29 de marzo de 2017

En lugar de una oferta, otra provocación
La gobernación bonaerense les reiteró a los maestros la propuesta de aumento del 19 por ciento y planteó que si bajan el ausentismo mejorarían los sueldos. Los gremios señalaron que los funcionarios no tenían datos para dar esa discusión y lanzaron un paro de 48 horas.
“Ni siquiera llevaron a la mesa la información básica para discutir. Fue una reunión humillante”, se quejaron los dirigentes gremiales.
En la cuarta semana de conflicto, la gobernación bonaerense presentó a los docentes la misma oferta del 19 por ciento en tres cuotas que habían rechazado antes del comienzo de las clases. Sucedió ayer, cuando los subsecretarios de Economía, Trabajo y Educación de María Eugenia Vidal volvieron a sentarse con los gremios. La reunión de la comisión técnico salarial se suponía destinada a retomar la negociación por los sueldos de los maestros, luego de la masiva marcha a la Plaza de Mayo. Sin embargo, los funcionarios no llevaron otro porcentaje; plantearon en cambio a los gremios “trabajar para reducir el ausentismo” con lo que –argumentaron–, la provincia podría “ahorrar” para mejorar sueldos. El planteo fue así una no-propuesta salarial, pero rematada con un elemento de provocación. Coherente con la amenaza de reemplazar a los maestros que paran con voluntarios, con el pedido de quitar la personería a los sindicatos que no acataron la conciliación, con la resolución para recuperar los días de paro en las vacaciones de invierno, con los descuentos masivos por los días de huelga. En respuesta, los seis sindicatos docentes de la provincia anunciaron un nuevo paro de 48 horas para hoy y mañana.
A pocos días de que termine marzo, las escuelas de la provincia siguen lejos de poder normalizar el dictado de clases. Especialmente las públicas, ya que el Suteba –el gremio mayoritario– se mantiene en paro desde el 6 de marzo, mientras que los otros gremios (la Federación de Educadores Bonaerenses, Udocba, UDA, AMET y Sadop) siguen, pese a las presiones, dentro del Frente de Unidad, participando del plan de lucha con otras medidas de protesta, según el distrito. La medida de fuerza de hoy y mañana fue acordada, en este marco, por todo el frente de gremios. 
“No hubo discusión paritaria porque no tuvieron la intención de discutir: ni siquiera llevaron a la mesa la información básica para hacerlo”, aseguró a PáginaI12 la secretaria gremial del Suteba, María Laura Torre. “No se movieron un punto de la oferta anterior, ni trajeron un solo dato... ni siquiera para defender el ajuste que quieren imponer, porque no nos supieron contestar cuánto está gastando hoy la provincia en pagar las suplencias docentes.” Para la dirigente, fue “una reunión humillante”. 
Como ya pasó en esta paritaria, aunque no haya habido diálogo ni avances, la reunión en el Ministerio de Economía provincial sí funcionó como un escenario desde el que la gobernación amplifica su discurso sobre el conflicto, mientras la pulseada avanza en otros terrenos. 
En los medios, desde el día anterior había quedado instalado que Vidal se juntaba con los gremios. El encuentro fue en realidad entre las segundas líneas del gabinete bonaerense y los secretarios gremiales de los sindicatos, lo habitual en estas reuniones de comisión técnica. La de ayer fue la segunda desde el comienzo de las clases, ya que varios llamados anteriores que se promocionaron como convocatorias a “seguir dialogando” fueron en realidad citaciones a los gremios, en intentos de hacerlos cumplir una conciliación obligatoria que desconocen. 
Horas después de la audiencia, los ministros de Economía, Hernán Lacunza, de Trabajo, Marcelo Villegas, y de Educación, Alejandro Finocchiaro, señalaron que la gobernación propone destinar 1400 millones de pesos de un fondo para pagar suplencias a incrementar los sueldos docentes. En este sentido, sostuvieron que reduciendo el ausentismo se podría llevar el sueldo promedio del sector “de 19 mil a 23 mil pesos”.
“El nivel de ausentismo es del 17 por ciento”, aseguraron voceros de la gobernación. “Si logramos reducirlo sólo un 10 por ciento, la provincia estaría en condiciones de incrementar, además de las propuestas anteriores, en 5 mil pesos anuales el ingreso promedio docente. El salario inicial pasaría de 9800 pesos a 12 mil pesos, y en el promedio se pasaría de 19.200 pesos a 23.300 pesos”.
Otros argumento señalado desde la gobernación: “La propuesta que hicimos nos permite asegurar que el 65 por ciento de los docentes va a cobrar más de 17 mil pesos y el 50 por ciento va a cobrar más de 23 mil”. “Subimos el piso garantizado de 18 a 19 puntos”. “Ofrecimos una suma compensadora por la inflación de 2016”.
Los dirigentes gremiales replican que la negociación viene siendo bastante distinta de lo planteado por Cambiemos. “No hicieron cinco, sino siete propuestas, pero todas prácticamente iguales. En siete reuniones, pasaron de ofrecer el 18 al 19”, dijeron en la FEB, que conduce Mirta Petrocini. “Y la suma compensadora es de 500 pesos por cargo, por única vez y en negro”. 
Torre, del Suteba, explicó que tampoco les plantearon formalmente algún ítem por presentismo, “lo que hubiéramos rechazado; pero ni siquiera es que lo están proponiendo”. La dirigente aseguró que los funcionarios “hablaban (ayer) de manera tan general que les preguntamos concretamente cuál era la oferta salarial. Y contestaron que ‘la misma’ que la última vez.  También les preguntamos cuántos suplentes hay en la provincia; no tenían el número. Preguntamos cuánto le pagan a la prestataria de salud que controla las licencias. Tampoco sabían. El único número que dieron es que el ausentismo es del 17 por ciento; pero no sabían cuántos de esos cargos están cubiertos por suplentes. Preguntamos cuál es la masa salarial en juego para pagar el aumento que pedimos. No tenían el dato, y la de ayer fue la cuarta reunión en la que lo pedimos. Quedó claro que no quieren iniciar una negociación”. 
