20 de enero de 2019

Hantavirus: el Malbrán denuncia que el ajuste de Cambiemos en Salud generó el brote

En tres años, Cambiemos recortó más del 30% de los recursos para el instituto de referencia nacional sobre enfermedades infectocontagiosas.

Maria miranda
El brutal ajuste que lleva adelante la administración de Mauricio Macri en el área de salud provocó, en esta oportunidad, la muerte de 12 personas por Hantavirus y más de una veintena de casos confirmados. A la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría, el desmantelamiento de áreas abocadas al control y evaluación epidemiológica y el achicamiento del Estado, se sumó el recorte de casi el 30% del presupuesto del Instituto de Salud Carlos Malbrán, donde se realizan el diagnóstico, tratamiento y profilaxis de enfermedades infectocontagiosas.
En los tres años de macrismo, el Instituto sufrió el recorte de la mitad de su presupuesto, no incorporó personal a su planta y en el último año casi no pudo comprar nuevos insumos debido a los errores económicos del Gobierno para controlar el dólar. Además, para atender la demanda que genera el estudio del Hantavirus, la Institución abocó gran parte del personal, lo que generó, si llega a generarse otra epidemia – como puede ser un nuevo brote de dengue como hace dos años –, incertidumbre para su tratamiento.
Además, eliminaron el inciso, dentro del presupuesto con el que cuenta el Malbrán, destinado a la refacción y realización de obras. La situación es crítica y desde ATE denunciaron que los investigadores, médicos y científicos del lugar tienen “una mordaza sanitaria” que no los deja hablar con los medios sobre lo que pasa en el día a día.
En diálogo con El Destape, el secretario adjunto de la Comisión interna de ATE en el Malbrán, Fabián Martín, detalló que “el recorte viene desde el 2016". En esa línea, agregó que "el año pasado no se pudieron hacer las compras de insumos porque, como la licitación en el Estado tarda entre cuatro y cinco meses, cuando se hizo la primera compra, el dólar estaba 18 pesos y cuando se terminó, estaba a 30 y los proveedores no entregaron nada". Ésto se repitió en la segunda compra, que "se inició con un dólar a 30 y a la semana estaba 40, entonces no se presentó nadie”.
Por eso enfatizó que “no entraron insumos” al Instituto ya que todo lo que se utiliza es importado y apuntó que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social decidió otorgar “un 13% de aumento presupuestario, cuando la inflación llegó al 50%”, por lo cual el ajuste este año se sentirá más que otros años.
En materia salarial, el representante gremial alertó sobre los bajos salarios de los profesionales, ya que “un técnico recién ingresado cobra 14 mil pesos, mientras que un científico que recién ingresa a la carrera, cobra menos de 25 mil pesos”, frente a una innumerable cantidad de requisitos exigidos para ingresar al Instituto. Estos sueldos se enmarcaron en las últimas cifras que brindó el INDEC, que indicó que una familia tipo necesita más de 20 mil pesos para no ser pobre.
Por el ajuste presupuestario, el Gobierno decidió “no terminar un laboratorio que a mediados de 2015 estaba casi listo y es donde se iba a estudiar el síndrome urémico hemolítico” y aseguró que “desde 2016 que están paralizadas las obras”. “Nosotros necesitamos mantenimiento constante, provisión de materia eléctrica hasta reparaciones básicas pero no hay dinero, entonces todo ese tipo de estructura nueva que necesita la institución y el mantenimiento no se está realizando desde hace tres años”,puntualizó Martín.
Asimismo, advirtió que “es constante el ajuste" y reveló: “Cuando fuimos a hablar con las autoridades del ex Ministerio de Salud, cuando estaba Jorge Lemus y ahora con Ricardo Rubinstein, nos dijeron que tienen las manos atadas porque las asignaciones y ampliaciones presupuestarias las decide el Ministerio de Modernización”.
 Según un  informe de Soberanía Sanitaria, entre el 2016 y 2019, el presupuesto destinado para el Malbrán desde el ex Ministerio de Salud se redujo el 37.73%; el programa de investigación, desarrollo y servicio en virosis humana en ANLIS se bajó casi un 28%; el programa de prevención y control de enfermedades endémicas, se disminuyó 72% mientras que el área de prevención epidemiológica y control de enfermedades aguadas se recordó el 80%.

