24 de agosto de 2016


Casi nula concurrencia a la convocatoria de militantes de cambiemos

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La cita era a las 18 hs y la consigna apoyar a la gestión de Mauricio Macri.


tambien el juez de Mar del Plata hizo su propia convocatoria y  sumo como 5 personas

Peña responde críticas 'de todos colores' en su informe para el Congreso

Con los vaivenes del tarifazo, los números de desocupación y una preocupante inflación como temas en carpeta, el jefe de Gabinete de Ministros brinda un informe de gestión ante el plenario de la Cámara de Diputados.

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña reconoció el error en los cálculos inflacionarios de la administración macrista y aseguró que "no le acertamos por tres meses", al tiempo que anticipó que "en marzo próximo la inflación interanual será del 25%", aunque ya resulte difícil de creer.

En relación al tarifazo, el ministro confirmó que impulsarán un cuadro tarifario con aumentos para el gas natural distinto al que motivó la intervención judicial, y que había tenido un tope de 400 por ciento. En ese sentido, Peña precisó que la cartera de Energía y Minería está trabajando en una "nueva propuesta" en consonancia con la oposición. 

"La foto de hoy es una foto que hay que mejorar. Tenemos un problema grande: por un lado una escasez energética y lo que seguimos creyendo que es un sistema tarifario injusto", manifestó justificando las subas.

Por otra parte Peña anunció que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer "el mes que viene" el índice de pobreza, cuya difusión se encontraba postergada por la intervención y desmantelamiento del macrismo en el organismo, que se encaró desde la asunción del Presidente.

El recinto recibió a Peña con todo tipo de críticas: desde el pedido que exige que la reforma electoral contemple la paridad de género, hasta fuertes discursos contra el ataque a las economías regionales (la diputada Maria Emilia Soria del FpV mostró una manzana chilena) e incluso con irónicas observaciones del diputado Alonso sobre el ''fuego'' que encontraron al asumir el Gobierno: ''Se equivocaron de herramienta, tenían que usar el matafuego y agarraron el lanzallamas''.
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Hablo mucho , no dijo nada


El segundo semestre se corrió para 2017

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó esta tarde en la Cámara de Diputados que para el 2016 el gobierno estima "una caída del 1 por ciento". Reconoció que “Argentina está en recesión” pero, dijo, “va a tener un proceso de mejora” y pronosticó que en el 2017 el país "volverá a crecer después de muchos años".
"Respecto de este año estamos estimando una caída del 1 por ciento", afirmó Peña, que remarcó que "aspiramos que sea una recesión mas corta y menos profunda que en el 2014", señaló Peña al brindar su segundo informe ante los diputados, en cumplimiento con el artículo 101 de la Constitución.
En respuesta a un planteo del diputado del FPV Axel Kicillof, el funcionario reiteró que "en los últimos 4 años no se creció", porque en ese periodo el promedio fue de "más 1" y "eso no es una meta de crecimiento que se pueda llamar como tal".
También consideró que “la baja de inflación ya es indiscutida" y aseguró que las metas del Gobierno para el segundo semestre del año para revertir la tendencia desfavorable se están cumpliendo. Mencionó que hay indicios de recuperación económica y que “el año que viene la Argentina volverá a crecer”. Además, apuntó que en materia de inversiones hay “25 mil millones de dólares de anuncios de invención privada”, por lo que pronosticó que hay “un cambio de tendencia que se va a consolidar mes tras mes”.
Por otra parte, anunció que el INDEC el mes que viene informará el índice nacional de pobreza, como este mes lo hizo sobre el nivel de desocupación, y confió que si bien “genera preocupación” en el Gobierno, afirmó que “el número de trabajo es el mismo que el año pasado, el 41 y pico” por ciento.
Sobre el índice de desocupación, Peña sostuvo que lo importante es la “honestidad intelectual del diagnóstico” y consideró que "según los números del INDEC, no hubo aumento del desempleo, sobre todo no hubo reducción del empleo". ""Nuestra mirada es que la cantidad de empleo que existe en la Argentina es la misma", completó y afirmó que "todas las medidas" tomadas durante estos 8 meses de gobierno estuvieron orientadas a "generar actividad y empleo".
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Balas de goma contra manifestantes en la autopista

Integrantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón y otras organizaciones sociales fueron reprimidos por Gendarmería y la Policía Bonaerense tras realizar un corte desde las 11 en el kilómetro 9 de la autopista Buenos Aires-La Plata para reclamar por puestos de trabajo y el aumento del pago de programas sociales.
La Gendarmería llegó al lugar quince minutos antes de las 15, hora en la que los manifestantes informaron que se levantarían el bloqueo. Sin embargo, el cuerpo de infantería de la Gendarmería escolatado por un camión hidrante avanzó sobre el grupo de manifestantes, cuando faltaban 5 minutos para la hora en la que se había informado el fin del corte, y luego respondieron con balas de goma a las piedras arrojadas por algunos participantes de la protesta.
Del operativo también participó la infanteria de la Policía Bonaerense que reprimió con disparos a las pocas personas que intentaron mantenerse sobre la colectora de la autopista.
"Ellos están en pleno conocimiento de que a las 15 termina nuestra manifestación, desde ayer lo informamos", había advertido un manifestante minutos antes del desalojo. "Estamos pidiendo trabajo porque la situación económica no da para más y nos mandan la gendarmería", lamento el hombre.
Luego de la represión, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a celebrar la actuación de las fuerzas de seguridad. "Lo advertimos y lo hicimos. Liberamos la autopista con Gendarmeria. Denunciaremos penalmente a todos los que cometieron delitos", escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.
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Desde la CGT pronostican "un horizonte de conflicto"

"Son dos partes de una tenaza que golpea indudablemente a los intereses que representamos", graficó el sindicalista Juan Carlos Schmid, flamante integrante del triunvirato de la CGT, respecto de los altos índices de inflación y la cifra de desocupación revelada ayer por el INDEC. Además, Schmid consideró que el gobierno de Mauricio Macri no tiene "los instrumentos ni el plan necesario como para que esto se revierta" por lo que avisoró "en este segundo semestre un horizonte de conflicto" con el Gobierno.
El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que no habló de movilizaciones ni paros generales, consideró que la tasa de desocupación del 9,3 por ciento informada ayer por el Indec "no es más ni menos que lo que ya veníamos señalando en nuestros documentos y uno de los principales reclamos que viene haciendo el sindicalismo argentino desde la movilización de abril (último)".
Schmid consideró que "va a pasar un tiempo largo para que se pueda encauzar todo esto" ya que "se cuentan de a cientos de miles los despidos que ha habido en estos últimos meses. En el sector informal es donde primero se sienten los efectos. Los primeros que perdieron el trabajo fueron los que tenían changas; fueron barridos durante los primeros meses".
Por último, el también secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento esbozó una crítica a la gestión kirchnerista al indicar que los datos del INDEC "ahora oficiales y sin maquillaje, ponen al descubierto el drama de la economía argentina".
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Macri le dio el sí a otra papelera en Uruguay