El planteo del presentismo, que pone a los docentes como responsables de sus bajos salarios, se suma en lo discursivo a otros argumentos que viene esgrimiendo el macrismo como nudo de su pelea con los gremios. El ministro Esteban Bullrich dijo que el problema es que los maestros trabajan cuatro horas y por eso cobran poco; el Presidente les aconsejó dejar de hacer huelgas porque, dijo, se pasaron 20 años haciendo paro y no consiguieron “nada”.  En este sentido, la paritaria bonaerense es un reflejo, y la punta de lanza, de la política para el sector de la Casa Rosada. En 18 provincias hay por esto paritarias irresueltas. Para este jueves, además, los docentes harán un nuevo paro nacional junto a las CTA y el 6 de abril se sumarán al de la CGT.
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“Un paro totalmente justificado”
Los representantes nacionales del PJ plantearon que el Gobierno debe escuchar los reclamos de la CGT. Dejaron abierta la puerta a una eventual candidatura de CFK y criticaron a los gobernadores peronistas que se muestran cerca del oficialismo.
“El justicialismo ha sido siempre defensor de la democracia”, dijo Gioja, en respuesta a acusaciones macristas.
Con una sólida adhesión al paro convocado por la CGT para el 6 de abril, una condena a la política económica del Gobierno y gestos claros de cara a las elecciones de este año, el Partido Justicialista tuvo ayer una nueva reunión de su consejo nacional, donde se abrieron las puertas a una eventual candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández y se escucharon duras críticas contra los gobernadores peronistas que se muestran más cerca del oficialismo que de la oposición. También se convocó al Congreso Nacional Justicialista para la primera quincena de junio, donde se debatirá el cierre de listas.
“El PJ nacional entiende como totalmente justificado el paro general convocado para el 6 de abril por las centrales obreras, un llamado de atención que debe ser escuchado por el Gobierno para que modifique su política y comience a cuidar a los trabajadores argentinos”, dice el pasaje más fuerte del documento consensuado que leyó la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y recogió la aprobación de los consejeros.
El texto advierte que “el Gobierno continúa sin encontrar el rumbo de la reactivación económica”, lo que termina teniendo como consecuencia la “pérdida de empleo tanto en el sector industrial como en el comercial” producto del “cierre de empresas”. Destaca como uno de los problemas más acuciantes el “deterioro del poder adquisitivo del salario” debido al “incremento inflacionario” y, además, exige que el Ejecutivo garantice negociaciones “libres y sin topes”.
Entre los asistentes se destacó la presencia de Carlos Acuña, uno de los miembros del triunvirato que conduce la CGT y que estaba retirado de la vida partidaria pejotista desde hace unos años, cuando inició su acercamiento al Frente Renovador. También fueron de la partida el ex candidato presidencial Daniel Scioli; el titular de bloque de senadores nacionales, Miguel Pichetto; el ex ministro de Educación Daniel Filmus; el titular del PJ porteño, Víctor Santa María; y representantes de todas las provincias.
El titular del partido, José Luis Gioja, fue uno de los oradores, y en su mensaje cuestionó duramente las acusaciones del oficialismo contra el peronismo por orquestar supuestas maniobras desestabilizadoras. “El justicialismo ha sido siempre defensor de la democracia, del sistema republicano de Gobierno. Negamos cualquier responsabilidad de las acusaciones que se le quieran hacer al justicialismo o a alguna de sus organizaciones”, dijo el sanjuanino.
El tema electoral sobrevoló el quincho de Matheu. El mismo Gioja dio algunas definiciones sobre el rol que puede tener Cristina Fernández de Kirchner en la estrategia electoral de este año. “La decisión de si participa o no participa no depende de nosotros, sino exclusivamente de ella, reconociendo que la compañera es una referente importante no sólo del justicialismo sino de la política argentina”, dijo el presidente del partido, midiendo las palabras.
En el mismo sentido se manifestó el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, que aseguró que “está abierta la posibilidad de que Cristina sea candidata por la provincia” ya que “todas las encuestadoras, hasta las más cercanas al oficialismo”, muestran que “lidera ampliamente” los sondeos. De todas formas, diplomático, también aclaró que “Buenos Aires tiene para ofrecer hoy otros dirigentes como el compañero Florencio Randazzo e intendentes exitosos”.
Hubo, en cambio, un mensaje por elevación contra Juan Manuel Urtubey y Rosana Bertone, mandatarios provinciales que en los últimos meses se mostraron más afines al gobierno nacional y cortaron lazos de diálogo con el peronismo. Salió de la boca del presidente del Congreso Nacional Justicialista, Gildo Insfrán: “No puede ser que haya compañeros gobernadores que le pidan permiso al ministro del Interior para venir a las reuniones del partido”, dijo el formoseño, con aprobación mayoritaria de la concurrencia.
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EL INDEC DE MACRI INFORMÓ QUE LA POBREZA FUE DE 30,3 POR CIENTO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO PASADO
La pobreza cero está perdiendo por goleada
El organismo de estadísticas públicas calculó que casi 8,3 millones de personas son pobres y 1,7 millón, indigentes. La mitad de los pobres está radicada en el conurbano bonaerense. Críticas de expertos a la metodología del Indec.
Pese a los límites y las dudas en torno a las estadísticas oficiales, el crecimiento de la pobreza urbana es evidente y está a la vista en las calles.