La epidemia del Hantavirus no es casual, sino causal

El Malbrán es el centro de referencia nacional de enfermedades infectocontagiosas y donde las muestras de Hantavirus se llevan para analizar si son positivas o si el virus mutó. Gracias al trabajo de los científicos e investigadores, el laboratorio destinado a eso “está trabajando bien, a demanda y se cumple con todo lo que se tiene que cumplir” pero existe una situación que será inevitable si el Ministerio no toma con seriedad el tema: “No se sabe, en el futuro, si se podrá seguir respondiendo a este tipo de demanda y sobre todo si aparece una nueva epidemia”.
“Nosotros no podemos garantizar que de acá a futuro, si surge otro brote como el dengue, que ya aparecieron casos, podamos dar una respuesta sólida como ahora", dijo el representante de ATE. Por eso advirtió por la "gravísima" situación y remarcó: "Respondemos como trabajadores del Estado protegiendo a la población, lo hacemos como podemos y estamos respondiendo de manera sólida, llevando gente de otros laboratorios para trabajar en Hantavirus". Sin embargo, alertó que deben utilizar "material de otros laboratorios para que se haga el estudio correspondiente y no se repone lo que se saca, por lo que es la manta corta”.
En ese punto, aseveró que “no se sabe cómo se va a responder a diferentes brotes o enfermedades que surjan si el Gobierno no hace el aporte que tiene que hacer". Por eso, sentenció: “Si no actúa el Estado, vamos a tener un problema grave”.
Asimismo, el secretario adjunto de ATE en el Instituto indicó a El Destape que “todo ésto tiene un origen, que es la desaparición del Ministerio de Salud". Incluso "un poco más atrás, cuando en el 2016 vaciaron la Dirección nacional de Vectores recortándole el 80% del presupuesto al área destinada al estudio de vectores, que son los que trasladan un virus o parásito”.
En ese punto, explicó que, “cuando desmantelaron la Dirección, se perdió el control de la evolución biológica que tienen este tipo de animales y el control de la epidemia” y remarcó que “en Chubut deberían estar trabajando grupos de la Dirección Nacional de Vectores, pero no pueden porque la desmantelaron”.
Además, contó que en 2018 el Ministerio de Ambiente desmanteló la unidad de biólogos encargada de analizar la evolución de la rata colilarga y la zona andina. Además, “echaron a 75 brigadistas del fuego y afines del Parque Nacional que en estos momentos deberían estar trabajando en la región desmalezando, verificando si hay ratas o no, trabajando en el territorio”.
Antes estos precedentes, la epidemia del Hantavirus que ya provocó al menos 12 muertos, más de una treintena de infectados y cientos de casos sospechosos, no surgió de la noche a la mañana: se dieron las condiciones para que el virus no se controle y el principal responsable es el Gobierno de Cambiemos.
Hay una ausencia total del Estado", dijo Martín y detalló: "No invierten en salud y menos en prevención, por eso suceden estas cosas". El delegado remarcó que "mientras (el ministro de Hacienda, Nicolás) Dujovne se ríe por el ajuste que hacen en la administración pública y Andrés Ibarra decía que estaban sacando la grasa del Estado, están desmantelando el sistema de salud público”.

Macri prepara un DNU para privatizar y vender el deporte argentino

El decreto de Macri destruye el deporte argentino y le pone cartel de venta a los bienes del Estado.

El presidente Mauricio Macri y el secretario de Deportes, Diógenes de Urquiza tienen elaborado y listo para su promulgación un DNU para degradar la Secretaría de Deportes en una Agencia, situación que permitiría privatizar, arancelar o incluso vender bienes estatales.
Una investigación exclusiva realizada por el periodista Ernesto Rodríguez III para su web Epechtosport.com reveló el documento que el Gobierno ya hizo circular por distintas dependencias estatales y que se encuentra en poder de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que entregue un dictamen de aprobación.
El decreto de nueve páginas plantea una derogación total o parcial de cinco leyes fundamentales para la protección del deporte argentino. Estas son la 20655 del deporte y su modificatoria, la 27202; la 26.573 de creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), al cual el Gobierno ya le había su financiamiento autárquico con la Reforma Tributaria; la 27201, que establece la asignación universal por hijo en el deporte, nunca aplicada por el Gobierno; y la 24.052, que creó la Comisión Nacional de Automovilismo y Motociclismo Deportivo en el ámbito del Ente Nacional Argentino del Deporte.
De acuerdo con lo publicado por Rodríguez el DNU tiene "la misma prosa técnica del proyecto impulsado por Mauricio Macri y su delfín Daniel Angelici que circuló durante octubre último para abrir el juego a las Sociedades Anónimas Deportivas"
La intención es no sólo degradar la agencia, sino también permitir la venta o privatización del deporte argentino y sus bienes,el arancelamiento de actividades, la tercerización de empleos y la eliminación de la Confederación Argentina de Deportes (CAD) una de las pocas organizaciones que se opone al ajuste macrista en el área.
Una vez que el documento (diagramado entre De Urquiza; Macri; y el ex gerenciador de Racing, exterminador del Fútbol para Todos y consejero del presidente, Fernando Marín) consiga el visto bueno de la AABE, algo que se presupone como un trámite burocrático, la próxima semana el macrismo dará inició a una fuerte campaña para lograr la aceptación de los deportistas y la sociedad.
La reformulación de la Agencia de Deportes de la Nación es la llave para la concreción de un mega negocio inmobiliario sobre los terrenos del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), que Macri busca vender en connivencia con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein, quien ya adquirió los terrenos linderos del Tiro Federal a través de un grupo empresario.
El destape

Al igual que con Aerolíneas Argentinas, Dietrich quiere vaciar Intercargo

Al igual que con las low cost, Cambiemos apunta contra una de las pocas empresas estatales que generan ganancias.