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, confirmó la puesta en marcha de un proyecto para la instalación de una nueva pastera de la empresa finlandesa UPM --la misma firma que levantó la fábrica de papel sobre el río Uruguay y desató un conflicto bilateral que llegó hasta la Corte de La Haya-- y aseguró que fue "excelente" la recepción del presidente argentino Mauricio Macri al recibir la información durante una charla telefónica.
La nueva planta se radicaría sobre el río Negro entre los departamentos de Durazno y Tacuarembó (centro del país) por lo que "la eventual contaminación se daría porque desemboca en el río Uruguay", explicó Tabaré, quien matizó: "está muy lejos". De todas formas, el mandatario charrúa señaló que le comunicó a los representantes de UPM la buena predisposición del mandatario argentino: "Hemos acordado que no van a existir inconvenientes por parte de la Argentina con Uruguay por la instalación de este nuevo emprendimiento".
Tabaré, quien se reunió ayer con los representantes de la firma finlandesa, precisó que la zona elegida para la instalación de la planta estará alejada del centro urbano para "cotemplar factores ambientales, sociales y de infraestructura", informó la web de la Presidencia.
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Córdoba, paralizada por marcha de trabajadores y gremios estatales

Sindicatos y trabajadores estatales cordobeses encabezan una protesta este miércoles que parará completamente la ciudad, que supo ser el mayor bastión de las últimas elecciones que pusieron a Macri como presidente. Reclaman los recortes jubilatorios y todas las medidas del Ejecutivo que perjudican a los trabajadores.

Córdoba es testigo de una masiva protesta de gremios y trabajadores estatales, con diferentes reclamos como bandera. Primero y principal: la anulación de los recortes jubilatorios impuestos por el gobernador Schiaretti.
Por eso planearon siete cortes simultáneos en el centro de La Docta, que pondrá en jaque completamente las actividades de la ciudad durante todo este miércoles, incluidos los servicios.
El Poder Ejecutivo provincial dispuso una batería de medidas que resintieron directamente en los trabajadores. Estas medidas implican una disminución del 10% promedios en los haberes de los estatales.
Los trabajadores piden la reapertura de paritarias, aunque ya el gobernador avisó que no concederá más aumentos de los que se dieron hasta el momento. 
Los hospitales también son objeto de reclamo, ya que tanto en el Neonatal, el Córdoba y el Neuropsiquiátrico sufrieron cortes de medicamentos e insumos.
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El fiscal Marijuan pidió indagar a Cristina y a Kicillof

A pesar de no haber encontrado cuentas ni indicios de la participación de la ex presidenta en la denuncia mediática de Lanata, en la que acusa a presuntos allegados a CFK de haber realizado movimientos en el exterior por 492 millones de dólares, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de Cristina y de Axel Kicillof.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner por la denuncia que formulara el periodista Jorge Lanata, denominada "Cristileaks" aunque no se probó vinculación alguna entre la denuncia y la ex presidenta, en la que acusa a presuntos allegados a CFK de haber realizado movimientos en el exterior por 492 millones de dólares,información que fue provista por los fondos buitre en una causa judicial de los EE.UU.

Según el fiscal, la ex presidenta habría cometido los delitos de "encubrimiento" y "omisión de denuncia" ya que, siempre según el programa de Lanata, el informe con los movimientos bancarios llegaron desde los EE.UU. hasta la Procuración del Tesoro, que conducía en ese entonces Angelina Abbona, y no se impulsó ninguna investigación.

Entre los mencionados como beneficiarios de esos movimentos figuran el hijo de Lázaro Báez, Martín, Federico Elaskar y Jorge Chueco, entre otros. En ningún momento aparecen mencionadas ni Cristina ni nadie de su círculo familiar, algo que, a pesar del título de la investigación ("Cristileaks") luego aclararon tanto Lanata como Nicolás Winazsky.

Marijuan, que pidió también la indagatoria de Axel Kicillof, al juez Sebastián Casanello.
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Tarifazo en el gas: los que pagaron tendrán que esperar para ver las devoluciones

Pese a que el Gobierno había anunciado de que en la próxima facturación las empresas de gas debían comenzar a efectuar las devoluciones a quienes hayan pagado con los aumentos que impuso Aranguren, ahora dicen que esperarían a hacer caja con los que todavía no abonaron ninguna factura desde el tarifazo.

En un nuevo giro en el esquema tarifario de los servicios, ahora las empresas anunciaron que no podrán devolver a quienes les cobraron con el esquema abusivo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, porque antes necesitan acrecentar la recaudación que no se efectuó en estos meses. 
Tras el fallo de la Corte, el Gobierno contempló que en las facturas que se emitan a partir de esta semana, las distribuidoras deben efectuar la devolución correspondiente a cada usuario que haya pagado con los aumentos, para los hogares, con los cuadros tarifarios vigentes al 31 de marzo. La devolución alcanza a los no residenciales que pagaron las boletas antes de que se estableciera un tope del 500% en relación con el monto abonado en igual período de 2015.
A su vez , las resoluciones 3960 y 3961 del Enargas que determinan los procedimientos, establecen que las empresas "deben brindar a los usuarios la posibilidad del pago de los montos adeudados en cuatro cuotas mensuales consecutivas, iguales y sin incluir intereses" debiendo establecerse el primer vencimiento en setiembre.
Algunas distribuidoras plantearon el martes al Enargas la dificultad para cumplir con esos requisitos y argumentaron que no emiten facturas desde el 11 de julio, a lo que se suma que no fueron pagadas en importante número las que estaban en poder del público en los primeros días de julio cuando se conoció el fallo de la Cámara de la Plata anulando los aumentos, informó la periodista Silvia Peco de Ámbito.com.
Si no hubiera algún cambio en estas disposiciones, algunas empresas esperarían a contar con alguna recaudación antes de acreditar las devoluciones. Afirman que de cumplir con la norma oficial se quedarían sin disponibilidad para pagar sueldos y otros gastos corrientes. No obstante, habría que ver en cada caso si estas empresas pagaron ya la factura del gas a las petroleras para saber si realmente no pueden afrontar los reintegros.
Esta especie de discusión o negociación entre el Gobierno y las distribuidoras de gas puede demorar aún más el envío de las facturas en un contexto que todavía crea incertidumbre en la mayor parte del público. 
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Macri volvió a denigrar a los empleados públicos

En el marco de la suba del desempleo, el Presidente volvió a atacar a quien trabajan en el Estado, sin ningún tipo de distinción. Además, lejos de hablar de los salarios, dijo que lo importante de un empleo es que "nos estimule". Será que la inflación no afecta sus bolsillos como los nuestros.

En la última década la creación de más de 750 mil empleos públicos. La incapacidad de generar empleos que nos desafíen, porque eso es lo que necesitamos como seres humanos, para realizarnos como personas. Que nos estimule, que ni siquiera tengamos que poner el despertador para arranca el día", dijo Mauricio Macri.
Al parecer, para el Presidente ser docente, bombero, enfermero, médico, no representa ningún "estímulo". ¿Será que en realidad lo que al Presidente le molesta es que el Estado se tenga que hacer cargo de los sueldos? O realmente cree que trabajar en local de comidas rápidas (bien privadas) es un gran estímulo frente a aquellos chatos empleos, esos en los que, por ejemplo, se atiene a jubilados que necesitan que alguien los ayude a resolver un trámite, o aquellos que todas las madrugadas limpian las veredas de nuestras calles sin importar si haga frío o calor. Tal vez Macri nunca se levantó tan temprano como para ver lo que hacen los barrenderos, o nunca fue a una dependencia pública para apreciar la cantidad de papeleo que se administra. Tal vez tampoco fue a las oficinas del INADI para saber lo que implica una denuncia, y por eso ningunea sin tapujos a los desaparecidos. Ni tampoco fue a un hospital público, o a un colegio del conurbano a ver la garra con que los maestros reemplazan la carencia de insumos con su ingenio para dar las clases como sea.
Por eso, para el jefe de Estado, los empleados del Estado son apenas un número que lo 'estimula' poco, porque mejor sería no tener que pagar los sueldos. Un discurso muy apropiado el del mandatario, justo en la semana que se conoce el aumento del desempleo. Nada puede ser más estimulante para dejar un empleo público, que ver cómo aumenta el número de suspensiones, despidos, y la pauperización de los derechos laborales, ni hablar del poder adquisitivo. Tal vez para Mauricio, que nunca dependió de un salario para comer, eso de que los que trabajamos lo hacemos por la plata, se le pasa por alto. Por ahí, esa noción también nos 'la debe'.
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Era cierto que había una crisis de empleo

