez. No es casual que el Mercosur y sus asociados tendían a la confluencia y a la convergencia con la Unasur. Otro punto fue la solución de conflictos.
–El primero fue Bolivia.
–Éso pasó en 2008, cuando a Evo Morales se le levantó la media luna oriental. La Unasur se había conformado en mayo de ese año. Cuando Chile tenía la presidencia pro tempore, con Michelle Bachelet, se produjo el conflicto y los presidentes de reunieron en Santiago. Ante la matanza de Pando Unasur envió una misión que encabezó Rodolfo Matarollo, un abogado nuestro de enorme experiencia en derechos humanos. Todos los países seguimos en la OEA pero al mismo tiempo fortalecimos la identidad sudamericana. Luego, en 2010, Rafael Correa sufrió la famosa rebelión policial, y también intervino la Unasur para garantizar la continuidad democrática. Y el tercer episodio importante fue la gestión de buenos oficios entre Juan Manuel Santos y Hugo Chávez que encabezó Néstor Kirchner.
–Ya era secretario ejecutivo de Unasur.
–Sí, y como ex presidente podía conversar con los presidentes de igual a igual. Fueron importantes, también, los encuentros de Unasur en Quito y en Bariloche para discutir el tema de las bases norteamericanas en Colombia. Incluso estuvo presente Álvaro Uribe cuando aún era presidente de Colombia. Pese a las diferencias se pudo generar confianza... Lo mismo con el Consejo de Defensa Suramericano, el CDS. Consolida la idea de que el país vecino deja de ser el potencial enemigo externo, como marcaba antes la historia de nuestra región.
–En 1978, bajo dictaduras, la Argentina y Chile estuvieron a punto de entrar en guerra.
–Y después, en democracia, se fueron dando muchos pasos en dirección no solo a la paz sino a la construcción de confianza. La Argentina y Chile incluso desarrollaron el Batallón Cruz del Sur, una fuerza conjunta al servicio de las Naciones Unidas o los cascos azules. Si se destruye el CSD como parte de la pulverización de Unasur, de hecho se estará alentando la reaparición de las hipótesis de conflicto con el vecino. Esos peligros siempre están al acecho. Desmontar la integración es un riesgo.
–Quedaría en pie solo el Mercosur.
–También lo están desmontando. Por ejemplo separaron a Venezuela como castigo, medida que está contraindicada por la experiencia de Cuba. La historia demuestra que aislar países no es nunca una solución para ninguna postura constructiva, sino al revés. El Mercosur también tiene paralizada la entrada de Bolivia, porque el Congreso de Brasil no quiere a Bolivia adentro. Ni siquiera a pesar del litio y el petróleo de los bolivianos... A pesar, también, del interés objetivo argentino por la complementación con Bolivia. Tampoco los gobiernos renovaron el Focem, el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur que durante diez años entregó mil millones de dólares a distintos países del bloque cuando era necesario reducir asimetrías. No se puede integrar lo que es desigual y entonces hay que compensar. Es un reconocimiento de que el proceso de integración debe asumir que el desarrollo relativo de los integrantes es variado. Otra cosa para subrayar: le quitaron todo el financiamiento de la estructura social del Mercosur. Ya no hay actividad conjunta entre los Estados y los foros y los sectores sociales.
–¿Sigue la disputa por el estatus jurídico de los diputados ante el Parlasur?
–En el caso de la Argentina, el Gobierno quiere desfinanciar la representación de los diputados del Parlasur. Es que, a esta altura, el único objetivo del Mercosur para el Gobierno parece ser el de firmar cualquier cosa con la Unión Europea. Cualquier cosa aunque el resultado sea fuertemente desequilibrante y las ventajas queden solo para Europa. Por algunas toneladas de carne vamos a entregar la industria automotriz, las compras gubernamentales, la industria farmacéutica, aceptaremos la compra de lácteos elaborados en Europa, vamos a admitir e-commerce y solución de controversias fuera de los países del Mercosur... Mi conclusión es que la suspensión de las actividades de la Argentina y otros cinco países en la Unasur es una versión ampliada de lo que hacen en el Mercosur. No quieren mejores condiciones de negociación.
–¿Por pedido o presión de los Estados Unidos?