Carla Pelliza
Como pirañas, al igual que las líneas aéreas low cost, el presidente Mauricio Macriy el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, abrieron el mercado de “servicio de rampas” a empresas privadas en detrimento de la estatal Intercargo, una de las pocas compañías argentinas que no sólo no genera pérdidas sino que es superavitaria.
Según advirtieron desde gremios aeroportuarios a El Destape, esta medida desfinanciará a Intercargo, lo que impactará en una reducción de la prestación de servicios en aeropuertos no rentables del país, zonas que quedarán aisladas.
El sistema funciona de este modo: Intercargo presta servicio de tierra que incluye maniobras de direccionamiento; carga y descarga de equipaje y mercadería; elementos para el ascenso y descenso de pasajeros; el desplazamiento de las aeronaves y su limpieza; suministro de combustibles entre otros puntos. Ese servicio es cobrado en dólares, precio que varía según la aeronave que necesite su prestación.
Según explicó a El Destape Pablo Dolagaratz, secretario gremial de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Intercargo “es la única que le puede brindar servicios a terceros”. Hasta ahora, cada empresa se podía autobrindar un servicio de tierra propio, pero no a otras compañías. Con esta nueva resolución, sí podrán hacerlo y competir directamente con la estatal argentina. Además, luego de desregular este ítem, el Ministerio de Transporte habilitó un aumento de precios en el servicio de la empresa nacional, lo que la volvería menos competitiva.
Con el decreto 49/2019 de “Servicio de atención en tierra de aeronaves” publicado el 15 de enero de este año, el Ejecutivo estableció que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) fiscalizará el servicio de tierra de aeronaves para “complementar” el servicio público de uso de instalaciones, por lo que “toda empresa habilitada por la Autoridad de Aplicación podrá prestar el servicio de atención en tierra a aeronaves”.
Esta decisión fue tomada en el marco de la denominada “Revolución de los Aviones, que procura una mejora en la calidad de los servicios con mayores inversiones y nuevas ofertas”, dijo el decreto de Macri y Dietrich.
En ese marco, Dolagaratz le aseguró a El Destape que los aeropuertos de “Ezeiza y Aeroparque son los únicos que dan rédito ¿Quién va a agarrar el interior?: Aerolíneas Argentinas (AA)”, y se quejó: “¿A una empresa que es deficitaria vos le vas a dar la atención de aeronaves que es deficitaria?”.
Según explicó, si Aerolíneas quiere ampliar su mercado para explayarse en el negocio de rampas, “le conviene agarrar Ezeiza y Aeroparque, pero agarraría lo que le dan pérdida” para continuar con el desmantelamiento de la aerolínea de bandera que, además, podría entrar en competencia directa con Intercargo. Dos estatales en lucha.
Marcelo Belelli, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en la ANAC, detalló a este medio que Intercargo “tiene una función estratégica similar a AR porque, si bien genera muchas divisas, brinda servicios también en los aeropuertos que no son rentables, por lo que garantizás la conectividad en todo el país” y se da lugar a que cualquier empresa pueda volar a todo el país.
En ese sentido, detalló que la empresa de rampas estatal se autosubvenciona con los ingresos percibidos en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, los realmente rentables, para brindar el servicio en los que no generan ganancias. “Si le ponés competencia en los aeropuertos grandes, empezás a desfinanciar esa compañía y le quitás medios para poder garantizar el servicio a esos lugares a los que las empresas privadas no van a ir”.
Por eso, desde APA aseguraron a El Destape que esta semana tendrán una reunión con Ministerio de Transporte donde pedirán “que se derogue” el decreto porque “no hay sustento para basar la discusión en que esta empresa es deficitaria o da mal servicio, porque no es cierto”.
De avanzar la medida, unos 2000 trabajadores en todo el país se verían afectados por la decisión de Macri y Dietrich. Si bien las empresas privadas aseguraron que podrían “absorber” a los trabajadores de zonas no rentables y quedarse con los aeropuertos grandes, según denunciaron desde el sindicato, los empleos no están garantizados.
“Al igual que las low cost, van a meter empresas a competir, a pérdida, para que Intercargo se destruya y ellos quedarse con el mercado. Es la low cost de las rampas”, culminó Dolagaratz.
El Destape
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Esto es una apertura indiscriminada al narcotráfico.
Cuatro años de gestión económica de la alianza Cambiemos
La saqueada herencia
El gobierno de Macri ha comprometido la soberanía política y la independencia económica por una deuda que alcanzará casi el tamaño del PIB, con vencimientos de corto plazo que condicionarán el futuro gobierno.
Por Martín Pollera y Mario Sosa

 Mauricio Macri, presidente de la Nación.
Argentina se aproxima al cierre institucional del primer período de la Alianza del PRO, la UCR y otros partidos menores, con un gobierno sumido en una profunda crisis, sólo mitigada en la apariencia por el control mediático de la agenda pública. Su crisis se expresa, en parte, en la frecuencia con la que han cambiado las autoridades de diferentes espacios de la administración pública que, con independencia de la idoneidad de sus funcionarios, tiene directa vinculación con el eclecticismo de su política internacional. 
A nivel mundial, han carecido de una visión estratégica que permita leer el conflicto principal, pasando de apoyos explícitos a la globalización financiera, incluyendo un público e inusual apoyo al Partido Demócrata de Estados Unidos, hasta las elecciones presidenciales. Luego, han pretendido una aprobación por parte de la actual administración estadounidense, como así también de China. El gobierno no ha sabido, entre otras cuestiones, conducir a nivel local esas relaciones globales de fuerza y ha quedado a merced de la inestabilidad mundial de esta época, con severas consecuencias para el país. Vale imaginar entonces qué dejará su paso por la conducción institucional del Estado para dimensionar la magnitud de los problemas en el futuro próximo.