La problemática del desempleo volvió al centro de la escena económica, a pesar de que el Gobierno aseguraba que no había un agravamiento de la situación laboral. La subocupación creció de 9 a 11,2 por ciento, y el trabajo no registrado, de 31,9 a 33,4.
› Por Javier Lewkowicz
La tasa de desocupación se disparó al 9,3 por ciento en el segundo trimestre del año, contra el 6,6 de igual período de 2015 y el 5,9 del tercer trimestre del año pasado, según la información del Indec. El organismo de estadísticas volvió a difundir las cifras de empleo, que muestran de lleno el primer impacto de la política económica del macrismo. También creció la subocupación, de 9,0 a 11,2 por ciento. Los números oficiales dan cuenta de que eran ciertas las advertencias de los gremios y las quejas de las pymes, así como también las cifras de organismos descentralizados, consultoras y centros de investigación, que alertaron sobre el deterioro del mercado de trabajo a raíz de los despidos en el sector público, el desplome de las ventas en el mercado interno, la baja de exportaciones y apertura de importaciones. En el Indec plantearon que hasta 2015 había “errores e irregularidades” en las cifras oficiales, de modo de justificar también que el organismo dejó en blanco la información del cuarto trimestre del año pasado y el primero de 2016 (ver aparte).
Entre las mujeres, el desempleo asciende al 10,5 por ciento y la subocupación, al 13,9 por ciento, mientras que los varones registran 8,5 por ciento y 9,2, respectivamente. El grupo etario más afectado es el de los jóvenes menores a 29 años, con el 18,9 por ciento de desocupación. Además, a la par de los despidos y otras formas de desvinculación laboral y el aumento de la subocupación, en el curso del último año creció el empleo no registrado del 31,9 al 33,4 por ciento.
La cantidad de desocupados en los 31 aglomerados urbanos que releva el Indec fue en el segundo trimestre de 2014 de 890 mil personas, que se redujo en el mismo período de 2015 a 783 mil individuos. La cifra se ubicó este año en 1.162.779 desocupados, lo que supone un aumento de casi 380 mil trabajadores en esa condición. La suba en el desempleo ya no es materia de discusión desde hace varios meses a partir de datos oficiales vinculados a la evolución de los asalariados del sector registrado. Sin embargo, el número del Indec, que se construye a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que abarca a 31 ciudades en todo el país, da cuenta del cuadro completo del mundo laboral, incluyendo a los asalariados no registrados, monotributistas y trabajadores autogestivos de la economía informal.
Los indicadores laborales mejoraron en 2015 con respecto al año anterior, a pesar del relato oficial acerca del supuesto total estancamiento del empleo desde 2011. Desde el segundo trimestre de 2014, la desocupación pasó de 7,5 al 6,6 el año pasado y se ubica ahora en 9,3 por ciento. La subocupación se movió de 9,4 al 9,0 y este año subió al 11,2 por ciento. A su vez, en el tercer trimestre de 2015 la desocupación había caído a 5,9 por ciento, el registro más bajo en 28 años, y la subocupación se encontraba en 8,6 por ciento. La tasa de actividad, en cambio, subió de 44,6 a 46,0 por ciento entre el segundo trimestre de 2015 e igual período de este año, en tanto que la tasa de empleo se movió del 41,5 al 41,7 por ciento.
El deterioro del mercado de trabajo se explica por varios factores que actúan en conjunto. Uno de ellos es la política de despidos masivos en el Estado nacional y en los niveles provinciales y municipales, que además de perjudicar directamente a miles de trabajadores, supuso una contundente señal anti-empleo para los empresarios. En el sector privado, la fuerte caída de las ventas en prácticamente todos los rubros de la economía, a causa de la disparada inflacionaria que provocó la devaluación, repercutió en el empleo. Además, el Gobierno permitió el aumento de las importaciones a pesar de que el mercado interno está en retracción. Para colmo, las exportaciones caen por la crisis de Brasil.
En relación al tercer trimestre del año pasado, último dato que hasta ayer había publicado el Indec, la desocupación creció en el Conurbano bonaerense del 6,7 al 11,2 por ciento, con lo que se convirtió en una de las regiones con más alta proporción de desocupados. En ese escalón también están Gran Córdoba (11,5) y Gran Rosario (11,7 por ciento). Se trata de zonas de alta densidad industrial. En el Conurbano, las fábricas metalúrgicas y textiles dominan los reclamos; en el caso rosarino, los sectores más afectados son línea blanca y carrocerías, mientras en Córdoba las automotrices y autopartistas transitan una situación muy compleja. En los tres casos hubo despidos y cierre de empresas que venían mal y que no soportaron la política económica del macrismo. También hubo suba de las suspensiones y reducción de personal y de trabajo a partir de retiros voluntarios y recorte de horas extra.
El 15,7 por ciento de los ocupados tienen la necesidad de trabajar más, según una nueva categoría que empezó a publicar el Indec. Por encima de ese promedio está la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano (17,6 por ciento) y el noroeste (18,6), particularmente Tucumán y Salta. Los ocupados que se encuentran en esa condición ascendieron al 21,2 por ciento en Gran Córdoba y al 20 por ciento en Mar del Plata. La contracción del empleo a lo largo de este año se verificó con mayor contundencia en el sector de la construcción y la industria manufacturera, particularmente el sector maderero, tabaco, automotriz, textil y fabricación de maquinaria y equipo. También cayó fuerte el empleo en las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, transporte, almacenamiento y comunicación, explotación de minas y canteras y hoteles y restaurantes.
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Un paro por la reapertura de la paritaria