La pobreza alcanzó al 30,3 por ciento de la población en el segundo semestre de 2016 y la indigencia se ubicó en 6,1 por ciento. Así lo informó ayer el Indec. El organismo precisó que hubo 8.277.085 individuos pobres en los principales centros urbanos de país y unos 1.657.221 en condición de indigencia. El centro de estadísticas oficial aseguró que la cifra no es comparable con publicaciones anteriores y siguió sin difundir una serie con datos de pobreza para los últimos tres años, en los que el indicador había dejado de publicarse. Desde distintos centros de estudio criticaron la intención del Indec de no empalmar hacia atrás la información, puesto que se desconocen las cifras oficiales de cuántos nuevos pobres se generaron en el primer año de gestión de Mauricio Macri. Las mediciones privadas, por ejemplo la de la Universidad Católica Argentina, registraron que 1.500.000 personas pasaron a formar parte de la población pobre y unos 600.000 individuos se sumaron al segmento de los indigentes en 2016. El Gobierno había prometido en campaña un objetivo primordial de pobreza cero, pero las políticas regresivas en materia de ingresos, el desajuste de la inflación y el desplome del mercado interno incrementaron la vulnerabilidad social.      
 El documento del Indec detalló que la mayor parte de las tensiones para el   bienestar de la población se registraron en el conurbano bonaerense, en donde hay 4.090.129 personas pobres y 950.881 indigentes. En la lista sigue Gran Córdoba, con 617.924 pobres y 164.762 indigentes, Gran La Plata, con 207.593 y 41.266 y Gran Neuquén, con 100.874 y 10.455. Del total de pobres de los principales centros urbanos, un 32,8 por ciento tiene hasta 14 años, un 28,3 por ciento se ubica en el rango de 15 a 29 años, un 30,5 por ciento entre 30 y 64, y 3,4 por ciento arriba de 65. Las familias indigentes tienen un promedio de ingresos de 3324 pesos, cuando la canasta básica de alimentos, según el Indec, se ubica en 5548 pesos. Esto implica que deberían aumentar sus ingresos un 40,1 por ciento, sin que suba la inflación, para poder salir de la indigencia. Las familias pobres ganan en promedio 8789 pesos al mes, contra una canasta básica total de 13.945 pesos, por lo que debería subir un 37 por ciento sus ingresos para abandonar la pobreza. 
 Las cifras del segundo semestre de 2016, por recomendación del organismo, no pueden compararse con indicadores previos. “Con este informe se reinicia la serie semestral de pobreza e indigencia. Los mismo no deben ser comparados con los del segundo trimestre de 2016 antes difundidos, dada la diferencia de los períodos contemplados”, indicó el Indec. Aclaró que los datos publicados para el segundo trimestre del año pasado, cuando la pobreza ascendió al 32,2 por ciento, fueron una excepción. El organismo a cargo de Jorge Todesca mencionó además que no hará públicos datos para años anteriores al 2016. “Por la emergencia estadística, se dispuso que las series publicadas con posterioridad al primer trimestre de 2007 y hasta el cuarto trimestre de 2015 deben ser consideradas con reservas”. 
 La decisión de no publicar hacia atrás las estadísticas despertó las críticas de distintos especialistas. El Centro de Economía Política (CEPA) difundió ayer un documento en el cual se asegura que hubo una intención política detrás de la insistencia de Todesca en no reconstruir la serie. “Los cambios metodológicos del nuevo Indec fueron deliberados y tuvieron la finalidad de impedir el empalme hacia atrás de las seis de pobreza e indigencia, permitiendo soslayar el salto en la cantidad de individuos pobres del último año”. El informe agrega que se pretendió deslegitimar la reducción de la vulnerabilidad social de los últimos años, cuando la inversión pública social permitió igualar oportunidades y avanzar a contramano del discurso de recorte actual. 
 Los indicadores privados permiten tener una dimensión del efecto de las políticas recesivas para la población. Las estimaciones de la UCA precisan que la pobreza cerró en 32,9 por ciento el 2016, agregándose el año pasado cerca de 1,5 millones de nuevos pobres y 600 mil indigentes. La institución aseguró que “las medidas de ajuste económico y la rezagada inversión privada y pública, entre otros factores, agravaron el escenario de crisis, más recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo para amplios sectores sociales”. Agregó que “si bien este shock habría sido mucho más fuerte durante el primer semestre, la situación no se habría revertido durante la segunda parte del año. El proceso generó mayor deterioro laboral y en los ingresos de los sectores medios bajos informales, así como una profundización de la indigencia en los sectores más vulnerables”.
 La economía cayó al 2,3 por ciento y este año el Gobierno insiste que se volverá a crecer. Se informó una suba de la actividad económica del 1,1 por ciento en enero respecto de igual mes del 2016 (ver aparte). Poco importa que la economía crezca si el avance de la vulnerabilidad social y la distribución regresiva del ingreso del 2016 se mantiene o sigue en aumento.
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DENUNCIAN UN PLAN PARA REEMPLAZAR MEDIDORES DE HOGARES POBRES PARA PASAR A UN SISTEMA DE SERVICIO PREPAGO
Con luz sólo hasta que se consuma el crédito
La medida de reemplazar los medidores en los hogares que no pueden pagar la tarifa ya se estaría implementando. Las distribuidoras lo niegan, pero las entidades de consumidores aseguran que está comprobado y lo llevarán a la Justicia.
Los viejos medidores, en algunas barriadas humildes, ya le habrían dejado el hueco al nuevo sistema prepago, según se denunció.