Saldo

Con independencia de una mejor evolución de algunas pocas variables económicas durante 2019, es claro que el período cierra con:
  • Déficit fiscal global (incluyendo provincias) de 12 puntos del PIB.
  • Déficit externo de cuenta corriente anualizado mayor a 30.000 millones de dólares y más del 5 por ciento del PIB.
  • Niveles de consumo y de inversión en declive.
  • PIB global en dólares un 8 por ciento menor al de 2015. 
En resumen, en estos cuatro años de gobierno se habrá visto comprometida severamente la soberanía política y la independencia económica, fundamentalmente por una deuda que alcanzará casi el tamaño del PIB con vencimientos de corto plazo que condicionarán el margen de maniobra del futuro gobierno. 
Todo ello, sumado a una fuerte caída de los ingresos de la población de menores recursos con pérdidas del salario promedio del sector privado de aproximadamente 22 puntos respecto de 2015 y de jubilaciones y pensiones del 18,5 por ciento. 
Así, se conjuga una regresiva redistribución del ingreso que se suma a la fuerte caída del PIB per cápita que es de un 50 por ciento si se compara 2018 contra 2017. La inflación acumulada será cercana al 200 por ciento, el alza del tipo de cambio rondará el 300 por ciento, y la fuga de capitales sumará aproximada unos 60 mil millones de dólares.
Esto es lo que luego se expresa en las tasas de pobreza e indigencia que, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, alcanzan el 33,6 y 6,1 por ciento, respectivamente, siendo éstos las cifras más elevadas de la década. Son 1 millón más de desocupados que hace apenas tres años y probablemente empeore en 2019, como también, unos 13,6 millones de personas sumidas en la pobreza.

Improvisación

Evidentemente, la eliminación de la emisión monetaria como modo de financiar el déficit existente y la apertura de importaciones no resultaron herramientas efectivas para combatir la escalada de precios. Por el contrario, la dinámica inflacionaria se agudiza impactando sobre la producción, el poder adquisitivo y el empleo.
El valor del dólar, el precio de los combustibles, las tarifas y la tasa de interés arrinconan la tasa de ganancia de los segmentos productivos, principalmente de aquellos que dependen del mercado interno. Si deciden elevar los precios para no perder rentabilidad, se quedan sin demanda dada la merma en el poder adquisitivo. Si no lo hacen transfieren toda su plusvalía a aquellos segmentos muy ligados al poder político. 
Aún con una inflación proyectada del 30 por ciento para el año próximo, las tasas continúan cerca del 60 por ciento anual, ahogando al sector productivo y con la alarma encendida permanente de una nueva corrida del dólar. 
Como resultado de este proceso, el corazón del agregado de valor, la industria manufacturera, vio cerrar sus puertas a más de 10.000 pymes y destruirse más de 107 mil puestos de trabajo industriales. En la medida en que el desempleo crece, y crece aún más en los sectores productivos, más cae la creación de riqueza, demostrando la vigencia de la teoría clásica del valor, que bien podría servir de guía a la improvisación de encumbrados funcionarios.

