26 de abril de 2017

Insólito: el titular macrista de la Oficina Antilavado tiene su dinero en paraísos fiscales

Mariano Federici, quien fuera convocado por Mauricio Macri para encabezar la UIF, fue denunciado en el marco de una investigación periodística por acumular su capital monetario en un paraíso fiscal que estaría ubicado en la isla de Curazao: un islote autónomo del Reino de los Países Bajos ubicado en el corazón del Caribe.


Una increíble denuncia se dio en el marco de una investigación periodística llevada a cabo por el sitio El Disenso, contra quien -por su cargo sobre todas las cosas- debería dar el ejemplo.
Se trata de Mariano Federici, abogado argentino que se desempeñaba en las filas del Fondo Monetario Internacional y que fue convocado por el presidente para dirigir la Unidad de Información Financiera.
El bautismo de Federici en los medios se dio el año pasado, después de que el jurista justificara la evasión y la fuga de divisas, al sostener que es "entendible" la situación del "ciudadano que decide proteger sus ahorros". Ahora se entiende por qué lo dijo.
Según consta en la denuncia pública, la Declaración Jurada de Federici presentó algunos detalles que llamaron poderosamente la atención de los periodistas.
Por ejemplo, que declaró poseer una Land Rover Defender (camioneta valuada en más de medio millón de pesos) por el valor de $0,01. Además, declaró tener dinero en el país por $1.200 y el 50% de una casa de más de 200 metros cuadrados en EEUU por el valor de unos 70 mil dólares. 
Pero lo que más llamó la atención es que declaró hacerse con la suma de casi dos millones de pesos en Castlerigg International Limited, un fondo que -según Federici- opera en Estados Unidos. 
Pero en realidad se trata de una empresa instalada en un paraíso fiscal: el País de Curazao. Una isla ubicada en el corazón del Caribe que pertenece al Reino de los Países Bajos.
Diario Registrado
PESE AL ANUNCIO DEL GOBIERNO DE MACRI DE HABER CERRADO EL CAPÍTULO CON FONDOS CARROÑEROS, LOS JUICIOS SIGUEN
Buitres que siguen litigando contra Argentina
El juez Thomas Griesa convocó al “mediador” Daniel Pollack para que el Gobierno cierre un acuerdo con grupos de cinco fondos buitre que no aceptaron las condiciones de hace un año. Hubo intentos de embargos sobre activos argentinos.
Juez Thomas Griesa emitió una orden para que Argentina y los fondos buitre alcancen un acuerdo.
Los fondos buitre siguen merodeando alrededor de Argentina. A un año del oneroso pago a los acreedores carroñeros, un grupo cinco de fondos minoristas continúan litigando contra en país por bonos de la deuda que no ingresaron al acuerdo. El más importante de esos demandantes, HWB Alexandra Strategies Portfolio, intentó a embargar sin éxito a comienzos de mes dos motores de los helicópteros presidenciales que estaban siendo reparados en una fábrica de General Electric en Ohio. El juez neoyorquino Thomas Griesa emitió anteayer una orden para que las partes encuentren una solución. Para eso volvió a convocar a un viejo conocido: el mediador Daniel Pollack. 
Las oficinas del letrado volverán a convertirse en el escenario de las conversaciones entre los buitres minoristas que pretenden cobrar alrededor de 160 millones de dólares por sus bonos y los funcionarios del Ministerio de Finanzas. También fueron convocados representantes de la empresa de clearing europea Euroclear a quienes los buitres comenzaron a presionar en los tribunales. Existen otras negociaciones abiertas con holdouts que todavía no accedieron a los generosos términos propuestos por el país el año pasado. 
“La Corte ha dicho en numerosas ocasiones que estos casos deben ser resueltos. La Corte dirige a las partes, así como Euroclear, a comparecer ante el Special Master en un esfuerzo por resolver el litigio”, señala la orden firmada por Griesa el lunes. Desde el equipo del ministro Luis Caputo consideran que se trató de una decisión favorable. “El juez les dice dejen de hacer pedidos aislados en distintos tribunales de Estados Unidos y que se sienten con el mediador para alcanzar un acuerdo. Es una buena noticia para el país”, explicaron desde Finanzas. 
Los colaboradores de Caputo consideran exigua la diferencia entre la pretensión de los acreedores y la oferta oficial. Por eso, aseguran que alcanzarán un acuerdo y terminarán con el renovado hostigamiento de los acreedores minoristas. El buitre HWB radicado en Luxemburgo representa los intereses de un grupo de acreedores alemanes que rechazó el año pasado la oferta argentina. La orden para sentarse a negociar alcanza además a las firmas Drawrah Limited, NW Global Strategy, Schmidt y UVA Vaduz.
El fin de semana que pasó se cumplió un año de la emisión de bonos por 16.500 millones de dólares que fue utilizada por el Gobierno de Mauricio Macri para cancelar el acuerdo con los acreedores carroñeros. Los buitres que rechazaron ingresar a los canjes de 2005 y 2010 representaban el 7,6 por ciento de toda la deuda en cesación de pagos desde finales de 2001. Fortalecidos por el sesgo del juez Griesa, ese grupo minoritario de tenedores de bonos, títulos que fueron adquiridos en su mayoría después del default, comenzaron a accionar contra el país en la justicia estadounidense. Mientras que el 92,4 por ciento de los bonistas aceptaron una importante quita, reducción de intereses y extensión de los plazos, los grandes fondos carroñeros pretendían cobrar el ciento por ciento de las acreencias adquiridas a precio de remate. Intentos de embargo a bie- nes del Estado y el bloqueo al pago de los intereses de la deuda fueron las principales herramientas concedidas por el magistrado a los grandes fondos litigantes. 
Con la decisión de abandonar la política de desendeudamiento y la obsesión por lograr la reinserción plena del país en los mercados financieros internacionales, el acuerdo se hizo inminente. Encabezados por el desplazado Alfonso Prat-Gay las negociaciones comenzaron incluso antes de la asunción de Macri. A finales de febrero se alcanzó el acuerdo más relevante con el fondo NML Capital que encabeza Paul Singer. Los términos del convenio se aprobaron en el Congreso y los primeros pagos se concretaron a las 10 de la mañana del viernes 22 de abril. Singer y sus clientes habían pagado 177 millones de dólares por todos sus bonos argentinos y recibieron 2426,6 millones de dólares: una rentabilidad global de 1270 por ciento, sin contabilizar los honorarios de sus asesores legales que también fueron asumidos por el país.
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LA CIUDAD QUIERE QUE SE JUBILE LA RECTORA DEL COLEGIO MARIANO ACOSTA
El castigo por denunciar
Después de que denunciara la presencia de policías en la escuela, Raquel Papalardo recibió un pedido del Ministerio de Educación porteño para que tramite su jubilación. La rectora explicó que antes le habían autorizado la continuidad hasta fin de año.
La policía ingresó en el Mariano Acosta el jueves pasado, cuando había una clase pública.
El Ministerio de Educación porteño le pidió a la rectora del colegio Mariano Acosta, Raquel Papalardo, que presente los papeles para jubilarse. El llamado ocurrió luego de que ella denunciara, el jueves pasado, el sorpresivo envío de policías de la Ciudad a la escuela, cuando los alumnos se preparaban para dar una clase pública sobre el conflicto docente. “Me llama la atención que esto haya sucedido inmediatamente después de que hicimos esta denuncia para proteger a los alumnos”, señaló Papalardo. En este sentido, se dijo preocupada por el contexto institucional del país.
La rectora explicó que está en edad de jubilarse y que tiene esa decisión tomada. Sin embargo, aclaró, las autoridades de Educación conocen que cuenta también con una comisión gremial de Ctera que le otorgó una licencia en sus horas cátedra para dedicarlas a la rectoría, lo que implica su permanencia hasta el próximo diciembre. “Tengo firmada esta continuidad hasta diciembre de 2017 por la subsecretaria y el viceministro”, detalló. Así, el llamado para preguntar “dónde están los papeles de la Anses” no le resultó difícil de decodificar: un mensaje de que se vaya “cuanto más rápido, mejor”.
El jueves pasado, los alumnos del turno mañana del Mariano Acosta organizaron una clase pública para respaldar el reclamo docente de que el Gobierno convoque a la paritaria nacional. Poco antes del comienzo de la actividad se presentaron cuatro policías en moto. La rectora se acercó a preguntarles qué pasaba. Le respondieron que los habían mandado de “Operaciones” porque se iba a hacer una marcha y que si los jóvenes salían a la calle ellos tenían la obligación de cortar el tránsito. Papalardo les aclaró que nadie saldría a la vereda, pero los policías se negaron a retirarse. 
Se hizo la clase pública; el turno mañana se fue y entraron los alumnos de la tarde. Cerca de las 14.30 se presentó en la secretaría de la escuela un agente de la comisaría 7ª; dijo que le habían “avisado” que habría una marcha y un corte de calle. La rectora nuevamente explicó que no era así. Un docente notó que el policía había entrado a la escuela armado y le pidió que se retirara. “Estoy cumpliendo con mi deber”, sostuvo el policía, haciendo evidente otra vez que había sido enviado. Mientras se iba, un alumno lo fotografió, la foto fue subida a las redes sociales, la imagen del uniformado armado dentro del colegio se viralizó. Todo esto generó mucha ansiedad entre los padres, que reclamaron una explicación a las autoridades del colegio.
Al día siguiente, en el colegio se realizaron asambleas de padres en los dos turnos, y la comunidad educativa decidió presentar una denuncia en la asesoría tutelar del menor. En teoría, ayer la policía debía dar una respuesta oficial a esta demanda. Al cierre de esta edición, los padres no habían sido notificados de que la hubieran presentado; en cambio, Papalardo recibió el llamado para adelantar su jubilación.
“Todo esto nos genera genera mucha preocupación como docentes”, dijo anoche Matías Zalduendo, maestro del Acosta y además secretario de Derechos Humanos del gremio UTE. “Raquel Papalardo tiene una historia en defensa de la educación pública, una trayectoria que la acompaña. Ha sido clave en la lucha por las becas estudiantiles, en el conflicto por la caída de los techos, ha defendido a los docentes de Monte Castro cuando intentaron separarlos del cargo. Si se tiene que ir de la escuela, queremos que sea por su decisión, en los tiempos que corresponden, no por una intimidación del gobierno. Además nos sorprende que, en este marco, la ministra de Educación, Soledad Acuña, no haya venido al colegio para hablar sobre lo que sucedió con la policía”.
“Muchos padres, yo me incluyo, hemos tenido en Raquel un referente de mucho peso institucional. Ha impulsado proyectos inclusivos, como la radio, y ha sido motor de un montón de actividades que a muchos padres nos parecen muy importantes. Le da identidad y coherencia al Mariano Acosta. Estuvo de licencia y sentimos mucho su ausencia; estos hechos se dieron en la primera semana que volvió de la licencia, y es algo que nos llama también la atención”, apuntó Silvina Hermosa, presidenta de la cooperadora. 
Para este viernes, a las 12.30, estaba prevista una clase pública sobre violencia institucional, organizada por la comunidad educativa. A esa actividad se sumará ahora la novedad del pedido de jubilación inmediata.
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25 de abril de 2017