Los gremios docentes exigen que el Gobierno vuelva a negociar salarios, ante el impacto del tarifazo y la inflación, tal como estaba previsto en el último acuerdo paritario. El ministro de Educación aseguró ayer que no reabrirán la discusión.
› Por Laura Vales
En reclamo de la reapertura de la negociación salarial, los docentes realizan hoy un paro nacional de 24 horas. La huelga afectará a escuelas públicas y privadas de todos los niveles, así como a las universidades, y fue precedida de un fuerte cruce con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que insistió en que el Gobierno no reabrirá la paritaria porque considera que el aumento dado a los docentes “fue significativo”. El funcionario aseguró también que hubo “una caída de la inflación”.
Los gremios piden un aumento que compense la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los sueldos por el tarifazo y la suba de los precios. Su piso salarial quedó en 8500 pesos; si bien hay una mayoría de provincias que lo superan, no sucede lo mismo en las de menores recursos. El pedido de una recomposición es, de todas maneras, generalizado, ya que incluso en los distritos donde se llegó a los mejores acuerdos paritarios, como en la provincia de Buenos Aires, donde fue del orden del 34,6 por ciento, la mejora ya quedó empatada con la inflación y todavía faltan siete meses hasta la próxima paritaria anual. Los acuerdos que se firmaron incluyeron precisamente ante esta posibilidad una cláusula de reapertura.
Los dirigentes denuncian además el incumplimiento de puntos de la paritaria de febrero. Se trata de incumplimientos que se están dando en el marco del ajuste macrista, y que muestran una fuerte desinversión en educación. Entre ellos, algunos implican despidos, como la falta de continuidad de los programas socioeducativos (el plan Fines, de terminalidad de la escuela primaria y secundaria, las orquestas infantiles), otro es la interrupción del plan de formación docente, que se inició el año pasado con el objetivo de capacitar de manera gratuita a un millón de maestros en el lapso de tres años. Otros son producto de la extendida subejecución de los presupuestos destinados a la educación.
“Desde Ctera pedimos la reapertura de la paritaria y la necesidad imperiosa de que se cumplan los acuerdos paritarios que se firmaron en el mes de febrero. Si no, va a recrudecer el conflicto. Es necesario que el Gobierno tome consciencia de que hasta ahora todas las medidas que se tomaron han ido en favor de los sectores económicos concentrados y no de los trabajadores. Estamos exigiendo que haya medidas que protejan la educación pública”, sostuvo Sonia Alesso, la titular de Ctera, en la conferencia de prensa con la que los gremios ratificaron el paro.
Participarán de la medida de fuerza los siguientes sindicatos docentes nacionales: la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), la Confederación de la Educación Argentina (CEA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Maestros de Escuelas Técnicas (AMET), y, por los universitarios, la Conadu, la Conadu Histórica y Fedun. Hoy, a las 14.30, convocan a una movilización al Palacio Sarmiento, sede de Educación.
Pedro Sanllorenti, secretario general de Conadu, agregó que “en el país estamos sufriendo la duplicación de la inflación con respecto al año anterior”, por lo que “para fin de año habremos perdido salario y poder adquisitivo”. El dirigente acusó al gobierno nacional de estar “subejecutando un conjunto de partidas, especialmente aquellas que tienen que ver con la posibilidad de incluir en la vida universitaria a los sectores más postergados. Es decir, hay una decisión política sobre qué partidas recortar y contra eso nos manifestamos también”.
Desde el Sadop, Mario Almirón responsabilizó al ministro de Educación por la huelga, “por no ceder en nada su posición de no negociar”.
Al defender la decisión de reabrir la paritaria, Bullrich argumentó que en el acuerdo firmado este año “se fijó una cláusula de aumento automático para los meses de junio, septiembre y enero próximos porque atamos el monto del salario mínimo docente al salario mínimo, vital y móvil”.
Sin embargo, el ministro aludió de esta manera sólo al piso salarial, es decir al sueldo inicial de los maestros (8500 pesos), que está por debajo de la Canasta Básica Total elaborada por organismos como el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), que la calcula en 11.680 pesos para una familia tipo del Gran Buenos Aires –o en 10.570 pesos para la mayor parte del interior del país–, ingresos por debajo de los cuales un hogar es considerado pobre.
El paro de hoy es parte de un plan de lucha que continuará, del 31 de agosto al 2 de septiembre, con la Marcha Federal convocada por las dos CTA y los gremios combativos de la CGT. El viernes 2 de septiembre, como cierre de esta marcha, la Ctera participará de la movilización a la Plaza de Mayo, con paros docentes a nivel provincial, mientras que el Sadop y la UDA ya convocaron a paros nacionales.
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 EL JUEZ LOPEZ PIDIO UNA MOVILIZACION EN SU APOYO Y ACUSO A CRISTINA KIRCHNER DE BUSCAR DESESTABILIZAR

Un juez con la toga amarilla puesta

El juez de Mar del Plata que investiga los incidentes durante la visita de Macri convocó a la gente a movilizarse en todo el país en su apoyo y amenazó con renunciar si van pocos. Además, involucró a CFK en un presunto plan.
Luego de denunciar penalmente a tres fiscales por “obstaculizar la investigación”, el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, a cargo de la causa por los incidentes ocurridos durante el acto en que Mauricio Macri fue supuestamente apedreado, convocó insólitamente a una manifestación a su favor “en todo el país” y amenazó con renunciar en caso de que la gente no concurra. “Que se arreglen, si la gente no defiende sus derechos, y no defiende a quienes los defienden, bueno, yo no soy Dios, soy un ser humano y hasta acá llegué”, dijo tras ser consultado sobre qué hará en caso de que su llamado, como podría suponerse, no tenga la respuesta esperada. El juez ya había hablado de “un plan sistemático de desestabilización” y ayer volvió a sorprender al asegurar que, a su entender, la “principal responsable” de ese plan es la ex presidenta Cristina Kirchner.
López viene de soportar una manifestación en las puertas de su juzgado, pero no precisamente de apoyo: más de 200 personas se concentraron el lunes para repudiar su dichos acerca de que la organización Votamos Luchar se había “adjudicado” el supuesto “atentado” contra el Presidente. Ese día, su juzgado amaneció custodiado por la policía local y los abogados de la organización no pudieron ingresar para presentar un escrito, trámite que debieron hacer ante la secretaria del magistrado.
Mientras, el expediente es una maraña de medidas denegadas a los fiscales a los que el juez López denunció penalmente. Hasta ahora, lo único en lo que López pudo avanzar es en recabar un informe de la Federal en el que –aseguró– consta que hubo un “piedrazo” de tamaño “importante”. Recibió también los videos de las cámaras de seguridad del municipio, que muestran que una vez concluído el acto, una mujer y un hombre, de manera aislada, arrojan piedras sobre un auto en el que no se sabe si viajaba o no alguna autoridad. Pero aún no tiene a un sólo imputado.
Pese a esas carencias, López ordenó espiar a Votamos Luchar y otras organizaciones. En declaraciones al Canal 8 de Mar del Plata, señaló al dirigente social Ricardo “Chacho” Berrozpe como supuesto autor intelectual. Sin embargo, según pudo saber Página/12, todavía no hay en la causa ningún nombre propio que sea acusado con pruebas fehacientes. Así lo constató el propio Berrozpe, a quien el juez le rechazó conocer la causa por “no ser parte del proceso penal”.
Las actuaciones de inteligencia sobre los militantes –que no llegaron al acto porque fueron reprimidos a 400 metros– es el núcleo del conflicto entre López y los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik, a quienes el magistrado acusó frente a los micrófonos de entorpecer la investigación por “pertenecer a Justicia Legítima, una organización política inserta en Poder Judicial” antes de denunciarlos penalmente. Lo hizo el domingo pasado, ante la fiscalía que atiende Juan Manuel Pettigiani, quien en 2014 pidió licencia para militar en el Pro.
La fiscal Mazzaferri –con el apoyo del fiscal federal Damián Adler– se negó a dar curso a las actuaciones de inteligencia y pidió en cambio recabar indicios que permitan en principio establecer “si existió o no una agresión al Presidente” y, además, cuál fue “la eventual intervención policial frente a dichos sucesos”. Está el hecho llamativo que el jefe de la Bonaerense, Pablo Bressi, sostuvo que “no hubo piedrazos” contra Macri, en contradicción con el informe de la Federal.
La discusión podría seguir en una audiencia oral y pública pedida por Adler. El fiscal federal sostiene que el juez tomó medidas “que podrían implicar violación de la ley de inteligencia, en cuanto llevó a que las fuerzas de seguridad a investigar organizaciones de la sociedad civil sin mayores fundamentos”.
Pero el juez dio la nota ayer con sus declaraciones periodísticas. No conforme con acusar a Votamos Luchar, el magistrado dijo en una entrevista que la supuesta agresión con piedrazos fue “el punto culminante” de la incentivación a la violencia que comenzó con “declaraciones de (Guillermo) Moreno, de (Hebe) Bonafini, de (Luis) D´Elía”. Desde el primer momento, López –un juez civil que además falló a favor del tarifazo de gas– suscribió la hipótesis de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que al Presidente lo persiguen “grupos organizados” a fin de boicotear sus apariciones públicas, a fin de desestabilizarlo. Su problema es que, hasta ahora, no pudo explicarlo en el expediente. “Si la ciudadanía no apoya a la Justicia, voy a renunciar”, disparó luego de pedir una movilización en su apoyo.
Informe: Matías Ferrari.
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Me parece que a esta convocatoria va solo el juez y algun amigo.