–Es que los seis países vuelven a apostar a unos Estados Unidos que, al mismo tiempo, contestan con el proteccionismo. Parece una conversación en idiomas distintos. Debilitar Unasur o liquidarla es una muy mala noticia. En este mundo hay que estar asociados y lo lógico es asociarse primero en la región.
–El Gobierno da a entender que no puede lograr consensos para designar secretario de Unasur. La Argentina tenía de candidato a José Octavio Bordón.
–Independientemente de la persona, lo evidente es que hubo poca voluntad por parte del Gobierno para tratar de negociar el cargo de secretario y para llegar a un consenso. Sé que funcionarios de gobiernos de la región afirman que no quieren romper con la tradición de que el secretario sea un ex presidente o un ex canciller. Hasta ahora se cumplió. Fueron secretarios Néstor Kirchner, ex presidente, los ex cancilleres María Emma Mejía y Alí Rodríguez y el ex presidente de Colombia Ernesto Samper. La urgencia aparente de estos días suena muy contraria a la integración. Unasur es el organismo que declaró a Ameríca del Sur zona de paz y sin armas de destrucción masiva. Es un punto común extraordinariamente clave. Llevan tiempo esos pasos. Y hacen falta años, muchos años, para que estas cosas avancen. Por eso no hay que retroceder.
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21 de abril de 2018

González Fraga sobre la inflación
"La sociedad cree que tiene más derechos que recursos"
"La inflación deriva de que la sociedad cree que tiene más derechos que recursos", dijo Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, durante una charla organizada por la Sociedad Rural Argentina. A lo que agregó que la suba de precios se resuelve con un consenso ciudadano".
La frase volvió a avivar la polémica en tiempos en los que el gobierno de Mauricio Macri no puede controlar la inflación pese a los recortes y mientras las previsiones para la economía empeoran incluso hasta en las proyecciones del FMI, que vaticina un aumento de precios como mínimo del 19,2 por ciento, es decir, por encima de la meta oficial para este año, que fue del 15 por ciento. 
Quien ocupó la presidencia del Banco Central durante el menemismo aseguró también que "lo más importante que puede hacer el equipo de Gobierno es asegurar gobernabilidad”. “El Banco Nación está concebido para prestar a la actividad productiva, su razón de ser", dijo González Fraga sobre la entidad que lidera.
Gran crítico del consumo popular, el economista es autor de otras máximas a las que ya ha recurrido en estos años para elogiar a la gestión de Cambiemos desde sus inicios y para justificar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Frases como “El país no va a crecer como para permitirte gastar más en comida y más en energía, como combustible y gas, y que mantengas tus gastos de ropa, de entretenimiento y de salidas. No puede ser. Tenemos que enfrentar esa realidad”"Me gustaría saber qué tan pobres son los pobres” y la inolvidable "Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior."
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Duro informe del relator especial sobre tortura de la ONU
Una advertencia por las cárceles
En un documento tras su visita, Nils Melzer aseguró que en el país hay una “generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la Tortura”. Denunció superpoblación y condiciones denigrantes en cárceles y comisarías. Los puntos centrales del informe.
El relator especial sobre tortura de las Naciones Unidas, Nils Melzer.
Después de su visita oficial al país y tras recorrer diversos centros de detención, el relator especial sobre tortura de las Naciones Unidas, Nils Melzer, presentó un informe preliminar en el que denuncia que “la Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la convención contra la tortura” en cárceles y comisarías.
El relator planteó que las condiciones de detención en esos lugares están vinculadas con la sobrepoblación y las políticas de mano dura que la alimentan. “No existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole, respecto de cualquier acción u omisión de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones intolerables”, advirtió.
El Centro de Estudios Legales y Sociales informó que durante su visita a distintas comisarías, alcaidías y pabellones penitenciarios en las provincias de Buenos Aires, Formosa y Córdoba, Melzer “encontró situaciones alarmantes como celdas donde las canillas no funcionaban, situación que obliga a los detenidos a tomar el agua de los inodoros que utilizan para orinar y defecar”.
“No se puede permitir que las personas vivan en estas condiciones. Tiene que haber una sensación de urgencia que esto no es algo para discutir sino algo que se tiene que solucionar. Es un poco como una casa en llamas, tenemos que actuar ahora o va a empeorar. Especialmente cuando vemos que hay proyectos legislativos y enfoques de política que probablemente aumenten aún más la población de las cárceles”, dijo Melzer durante una conferencia de prensa.