''Echar empleados públicos no lo voy a hacer jamás'', afirmó Alicia Kirchner

La gobernadora santacruceña explicó los alcances del ahogo financiero al que el Gobierno Nacional somete a la provincia patagónica.


“Yo entiendo a la gente de mi provincia cuando no puede cobrar el sueldo en tiempo y forma. Si bien los sueldos de quienes ganan menos los hemos priorizado y hoy solo nos resta pagar a los jubilados que ganan más de 60 mil, y así hemos ido avanzando, o a los judiciales, la gente debe cobrar los sueldos porque la economía se tiene que mover”.
Son palabras de la gobernador Alicia Kirchner, quien por estos días y meses se ve aquejada por dos frentes, en realidad dos caras de la misma moneda: el desfinanciamiento al que somete a Santa Cruz el Gobierno Nacional y los trabajadores estatales de la provincia que protestan porque no cobraron sus salarios. Lo segundo, claro está, deriva de lo primero.
Sin embargo, la gobernadora advirtió que “solamente con los sueldos de la administración pública no se puede” reactivar la economía de la provincia, que sufre como pocas la brutal caída del consumo y la recesión que desataron las políticas implementadas desde el gobierno de Mauricio Macri.
“Necesitamos que se reactive la obra pública,  que se ejecute el plan previsto de la red de gas, las redes que faltan del interconectado”, añadió la mandataria provincial por radio LU14, ratificando lo que venía siendo noticia: que el Gobierno Nacional paralizó toda la obra pública en Santa Cruz.
Pero el ahogo al que el macrismo pretende hacer llegar a la provincia también tiene su lado oculto, lo que Alicia Kirchner denominó “desfinanciamiento invisible”. Eso también afecta a la provincia. Recarga en los costos de lo que ya no llega, como por ejemplo los remedios que debe costear la provincia, la ayuda que debe darse desde el Ministerio de Desarrollo Social. Todo eso es lo invisible que también impacta en los números de la provincia y altera el equilibrio”.
Y más que oculto, el lado oscuro del ‘apriete’ macrista sobre Kirchner apunta a que la mandataria tenga “un plan serio”, es decir, que avance en el ajuste sobre las espaldas de los trabajadores santacruceños: “¿Qué es un plan serio? Lo que le pidieron a un intendente de Cambiemos de echar gente, la verdad es que eso yo no lo voy a hacer jamás. La sostenibilidad del empleo es fundamental”.
Diario Registrado
Peña promete y el Indec lo desmiente
“En los próximos meses se va a notar”, dijo el jefe de Gabinete al volver a prometer ante el Senado una baja en la inflación y una recuperación de la actividad económica. Casi en simultáneo, el organismo estadístico oficial informó que la economía volvió a retroceder en febrero.
El jefe de Gabinete Marcos Peña presentó su informe de gestión ante el Senado y renovó sus repetidas promesas de una recuperación económica para este año. "Vemos ahora un 2017 en donde estamos convencidos que la Argentina va a crecer", dijo el funcionario, quien auguró que el país "va a salir de esta situación de estancamiento".
Mientras Peña reiteraba sus pronósticos y destacaba que en enero el Indec midió una suba del 1,1 por ciento en la actividad económica, el organismo oficial informó que en febrero ese rubro volvió a la tendencia negativa y cayó 2,2 por ciento en forma interanual. El Estimador Mensual de Actividad Económica mostró también una caída de 1,9 por ciento en febrero respecto a enero.
Ya el Indec había derrumbado las metas oficiales de inflación a mediados de mes, cuando informó que los precios subieron 2,4 por ciento en marzo. "Estamos convencidos que en los próximos meses se va a notar la fuerte baja de inflación que va a ayudar a consolidar el camino de crecimiento", insistió igualmente el jefe de Gabinete. También ratificó que se cumplirá la meta inflacionaria del 17 por ciento en el año fijada por el Banco Central.
En su informe ante el Senado, Peña aceptó que "hay sectores productivos con más complicaciones que otros, como las pymes". Y justificó: "Sabíamos que la transición económica iba a llevar a una etapa más compleja y compartimos la preocupación". Sostuvo que el mayor desafío del Gobierno de Mauricio Macri para los próximos meses es la reducción del déficit fiscal y reclamó "separar la paja del trigo" al advertir que los cierres de empresas y despidos no son todos "por razones macroeconómicas” sino que hay “casos de mala praxis empresarial".
Antes de las preguntas de los senadores sobre la situación económica del país, Peña dedicó su exposición de media hora a la política exterior de la alianza Cambiemos y afirmó que ocupar la presidencia del G20 desde 2018 será "el desafío más importante de la  política exterior en nuestra historia".  También se refirió a la crisis en Venezuela: advirtió que ese país vive un clima de "alta irregularidad institucional y de violación de los derechos humanos" y pidió que el tema se debata en el Congreso.
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Historia de la tapa: Un defensor de la familia (macri)
Macri sacó al procurador del Tesoro Carlos Balbín –acusado de “poco compromiso” en la defensa del Gobierno–, que debía dictaminar sobre el caso del Correo. El nuevo jefe de abogados del Estado será Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio defendió al Grupo Macri