La Asociación Defensora de Usuarios y Consumidores (Adduc) llevará a la Justicia la denuncia contra las autoridades energéticas y las empresas distribuidoras que avalen o implementen el reemplazo de medidores para imponer un sistema de pago previo del servicio. En Edesur negaron que la firma tenga intención de aplicar el sistema; desde Edenor, en tanto, calificaron de “falso” lo informado ayer con respecto a que se le vaya a restringir el servicio a usuarios electrodependientes. Desde el Ministerio de Energía, a su vez, informaron que no habrá un pronunciamiento oficial por el momento. Lo cierto es que la entidad que preside Osvaldo Bassano anuncia que irá más allá de esas ambigüedades, al denunciar que “se quiere sectorizar el consumo, restringirlo para los más pobres y que usen y paguen mínimamente una o dos horas de consumo diario, y en el resto de la jornada se alumbren con velas”. Esta situación, interpretó, es el reflejo de “un encarecimiento del servicio hasta un límite que la gente ya no puede pagar, pero la resolución que buscan altera el concepto de servicio público y obligatorio que protege la Constitución”.     
 Según la versión circulante, en algunos barrios de casas humildes empezaron a retirarse los medidores en viviendas en las que el servicio eléctrico sufre una morosidad crónica, con la supuesta intención de reemplazarlos por otros que modificarían la modalidad del suministro y el cobro. La prestación pasaría a una forma de pago previo por tarjeta, que habilitaría el consumo de una determinada cantidad de kilowatts. Como los celulares con servicio telefónico prepago o la tarjeta SUBE para el transporte público. Pero ni las empresas distribuidoras ni las autoridades se han hecho cargo, hasta ahora, de que este sistema esté en vías de implementarse. 
 El tema adquirió estado público ayer, a partir de la nota de tapa del matutino Crónica en el que se denuncia el caso de familias con personas electrodependientes, en el área de Edenor, a las cuales se las estaría obligando a pasar al sistema de servicio prepago para limitar el uso del suministro. “En los domicilios de los usuarios con deudas importantes, llega un técnico y retira el medidor sin aviso previo; luego viene otro y coloca el prepago”, relató el padre de un chico electrodependiente al matutino. Un vocero de Edenor, consultado por PáginaI12, negó lo publicado. Detrás de este caso, está además el debate en torno a un proyecto de ley que reglamente la defensa de los derechos de las personas electrodependientes por tratamientos de salud, que ya fue postergado en varias oportunidades. Por ahora, el reconocimiento de la condición de usuario electrodependiente sigue siendo un trámite que administran las propias distribuidoras. 
 Bassano, entrevistado ayer por la mañana por David Cufré, en Radio 10, explicó que “este sistema de medidores de suministro prepago ya quiso ser implementado en los 90, cuando se privatizó el servicio, y no pudieron, y ahora tras los tarifazos vuelven a intentarlo porque saben que hay gente que no va a poder pagar la factura”. El titular de Adduc no sólo responsabilizó a las empresas prestadoras del servicio, sino también a las autoridades, ya que el reemplazo de los medidores, que ya se estaría efectivizando, “no se puede hacer sin el respaldo del ENRE (ente regulador), lamentablemente en manos de ex funcionarios de las mismas empresas”.  El representante de los usuarios recordó que “este sistema se utilizó en Londres y en otros puntos de Europa, hace algún tiempo ante una crisis energética porque no había generación, por falta de carbón. Y en una situación de emergencia. Pero acá (en Argentina) hay generación, el inconveniente es el encarecimiento del servicio y que hay mucha gente que no puede pagarlo. Lo más grave, es que quieren dejar sin suministro a los más pobres, reduciéndole su posibilidad de consumo a unas pocas horas por día, con lo cual no van a poder refrigerar alimentos ni atender a personas electrodependientes”. Recordó que “ya lo intentaron en los 90, y chocaron con las entidades defensoras del consumo que cuestionaron la legalidad, porque es indudable que altera el concepto de servicio público obligatorio, respaldado en el artículo 42 de la Constitución, que habla del acceso al consumo y la protección económica del consumidor”. 
Edenor, una de las distribuidoras cuestionadas, es parte del grupo Pampa Energía, que encabeza Marcelo Mindlin. El mismo grupo que acaba de concretar la compra de Iecsa (ingeniería y construcción), resolviendo al menos en apariencia un conflicto de intereses que involucraba al presidente de la Nación. Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, era el dueño visible de la empresa antes perteneciente al grupo Socma-Sideco, beneficiada por la adjudicación de diversas obras públicas.
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28 de marzo de 2017

EL ENDEUDAMIENTO TREPARÁ A 60 PUNTOS DEL PIB AL FINALIZAR 2017
La deuda sube por ascensor
Cuando asumió Macri, los pasivos del Estado representaban 37 puntos del PIB. A fines de 2016 esa proporción llegó al 53 por ciento y cuando termine este año trepará al 60, en una dinámica insostenible a mediano plazo.
Luis Caputo, ministro de Finanzas, es el responsable de las emisiones de deuda del Gobierno.
El nivel de endeudamiento trepará hasta el 60 por ciento del PIB al finalizar 2017. Si el Gobierno de Mauricio Macri avanza con el programa de financiamiento desplegado en el Presupuesto, la deuda externa habrá trepado 10 puntos porcentuales durante los primeros dos años de mandato. El exponencial crecimiento experimentado en los pasivos externos estuvo destinado a financiar el déficit de la cuenta corriente y la fuga de capitales, mientras que una porción fue acumulada por el Banco Central. “Una parte de este endeudamiento se debe al escaso entusiasmo que por ahora manifestaron los capitales internacionales tras el cambio de gobierno”, expresa un informe del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. El documento publicado ayer advierte que, más allá de las señales de alarma asociadas al incremento del peso de la deuda en relación al producto, la sustentabilidad de la deuda exige observar otros factores como la composición de los tenedores de los títulos, la moneda en la que se emitió la deuda, el resultado comercial, la evolución del tipo de cambio, la dinámica de precios y el nivel de reservas, entre otros factores. 