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En suma, la desconfianza del mundo se acrecienta, complicando aún más el contexto nacional. Pasada la fiesta del G20, la economía mundial considera que Argentina entrará en cesación de pagos: el riesgo país ya superó los 800 y el gobierno comienza a suspender los programas de obras de Participación Público-Privada (PPP), casi la única herramienta con la que la Alianza Cambiemos buscaba reactivar la economía. 
En cuanto a la y la “cosa más simple”, la inflación, será la más alta de América del Sur, luego de Venezuela. Justamente serán Argentina y Venezuela los únicos dos países en América del Sur que registrarán caídas consecutivas en su actividad económica en 2018 y 2019, visibilizando que el complejo internacional no es suficiente para justificar la preocupante situación económica que atraviesan ambas naciones. 
La evidencia histórica es contundente. Los actores locales e internacionales, políticos, económicos y sociales lo saben: el mismo gobierno (que autogestó los problemas que dejan una herencia saqueada), no puede ser quien los resuelva. La profundización de la crisis económica y social va trascendiendo a la órbita político-institucional. Por eso, el gobierno intenta adelantar elecciones en la provincia más castigada por el ajuste 
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Un amparo para adecuar la composición de la Cámara de Diputados
“Que mi voto no valga menos”
Por Sebastian Abrevaya
El amparo reclama que las bancas se distribuyan según el censo 2010.
“Tengo derecho a que mi voto no valga menos que el de otros habitantes argentinos, derecho que se ha visto conculcado en numerosas elecciones y que se encuentra nuevamente amenazado”, denuncia Luis Giacosa, ex diputado nacional de Salta. Él, con el patrocinio de su hijo Guido y el acompañamiento del constitucionalista tucumano Rodolfo Burgos, presentó un amparo ante la justicia electoral salteña para que se adecúe la composición de la Cámara de Diputados según el último censo disponible, tal como establece la Constitución Nacional. El reclamo toma como antecedente un fallo de la Cámara Nacional Electoral de julio del año pasado en el que se declaró inconstitucional la actual conformación de la Cámara baja por regirse por el censo de 1980. Como el Congreso nunca cumplió ese fallo, Giacosa solicitó ahora una medida cautelar para que se le ordene al Poder Ejecutivo que este año, cuando convoque a elecciones, lo haga de acuerdo al censo 2010 y con exclusión de los “agregados” y “mínimos” establecidos por un decreto ley del dictador Reynaldo Bignone. La causa quedó en manos del juez electoral de feria, Leonardo Bavio. 
Tal como publicó Página 12 a fines de diciembre, el Congreso cerró este año su período de sesiones ordinarias sin modificar su composición pese a que los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera reclamaron el 5 de julio “extremar los recaudos para ejecutar el mandato que establece el artículo 45 de la Constitución Nacional”. Ese artículo de la Carta Magna es muy claro: “el número de representantes (de la Cámara de Diputados) será de uno por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”. La última vez que se fijó la representación y se aumentó la base fue mediante el decreto 22.847 de 1983, todavía durante la última dictadura cívico militar. Allí se estableció que los diputados se elegirán uno cada 161 mil habitantes o fracción no menor de 80.500. Se tomó de base el último censo disponible, el de 1980, pero no se actualizó con los siguientes. Aquel decreto de Bignone estableció además, un agregado de 3 diputados por provincia, además de los que les corresponden por su cantidad de habitantes y fijó un piso mínimo de 5 diputados independientemente de su población. 
En el amparo, Giacosa advierte que el conflicto que se produce en ambos casos: por un lado, la omisión en la actualización según el censo nacional que pasó de 28 a 40 millones de personas y que además varió en la cantidad de habitantes por provincia. Por otro lado, considera que los “agregados” y “mínimos” fijados por el decreto son “ilegales” y “arbitrarios”. Esos retoques no pueden ser admitidos; ya es bastante grave que estas leyes de facto, con veleidades correctoras de la Constitución Nacional, subsistan hasta nuestros días. La dictadura justificó esas distorsiones en que eran necesarias para “compensar” las “peculiares diferencias entre una y otra provincia”. Lo cierto es que otorgó mayor poder a las provincias más pequeñas, con menos habitantes y con una tendencia más conservadora que aquellas más pobladas y grandes centros urbanos.
“Mi voto como habitante de Salta es un 33,3 menos valioso que el de un habitante de la ciudad de Buenos Aires, o, dicho de otro modo, que para igualar la potencia electoral de dos porteños, se requieren tres salteños; y para igualar la de un fueguino, casi siete salteños”; gráfica la denuncia. Giacosa fue diputado nacional por el peronismo entre 1985 y 1989.
Como solución, piden usar el censo 2010, eliminando los agregados y mínimos y manteniendo la base repartidora de aquel decreto ley. Es decir, 1 diputado por cada 161 mil personas o fracción no menor a 80.500. Según ese cálculo, la provincia de Buenos Aires pasaría a tener 97 diputados en vez de 70, y en el otro extremo, Tierra del Fuego pasaría de tener 5 a tener 1. Otra que perdería mucho terreno sería la Ciudad de Buenos Aires, que tiene 25 y quedaría con 18. Santa Fe pasaría de 19 a 20 y Córdoba de 18 a 21. En total, la Cámara no sumaría diputados sino que la variación sería de 257 a 250.
Si bien la propuesta se ajusta al texto constitucional, será difícil que los diputados de los distritos perjudicados con ella la acepten. Dependerá en parte de la actitud que adopte el Poder Judicial y también el Gobierno nacional. El macrismo, con la pérdida de diputados en CABA no tiene demasiados incentivos políticos más que darle algún cumplimiento a su permanente proclama institucionalista. “Los poderes constituidos, Legislativo y Ejecutivo, incumplen hace décadas el mandato constitucional, convocando elecciones sin actualizar su proporción a la distribución de la Nación Argentina y omitiendo reemplazar legislación de inconstitucionalidad inequívoca”, concluye el escrito al que accedió Página12.
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Ya va siendo hora que se adecue la camara a la constitución , todos la invocan pero muchos no la cumplen.
Los gremios combativos ante la ausencia de la central obrera
Luchar sin fracturar a la CGT
El triunfo de los gremios de pilotos generó en el Frente Sindical la idea de explorar una nueva estrategia para superar la falta de voluntad de la CGT. Quieren convocar a un paro desde la Federación Internacional del Transporte.
Por Felipe Yapur
La intención es demostrar que se puede convocar a un paro nacional sin depender de la CGT.