Documentos que comprometen a Macri

Tal como anticipó Página/12, el diputado del FpV Darío Martínez amplió su denuncia. Le entregó nuevo material al fiscal Federico Delgado que muestra que la offshore Fleg Trading, vinculada al Presidente, participó como accionista en otras sociedades de Brasil.
› Por Irina Hauser
Los documentos que muestran que la offshore Fleg Trading, vinculada a Mauricio Macri y su familia, tenía actividad comercial pese a que el Presidente lo negó públicamente, fueron entregados ayer a la fiscalía de Federico Delgado en la causa sobre las derivaciones de los Panamá Papers por el diputado neuquino Darío Martínez (Frente para la Victoria). Lo que revela el material, que anticipó Página/12, es que Fleg se introdujo como accionista y en alianzas con otras sociedades en el mercado brasilero como una forma de enmascarar su origen y sus integrantes. Primero compró la firma “Owners do Brasil” por 9,3 millones de dólares, una suma cuyo uso y origen ahora están en investigación. El dato más novedoso es que a través de Owners Fleg Trading se convirtió en accionista de tres empresas más: Itron do Brasil Ltda, Martex do Sul Ltda, y Megaconsultora Servicios e Participacoes Ltda. Son rasgos de posibles maniobras de lavado de dinero, el delito que figura en la carátula de la causa.
La causa que nació con los hallazgos en los Panamá Papers, que tienen a cargo el fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello, tienen dos grandes aristas: una vinculada con las declaraciones juradas de Mauricio Macri, la posible omisión de bienes, y las incongruencias detectadas por la Procuraduría antilavado entre lo que declaró ante la Ciudad de Buenos Aires y en la Oficina Anticorrupción; la otra, que podría traer las consecuencias penales más graves, apunta determinar –como dictaminó la fiscalía– si “la vida social” de las sociedades de la familia Macri que aparecieron relacionadas entre sí “infringió algún tipo penal”, por ejemplo, si se usaron para blanquear dinero de origen delictivo. En la investigación sobre lavado contra el empresario Lázaro Báez, por ejemplo, primero se detectaron las operaciones sospechosas y luego se llegó al llamado “delito precedente” que explica el lavado de activos. Ese esclarecimiento dependerá de las líneas de investigación. El lavado prevé hasta 10 años de cárcel; la omisión maliciosa hasta dos.
El diputado Martínez recuerda que el Grupo Macri se instaló en Brasil en 1995 y sus empresas desarrollaron actividades hasta el año 2010. Las sociedades que se arraigaron allí –de las cuales en algunos casos aparecían grandes notas en las secciones económicas de los diarios en los noventa– tuvieron como vértice a la sociedad offshore Fleg Trading, que compró Owners do Brasil (“Dueños de Brasil”). De ahí en más, Fleg es lo mismo que Owners. El estatuto social de esta última define su objeto principal como “la participación en el capital de otras sociedades como socia cuotista o accionista”. Esa unión, Fleg-Owners, luego se convirtió en accionista de tres empresas:
- Itron do Brasil: una empresa de fabricación de elementos para equipamiento de informática y gestiones de pago. Operó desde 1995 hasta 2008, según los datos que presentó Martínez. Se asoció con Itron Argentina y Red Electrónica. Tanto Socma, como Global y Fleg-Owners tuvieron participación.
- Martex do Sul Ltda: tuvo un amplio espectro de actividad desde 1999 hasta 2009. Representante y comerciante medicamentos, productos de perfumería y cosméticos; producción y comercio de equipamiento informático; programación de computadores; participación en instituciones financieras. Primero tuvo 1,9 millón de reales aportados por Socma. Luego se retira y entra Global Collection Services Do Brasil, que manejó Pago Fácil y al final ingresa Owners.
- Mega consultoría Servicios e Participacoes: consultoría en gestión empresarial. Funcionó de 2002 a 2007.
Los documentos que analizará el fiscal Delgado, cuando aluden a los 9,3 millones de dólares que Fleg entregó a Socma Americana SA como parte del pago por el capital accionario de Owners, señalan una posible ruta de ese dinero ya que ese desembolso se produjo el 21 de septiembre de 1998 y durante los días siguientes una cifra muy cercana fue utilizada en la capitalización de Itron Do Brasil (3,4 millones de reales), Partech Unnisa Participacoes Ltda (1,8 millones de reales) y Partech Ltd (5,3 millones de reales). Este última absorbió a la anterior, que duró cerca de un año, entre 1998 y 1999, pero Partech Ltd siguió hasta 2010 con servicios de telecomunicaciones consultoría en tecnología de información, soporte técnico y otros servicios pero también incursionó en actividades financieras.
Martínez sostiene que en la mayoría de las empresas –que vienen a desmentir que Fleg “nunca tuvo actividad”– se repiten los nombres de socios y directivos: Mauricio Macri, Francisco Macri, Mariano Macri, Orlando Salvestrini, Alberto Guillermo Tarantini, Marcelo Antonio Temporini, Alejandro José Chodos, Roberto Maffioli, Iván Santos Nadai, José María de Campos y Norberto Armando Januzzi Raffo. Todas las sociedades tienen el mismo domicilio legal en San Pablo (Rua Pedroso Alvarenga 1284).
Dado que Franco, Mauricio y Mariano Macri figuran como directores de Fleg Trading, el diputado Martínez dice que deberían ser citados para que expliquen el origen de los 9,3 millones de dólares que se utilizaron para comprarle a Socma Americana su participación accionaria en Owners do Brasil. También deberían informar Franco y Mauricio Macri, dice, la procedencia de los fondos que aportó Socma a Itron y Partech. Habría que enviar exhortos a Brasil, agrega, para obtener toda la información societaria, fiscal, contable bancaria y registral de las firmas. Ahora es el turno de Delgado –quien aprovechó datos de presentaciones anteriores de Martínez– de seguir tirando del piolín.
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Mauricio no desmiente