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LA JUSTICIA LE DIO LA RAZÓN A LOS DOCENTES
Vidal deberá devolver lo descontado por los días de paro
Un fallo de la justicia platense ordenó devolver "inmediatamente" el dinero descontado a los maestros por los días de huelga y que el plus por presentismo ofrecido por la gobernadora a los maestros que no se plegaran al paro, sea considerado como un adelanto de futuros aumentos.
La justicia de la Plata hizo lugar al reclamo de los docentes bonaerenses y le ordenó al gobierno de María Eugenia Vidal que devuelva “inmediatamente” el dinero descontado a los maestros por lo días de paro. También falló en contra del plus por presentismo que ofreció la gobernadora para los docentes que no habían adherido a la huelga, ese monto deberá ser tenido en cuenta como adelanto de futuros aumentos.
El juzgado en lo contencioso administrativo número 2 de La Plata falló a favor de la filial bonaerense del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), que denunció a la provincia de Buenos Aires por violar en una comunicación oficial “precedentes medidas cautelares que ordenaron al gobierno provincial abstenerse de ejecutar todo acto que altere, restrinja, limite o afecte la libertad de los trabajadores de la educación".
Los maestros hicieron referencia a la Comunicación 53 de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (Dipregep), que planteaba la devolución del subsidio a las escuelas donde los docentes se adhieran a las medidas de fuerza convocada por el gremio. El fallo firmado por la jueza María Ventura Martínez reconoció ese punto y le exigió al gobierno provincial que reponga las subvenciones que hayan sido recortadas.
El fallo además le ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia que "se abstenga de producir descuentos por los días de paro". "En caso de haberlos efectivizado, esos descuentos deberán ser devueltos de forma inmediata, e idéntica figura se aplicará para el caso de los subsidios a establecimientos privados", sostiene el escrito.
El fallo también fue categórico sobre el plus por presentismo que Vidal ofreció a los docentes que no se adhieran a las huelgas. La jueza determinó que dicha gratificación deberá considerarse "a cuenta de futuros aumentos a fin de mantener la igualdad remunerativa".
"Esa decisión sostuvo el derecho constitucional de los trabajadores de la educación a manifestarse y realizar medidas directas y de acción sindical de acuerdo con la ley", dijeron desde Sadop en un comunicado. Desde el sindicato ratificaron "la defensa de los derechos laborales" y reclamaron "condiciones dignas de trabajo" en la actividad.
Para Silvia Almaxan, secretaria de Educación de Suteba, este nuevo fallo incluye a los docente de todos los sindicatos. "Ya había habido un fallo para que el Ejecutivo se abstenga de hacer acciones que delimiten o alteren derechos de trabajadores y organizaciones sindicales en el marco de las negociaciones salariales. Sin embargo, siguieron descontando, ilegal y arbitrariamente, hasta a maestras con licencia por maternidad. La devolución que ordena este fallo, en definitiva, le exige al Gobierno que cumpla con el fallo anterior", explicó Almaxan al ser consultada por este diario.  
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El gobierno vino a incumplir las leyes nacionales y a patear la constitucion, es una verguenza no estudiaron .