El CELS emitió un comunicado en el que destaca las principales observaciones del relator:
n Uso excesivo de la prisión preventiva. Melzer advirtió por el abuso de la prisión preventiva e instó a los legisladores “a que se abstengan de aprobar leyes nuevas que disminuyan la edad mínima de imputabilidad penal o que amplíen de cualquier otro modo el uso de la detención para otras categorías de personas o delitos”.
n Sobrepoblación. Llamó la atención sobre el pronunciado incremento de los niveles de reclusión: afirmó que las estadísticas oficiales muestran que el nivel de ocupación del sistema penitenciario es de aproximadamente un 130 por ciento.
n Organismos de control. Solicitó que se garantice el acceso libre e irrestricto a los lugares de privación de la libertad para todos los órganos de supervisión, sean gubernamentales o de la sociedad civil. 
n Violencia policial. El relator mostró preocupación por la actuación violenta de la policía al realizar detenciones y traslados en patrulleros y describió las denuncias de hostigamiento policial sobre adolescentes, jóvenes y mujeres, especialmente en barrios marginalizados.
n Encierro en instituciones psiquiátricas. Advirtió sobre la situación en la sección psiquiátrica del “Melchor Romero”, en La Plata. Consideró que los pacientes internados “se encuentran sometidos a condiciones degradantes que resultan incompatibles con la dignidad humana”.
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Panorama económico
Bajo agua
Por David Cufré
La mayoría de los usuarios de Aysa de los partidos del conurbano bonaerense más castigados por la política económica no pagan la factura. El nivel de cobrabilidad en esos sectores sociales es muy bajo. La empresa de agua y cloacas había proyectado una recaudación de 320 millones de pesos para esos distritos el año pasado y solo pudo recolectar 89 millones. Los datos son oficiales. Aparecen en un documento del ente regulador del servicio, Eras, entregado a la Sindicatura de Usuarios que actúa en representación de los clientes. Los partidos involucrados son Florencio Varela, Escobar, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, Presidente Perón, Ituzaingó y San Miguel. Aturdidos por los tarifazos, la alta inflación y la pérdida de capacidad de compra de los salarios, los habitantes de esos barrios pagan en conjunto apenas el 28 por ciento de lo que deberían según las boletas que remite la empresa. Un amplio 72 por ciento figura en calidad de morosos. Aysa es una compañía del Estado nacional que no puede interrumpir la provisión de un servicio esencial para la vida. Sin embargo, las distribuidoras eléctricas y de gas sí tienen esa potestad frente a incumplimientos de pago de los usuarios. Entidades de consumidores aseguran que registran cada vez más reclamos de los ciudadanos por esta situación: como se atrasan o no pueden afrontar los incrementos de tarifas, sufren el corte de los servicios y las penalidades asociadas para restablecerlos. La única solución a su alcance es consumir menos electricidad y gas o restringir otros gastos, en una amarga decisión entre ser pobres energéticos o pobres de otros bienes y servicios. Las facturas impagables se extienden como mancha de aceite por todo el país. Son síntomas de una realidad que no conmueve al Gobierno, preocupado como está en demostrar al FMI y a los mercados internacionales que la prioridad es cumplir la meta de ajuste fiscal, aun a costa del bienestar básico de millones de argentinos.
“Las tarifas y los servicios públicos tienen un costo y ese costo por supuesto que hay que pagarlo”, definió ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificando aquella disyuntiva que impone el Gobierno a amplios sectores de la ciudadanía entre usar los fondos disponibles para saldar las boletas de luz, gas, agua, transporte y peajes cada vez más caras o destinarlos a otras necesidades. Al que no le alcance que no consuma, es la conclusión que se busca imponer en la batalla cultural, como ya dijo alguna vez el ministro de Energía, Juan José Aranguren, o el actual presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, quien sostuvo que era una ilusión que “le habían hecho creer a sectores medios que con salarios medios” podían comprarse un celular, un plasma o irse de vacaciones.