“Los riesgos de embarcarse en un proceso económico basado plenamente en el endeudamiento externo superan los potenciales ‘beneficios’ (supuestas mejoras en infraestructura pública, supuesta atracción de inversiones extranjeras, etc.), más aún cuando se tiene en cuenta que se está asimismo alterando peligrosamente la composición de la deuda en términos de los tenedores de esos títulos, de la moneda y la legislación (extranjerización en todos estos aspectos), revirtiendo así los logros alcanzados en la gestión previa en materia de desendeudamiento nacional, soberanía política e independencia económica”, advierte el ODE-UMET al referirse al incremento en la vulnerabilidad asociada a la metamorfosis del stock de la deuda externa.
“Luego del vertiginoso proceso de apertura de la economía y del fracaso de las políticas pro-mercado del gobierno macrista, que no han hecho más que acelerar el proceso de fuga de capitales, el endeudamiento se ha convertido en el respirador artificial que mantiene con vida al actual modelo económico”, señalaron en su último informe los responsables del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET. En 2016, el nivel de endeudamiento en relación al PIB pasó de 49,5 por ciento a fines de 2015 hasta 53,1 por ciento en 2016. 
Un elemento relevante, explican desde el ITE de la Fundación Germán Abdala, es que la metodología que (desde siempre) emplea el área de Finanzas para calcular el PIB en dólares utiliza el último dato disponible del tipo de cambio de cada año. Esto significa que, para el ratio de deuda de 2015, el tipo de cambio fue de 13,01, es decir, un valor posterior a la devaluación que implementó el Gobierno de Mauricio Macri. De utilizar el tipo de cambio al 10 de diciembre, previo al salto cambiario, el ratio de deuda a fines de 2015 era de 37 por ciento, lo que implica un aumento de 16,1 puntos porcentuales entre un año y otro. La ley de Presupuesto habilitó para 2017 un endeudamiento similar al del año pasado que, si se convalida, provocaría que el ratio pase de 53,1 a 59,9 por ciento en diciembre próximo.
Las advertencias del ITE y ODE-UMET adquieren relevancia ya que en el primer bimestre de 2017 la demanda de dólares para atesoramiento y turismo consumió la mitad de los fondos obtenidos por el Estado nacional a través de la colocación de títulos en moneda extranjera y la solicitud de préstamos a bancos internacionales. El Ministerio de Finanzas y el Banco Central tomaron deuda por una suma cercana a los 18.000 millones de dólares mientras que la dolarización de carteras y las divisas compradas para viajes se ubicaron en términos brutos en 9000 millones de dólares. 
El informe de ITE sostiene que “la velocidad con la que el nuevo gobierno está llevando a cabo su política de endeudamiento hace necesario seguir de cerca este frente” y enfatiza que “el ratio entre la deuda y el PIB está muy influenciado por la dinámica de los precios y del tipo de cambio, además del monto nominal de la deuda y el crecimiento de la economía”. Ante un escenario de ingreso de deuda y/o de capitales privados, con la consecuente apreciación real del tipo de cambio y algo de crecimiento, “este ratio probablemente muestre un crecimiento moderado en los próximos años, pero eso no significa que dicha dinámica sea sostenible, dado que la acumulación de deuda y el incremento de sus intereses podrían derivar en una devaluación real del tipo de cambio, que elevaría rápidamente ese ratio, como ya sucedió en experiencias previas”.
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EL DESEQUILIBRIO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS AUMENTÓ 60 POR CIENTO EN FEBRERO CONTRA EL AÑO PASADO
Pese al ajuste, el déficit crece por menos ingresos
El rojo fiscal aumentó en 2016 y lo hace a un ritmo superior este año. Los recortes de gastos que aplica el Gobierno no alcanzan a compensar los menores ingresos por la recesión. Sube el peso de los intereses de la deuda.
Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, repitió la fórmula de contestar las malas noticias con la promesa de un futuro mejor.
Pese al ajuste del gasto y al aumento del endeudamiento para tapar baches presupuestarios, el Gobierno continúa sin poder mostrar un recorte del desequilibrio fiscal. El Ministerio de Hacienda informó ayer que las cuentas públicas arrojaron en febrero un déficit primario, previo al pago de intereses de la deuda, de 26.747 millones de pesos, un 60,7 por ciento por encima del resultado de igual mes del año pasado. La caída en la actividad redujo los ingresos tributarios y el recorte del gasto no fue suficiente para compensar esa pérdida. En el bimestre el rojo fue de 23.160 millones de pesos, 45,6 por ciento mayor en términos interanuales, debido al impacto del blanqueo en los ingresos de enero, que permitieron obtener superávit fiscal. El pago de intereses en el primer bimestre del año creció 81,4 por ciento respecto de igual período de 2016, siendo la erogación que más se incrementó debido a la fuerte emisión de bonos del año pasado. La suba se concentró en los pagos de intereses que se realizaron en enero, mientras que febrero exhibió una baja de 16,5 por ciento interanual. El déficit financiero tras el pago de intereses aumentó un 46,1 por ciento en enero y un 56,4 por ciento en el bimestre, ambos contra el año pasado. 
En una economía estancada desde hace más de un año, el ajuste sólo está complicando más la situación. El gobierno de Cambiemos asumió con un déficit heredado de la administración anterior del 3,9 por ciento, mientras que al año siguiente (2016) lo elevó al 4,6 por ciento, con blanqueo incluido. La promesa inicial era que el rojo quedaría en 4,2 por ciento, pero luego el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, justificó la suba por el programa de reparación histórica para los jubilados, aunque lo que recibió la clase pasiva estuvo lejos de lo prometido.