El titular de Aerolíneas reconoció que es “posible” una reprivatización
Mario Dell’Acqua adelantó que la compañía debe “reducir costos” y admitió la posibilidad de que Aerolíneas vuelva a manos privadas. “El objetivo es sacar a Aerolíneas del mercado aerocomercial”, denunció Mariano Recalde.
El presidente de Aerolíneas Argentinas anunció que la compañía seguirá recortando gastos con “todos los empleados a bordo”. Durante una entrevista en el diario La Nación, Dell'Acqua contestó que “es posible” una reprivatización aunque agregó que “no estamos de ninguna manera estudiándolo”.
El reemplazante de Isela Costantini brindó detalles del plan de negocios de Aerolíneas, que dentro de poco contará con la competencia feroz de las compañías low cost. “Reducir los costos es viable, va a ser viable y lo vamos a hacer”, advirtió.
Dell'Acqua remarcó que uno de los compromisos que asumió es bajar los fondos que aporta el Estado para el sostenimiento de la empresa. “El año pasado logramos bajar (los aportes del Estado) a 320 millones de dólares y este año, con 180 millones de dólares, vamos a realizar todas las operaciones y vamos a seguir en este proceso de crecimiento”. 
El ex presidente de la compañía, Mariano Recalde, por su parte, denunció que "el objetivo final es sacar a Aerolíneas del mercado aerocomercial para reemplazarla por las empresas privadas vinculadas al Gobierno”, entre ellas Avianca, que desembarcó en la Argentina tras la compra de una subsidiaria aeronáutica del Grupo Macri, y Fly Bondi, una low cost cuyos dueños tienen vínculos comerciales con el vicejefe de Gabinete y ex directivo de LAN, Mario Quintana.
“Así empiezan a promover el ingreso de empresas privadas que, además, son propiedad de los funcionarios del Gobierno. Empiezan a vaciar, a perjudicar a Aerolíneas Argentinas para beneficiar a otras empresas privadas que no van a cumplir un rol social”, añadió.
Recalde también se refirió a las afirmaciones de Dell’Acqua, quien había asegurado que le daba “dolor de estómago” el tamaño de la oficina de la presidencia de Aerolíneas que había dejado la gestión anterior. “Lo que a mí me preocupa y me da dolor de estómago es lo que dijo Dell'Acqua respecto de que Aerolíneas se puede privatizar. Con una tranquilidad y liviandad tiró esa bomba que pocos medios levantaron", señaló.
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¿Y el congreso?
RANDAZZO LISTO PARA LA PRECANDIDATURA
La revancha de las PASO con el respaldo del Evita
La interna del peronismo bonaerense va cobrando forma. Florencio Randazzo anunció mediante un documento conjunto con el Movimiento Evita, el MASA, algunos intendentes del Grupo Esmeralda y diputados del bloque Justicialista su decisión de competir en las PASO. Por otro lado Daniel Scioli participó de un acto con Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi, el sector más cercano al kirchnerismo.
El exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo dio el paso definitivo hacia su precandidatura al solicitar la realización de internas partidarias en agosto, tras conseguir el respaldo de los senadores del PJ, el Movimiento Evita y otros sectores del peronismo. "La unidad del peronismo para enfrentar al modelo económico de Cambiemos sólo puede construirse a través de las PASO", aseguró. 
El exministro se expresó a través de un documento acordado durante una reunión en sus oficinas del Palacio Raggio, donde reunió a algunos de los intendentes del Grupo Esmeralda, que vienen construyendo la candidatura desde hace meses, a representantes del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), entre ellos el diputado del bloque Justicialista Oscar Romero, y a referentes del Movimiento Evita como Fernando "Chino" Navarro. 
Randazzo convocó a construir un armado político con "todos, dentro y fuera" del justicialismo para "ser partícipes de una propuesta superadora, que defienda el interés del conjunto de la población, especialmente de los más humildes".
Con la convocatoria a las PASO, el exministro confirmó su intención de participar en la disputa electoral de octubre en las que buscaría una banca en el Senado. "Cuando decidieron los dirigentes, sobrevino la derrota, por eso es necesario que decida la gente", apuntó, en referencia a la consagración de Daniel Scioli para las presidenciales de 2015.
Entre los invitados en el Palacio Raggio también estuvo el ex presidente de la Cámara de Diputados y ex precandidato a gobernador Julián Domínguez, quien perdió la interna bonaerense de 2015 con el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y anticipó sus intenciones de participar de las legislativas. 
"Este espacio recogió el sentimiento de angustia, dolor y sufrimiento en los sectores más golpeados por las políticas económicas desarrolladas en los últimos 15 meses", se posiciona el espacio encabezado por Randazzo, que la semana pasada consiguió la foto con los senadores del PJ, encabezada por el presidente del bloque, Miguel Ángel Pichetto, y Juan Manuel Abal Medina, cercano al Movimiento Evita. 
Entre los intendentes del Grupo Esmeralda presentes para el lanzamiento de Randazzo faltó el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El exdiputado, que encabezó la lista del Frente para la Victoria en 2013, eligió participar esta tarde de un encuentro en Lanús con el exgobernador Daniel Scioli y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, lo que perfila al sector más cercano a la expresidenta Cristina Kirchner.
Horas antes del pronunciamiento de Randazzo, el "Chino" Navarro confirmó que el Movimiento Evita, que conduce junto al referente social Emilio Pérsico, apoyará la candidatura del ex ministro de Transporte. "Absolutamente", sentenció el dirigente del Movimiento Evita, que en 2015 optó por respaldar a Scioli.  
"En la medida que ganemos las PASO, esperemos que nos acompañen, y si perdemos vamos a acompañar, la democracia es así", sostuvo Navarro, en diálogo con Radio 10, y aseguró que "el adversario no está dentro del peronismo, el adversario es el propio (presidente Mauricio) Macri".
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La verdad es que yo me jugué por Randazo y no entendí porque Cristina lo dejo de lado poniendo a un  Scioli desvalorizado por sus reuniones con Magñeto y sus indecisiones e indefiniciones, pasado el tiempo quedo claro el porque
Randazo insiste en ponerse del lado oscuro, cedió gente para Vidal esta cerca de  Bossio, Pichetto, Aval Medina etc.
En cuanto al movimiento Evita el nombre ya le quedo grande, no se cuanta de su gente aun esta con sus dirigentes.

24 de abril de 2017

Lo que Macri quería escuchar: el FMI le recomienda reducir el empleo público

El Fondo sugiere para nuestro país una fórmula sufrida por los argentinos: reducir el “gasto” en empleados y “reformas en los sistemas de pensiones y de salud”.


En su último informe fiscal publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), titulado “Logrando más con menos” y en el que hace referencias concretas a la Argentina, proyecta para nuestro país déficit fiscal cercano al 4 por ciento para el fin del mandato de Mauricio Macri.
En ese sentido plantea como una de las necesidades del Gobierno la “reducción estructural” del empleo público y la puesta en marcha de un modelo de “atrición”, es decir la destrucción de puestos de trabajo en el sector público sin reemplazar los lugares vacantes.
El organismo sugiere “generar ahorro por medio de la mejora de los objetivos de gasto público y el incremento de la eficiencia”, planteando para la Argentina “una reducción estructural del empleo público”, según reproduce el diario BAE.
Incluso propone “rastrear y controlar a los empleados públicos y emprendiendo un censo para identificar trabajadores ‘fantasma’ e implementando un sistema basado en la atrición”; esto es, despedir empleados sin buscar reemplazo para ese puesto vacante.
Pero el FMI, organismo que envía directrices que el gobierno de Macri parece recibir con los brazos, va más allá, advirtiendo que “en algunos países avanzados y en economías emergentes reformas en los sistemas de pensiones y de salud podrían mejorar tremendamente el perfil fiscal”.
Diario Registrado
PARO NACIONAL DE 24 HORAS DE TRANSPORTE DE LÁCTEOS
Sin leche en todo el país
El Sindicatos de Camioneros y la Federación de Choferes realizan una medida de fuerza de 24 horas para reclamar contra los despidos y suspensiones de la empresa Sancor. Hoy no habrá distribución de lácteos en todo el país.
l sindicato de Camioneros inició esta madrugada una jornada de paro de 24 horas que afectará la distribución de leche en todo el país para reclamar el fin de los despidos y de las suspensiones de los trabajadores de la empresa Sancor. La medida de fuerza incluye tanto el cese de distribución de los productos lácteos hasta los puntos de venta como el ingreso de materia prima láctea hacia las plantas. “Hoy no se reparte leche en todo el país”, confirmaron desde el sindicato a este diario.
“Es contra los despidos y suspensiones que está llevando a cabo la empresa láctea Sancor. Cabe recordar que ya nos hemos manifestado por este mismo motivo y contra esta misma firma, la cual está llevando adelante un ajuste a costa de los trabajadores, preparando un vaciamiento de la misma”, informaron desde el sindicato en un comunicado.
El sindicato y la Federación de Choferes, que dirigen Pablo y Hugo Moyano, realizan el paro nacional de toda su división de distribución de lácteos como respuesta a los despidos en Sancor. “Estamos al frente de cada lucha en defensa del derecho de nuestros compañeros”, agregaron. Según informaron desde el sector, la crisis de Sancor dejó 500 trabajadores despedidos de distintos gremios y dos mil camioneros que no cobraron el sueldo de febrero. 
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Lamentable que se haya que hacer estas cosas para evitar los despidos y el desguase de las empresas, pero sin duda no se pueden quedar quietos, mucho mas lamentable tambien es que peleen en soledad y la CGT no acompañe.