El conflicto de los pilotos, que derivó en la derogación de la resolución que permitía la habilitación express de licencias a pilotos extranjeros, probó que es posible derrotar desde una posición de fuerza una de las tantas maniobras que lleva adelante el Gobierno, en su intento por flexibilizar la relaciones laborales. Al mismo tiempo, este triunfo de los pilotos dio origen a una nueva estrategia sindical con la que se buscará superar el dique de contención en el que se transformó la CGT en lo que respecta a la elaboración de un plan de lucha que confronte el modelo macrista. La idea no pretende desplazar a la central obrera ni construir una nueva sino más bien ocupar los espacios abandonados o descuidados por ésta porque consideran que no es posible dejar librado a la suerte electoral el futuro de los derechos laborales.
La idea surgió en la madrugada del viernes mientras se desarrollaban la febriles negociaciones entre los gremios de pilotos y el Gobierno que buscaba con desesperación evitar el paro que se había producido fruto de un intento del oficialismo por quebrar el poder sindical en las empresas aeronáutica. Mientras los llamados iban y venían entre funcionarios y sindicalistas llegó un mensaje de solidaridad de Pablo Moyano al celular del titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró. Eso disparó una conversación donde poco a poco se fue evaluando la forma de superar la mansedumbre de la CGT que en estos últimos meses mantuvo un estruendoso silencio frente las consecuencias del programa económico del gobierno de Macri.
La idea cobró fuerza una vez que los dirigentes sindicales tomaron conciencia de que el triunfo que alcanzado por los pilotos surgió de la mezcla perfecta entre negociación y firmeza como fue  sostener el paro a pesar de que tenían todo el aparato mediático amigo de la Casa Rosada en su contra y obligaron a que el Ministerio de Transporte, que dirige Guillermo Dietrich, no tenga más remedio que derogar una resolución que iba en contra de los derechos de los trabajadores aeronáuticos. Entendieron los gremialistas que estaban frente a un triunfo político sindical que no debía desperdiciarse y mucho menos dejar que se pierda entre el cúmulo de noticias que suele imponer el Gobierno como táctica distractiva.
Entonces, y por recomendación de un asesor de Biró, decidieron aprovechar aquellas organizaciones sindicales supranacionales que los dirigentes argentinos de los gremios del transporte integran como es la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF en inglés) donde Pablo Moyano es uno de los vicepresidentes del comité mundial. En esa organización también participan Biró y Edgardo Llano de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) e incluso también hay dirigentes del gremio ferroviario de La Fraternidad que ocupan secretarías en las oficinas regionales de la ITF.
El objetivo parece sencillo: confrontar con mayor firmeza al gobierno de Cambiemos y desde la ITF trabajar para convocar a un paro general que puede ser de los gremios el transporte que también contará con aquellas organizaciones sindicales que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional más las dos CTA, un cúmulo de organizaciones sociales con las que han tejido alianzas y también a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid quien supo llegar al triunvirato por ser parte de las filas del moyanismo, conjunto con el que pese a las diferencias no ha roto del todo los vínculos.
La incógnita a develar es si con estos gremios es suficiente como para lanzar un paro general en los próximos dos meses donde la ITF haga las veces de paraguas protector en el momento del llamado a la medida de fuerza nacional. Por otra parte y en caso de que fuera exitoso este armado y se supere el muro de la CGT, es probable que surja un nuevo actor dentro del universo sindical. Si bien es demasiado temprano, lo cierto es que entre los que participan de esta idea tienen clara la necesidad de otorgarle a la mayor central obrera de Latinoamérica un nuevo perfil y rol dentro de la política argentina.  Esto es qué hacer con los sectores que conducen en la actualidad la CGT, los sectores conocidos como gordos e independientes. Si no aplican aquello de “la unidad aunque duela” es probable que haya más de una central obrera. El resultado de la puesta en práctica de este lema en la compulsa electoral de este año bien puede servir como ejemplo o prueba piloto para la irrefrenable disputa interna de la CGT.
De todas formas la derrota política del Gobierno ante los pilotos, aunque no sea más que un fracaso puntual o una batalla perdida, provocó algunas reacciones en el mundo sindical tradicional. Por caso, en las últimas horas los dos integrantes del secretariado general de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer, salieron por separado a hablar de resistencia a una reforma laboral y a la posibilidad latente de recurrir a la huelga general. En 2018 ante las presiones internas el entonces triunvirato lanzó un par de paros generales con los que consiguieron el oxígeno necesario para mantenerse al frente de la central obrera. El tercero se diluyó tras el acuerdo del bono de cinco mil pesos. Pero esas bocanadas de aire fresco no morigeraron la crisis que atraviesa a la CGT donde sus integrantes imaginaron un 2019 dedicado casi de manera exclusiva a la participación del armado electoral del peronismo mientras cada sindicato defiende su territorio con más o menos suerte. Prueba de ello es la ausencia de solidaridad pública de la CGT con los gremios que en estos últimos dos meses estuvieron en conflicto. Pero ninguno de los que está al frente de los sindicatos y/o la CGT llegó al mundo hace pocos días por lo que son ávidos lectores de la realidad política y como tal es probable que incrementen el umbral del dolor para lanzarse a trabajar en eso que llaman unidad.
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Exclusivo: La doctrina Bullrich en acción
Un tiro en la nuca
Vuelco inesperado en el caso más resonante de fines de 2018, el asesinato de una pasajera en un micro repleto. La investigación reveló que no la mataron los delincuentes, como se había difundido, sino un policía de la Ciudad que usó su arma sin tener en cuenta la vida de los pasajeros.
Por Raúl Kollmann
Uno de los más resonantes casos de los últimos tiempos produjo esta semana una enorme sorpresa: la muerte de una pasajera en un micro en Esteban Echeverría, el 27 de diciembre de 2018, no fue obra de ladrones que subieron al vehículo sino de un policía de la Ciudad de Buenos Aires, imbuido de la doctrina impulsada por Patricia Bullrich. El efectivo disparó cuatro veces en un micro repleto, produciendo la muerte de la pasajera Sandra Rivas, de 46 años. Un dato no menor es que el efectivo tiene 19 años, había egresado de la academia el 11 de diciembre de 2018 y disparó dentro del micro el 27, a apenas 16 días de ser policía. Se ve que la doctrina Bullrich impacta de lleno en los nuevos efectivos, cuando lo que se debería instruir es el uso de arma sólo en casos de extrema necesidad y nunca poniendo en riesgo la vida de inocentes.