La cartera que conduce Dujovne comunicó que las cuentas públicas arrojaron un déficit 26.747 millones de pesos para febrero, mientras que en el bimestre acumula un rojo de 23.160 millones. El menor monto del acumulado responde a que en enero el gobierno tuvo un ingreso excepcional de fondos proveniente de la penalidad (impuesto) sobre el blanqueo, que le permitió cerrar el primer mes con un superávit primario de 3587 millones de pesos. De todos modos, el peso de la deuda ya se había hecho sentir en el primer mes del año y el déficit financiero fue de 5555,9 millones de pesos, un 65,4 por ciento por encima de igual mes del año anterior. El déficit financiero, luego del pago de intereses, fue de 30.000 millones de pesos en febrero y de 35.556 millones en el bimestre, con subas de 46,1 y 56,4 por ciento, respectivamente. 
“El nuevo gobierno vino con un plan de ajuste que no pudo aplicar en su totalidad, en muchos casos por impericia. Por ejemplo, despidió personal de planta de dependencias públicas con años de antigüedad y los reemplazó por gente sin experiencia y salarios más altos. El resultado es que cayó la calidad del personal en los distintos puestos pero aumentó la masa salarial”, explicó el economista y ex secretario de Comercio, Augusto Costa, en diálogo con PáginaI12. El ex funcionario sostuvo que, como alternativa, “se disparó el endeudamiento”. “Va a ser el típico fenómeno en que aumenta la toma de la deuda y el peso de los intereses gana participación en el gasto del Estado”, agregó Costa. 
El déficit primario de febrero se compone de un incremento de los recursos fiscales de 35.811,5 millones de pesos, el equivalente a 35,6 por ciento interanual, mientras que el gasto primario aumentó a 45.915,9 millones o 39,1 por ciento. Estas cifras excluyen la transferencia de utilidades desde el Banco Central y los intereses generados en operaciones de financiamiento dentro del sector público. En el bimestre los ingresos crecieron 38 por ciento, a 84.447 millones de pesos, apuntalados por el blanqueo, mientras que los gastos treparon 38,5 por ciento, equivalente a 91.705 millones  de pesos. En el bimestre el gasto que más aumentó fue el pago de intereses, unos 12.396 millones de pesos, que representó un 81,4 por ciento más que en 2016. Esta cifra, debido a una nueva metodología de cómputo, no contempla el pago de intereses por 7495,3 millones de pesos del Tesoro a otros organismos.
“La economía no crece y en medio de un problema de déficit de las cuentas públicas, la receta del macrismo es ajustar. Pero lo que sucede es que caen más lo ingresos de lo que se busca bajar en egresos, con lo cual volverán a recurrir al endeudamiento. Ya estamos hablando para este año de un piso de emisión de 40.000 millones dólares y el efecto del blanqueo se va a ir desvaneciendo frente a un cronograma de reducción de la alícuota de bienes personales”, detalló Costa. El ministro Dujovne insistió en que el déficit de casi 23.200 millones de pesos en el primer bimestre “sigue siendo consistente con nuestra meta de 58.500 millones” hasta marzo inclusive. Para ese trimestre habrá nuevamente ayuda del plan de exteriorización de capitales. “En marzo se espera un buen ingreso de fondos del blanqueo, al ser éste el último mes del Régimen de Sinceramiento Fiscal”, advierte un informe de la consultora Ecolatina.
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DENUNCIAN A MACRI POR UN DECRETO SOBRE LA ISLA DEMARCHI
Otro negocio privado
Pino Solanas presentará hoy una denuncia acusando a Macri y a Marcos Peña de cambiar el objeto de la Isla Demarchi para favorecer proyectos inmobiliarios sin aprobación del Congreso.
La Isla Demarchi, 12 hectáreas al sur de Puerto Madero, será destinada a proyectos inmobiliarios.
El presidente Mauricio Macri sumará una denuncia penal por otro decreto de su gobierno. El senador Fernando “Pino” Solanas presentará hoy ante la justicia federal un escrito contra Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, por el delito de abuso de autoridad al considerar que buscan cambiar el objeto de parte de la estratégica Isla Demarchi para destinarlo a proyectos inmobiliarios privados sin aprobación del Congreso y respaldado en un decreto-ley de la dictadura. “Es la concepción privatista que ‘se puede hacer cualquier cosa’ y destinar el espacio público del Estado a jugosos negocios inmobiliarios”, sostuvo Solanas a PáginaI12.   
“Equivocadamente se supone que el Poder Ejecutivo tiene facultades para disponer de bienes público sobre la base de la Ley 22.423 dictada por la dictadura militar, pero no se tiene en cuenta que la autorización al Ejecutivo para vender bienes del Estado, conferida por el artículo 1º de la citada norma, se efectuó debido a la inexistencia del Congreso Nacional durante ese régimen. Pero durante la existencia de un gobierno democrático esa ley es claramente inconstitucional, y no puede servir de fundamento alguno para disponer de los bienes públicos”, dice el escrito que Solanas presentará hoy en los tribunales federales de Comodoro Py.
“Es una monstruosidad que el Ejecutivo disponga de los bienes del Estado sin el consentimiento y aprobación del Congreso”, dijo Solanas a este diario y agregó: “bueno ya modificó por decreto leyes nacionales, otra barbaridad”. “¿Qué dirán ahora los defensores de la calidad institucional republicana como la Coalición Cívica y la UCR?”, se preguntó.   
El decreto 153 de Macri del 9 de marzo de 2017 modifica el destino de parte de la Isla Demarchi –prevista para la logística portuaria y la industria naval– para cederlo como “Polo de Desarrollo Urbano, consistente en la ampliación y/o mejora de la infraestructura urbana existente en dicho inmueble y en las zonas aledañas, la incorporación y la promoción de inversiones en el área, la actividad inmobiliaria y la construcción de obras nuevas y/o remodelaciones en la zona (sic)”. 