AMENAZA DE FRACTURA EN EL OFICIALISMO POR EL PACTO DE MACRI-CARRIÓ
Heridos en la alianza
Tras el acuerdo para que Carrió encabece la lista de diputados, la UCR porteña ratificó su apoyo a la candidatura de Lousteau y reclamó ir a las PASO. La UCR nacional cargó contra el comité Capital.
Macri quiere a la titular de la CC al frente de las candidaturas porteñas.
A la cuenta regresiva le quedan 52 días, momento en el que vencerá el plazo para inscribir las alianzas electorales en todo el país. Sin embargo, la última semana dejó en una situación más que crítica a la sociedad entre la UCR, el PRO y la Coalición Cívica. El acuerdo entre Mauricio Macri y Elisa Carrió para que la chaqueña encabece la lista de diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires abrió un conflicto de consecuencias todavía impredecibles, que amenaza con una fractura en el principal bastión político del Presidente. Tras el pacto Macri-Carrió, la conducción del comité Capital de la UCR, encabezada por Emiliano Yacobitti, ratificó su apoyo a la postulación de Martín Lousteau y volvió a reclamar que se utilicen las elecciones primarias (como sucedió en 2015) para definir los candidatos de Cambiemos. “Quieren proscribir a Martín y apropiarse de Cambiemos”, denuncian los radicales que acompañan al economista. “Los que necesitan a Lousteau son los dirigentes que apuestan a la clandestinidad del radicalismo en la Ciudad”, disparan desde el sector de la UCR alineado con Ernesto Sanz, el tercer socio fundador de Cambiemos.
La crisis política del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires venía germinándose hace meses y tiene origen en la génesis misma de la alianza, allá por 2015. En marzo de aquel año, después de un fuerte debate interno, la UCR a nivel nacional decidió en la Convención de Gualeguaychú construir Cambiemos. Para la elección de jefe del gobierno porteño de aquel año, Lousteau armó su propio frente (ECO), integrado por la UCR Capital, la Coalición Cívica, el socialismo y Graciela Ocaña, sin el PRO. Entre la primera vuelta y el ballottage se constituyó Cambiemos para la elección de diputados nacionales. En ese momento, la UCR presentó su propia lista, la Coalición Cívica hizo lo suyo y el PRO también. El macrismo sacó el 84 por ciento de los votos de la coalición y se quedó con todos los cargos.
Ahora y ante una nueva elección de diputados nacionales, los radicales recuerdan esa experiencia y defienden el derecho de presentar un candidato propio en las PASO. Lo hacen con el acta constitutiva de Cambiemos en la Ciudad bajo el brazo: “Los precandidatos a diputados nacionales deberán estar afiliados a algunos de los partidos políticos integrantes de esta alianza distrital o ser extrapartidarios”, dice el texto firmado por los tres partidos para la elección de 2015.
Si bien esas condiciones tenían validez sólo para la votación pasada ya que las alianzas electorales caducan una vez terminada la elección, en la última convención nacional de la UCR (realizada el 3 de abril de este año) ratificó esos términos. El documento aprobado por unanimidad por la máxima autoridad partidaria dejó dos puntos que prácticamente parecen escritos para la situación de “Capital Federal”. Dice el artículo 2º, inciso 3º: “únicamente podrán denominarse ‘Cambiemos’ aquellas alianzas transitorias distritales que integre la Unión Cívica Radical”. Esto les deja un camino abierto para la impugnación judicial en caso de que el PRO y la CC quieran inscribir la alianza en el distrito con ese nombre. “Si lo hacen, lo vamos a impugnar. Hasta ahora se trata de un conflicto político pero, si no se resuelve, a partir del 14 de junio va a ser un conflicto político y jurídico”, le ratificó a PáginaI12 una fuente radical que se sabe de memoria el cronograma electoral.
El otro punto de la convención nacional de la UCR que le marca la cancha a la situación porteña es el inciso 5º del mismo artículo 2º. Dice: “En aquellos distritos donde se constituyó ‘Cambiemos’ para las elecciones del año 2015, las actas constitutivas y reglamentos electorales para las elecciones del año 2017 deberán establecer las mismas condiciones que las acordadas en el año 2015 respecto a los requisitos de los precandidatos. En caso de que no se cumplan las condiciones establecidas en este inciso por expresa reticencia de las demás fuerzas que componen Cambiemos, la Unión Cívica Radical del respectivo distrito estará autorizada a constituir otras alianzas políticas siempre que adhieran a los acuerdos político-programáticos nacionales”. Este punto encaja exacto en la situación porteña y remite al derecho del comité Capital de impulsar a Lousteau (un extrapartidario).
En ese marco, los radicales que lo apoyan tienen ahora dos opciones: ante la decisión unilateral del PRO y la Coalición Cívica de impedir la participación de Lousteau pueden aceptar el veto a su candidato y formar parte de Cambiemos (negociando lugares en las listas para otros dirigentes) o presentarse por afuera y arriesgarse a perder por un amplio margen. Por ahora, la estrategia apunta a levantar el veto, tratar de retener a los otros socios que integraron ECO en 2015 y, en todo caso, hacerles pagar a la CC y el PRO el costo político de romper Cambiemos. “Respetamos a Elisa Carrió, por eso le pedimos que respete a la UCR y no se apropie de Cambiemos. Los radicales, como socios fundadores de Cambiemos, nos merecemos elegir a nuestro representante en las PASO. No PROscriban a Lousteau”, lanzó el viernes por la noche el legislador Juan Nosiglia, hijo del histórico Enrique “Coti” Nosiglia y uno de los dirigentes más cercanos a Yacobitti. Este sector se reunió el martes pasado en un típico restó palermitano, La Bandurria, en donde ratificaron su posición pese al pacto Macri-Carrió. Estuvieron desde Coti Nosiglia y Rafael Pascual (ex presidente de la Cámara de Diputados) hasta Mariano Genovesi (apoderado del partido) y los legisladores Hernán Rossi, Marcelo Guouman, María Patricia Vischi, entre otros.
“Nosotros nos juntamos en el salón La República y ellos en La Bandurria”, advertía con acidez un dirigente que participó del lanzamiento de la agrupación Radicales en Cambiemos: la línea interna está formada por Jesús Rodríguez, Facundo Suárez Lastra y Ricardo Gil Lavedra, entre otros. Ellos comparten la oposición a la figura de Lousteau y, sobre todo, el alineamiento con el macrismo a nivel nacional. Aseguran que Graciela Ocaña, quien compitió con Lousteau en la primaria de ECO, está más cerca ahora de acordar con el PRO que de seguir junto al ex ministro. “Hay una oposición muy sistemática que no puede tener un oficialismo enclenque y dividido por ambiciones personales”, advierte Suárez Lastra.
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Las inconsistencias del Banco Central
Los especialistas afirman que la entidad conducida por Federico Sturzenegger ha demostrado improvisación y desconocimiento en sus operaciones de mercado, lo que incrementó la incertidumbre y no sólo no ayudó a bajar la inflación sino que adicionó algunos puntos de más con sus maniobras.
Producción: Javier Lewkowicz