El caso produjo un impacto mayúsculo porque se situó a la víctima como protagonista de una historia dramática. Otra pasajera contó que ella empezó a gritar “no quiero morir, no quiero morir” y Rivas la cubrió, recibiendo el disparo. La investigación y las pericias ordenadas por el fiscal Andrés Devoto no sólo demostraron que la muerte se produjo por uno de los cuatro disparos del policía sino que tampoco está claro que los delincuentes hayan disparado: no se encontró ningún proyectil ni vaina salida de otra arma que no fuera la del policía. 
Junto al efectivo que disparó, en el asiento contiguo, viajaba otra mujer policía, pero de una fuerza distinta: la Bonaerense. La mujer mantuvo la calma y no disparó, contradiciendo la tradición de su fuerza. Cuando uno de los delincuentes salió corriendo, entre los dos efectivos lo persiguieron, no pudieron alcanzarlo pero pidieron un refuerzo y un patrullero de la Bonaerense lo redujo sin disparar un tiro. No se aplicó la doctrina Chocobar-Bullrich de tirarle al que huye. Tal vez la mujer policía, en el micro, tuvo en cuenta la ley 13.482 de la Provincia de Buenos Aires, dictada durante la gobernación de Felipe Solá y que establece para los efectivos: “recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista riesgo de afectar la vida humana”.La norma expresamente indica que se privilegia la vida sobre la propiedad, o sea que no se puede disparar cuando sólo se trata de preservar bienes de un robo. Tras la detención, ambos delincuentes están ahora presos y afrontan altas penas, al menos por el delito de robo con armas. 
Inicialmente se creyó que los dos ladrones, Gabriel Ledesma y Mauricio Parodi, fueron los que dispararon y dieron muerte a Rivas, sentada en la parte delantera del ómnibus. En especial jugó un papel la sangre que le vieron a la mujer en la cara, arriba de la nariz, y luego el relato de la pasajera que contó que Rivas la protegió. Sin embargo, la autopsia ordenada por el fiscal Devoto demostró que la sangre en la cara correspondía al orificio de salida y que la bala entró desde atrás, atravesando el asiento, ingresando en el cráneo y saliendo por adelante. Los asientos del micro La Costera, de media distancia, son altos y por eso la trayectoria atravesó el respaldo e impactó en la mujer. Eso prueba que los disparos vinieron de atrás, donde estaba el policía, y no de adelante donde estaban los delincuentes.
El jueves pasado se concretó la pericia planimétrica, o sea el estudio, incluso con rayos laser, de las trayectorias de las balas y dónde estaba ubicada cada persona. Ese estudio confirmó lo que era evidente. El policía de la Ciudad, colocado en la tercera fila contando desde el fondo, gritó ¡Alto, policía!, disparó en diagonal, de atrás hacia adelante, donde estaban los delincuentes, y también en dirección al lugar donde estaba sentada Sandra. La proyección con laser se convirtió en una prueba indubitable.
Pero, además, en el asiento ubicado inmediatamente adelante de donde estaba el discípulo de Bullrich se encontraron las vainas servidas de los cuatro disparos que hizo. Se trata de vainas de proyectiles FLB, iguales a las que tenía el joven uniformado en el cargador y distintas a los proyectiles CBC que tenía la mujer-policía de la Bonaerense. También se encontraron el resto de los impactos del policía: uno en el vidrio de adelante, otro que hirió a uno de los ladrones y el cuarto en el brazo de otro de los ladrones. En todo el micro no se encontraron más vainas ni proyectiles que esos, lo que –en principio– significa que no disparó nadie más. Hubo otro pasajero herido, lo que hace presumir que la bala que atravesó el brazo del pasajero fue la que terminó en el parabrisas, pero eso no está claro. 
Como ocurrió con la joven que gritaba “no quiero morir”, los balazos adentro del micro crearon una enorme confusión. Los testigos no pudieron percibir bien quién disparó y quién no disparó, por lo que hay algunos que dijeron que los ladrones dispararon y los policías no, y algunos que dieron la versión opuesta. Sí está perfectamente claro que al menos uno de los delincuentes –vestido con camiseta de Boca– exhibió un arma, mientras que no se sabe si el otro estaba o no armado. Los testimonios son contradictorios. Los dos fueron detenidos, pero se encontró una sola pistola, con el cargador vacío, así que es muy probable que el de la camiseta de Boca no haya disparado. Y es posible que el otro delincuente no haya portado arma. En medio del caos, los testigos no son muy confiables y el fiscal Devoto debió orientarse por los elementos objetivos: balas, vainas, pistola encontrada.
Un dato asombroso está relacionado con el proyectil que mató a Sandra. Ella viajaba en las primeras filas, en el asiento del pasillo. A su lado se ubicó su hija, que tenía frente a sí un bolso con el cierre roto. Al día siguiente de la muerte de Sandra, la hija revisó el bolso y se encontró con un proyectil, también de la marca FLB, la del policía de la Ciudad. La hipótesis es que la bala atravesó el asiento, luego impactó en la cabeza de Sandra, salió arriba de la nariz y cayó en el bolso. La pericia se hará este martes, aunque no tiene la relevancia de la planimetría dado que no se sabe si se va a poder determinar que corresponde al proyectil que mató a la mujer. La planimetría es decisiva porque del lado de atrás del micro no había delincuentes sino que estaba los dos policías, el que disparó y la mujer policía que no lo hizo. 
El impacto de la doctrina de meter bala es evidente: cualquier uniformado siente que tiene libertad para disparar y, por supuesto, aparecen de inmediato los que se sienten justicieros, piensan que los van a galardonar, y disparan incluso dentro de un micro repleto de gente. Llevar a la Casa Rosada a un efectivo –Chocobar– que le disparó a un ladrón por la espalda es un mensaje a todos los policías. Igual efecto tiene exhibir un reglamento, inconstitucional, que deja las manos libres para usar el arma aún si no es estrictamente necesario. O defender a los que le tiraron, también por la espalda, a Rafael Nahuel, o a los que corrieron de forma ilegal a Santiago Maldonado, son todos gestos que alientan a disparar aún a riesgo de matar a alguien que pasa o a alguien sentado en el asiento de un micro.
Para el policía lo ocurrido también tiene un costo: de hecho el efectivo de la Ciudad fue notificado de que será imputado por homicidio. Es muy posible que termine acusado por homicidio culposo, es decir no intencional, pero afronte una condena penal y una posible inhabilitación por muchos años. 