La Isla Demarchi es un predio de 12 hectáreas ubicadas al sur de Puerto Madero limitada por la avenida Dellepiane, la Reserva Ecológica, el Río de la Plata, la desembocadura del Riachuelo y la Dársena Sur. Allí “funcionan la Escuela de Capacitación del Sindicato de Obreros Marítimos, empresas de dragado y la Escuela Nacional Fluvial, habiendo más de 600 trabajadores en la zona, que se verán perjudicados por el decreto presidencial”, dice la denuncia. Incluido el  Complejo  Industrial  Naval Argentino (Cinar) –creado en 2008.- con la integración del privatizado y quebrado astillero Tandanor y el taller Almirante Storni (ex  Domecq García).
El predio alcanza también la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. El decreto presidencial le abre las puertas a un viejo proyecto de Irsa, “Solares de Santa María”, donde la compañía de negocios inmobiliarios diseño un lujoso complejo cerrado con marinas propias y salida al Río de la Plata. Una iniciativa que nunca logró sortear con éxito la legislatura porteña. Su frustrado último intento fue en diciembre del año pasado. 
“El Poder Ejecutivo, dispone a su arbitrio de bienes del Estado para destinarlos a la inversión privada y la creación de una infraestructura inmobiliaria, que significa un verdadero negocio para todas aquellas empresas que se dedican a la construcción”, dice la denuncia.
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REPUDIAN LA DIFUSIÓN DE UN VIDEO SOBRE LA “MEMORIA COMPLETA” EN UNA ESCUELA PÚBLICA DE LA BOCA
Cuando los asesinos son llamados héroes
Los padres del colegio Carlos Della Penna denunciaron que entre las actividades por el 24 de marzo se exhibió un video anónimo promovido por las agrupaciones de “memoria completa”. La dirección de la escuela consideró que el hecho fue “inapropiado”.
Los padres reaccionaron ante la avanzada de los apologistas de la dictadura.
Desde hace unas semanas, comenzó a circular un video en las redes sociales que no tiene autoría conocida pero fue promovido por las agrupaciones de familiares de represores. Allí, entre otras cosas, se llama “héroes” a los genocidas condenados. Preocupados porque en los colegios  se habla del terrorismo de Estado y de los crímenes cometidos durante la última dictadura, el mensaje de los apologistas de torturas y asesinatos reclamaban: “pedí que en tu escuela te cuenten la historia completa”. En la escuela pública “Carlos Della Penna” de La Boca les hicieron caso. Los padres denunciaron que durante el acto por el 24 de marzo se mostró el video anónimo que reivindicar la teoría de los dos demonios y habla de “guerra”. 
  Se trata de un video de 4 minutos en el que supuestamente se busca mostrar “lo que no se enseña en los colegios” y “la historia completa”. Con la Marcha de San Lorenzo de fondo y un estilo que quiere parecer didáctico, lo que realmente se muestra es la habitual defensa de los represores: sostiene que los genocidas “accionaron repeliendo y aniquilando a quienes sembraron el terror” y afirma que esos “héroes” están presos en la actualidad “por el gran negocio de los Kirchner”.
 Según reportó el portal Sur Capitalino, desde la dirección de la escuela mandaron una nota a las familias –los padres pidieron explicaciones y repudiaron la proyección– en la que consideran que el video fue “inapropiado”. “No deja en claro que los sucesos que acontecieron durante la última dictadura militar son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, cometidos desde el Estado, según la Corte Penal Internacional, y por lo tanto exceden a las lecturas partidarias”, dice la escueta nota sobre el contenido mostrado en el acto, que por otra parte, contradice el contenido de todos los materiales elaborados por el ministerio de Educación para trabajar en las escuelas realizados en los últimos años. Aunque el secretario de derechos humanos, Claudio Avruj, ya afirmó que esta gestión se propone “revisar los contenidos educativos de la historia de esta Argentina reciente”. Justo, lo mismo que se pedía en el video anónimo.
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EL FRENTE PARA LA VICTORIA PIDE LA INTERPELACIÓN DE LA CANCILLER SUSANA MALCORRA Y DEL MINISTRO DE DEFENSA, JULIO MARTÍNEZ
Por más armas, con la excusa de las “amenazas globales”
El embajador Martín Lousteau solicitó a legisladores de Estados Unidos la aprobación de una extensa lista de armamento bélico.
Según Martín Lousteau, el Gobierno “busca la ayuda de Estados Unidos para combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”.
El bloque de Diputados del Frente para la Victoria pidió la interpelación de la canciller Susana Malcorra y del ministro de Defensa, Julio Martínez, a partir de la difusión de una carta del embajador en Washington, Martín Lousteau, en la que solicita una extensa lista de armamento bélico a Estados Unidos por una suma que superaría los dos mil millones de dólares. Desde el Ministerio de Defensa aseguraron a este diario que la compra nunca se efectuó, con la excepción de 12 helicópteros para entrenamiento de la Fuerza Aérea. También advirtieron que no existen los recursos para comprar esa cantidad de armamento. El embajador en Washington hace lobby en esa misma carta para que se incluya a la Argentina en el presupuesto estadounidense de asistencia a operaciones extranjeras. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que el “combate del terrorismo” que se anuncia puede involucrar a la Argentina en conflictos que afecten su seguridad nacional. 
 El programa de la señal C5N conducido por el periodista Roberto Navarro dio a conocer una carta de Lousteau del 16 de junio de 2016. La misiva iba dirigida al senador demócrata Peter Visclosky, quien integra la estratégica subcomisión de Defensa en el Congreso estadounidense, que autoriza o rechaza la venta de armamento militar a otros países. Lousteau se comunica en relación con “los requerimientos de las Fuerzas Armadas argentinas de equipamiento para propósitos de defensa, además de misiones de paz”. Le recuerda a Visclosky que el tema lo conversaron en una reunión con los diputados Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, en un viaje que hicieron ambos a unas jornadas del FMI. “La Argentina busca la ayuda de Estados Unidos para mejorar su capacidad para enfrentar amenazas globales urgentes como combatir contra flagelos como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”, afirma Lousteau.