Movimiento errático

Por Juan Matías De Lucchi  *
El Banco Central ha demostrado improvisación y desconocimiento en sus operaciones de mercado. Por ejemplo, recuérdese cuando en una primera etapa se había trazado el objetivo inútil de controlar la base monetaria. Mientras racionaba adelantos transitorios, al mismo tiempo se veía forzado a inyectar liquidez en el sistema para compensar la caída de los depósitos del Tesoro. La impericia monetarista no solo descuidó la tasa de interés sino que generó un innecesario e inoportuno estrés cambiario a tan solo dos meses de una fuerte devaluación. Cuando el dólar llegó a 16 en la primera semana de marzo, el BCRA pegó el volantazo fijando la tasa de Lebac en 38 por ciento e interviniendo fuerte en el mercado de cambios. Sin dudas, este movimiento errático le adicionó algunos puntos de más a la inflación.  
Un año después, los problemas operativos persisten. Veamos lo ocurrido recientemente. La tasa de Lebac ha operado en la práctica como un “techo” y la tasa de pases pasivos como un “piso” para las fluctuaciones de las tasas interbancarias (el precio mayorista del dinero). El “techo” se daba  porque un banco que necesitaba liquidez podía desarmar su cartera de Lebac a una tasa de descuento menor antes que tomar nuevos fondos a una tasa de interés mayor. Sin embargo, éste corredor implícito comenzó a modificarse cuando se aplicó formalmente el sistema de metas de inflación a comienzo de año. Desde entonces, el BCRA mantenía constante su “tasa de referencia” (el centro del corredor de pases a 7 días) mientras bajaba pasivamente la tasa de Lebac (cometiendo un error similar al de enero-febrero de 2016). Así, lo que había sido un “techo” se transformó en un nuevo “piso”. De esta manera, en un contexto de amplia liquidez, el BCRA perdió virtualmente el control de la tasa de interés cuando las tasas de mercado cayeron por debajo de su objetivo. Como si fuera poco, por otro lado, redujeron los requerimientos de encajes bancarios con el objetivo de inducir una suba de las tasas de plazos fijos cuando la experiencia sugiere precisamente lo contrario (dado que los encajes actúan como costos). El nuevo volantazo se dio esta vez cuando el BCRA salió decididamente a vender Lebac en el mercado secundario para subir las tasas que luego se plasmaron también en el mercado primario.
 De todas formas,  más allá de los tecnicismos, las inconsistencias teóricas preocupan más. El Banco Central, creado por Raúl Prebisch, “no entiende” la diferencia entre inflación de costos y de demanda. Así, sigue confiado en que fijando la tasa de interés real en el nivel de la inobservable tasa “natural” (4-5 por ciento, según afirman) la inflación bajará. Sin embargo, las experiencias regionales de metas de inflación han operado a través de un canal diferente al postulado por teoría convencional. No se trataba de regular los excesos de demanda agregada con la tasa de interés real, sino de inducir los flujos de capitales y el dólar con la tasa de interés nominal. Fue a través de los mercados financieros que los bancos centrales controlaron la inflación. 
No obstante, parece difícil que la experiencia argentina pueda replicar aquel proceso. Por un lado, sin la política monetaria “no convencional” de la Fed no es razonable suponer un debilitamiento estructural del dólar. Por el otro, con una tasa de inflación mensual de 2 por ciento es difícil imaginar un dólar cayendo mas allá de la coyuntura de muy corto plazo (mucho menos después del reciente anuncio de llevar las reservas al 15 por ciento del PIB).  
En otras palabras, como el tipo de cambio nominal no puede ser apreciado persistentemente con el objetivo de contrarrestar la presión inflacionaria, sino al menos, evitar que suba para que no se torne en sí mismo una fuente adicional, los aumentos en el costo del financiamiento (o simplemente, costo de oportunidad) pueden eventualmente trasladarse a precios además de afectar aún mas el consumo.  
* Magister en Economía (UFRJ), docente en UNM y MDE-Unsam.