Jubilados que ganan 8000 pesos reciben facturas de servicios públicos que agotan la mitad o más de esos haberes. Situaciones similares se repiten en cada vez más hogares de ingresos medios y bajos. Mientras esos sectores deben ajustarse al máximo por el recorte de subsidios estatales, al Gobierno no se le cruza como alternativa buscar otras fuentes de recaudación que permitan achicar el déficit fiscal. Descarta, por ejemplo, cobrarles retenciones a las exportaciones a las grandes explotaciones rurales, a los terratenientes que administran miles de hectáreas de soja, a las mineras o a la industria concentrada. Por el contrario, a los sectores más pudientes les baja la carga tributaria, como la alícuota del impuesto a los Bienes Personales o los impuestos internos a los autos de lujo. El escándalo de los tarifazos lo que deja en evidencia es el carácter profundamente redistributivo de la política económica: a las mayorías populares se les exige sacrificio y resignación, que pasen frío, calor o que caminen, mientras a las empresas privatizadas, a la banca y a los agronegocios se los premia con rebajas de impuestos y libertad absoluta para dolarizar excedentes y fugarlos del país. La quita de retenciones representa más de 100 mil millones de pesos al año, a lo que se agregan las rebajas adicionales que se están produciendo en este mismo momento a las exportaciones de soja, a razón de 0,5 puntos por mes hasta finales de 2019. La caída de retenciones será entonces del 35 por ciento que había en 2015 al 18 por ciento. La fuga de capitales neta desde diciembre de 2015 a la fecha fue de 41 mil millones de dólares, de acuerdo a los últimos datos del Banco Central. Son cifras que ilustran sobre la magnitud de la transferencia de ingresos que está produciendo un gobierno de ricos para ricos. ¿Si hay tanta necesidad fiscal, por qué ceder recaudación bajando impuestos a los favorecidos del modelo económico?
Florencio Varela, Escobar, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, Presidente Perón, Ituzaingó y San Miguel fueron incorporados por Aysa a lo largo del último año, en una decisión que celebró la Sindicatura de Usuarios por el mal servicio que prestaba antes Aguas Bonaerenses, y además más caro. A pesar de que el gobierno nacional comprobó en el último año que sólo una minoría de esos usuarios paga sus facturas a Aysa, todos esos partidos perderán, al igual que el resto de las localidades atendidas por la empresa estatal, los denominados subsidios zonales. Este beneficio atendía justamente la situación de vulnerabilidad social que atraviesan millones de personas de esos distritos con recortes adicionales en las tarifas. El Gobierno estableció la eliminación de este subsidio a razón de un 6,25 por ciento bimestral hasta su desaparición definitiva en enero de 2019. Esto significa sencillamente que los más carenciados sufrirán aumentos de tarifas superiores al resto de los usuarios. La compensación para este recorte es una ampliación a todas luces insuficiente de la cobertura de la tarifa social, para llevarla de los 35 mil usuarios que había en diciembre de 2015 a 375 mil a fines de este año. Mientras millones van a pagar más, un grupo restringido tendrá el paliativo de la tarifa social. En 2015 eran pocos los que la solicitaban porque la tarifa general con subsidios era barata para todos, lo cual actuaba como un ancla contra la inflación y potenciaba la competitividad productiva.
Respecto de la tarifa social, las entidades de consumidores que forman parte de la Sindicatura de Usuarios de Aysa reclaman que su aplicación sea automática a todos los clientes que ya la están recibiendo en los servicios de electricidad y gas. El Gobierno, en lugar de ello, tiene un criterio más restrictivo para la cobertura de la tarifa social en la empresa de agua y cloacas del Estado que el que utiliza para las distribuidoras de luz y gas. Una discriminación adicional es que mientras el Tesoro aporta los fondos para cubrir los costos de la tarifa social en estos últimos servicios, en el caso de Aysa se niega a aportar el dinero y exige que los recursos sean integrados por el resto de los usuarios de la compañía. “Aysa manifiesta que la tarifa social operó durante 2017 como un subsidio cruzado entre los usuarios, financiados con recursos de la concesionaria. Ergo, con recursos que aportan los usuarios, porque el Estado nacional no cumplió con su compromiso de integrar el dinero y parece que ha desistido definitivamente de hacerlo”, reprochan las entidades de consumidores en su dictamen al Eras.