El embajador en Washington hace lobby en esa misma carta para que se incluya a la Argentina en el presupuesto estadounidense de asistencia a operaciones extranjeras. Menciona una partida presupuestaria que se aprobó en julio de 2016 (un mes después de que mandó esa carta) y que cuenta con 52 billones de dólares para equipamiento militar. El texto de esa partida presupuestaria deja en claro que EE.UU. destinó dinero a Irak, Afganistán, México, Colombia, pero no a la Argentina.
Por último, Lousteau entregó al congresista cuatro anexos con equipo requerido por las Fuerzas Armadas argentinas. Le sigue un extenso listado de más de 100 items, que incluye tanques, aviones, helicópteros, misiles y demás elementos bélicos. Consultados por este diario, en la Cancillería no confirmaron ni desmintieron el contenido de la carta del embajador.
Desde el Ministerio de Defensa, advirtieron que nunca se concretó una compra de semejante cantidad de armamento, ni tampoco se va a concretar.
“De Defensa nunca salió esto. No hay ninguna posibilidad. No existe esa plata. Para la situación económica que tenemos es un delirio”, se sinceró con este diario un funcionario del ministerio. Sí admitieron que, de la lista publicada, se está avanzando en la compra de 12 aviones Texan T6 para entrenamiento de la Fuerza Aérea. En la lista aparecen mencionados 24 de esos aviones. “Nos ofrecieron 24, pero estamos cerrando la compra de 12. Se bajó a la mitad porque no alcanzaba la plata”, indicaron en Defensa. 
En el ministerio aseguraron que el costo total de esos aviones será de 180 millones de dólares, que se pagarán en cuotas durante cinco años.
En tanto, este diario intentó consultar al diputado Amadeo sobre su visita al congresista estadounidense, pero se negó a dar información al respecto:
–Perdoname, pero no voy a hablar con vos –afirmó Amadeo.
–Ni le dije el tema por el que lo llamo...
–No sé por qué te interesa hablar con un tipo del que escribiste las cosas que escribiste. 
–¿A qué se refiere, concretamente?
–No recuerdo en este momento, pero el aroma no es bueno. Además seguro me llamás por lo de Navarro que es una enorme boludez. 
–¿Esta es la forma en la que dialoga habitualmente con la prensa?
–Yo hablo con todos, pero también soy libre –afirmó antes de cortar la comunicación. En tanto, Laspina no respondió a los llamados de este diario.

Juegos de guerra

El bloque kirchnerista, que conduce Héctor Recalde, reclamó que se cite a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores para que “ratifiquen o rectifiquen el proyecto del gobierno de adquirir armamento de uso militar por más de 2000 millones de dólares a los Estados Unidos para combatir el terrorismo”. “Queremos saber a qué terrorismo piensa el gobierno combatir. Nos preocupa porque el gobierno continúa con su política de criminalizar la protesta social y nuestro temor sea que la etapa que se viene sea la represión”, indica el comunicado. Además, indicaron que “si existe hipótesis de conflicto con algún país vecino como oposición y la sociedad en su conjunto tenemos el derecho de saberlo”.
En tanto, la ex presidenta advirtió que no se planeó una compra así ni durante la dictadura con la guerra de Malvinas. “¿Para qué destinar semejante cifra a la compra de armamento, cuando se suspende la entrega de medicamentos en el PAMI; se eliminan programas sociales, educativos y de salud; se les mezquina a docentes y científicos; se ahoga selectivamente a muchas Provincias y podría seguir con una larga lista?”, sostuvo CFK, quien también cuestionó el cierre de “programas de desarrollo de industria nacional”.
La ex mandataria cuestionó que se compren armas con el fin de una “lucha contra el terrorismo”. “Nuestro país no tiene ni puede tener una hipótesis de conflicto similar a las que se desarrollan en otras regiones del planeta. –indicó– Para ser más precisos aún: nuestro país es el único país, junto a Estados Unidos, que en el continente americano sufrió la acción del Terrorismo. AMIA y la Embajada de Israel son los dos atentados, junto al de las Torres Gemelas, que tuvieron lugar en territorio americano”. La ex presidenta advirtió que “la operación de compra de armamento para guerra convencional, sumada a la declaración pública de que es para la ‘lucha contra el Terrorismo’, nos introduce de lleno en el plano geopolítico en una hipótesis de conflicto que no sólo nos es ajena, sino que pone en peligro la seguridad nacional”. Consideró irresponsable “introducir a la Argentina en conflictos que no le son propios”, algo que “puede ocasionarnos problemas y dolores que tenemos la obligación de tratar de evitar que sucedan”.
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El lamentable tuit de Osvaldo Bazán que tuvo que borrar rápidamente

El periodista que trabaja en Radio Nacional realizó un comentario muy fuera de lugar sobre la interminable discusión sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, que luego tuvo que eliminar por las reacciones negativas que obtuvo.

A menos de una semana de un nuevo aniversario de la última dictadura cívico militar, con la lucha incansable de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que tuvieron una gran movilización para recordar a los 30 mil desaparecidos, parece que para algunos periodistas está bueno jugar con esta cuestión. 
Osvaldo Bazán tuvo un comentario bastante desagradable en Twitter en relación al número de desaparecidos, luego de haberse demostrado ante los funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri que pusieron en duda esta cuestión, parece que algunos siguen sin entenderlo.
Luego de las críticas y los comentarios negativos contra su 'tuit', el periodista decidió borrarlo de su Twitter. 
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