Pocos resultados

Por Arnaldo Bocco *
En la semana que pasó aún sin proponérselo el gobierno de Cambiemos terminó de acumular una serie de datos sobre su gestión a lo largo de 16 meses que dejan en evidencia los saldos de una modificación drástica de la política económica y las complicaciones que viven en el interior del propio gobierno. El tema de mayor gravitación en la política aplicada puede resumirse en los escasos resultados para bajar la inflación a partir de un sistema utilizado por el BCRA con limitaciones que lo ponen al borde de la inutilidad. Metas de inflación, publicitado por economistas ortodoxos como un camino para resolver la inflación, no es sino una instancia en la formación de expectativas pero que ha creado muy pocos resultados en nuestra reciente experiencia.
El lector se preguntará por qué Estados Unidos lo desechó y por qué el Banco Central Europeo lo utiliza con tan graves consecuencias en las economías europeas. Quizás al BCE le sirve como disciplinador de los déficits fiscales y los negocios bancarios que lo financian, pero poco influye sobre la recuperación de sus economías.
En nuestro caso ha llevado a crear un gran problema en una economía con graves desajustes, muchos de ellos de difícil manejo en el corto plazo. En primer lugar, ha propiciado elevadas tasas que inducen a la pesificación de carteras de inversores tenedores de activos en moneda extranjera, creando una masa de Letras y títulos en el banco central que, ante una eventual crisis, supera la tenencia de reservas como para atajar una fuga en masa.
Adicionalmente, esa cantidad de Lebacs, que atrae a propios y extraños a este sistema de ahorro, le genera un déficit cuasi fiscal al Estado que equivale a mas del 1 por ciento del PIB y arrasa contra en patrimonio del BCRA achicándolo día a día y fulminando las ganancias que antes disponía el Tesoro y ahora el sistema convirtió en pérdidas. En otras palabras, suma al déficit fiscal agregado del gobierno que con las provincias y el BCRA lo acercan al 8 por ciento del PIB y no es inducido por otra cosa que la ausencia de rigor para manejar la  inflación y la administración fiscal.
La tasa enfrió la economía, bajó el consumo agregado –gracias al set de políticas adicionales adoptadas por otras áreas de gobierno–, aprobaron una apertura económica que introdujo productos en cantidades como para frenar la inflación doméstica, pero nada de eso trajo como resultado una reducción de la inflación. La caída, después el exuberante 42 por ciento de 2016, promueve una tasa para este año de 26 por ciento, con un desplome de la industria y otras ramas como el comercio y los servicios.
El sistema está debilitado, la producción manufacturera cayó, algunos sectores tienden a desaparecer y pese a ello, lo que el gobierno exhibe como éxito es el padecimiento que las clases medias y populares, como buena parte del sector de pequeñas y medias empresas, viven como pesadilla. La inflación lleva la canasta de bienes salario a cifras que derrumban a las economías familiares, y la caída del consumo desploma también la recaudación fiscal.
Sin dudas fue nada menos que el FMI en dos ocasiones y en dos semanas seguidas el vocero de los mercados que le señala al gobierno errores serios. En el Davosito, que coincidió con la huelga de la CGT, Lipton dijo en público que si no hay mayor actividad y recuperación de la demanda, la economía se verá en problemas. En la semana que termina hace dos días, el comunicado en Washington previo a la reunión del primavera del FMI hizo público datos de inflación de casi 26 por ciento para este año y mas de 18 por ciento para el próximo.
Imagino que esta cifras de suyo ya son una desautorización explícita al modelo BCRA, que destruyen expectativas de lograr esa quimera 12/17 por ciento. Peor aún desde hace pocas semanas el mismo organismo le señala al gobierno que corrige mes a mes los datos de crecimiento estampados en el Presupuesto colocándolo a la baja en forma permanente. Dando a entender que pasados los tres primeros meses, esa baja no tiene piso.
Secaron la plaza y subieron las tasas y el BCRA impidió la recuperación de la economía, agudizó la regresiva distribución del ingreso a favor de sectores no productivos, alentó la especulación financiera y frena la discusión salarial en las paritarias lo que impide una recuperación del consumo y de la actividad económica.
Los cambios restituyeron la renta agraria, las tarifas y los precios pagados a las empresas energéticas subieron la renta petrolera y gasífera y las tasas y el endeudamiento aceitaron la renta financiera. Si lo vivimos en el pasado y fue negativo para la sociedad y no resolvió la inflación ni estimuló la modernización de la economía por qué en esta ocasión volver a ejecutar esa partitura supone que en lugar de escuchar una nueva melodía no vamos a repetir la misma del pasado, donde conocemos el final desafortunado.
* Director del observatorio de deuda externa de la Umet.
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Ordenan frenar el plan de convergencia
La pyme mendocina Cable Televisora Color obtuvo una cautelar que prohíbe el desembarco de las telefónicas en televisión, suspende la reatribución de espectro que pedía Clarín y le impide a DirecTV brindar Internet. Sospechan que Daniel Vila está detrás de la jugada.
“Frenar el proceso de convergencia es un error y atrasa”, aseguró a PáginaI12 Miguel de Godoy, titular de Enacom.
El juez federal de San Rafael, Eduardo Ariel Puigdéngolas ordenó frenar el desembarco de las telefónicas en el mercado de la televisión, suspender la reatribución de espectro que le permitiría al Grupo Clarín ofrecer telefonía móvil 3G y 4G y bloquear la posibilidad de que DirecTV ofrezca Internet. La decisión la tomo a raíz de una presentación judicial realizada por Cable Televisora Color (CTC) en donde la firma mendocina considera que es necesario proteger a cableras y radiodifusores “de una competencia distorsiva e inequitativa”. CTC es una empresa familiar que opera en las localidades de San Rafael, Tunuyán, San Carlos y Malargüe, pero en el sector la vinculan con el empresario mendocino Daniel Vila, quien tiene fuerte influencia sobre la justicia mendocina. Al ser un juzgado federal, la medida de no innovar rige para todo el país. PáginaI12 consultó al titular del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel de Godoy, quien prefirió no opinar sobre el fallo de la justicia, aunque aclaró que “frenar el proceso de convergencia es un error y atrasa”. 
En su fallo, el juez hace propios los argumentos de CTC al afirmar que el decreto 267/15 que le abrió las puertas a las telefónicas en el servicio de la TV paga afecta a las cableras ya que “les impediría competir con los gigantes entrantes; no habiéndose dictado disposición alguna ni estructurado medida o política alguna tendiente a paliar las notables desigualdades apuntadas con vistas a proteger el pluralismo que los cable operadores representan y ofrecen como agentes de cultura audiovisual”. Luego agrega que “el decreto 1340/16 agravaría la discriminación a la que diera origen el DNU 267/15, beneficiando a determinados prestadores de servicios TIC, frente a la normativa que regula un mercado en competencia al facilitar el acceso de las telefónicas al mercado de la TV paga con notable laxitud en cuanto a la permisión de ingreso y condiciones de prestación del servicio”. 
El magistrado sostiene que los artículos 4 y 5 del decreto 1340 “modificarían sustancialmente las condiciones de mercado existentes para la amparista (CTC)”. Por lo tanto, le ordena al Enacom suspender sus efectos y abstenerse de llevar a cabo los procedimientos allí previstos, “en tanto su implementación ocasionaría una lesión a los derechos de la presentante”. 
El artículo 4 es el que habilitó al Enacom a adoptar las normas que “aseguren la reatribución de frecuencias del espectro con compensación económica y uso compartido”, tal como había solicitado el Grupo Clarín para poder ofertar telefonía móvil 3G y 4G en las frecuencias que compró el año pasado a través de Nextel. A su vez, el artículo 5 es el que les dio luz verde a las telefónicas para ofrecer televisión a partir de enero de 2018 en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Santa Fe, mientras que en ese mismo artículo se aclaró que para el resto del país las telcos deberán contar con una autorización del Enacom, el cual considerará especialmente proteger a aquellas localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio sea prestado únicamente por cooperativas o pymes. El juez también ordena prohibir cualquier acto o norma que sea incompatible con los habilitados en las leyes 26.522, 27.078 e incluso en el DNU 267/15. La inclusión del decreto en ese punto parece destinada a evitar que DirecTV pueda brindar Internet. De hecho, se aclara expresamente la necesidad de mantener la inhabilitación de empresas de TV satelital para brindar servicios TIC. El fallo le apunta así a todos los grandes jugadores del mercado: Grupo Clarín, Telefónica, Telecom, Claro y DirecTV.
Jujuy: detienen a 17 policías por la irrupción en la universidad
Un grupo de 17 efectivos quedaron detenidos tras ser imputados por "allanamiento ilegal, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad", a raíz de la irrupción ilegal realizada el 13 abril a la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy. También fueron imputados el exjefe y el exsubjefe de la policía provincial.