› Por Martín Granovsky
La información publicada el domingo por Página/12 con nuevos datos sobre el movimiento de empresas de Mauricio Macri en Bahamas y Brasil no fue desmentida. Callaron el Presidente y sus funcionarios.
Tal como adelantó este diario en sus ediciones del 21 y el 23 de agosto, ayer finalmente se presentó en Tribunales el diputado nacional por Neuquén Darío Martínez con nuevos elementos en la causa abierta por el juez Sebastián Casanello e investigada por el fiscal Federico Delgado.
Martínez, del Frente para la Victoria, mantuvo la actitud que parece haberse impuesto desde un principio: investiga y entrega datos pero no prejuzga. Tampoco especula. No fue el legislador quien imaginó un tipo penal a investigar sino la propia Justicia. La carátula no contiene la palabra “lavado” pero invoca la presunta infracción del artículo 303 del Código Penal. Conviene tenerlo presente: “Será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito”.
El fiscal Delgado también está siguiendo un criterio práctico. Su objetivo es conocer lo que definió como “realidad social” de las empresas. Es, decir su funcionamiento verdadero.
La estrategia de Macri desde el principio fue ocultar cuando podía, minimizar las novedades cuando las cosas eran inocultables, cargarle la responsabilidad a su padre como si en la década del ‘90 no hubiera sido su mano derecha en el Grupo Socma y confiar en que su silencio apagaría la tenacidad de los investigadores.
Hable o calle, las pesquisas siguen y acumulan cada vez más elementos concretos.
Ya es público que tenía 18 millones de pesos en bonos argentinos depositados en la guarida fiscal de Bahamas. Debió repatriarlos para evitar sospechas.
Ya se sabe que hay por lo menos dos empresas offshore donde figura su nombre, Kagemusha y Fleg.
Ya es conocido que Fleg fue la llave para fundar sociedades en Brasil.
Ya se sabe que la empresa Owners do Brasil es la contracara de Fleg.
Ya es conocido el estatuto de Owners. Sin vuelta alguna, señala que “la sociedad tiene por objeto social principal la participación en el capital de otras sociedades como socia quotista o accionista”.
Ya está claro que Fleg no era simplemente una cáscara sino el embrión para crear empresas.
Está claro también que las empresas fueron realmente creadas y que realmente se insertaron en el mercado brasileño.
Ya se sabe el nombre de esas empresas: Itron do Brasil, Martex do Sul y Mega Consultoría.
Ya es pública la relación societaria entre Fleg, Owners y Socma Americana.
Ya se sabe que Fleg colocó en Socma Americana 9,3 millones de dólares.
Es sabido que, al mismo tiempo, Socma Americana puso capital en tres empresas: Itron do Brasil, Partech-Unnisa y Partech (así, a secas).
Es conocida la semejanza entre el monto de aquellos 9,3 millones de dólares y el total colocado por Socma Americana, de 8,4 millones de dólares. Podría ser una simple coincidencia. Pero podría no serlo.
Ya es conocido que las sociedades fundadas en Brasil incursionaron en telecomunicaciones, servicios logísticos para bancos, informática, nada menos que la administración de la tarjeta Visa.
Ya es sabido que se relacionaron un con gigante mundial, Siemens. Y que entablaron una sociedad duradera con un gigante brasileño, Andrade Gutiérrez.
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EL OFICIALISMO NEGOCIA VARIOS CAMBIOS PARA APROBAR LA REFORMA ELECTORAL

Todo sea por el voto electrónico

La oposición reclama modificar la cantidad de bancas por provincia de acuerdo a la población actual. Además, varias fuerzas piden incorporar la paridad de género. La Boleta Unica Electrónica podría aplicarse progresivamente.
› Por Miguel Jorquera
Con la reforma electoral en riesgo, el macrismo comenzó a realizar concesiones a la oposición parlamentaria más amigable para alcanzar el objetivo del Gobierno de implementar el sistema de Boleta Unica Electrónica (BUE) en todo el país para las elecciones parlamentarias del año próximo. Desde Cambiemos admitieron que trabajan con algunos bloques de la oposición en aumentar el número de diputados nacionales en aquellas provincias que están subrepresentadas de acuerdo a su población. También tomarían el reclamo de equidad de género –que cruza transversalmente a todas las bancadas– y que igualaría la cantidad de candidatos entre hombres y mujeres en cada boleta electoral. El grueso de la oposición insiste en no modificar el sistema de las PASO, como pretende Cambiemos, y en que la BUE se implemente de forma progresiva, a través de varias elecciones, en todo el territorio nacional.
“Originalmente no estaba previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo, una vez que se inició el debate recibimos el planteo de varios bloques de cumplir con este mandato y adecuar la representación de diputados a la ultima cifra del censo que quedó congelado en 1982 por ley de la junta militar”, aseguró Pablo Tinelli, que preside la comisión de Asuntos Constitucionales y el plenario de comisiones que aborda la reforma electoral del macrismo. Aunque ambas propuestas -aumento del número de diputados y la igualdad de género- no están en el proyecto del oficialismo y se tratarían como iniciativas por separado y en forma paralela a la reforma electoral.
Cambiemos negocia estos temas por fuera del plenario con la oposición amigable y que no incluye al Frente para la Victoria, que rechaza de plano la reforma electoral porque considera que “la prioridad parlamentaria debería pasar por la desocupación, las tarifas, la situación de las Pymes y la embestida del Presidente contra los trabajadores”.
De prosperar la ampliación de la representación popular de acuerdo a población actual, las provincias que modificarían su cantidad de diputados serían Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. Esto también modificaría la composición de la Cámara baja –con 257 diputados– que fue fijada por la ultima dictadura militar en su convocatoria a elecciones de 1983 y que nunca se actualizó de acuerdo al crecimiento demográfico como establece el artículo 45 de la Constitución Nacional. Varios bloques compartieron este reclamo, en especial el Frente de Izquierda (FIT), que también presentó sin éxito un proyecto similar en Mendoza.
La propuesta que Cambiemos puso en la mesa de negociación con la oposición menos crítica de su gestión –en busca de los 129 votos necesarios para aprobar la BUE– plantea tomar el censo nacional de 2010 con una población de más de 40 millones de personas (a diferencia de los 27 millones de 1980). La Cámara de Diputados pasaría a tener 307 bancas. Y solo la provincia de Buenos Aires –la más poblada– pasaría de tener 70 representantes a más de 100.
Si avanza la reforma, otra cifra que se modificaría es el actual número mágico de 129 para formar el quórum y sesionar, que pasaría a ser de 154 diputados. Este tema puso en alerta a Cambiemos, que vería alejarse el objetivo de ampliar su representación parlamentaria en 2017, que aún con una buena elección estaría mas lejos de acercarse al quórum propio. Por este motivo, no pocas de sus espadas parlamentarias sostienen que la moneda de cambio que ofrecen a la oposición responsable recién se podría aplicar en las presidenciales de 2019.
En cambio, la paridad de género sí podría implementarse en las legislativas de 2017. La propuesta que atraviesa a todos los bloques legislativos sin distinción, debería darse con un proyecto paralelo ya que modificaría la actual ley de cupos que estable un tercio de representación de mujeres en las candidaturas partidarias.
De todas maneras, Cambiemos deberá sortear otras dificultades para avanzar en la implementación de la BUE. Entre ellas, el pedido del grueso de la oposición para que el cambio del sistema de votación –que reemplazaría a la boleta partidaria en papel– se realice en forma progresiva en todo el territorio nacional. El tema también le preocupa al macrismo bonaerense, que se opone a que la provincia adopte el mecanismo en la próxima elección por lo que Cambiemos podría acceder al reclamo, también necesitado de los votos para aprobar la reforma.
Otra conflicto es la negativa opositora a la modificación del sistema de primarias para impedirle a los ciudadanos que puedan votar en la interna de distintos frentes, según la categoría.
Tonelli se propuso convocar al plenario de comisiones la semana próxima con la intención de que los acuerdos prosperen para dictaminar a favor de la implementación de la BUE, algo que todavía está en duda.
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Loa actuales legisladores algún día deberán dar cuenta de sus arreglos .

EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACION EN LA CAUSA QUE INVOLUCRA A JUAN JOSE GOMEZ CENTURION

La hipótesis de una guerra entre bandos

En el juzgado de Lijo hablan de una “guerra por el botín millonario de la Aduana” entre ex expías, estafadores y contrabandistas. El acento ahora está puesto en verificar la verosimilitud de las grabaciones.
› Por Raúl Kollmann
El diálogo se estableció con un hombre clave del juzgado federal de Ariel Lijo, que investiga las escuchas sobre contrabando de textiles, “porquerías que venden en el Once” y cocaína que involucran al desplazado titular de la Aduana.
–¿Le hicieron una cama a Juan José Gómez Centurión? –preguntó este periodista.
–Nadie que esté hablando por teléfono o en vivo con Oldemar Barreiro Laborda puede alegar que le hicieron una cama. Basta poner el nombre en Google para que vea los antecedentes– contestaron desde Comodoro Py.
La búsqueda no es muy complicada: Barreiro Laborda, también involucrado en los audios con los que el Gobierno acompañó su denuncia, tuvo un causa por defraudación del Banco Boston por 70 millones de dólares, detención por pertenecer a una banda de ladrones de autos, quiebras, cheques sin fondos, fue socio de la Policía Federal en Lo Jack, tuvo una representación escandalosa de Diego Armando Maradona y centenares de causas judiciales. Ex jueces como Mariano Bergés y Héctor Yrimia lo recuerdan perfectamente porque en su momento ordenaron su captura y embargos siderales por estafas y fraude.
–Gómez Centurión dice que sí hablaba con Barreiro Laborde, pero que lo usaba como informante.
–Ah, entonces tendrá que venir a Comodoro Py a explicar por qué un alto miembro del Poder Ejecutivo, como es el titular de Aduana, recurre a ese tipo de personas.
Más allá de las palabras mismas, está claro que en la Justicia federal el expediente se está investigando no como una causa en la que hay un lado bueno y un lado malo, sino como una guerra entre dos bandos, ninguno bueno. De un lado, gente vinculada a ex servicios de inteligencia, incluyendo a Jaime Stiuso, imputado por contrabando. Del otro, la gente como Barriero Laborda, a quien desde el juzgado describieron como peón.

Llamadas

Según dicen en Comodoro Py, el acento no está puesto en verificar si las grabaciones están editadas o no. Por ahora, las pruebas que pidió el fiscal Guillermo Marijuán y a las que le dio curso Lijo están orientadas a verificar si hay evidencias de que el contenido, es decir lo que se menciona en las grabaciones, es verosímil o no. Por eso el magistrado pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad del Design, el shopping de Recoleta donde se habrían encontrado Gómez Centurión y Barreiro Laborda. También el juez ordenó verificar qué cargo y ubicación tienen en la Aduana los mencionados en las grabaciones.
Quienes hicieron un primer estudio sobre los audios afirman que son conversaciones en que el celular se puso en speaker, es decir se escucha el diálogo a través del parlante del aparato, y se grabaron con otro celular o grabador. Un dato llamativo es que en una entrevista Barreiro Laborda admite la existencia de las conversaciones, aunque dice que están editadas. En diálogo con Perfil, Cuqui, como le dicen a Barreiro Laborde, afirmó: “Me editaron y me sacaron de contexto. Me pusieron micrófonos en mi casa de San Isidro, violaron mi domicilio, fue una rata de AFI (Agencia Federal de Inteligencia). El micrófono estaba abajo de la cómoda al lado de donde tomo café. La cama la hizo (Silvia) Majdalani. Yo desconfío de algún chofer mío, que seguro quebraron”.
En principio, en la escucha –ilegal– se habla de latas (o sea containers) a 135.000 dólares cada una, que es el pago por pasar ese container, con productos textiles, sin revisar o cambiándoles la posición arancelaria para que no paguen tasa o para que entren dentro de las importaciones autorizadas. Habría una tarifa de 100 mil dólares cuando el contenido no son textiles sino “porquerías del Once, todo por dos pesos” y hay algunas referencias a tráfico de cocaína.
Los audios le llegaron en forma anónima a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien hizo la denuncia tras consultar a Mauricio Macri. Minutos más tarde, Gómez Centurión fue eyectado de la Aduana, una movida que resulta curiosa: no le dieron ningún crédito al funcionario, no esperaron ninguna explicación, lo que indica que en el Gobierno ya había algún rumor sobre movimientos extraños en la Aduana. La idea de que se trata de una administración que despide al que es acusado de corrupción naufraga cuando se verifica lo que ocurrió con Gómez Centurión en el distrito porteño.

Antecedentes

En los últimos días, algunos periodistas pretendieron presentar a Gómez Centurión como una especie de adalid anticorrupción. Les cae muy bien que sea militar, condecorado en Malvinas, aunque el problema es que fue simpatizante del movimiento carapintada que, con Mohamed Seineldin a la cabeza, se alzó contra el gobierno de Raúl Alfonsín.
Lo cierto es que Gómez Centurión estuvo a cargo de la Agencia de Control Gubernamental (AGC) y fue reiteradamente denunciado por la organización La Alameda, liderada por el legislador Gustavo Vera. Entre otros casos, La Alameda mencionó ayer, con la firma del presidente de la Comisión de Trata de la Legislatura, Lucas Schaerer, que denunció el boliche Stavros en el que la semana pasada se detectaron casos de trata; también otros dos boliches, New Port y Le Click, en el que se produjo después una violación. La Alameda recuerda también que denunció ante la AGC de Gómez Centurión 170 talleres textiles clandestinos, incluyendo el de Flores en el que murieron los dos chiquitos, Rodrigo y Rolando. “Mauricio Macri no puede desayunarse ahora con que Gómez Centurión es un corrupto”, concluyó el comunicado.

Salidas

Los rumores de que las escuchas tienen verosimilitud se agigantan con las decisiones que tomó el gobierno de Macri. No sólo despidieron a Gómez Centurión sino que ayer mismo fue despachado otro hombre que estaba en un puesto clave, Pablo Allievi, subdirector general de Control Aduanero. Los otros tres funcionarios separados de sus cargos fueron Edgardo Paolucci, director de Fiscalización Operativa Aduanera; el coordinador y supervisor Carlos Linsalata; y Gustavo Mariezcurrena, a cargo de la Oficina de Fiscalización.