Otra objeción de la Sindicatura de Usuarios es que el Estado decidió endeudar a Aysa en 500 millones de dólares para financiar obras. Esa deuda se colocó en enero a un plazo de cinco años con una tasa de interés del 6,6 por ciento anual. La amortización de los intereses y del capital deberá ser realizada por la empresa, no por el Gobierno. Es decir, los usuarios de Aysa tendrán que soportar futuros aumentos de tarifas para cancelar los pasivos. “Esta deuda obligará a Aysa a realizar previsiones presupuestarias hasta amortizar la totalidad del capital suscripto, por lo que deberá ajustar en forma permanente sus tarifas en desmedro de la economía de los usuarios”, denuncia la Sindicatura. “La experiencia demuestra que no pueden sostenerse inversiones de ampliación de redes con los recursos de la tarifa. Ese modelo ya fracasó en nuestro país cuando se implementó con Aguas Argentinas, Azurix y Aguas de Santa Fe”, alertan. Es el mismo modelo de los ‘90, que luego de someter a los usuarios durante años terminó haciendo agua. La restauración neoliberal de Cambiemos, lejos de reconocer los traumas de aquella experiencia, parece decidida a transitar el mismo camino. Hasta que haga agua.
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Amenazas contra los docentes que pararán el miércoles
Con los días descontados
La receta de la provincia de Buenos Aires para hacer frente a la huelga de los maestros anunciada para esta semana será descontar el día a quienes adhieran a la medida. Así lo anunciaron desde el gobierno de María Eugenia Vidal después del fracaso de la séptima reunión paritaria en lo que va del año, durante la cual la oferta de la gobernadora fue un 10 por ciento por seis meses, en cuotas.
A las puertas del paro docente anunciado para el próximo miércoles y tras un nuevo fracaso de las negociaciones paritarias, el director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, sostuvo que la convocatoria docente prevista para la semana próxima "no es conveniente y no ayuda a la negociación" y advirtió que los días no trabajados "serán descontados".
"La convocatoria al paro no es conveniente y no ayuda a la negociación", precisó anoche el funcionario, en declaraciones a Canal 26. Además, aseguró que las autoridades van a "descontar los días de paro, como se viene haciendo".
Las declaraciones de Zinny fueron difundidas luego de que, según denunciaron los gremios, el gobierno llevara a la mesa una propuesta “semestral fragmentada” en respuesta a la cual el miércoles 25 los maestros realizarán un paro con movilización a la Casa de la Provincia en la Ciudad de Buenos Aires. “No se trata de que los sindicalistas no acordemos, es el Gobierno el que no trae a la mesa la respuesta a la necesidad urgente de reponer los salarios”, sostuvo después de la reunión Mista Petrocini, titular del FEB, quien estimó que estimó que están ante una “propuesta semestral” que es “fragmentada” y que el gobierno bonaerense “no da una propuesta merecida para todos los docentes".
"Rechazamos categóricamente la propuesta del gobierno, porque es menor que la propuesta que nos habían hecho en la reunión anterior”, dijo por su parte Roberto Baradel, titular de Suteba. Recordó que en la oferta anterior, el gobierno de Vidal mantuvo la propuesta del 15 por ciento "a pagar en 3 tramos: un 7 por ciento en enero, un 4 por ciento en mayo, y otro 4 en septiembre; mientras que ahora ofrecen un 10 por ciento en el primer semestre"; y que ahora “están ofreciendo menos que la vez anterior".
Hasta el momento, el gobierno de Vidal había insistido con la propuesta original de un aumento salarial del 15 por ciento para todo el año, a la que le fue sumando pagos no remunerativos por presentismo, formación y materiales didácticos. Los gremios rechazaron todas las ofertas y reclamaron un aumento del 20 por ciento, con cláusula gatillo, en caso de que la inflación supere dicha cifrar, cosa que ya pronostican todas las encuestadoras privadas y el propio FMI, que calculó que la Argentina tendrá este año una inflación del 19,2.
El director de Cultura y Educación de la Provincia manifestó que "ellos mostraron preocupación por la inflación y por eso propusimos juntarnos en julio para ver cómo seguíamos en los próximos seis meses pero lo rechazaron".
Fracasada la séptima reunión paritaria, el ministro de trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, afirmó que decretar una conciliación obligatoria no era “una opción, por el momento”, ni tampoco cerrar la negociación con un 15 por ciento de aumento por decreto. Tanto Villegas como Zinny coincidieron en anunciar que “la semana próxima se realizarán reuniones de comisiones técnicas, de seguridad e higiene y condiciones laborales, y se llamará a una próxima reunión”. Es decir para debatir "otras cuestiones que ellos pedían" vinculadas a la calidad educativa.
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