El jueves 13 de abril a la madrugada una docena de policías con armas largas y sin identificación patearon un portón y entraron violentamente a un campus universitario.
Un grupo de 17 efectivos policiales fueron detenidos luego de que el fiscal Aldo Hernán Lozano los imputara por "allanamiento ilegal, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad" a raíz de la irrupción ilegal que realizaron en la noche del 13 abril a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Lozano sumó a la imputación el agravante por apremios ilegales, vejaciones y prolongación indebida de privación de la libertad cometida contra el presidente del Centro de Estudiantes y Consejero académico Estudiantil, Joaquin Quispe, y el estudiante Ignacio García.  
El fiscal de Investigación Penal N° 4 imputó también al exjefe de la policía provincial Aldo Soles y al exsubjefe Natalio Ruiz, quienes habían presentado su renuncia la semana pasada. Esta tarde, asumirá el nuevo titular de la Policía de Jujuy Ernesto Guillermo Corro, quien estaba en el cargo de Coordinador General de Seguridad en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Gerardo Morales. Las imputaciones contra Soles y Ruiz son por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En paralelo a la investigación por la irrupción en el edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias, la UNJu presentó una demanda penal a la gobernación de Gerardo Morales por el accionar ilegal de la policía jujeña. La decisión fue tomada por unanimidad el jueves pasado en una sesión especial del Consejo Superior, que rechazó las disculpas ensayadas por mandatario enrolado en Cambiemos. 
El jueves 13 a la madrugada una docena de policías con armas largas y sin identificación patearon un portón y entraron a un campus universitario donde se hacía un asado de bienvenida a nuevos alumnos. Joaquín Quispe, presidente del centro de estudiantes, fue el primer detenido, por preguntarles a los policías si tenían orden judicial. Ya en la seccional 1ra., por negarse a sacarse la ropa para ser requisado, lo asfixiaron levantándolo del cuello y cuando notaron que lo ahorcaban, esposado por la espalda, lo tiraron al piso y lo dejaron a la intemperie. Lo liberaron a las 10 de la mañana, sin permitirle hacer un llamado.
El episodio trascendió por la denuncia inmediata y la difusión de los videos que muestran a Quispe pidiendo que no lo lastimen. Frente al descargo del Ministerio de Seguridad jujeño, que sugirió que habían actuado para constatar una contravención por “ruidos molestos”, se produjo un repudio generalizado que incluyó a organismos de derechos humanos, universidades de todo el país, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y hasta la agrupación radical Franja Morada, que pidió sanciones para “el o los responsables de este irregular accionar”. Finalmente, el viernes por la noche, Morales pidió disculpas. 
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CRUCE ENTRE CRISTINA FERNÁNDEZ Y ROGELIO FRIGERIO POR LA SITUACIÓN DE SANTA CRUZ
“El ministro está confundido”
La ex presidenta advirtió que el Gobierno está ahogando financieramente a la provincia. Frigerio argumentó que Santa Cruz “hace 25 años es gobernada por la misma familia”, cuando en realidad Kirchner dejó la gobernación en 2003 y su hermana asumió en 2015.
Cristina Kirchner mostró los destrozos provocados por la protesta en la residencia oficial.
El macrismo y el kirchnerismo se cruzaron luego de los incidentes en Santa Cruz cuando un grupo de personas intentó ingresar en la residencia de la gobernación, donde estaban la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la gobernadora Alicia Kirchner. La ex mandataria, tras mostrar los destrozos que dejaron los manifestantes, responsabilizó al oficialismo por el ataque a la residencia y denunció que se busca ahogar financieramente a la provincia. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le respondió que “si tiene pruebas, las presente a la Justicia” y descartó una intervención federal de Santa Cruz.
En la noche del viernes, se conocieron las primeras noticias de que un grupo de personas que se había acercado a la gobernación fue reprimida por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo tres heridos, entre ellos, un reportero gráfico. La ex presidenta mostró luego en un video los destrozos que produjeron algunas de estas personas al ingresar a la gobernación: incluso, expuso una barricada que hicieron en la entrada con sillones y mesas para evitar que ingresaran, dado que estaban intentando romper la puerta. Destacó que adentro había cinco mujeres y su nieta, de 18 meses. Luego de los incidentes, hubo una movilización frente a la gobernación para repudiar la represión.
Tanto la ex presidenta como la gobernadora apuntaron contra el presidente Mauricio Macri: no sólo lo acusaron de organizar el ataque contra la residencia, sino que denunciaron un ahogo presupuestario a la provincia por parte del Gobierno de Cambiemos. Ayer la ex presidenta citó un artículo de este diario donde se informó que “desde que asumió Cambiemos, la provincia recibió un 85 por ciento menos de asistencia que en 2015. El freno a la obra pública provocó una caída del 25 por ciento del empleo en la construcción. En otros rubros como vivienda se envió cero pesos en 16 meses”. Actualmente, la gobernadora Kirchner tiene conflictos abiertos con los docentes, trabajadores de la salud, estatales y jubilados. Algunos de estos colectivos no solo reclaman por el atraso de sus sueldos sino porque no les pagan en término el salario.
A nivel local, el kirchnerismo responsabilizó al empresario y diputado Eduardo Costa, quien ayer salió a subir la apuesta: “Lo que está pasando en Santa Cruz, como lo que pasa en Venezuela, es el agotamiento de un modelo que persiguió el poder por el poder mismo. El Gobierno de Santa Cruz terminó reprimiendo a quienes solo reclaman que les paguen sus sueldos”, lanzó. Costa defendió al gobierno nacional y aseguró que le transfirió a Santa Cruz “adelantos financieros por 1170 millones de pesos” este año. “La única coherencia que les reconozco a los kirchneristas es que nunca dejan de mentir”, afirmó la diputada de Cambiemos Silvia Lospennato. 
En otra sintonía, el ministro de Justicia, Germán Garavano, condenó el ataque a la residencia y dijo: “Estuve el lunes con la gobernadora en Santa Cruz trabajando y ya lamentablemente se percibía una tensión social. Tuve un contrapunto con los trabajadores judiciales que estaban acampando y me formularon reclamos que excedían lo institucional y yo les contesté que había que ser respetuoso de la instituciones y que había que hacer un reclamo pacífico. Nunca me había pasado de sentir tanta tensión en la calle”.
La respuesta a las acusaciones estuvo a cargo de Frigerio, quien recordó que “el presidente Macri salió a condenar los hechos de violencia”. “Los reclamos son válidos porque la gente la está pasando muy mal, pero repudiamos los hechos de violencia”, afirmó el ministro. “No estamos evaluando intervenir la provincia, además no depende del Poder Ejecutivo”, advirtió sobre las versiones que señalaban que el ataque a la residencia y la posterior represión eran una forma de empezar a preparar el terreno para una intervención federal. El funcionario sí confirmó que se enviaron más policías a la provincia. 
Frigerio insistió, al igual que Costa, con que se está enviando ayuda económica a Santa Cruz, pero advirtió que Alicia Kirchner es quien “tiene que resolver esta situación”. Culpó a la “mala administración provincial” por lo que está ocurriendo. “Es cierto que heredó una situación compleja: nosotros también recibimos un país muy complicado, pero la diferencia es que estamos haciendo un cambio y la provincia hace 25 años que está gobernada por la misma familia”, apuntó.
“¿Qué?”, dijo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su canal de Telegram. “El ministro del Interior parece que está un poco confundido”, acotó. Su hijo, Máximo Kirchner, fue el encargado de responderle: “Desconoce o miente el ministro al afirmar que Santa Cruz fue gobernada durante los últimos 25 años por la misma familia. Quizás estas declaraciones le sirvan para las redes sociales, pero le restan seriedad a su calidad de ministro”, aseguró. “Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz doce años y dejó de ser gobernador el 25 de mayo del 2003 para asumir como presidente de todos los argentinos luego del desastre dejado por la Alianza conducida por De La Rúa”, recordó Máximo Kirchner, quien le recomendó a Frigerio “consultar con Patricia Bullrich o Federico Sturzenegger (ex funcionarios de aquel gobierno) el desastre económico en el que dejaron sumergido al país”.
Máximo Kirchner advirtió que Santa Cruz está pasando por la misma situación social que otras provincias, con la diferencia de que “se la somete a una asfixia producto de la miopía política de la claque que rodea al Presidente”. “No debería olvidar que el lunes siempre llega por más que cuenten con el beneplácito del poder económico, el blindaje del aparato mediático y la escudería judicial”, le señaló a Frigerio.
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