Fama

Gómez Centurión se hizo famoso en estos meses porque, según sostienen los empresarios importadores, cortó numerosos circuitos de corrupción vinculados con ex servicios de inteligencia. Quienes conocen la ex SIDE coinciden en que la cúpula de los espías tuvo una verdadera obsesión con la Aduana y Jaime Stiuso terminó denunciado por el ex titular de la AFI Oscar Parrilli por la importación de toneladas de material de inteligencia que en verdad era material quirúrgico, médico o juegos electrónicos. El delito por el que se lo imputó fue el de contrabando.
El diario La Nación recordó esta semana que Gómez Centurión cerró algunos depósitos fiscales que tenían fama de irregulares, entre ellos uno cuyo co-titular fue el fallecido funcionario de la Aduana Damián Sierra. En su momento, Stiuso salió de la Argentina por vía terrestre acompañado de Sierra, pocos días después de la muerte de Alberto Nisman.
Hoy en día están los que sostienen que la escudería integrada por Stiuso, Darío Richarte y el aparato radical que estuvo en la SIDE fue víctima de la ofensiva de Gómez Centurión y que las escuchas fueron la devolución. Es más, se sostiene que Stiuso es asesor del titular de la ex SIDE, Gustavo Arribas. En este bando estaría también el presidente de Boca, Daniel Angelici.
Por otro lado, están los que apuntan a Majdalani, la número dos de la AFI, que no sintoniza con el bando anterior pero que está sostenida por el amigo del alma de Macri Nicky Caputo. Hoy se cumplen 25 años del secuestro del Presidente y Caputo fue la persona que estaba en el auto, con el chofer de Macri, en el momento en que se pagaron los seis millones de dólares de rescate. La estrategia de los ex espías sería echarle la culpa a Majdalani para desplazarla cuanto antes de una AFI dominada por los ex radicales y ex espías.
Por último, está el bando de Gómez Centurión, con Barreiro Laborda y otros personajes, a quienes se intentó presentar como protagonistas de un mani pulite, pero que vienen con antecedentes que dicen lo contrario.
Al menos hasta ahora, en Comodoro Py dicen que en el caso no parece haber ángeles. “Es un batalla entre ex. Ex espías, ex procesados, estafadores, contrabandistas, coimeros. Todos en guerra por el botín millonario de la Aduana”, concluyen.
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Tarifazo, ¿una sensación?

Nadia Koziner y Natalia Aruguete debaten con Nicolás Massot, presidente del bloque del PRO en Diputados, quien adjudicó a la cobertura de los medios de comunicación los efectos sociales del llamado “tarifazo” a los servicios públicos.
› Por Nadia Koziner * y Natalia Aruguete**
Nicolás Massot, presidente del bloque PRO en Diputados, responsabilizó a la cobertura de los medios de comunicación por los efectos sociales del “tarifazo”: “cuando los temas se instalan tanto mediáticamente, la gente empieza a tener la sensación de que le afecta”. El desafío a la hipótesis de la agenda setting tuvo lugar el pasado fin de semana en un diálogo con el programa radial “El fin de la metáfora”. Lo que el legislador no alcanzó a notar es que la capacidad de los medios de influir en la percepción pública difiere según el tópico que se trate. La propensión a que los hechos sean percibidos tal y como los presentan los medios depende, en parte, de cuánto toquen la experiencia cotidiana. Ciertos temas afectan a casi todos del mismo modo, otros tienen efectos experimentados selectivamente y otros son remotos para cualquiera. Los asuntos que afectan directamente a un gran número de personas (la desocupación, el aumento de precios, las tarifas de los servicios públicos) son asumidos como preocupaciones más allá de la atención prestada por los medios. Cuanto más se aleja un hecho de la experiencia directa, mayor es la necesidad de que intervengan los mass media para instalarlo en la agenda pública. Ahora bien, el caso del “tarifazo” parece haber seguido el trayecto inverso: los aumentos de hasta un dos mil por ciento en las facturas de gas y luz ocasionaron una movilización popular que posiblemente haya activado la abundante cobertura periodística sobre el asunto.
Cierto es que la capacidad de los medios de instalar una preocupación en el público no se limita a esta diferencia entre tipos de temas y que las cuestiones experienciales no logran por sí solas obstruir la influencia mediática. Dicho poder de agenda se relaciona con la tematización que se haga de una cuestión. La tematización es un recurso discursivo que supone poner un asunto en el orden del día, darle importancia y subrayar su significatividad. Las noticias amplían la información sobre un hecho, la profundizan, la integran a un contexto social, económico y político, y le dan un marco interpretativo que lo vincula a otros sucesos. Mediante esta operación, reducen la heterogeneidad y complejidad existentes en una sociedad. En ello, el rol de los medios y del poder político es clave. La discusión acerca del aumento de tarifas gira alrededor del método y del nivel de gradualidad para llevarlo a cabo, su contracara es un acuerdo generalizado acerca de los “irrisorios” precios que la ciudadanía venía abonando por los servicios públicos.
El Gobierno atribuyó su medida al propósito de reducir el consumo energético. El culpógeno presidente Mauricio Macri cargó contra la población por estar “en remera y en patas” en invierno. En un segundo plano, admitió el objetivo de ahorrar gasto fiscal en subsidios, aduciendo que era necesario evitar el “despilfarro”. Con una contundente congruencia, la mayoría de los medios repitió la palabra oficial con contados cuestionamientos. Pocos hicieron un tratamiento analítico que superara los cruces novelescos entre actores ubicados a ambos lados del ring y se preguntara, por caso, si el nuevo esquema tarifario logrará detener la importación de gas o si promoverá un consumo energético racional, si tal responsabilidad debe caer netamente sobre el consumo y cómo impacta la estructura de tarifas en el poder adquisitivo. El periodista David Cufré fue desafiante en el programa “Ronda de Editores”: “Puede ser gratis la luz, puede ser gratis el gas, puede ser gratis el agua así como es gratis la educación pública. Son decisiones políticas: ¿a quién se le cobra impuestos y a quién se les distribuye impuestos?”
Distintos sondeos parecerían mostrar que, finalmente, la tematización realizada por los grandes medios y por el Gobierno –actores con legitimidad para crear mapas políticos que “expliquen” la complejidad de una problemática– sí pudo lograr que, por ejemplo, un alto porcentaje de la población considere que debe pagar el “costo real” de los servicios en lugar de demandarle al Estado que impulse una estructura impositiva verdaderamente progresiva.
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23 de agosto de 2016

Cristina: "Inventan propiedades a CFK mientras hay colas por 2 manzanas gratis"

La expresidenta Cristina Fernández volvió a utilizar las redes sociales para expresar su opinión sobre las denuncias que inventan en su contra y el contraste del relato con cientos de personas reclamando por fruta gratis en la Plaza de Mayo.

La expresidenta Cristina Fernández acostumbra a utilizar sus redes sociales para expresar sus opiniones y esta vez no fue la excepción.
Ante el desmoronamiento de la operación de Lanata que el mismo Wiñasky tuvo que salir a bajarle el tono, el grupo arremetió de nuevo con su aliada incondicional MArgarita Stolbizer que dijo tener pruebas de que un hotel de Lázaro Báez es, en realidad, propiedad de los Kirchner.
Pero esa falacia tampoco prospero y Cristina intentó sacarle la venda de los ojos al gobierno replicando las imagenes de una Plaza de Mayo colmada, pero no de militantes ni de manifestantes sino de gente que sólo quería obtener una fruta gratis.

Cristina sobre la tapa de Clarín y el frutazo

Tapa de Clarín de ayer desmentida en nota de La Nación hoy.
Cuentas Kirchner en Nevada no hay. INVENTEMOS UN HOTEL.


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La ficción macrista y el periodismo de guerra inventando propiedades a CFK mientras hay colas por 2 manzanas gratis.



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Hemos trabajado mucho todos los argentinos para no volver a pasar por esto. 

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