19 de enero de 2019

En el Chaco volvió a llover y ya hay 7500 evacuados en cuatro provincias
La creciente avanza en el Norte
Hay 3000 evacuados en Chaco, 3000 en Corrientes, 1000 en Entre Ríos y 500 en Santa Fe. La diputada Araceli Ferreyra denunció que Marcos Peña había anunciado un crédito de 300 millones de dólares del BID para desastres, pero “a ningún intendente le ofrecieron nada”.
Entre Ríos es una de las provincias afectadas por las inundaciones.
El número de evacuados por las inundaciones ascendió ayer a 7500. Según informó el secretario de Protección Civil nacional, Emilio Renda, hay 3000 evacuados en Chaco, 3000 en Corrientes, 1000 en Entre Ríos y más de 500 en Santa Fe. Mientras tanto, las miles de personas que tuvieron que dejar sus hogares están siendo asistidas con insumos básicos y bolsones de comida. Según informó la diputada nacional Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), ayer presentó en el Congreso junto a otros diputados un proyecto de ley para “declarar zona de desastre y emergencia social, económica, fiscal, productiva y social en las Provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos y el norte de la provincia de Santa Fe”.
“Estamos pidiendo que se convoque a sesiones extraordinarias porque no se puede seguir esperando hasta marzo. No nos vamos a resignar a convivir con las inundaciones y sus secuelas”, dijo a PáginaI12 la diputada Ferreyra en alusión a los dichos del Presidente. “En noviembre, Marcos Peña y otros funcionarios anunciaron que había un crédito de 300 millones de dólares del BID para emergencias y desastres en zonas urbanas. Pregunté a varios intendentes y a ninguno le ofrecieron ni sabían nada”, agregó.
“Hay una gran conexión entre monocultivo, deforestación e inundaciones. Pero en las zonas actualmente inundadas el monocultivo y la deforestación no son el principal problema –sí lo son en el oeste de Chaco, el oeste de Buenos Aires o en Santiago del Estero, por ejemplo–. Sí podríamos decir que influye la deforestación y el monocultivo en Brasil y Paraguay, donde también estuvo lloviendo mucho y el agua llega a estas provincias argentinas”, explicó a este diario José Peruelo, ingeniero agrónomo e investigador del Conicet. “Lo que está pasando ahora tiene, en parte, un componente de inevitabilidad, porque llovieron 400 milímetros, o sea, un tercio de lo que llueve en el año en menos de 15 días. Y eso genera una entrada de agua muy grande que el sistema actual no tiene capacidad de contener”, agregó. Según afirmó a este diario Rolando Nuñez, del Centro de Estudios Nelson Mandela, en las ciudades “faltan enormes obras de infraestructura y las obras que existen están paradas por falta de financiamiento”. 
Este martes, el gobernador chaqueño, Domingo Peppo, le reclamó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, por las obras del ferrocarril Belgrano cargas –responsabilidad del ministro Guillermo Dietrich– porque tendrían una mala disposición del alcantarillado que agrava el problema del drenaje de agua existente en varias zonas de las provincias de Chaco, Corrientes y Santa Fe. Algunos miembros de la Sociedad Rural de la provincia de Santa Fe culparon por las graves inundaciones al atraso en las obras de canalización del agua que baja de Chaco y Santiago del Estero y denunciaron también que las vías del Belgrano cargas actúan a modo de barrera que no deja pasar el agua correctamente.
El jueves, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó a Peña y al ministro de Producción y Trabajo nacional, Dante Sica, que declaren la emergencia económica y el desastre agropecuario en las provincias más damnificadas. También requirió la implementación de una “ayuda financiera especial para todas las actividades económicas perjudicadas por esta situación climática” y pidió que “las entidades financieras públicas implementen tasas de redescuento bonificadas para dar alivio financiero y que las privadas no perciban comisiones por los depósitos en efectivo”.
Chaco es una de las provincias más afectadas por las inundaciones y ya cuenta con 3000 evacuados. Las lluvias que cayeron durante la madrugada de ayer agravaron la emergencia hídrica en la zona de Gran Resistencia, dificultando el escurrimiento de las aguas en las áreas más bajas, el tránsito del transporte público de pasajeros y la recolección de residuos.
Las lluvias de ayer, que llegaron a acumular entre 60 y 30 milímetros en Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana, empeoraron el estado de las inundaciones en estas localidades, donde se concentra un tercio del total de habitantes de Chaco. Durante enero, en este sector de la provincia, la caída de lluvias alcanzó los 588 milímetros, lo que constituye el máximo histórico en registros pluviométricos, superando incluso el del mes de abril de 1989 que tuvo 557 milímetros.
En Santa Fe, las precipitaciones acumuladas superaron los 400 milímetros y el número de evacuados ascendió ayer a 504 en doce localidades de los departamentos de Vera, 9 de Julio, General Obligado, San Javier y San Justo, según informó la secretaría de Protección Civil. Las acciones coordinadas por Prefectura y Gendarmería en Santa Fe se centran en las comunas de Villa Minetti y Margarita, en el norte de la provincia.
En Corrientes, que cuenta con 3000 personas evacuadas, se realizó el corte de 27 rutas y caminos por el desborde de ríos y arroyos. 
Por la crecida del río Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, varias localidades declararon la emergencia hídrica y al menos 1000 personas, entre evacuados y autoevacuados, tuvieron que dejar sus casas. 
Informe: Azul Tejada.
Piletas sin Milagro
Por Luis Bruschtein

El miércoles vencía la preventiva que sufría Milagro Sala y que había provocado una catarata de protestas internacionales. El gobernador Gerardo Morales necesitaba que el martes el Tribunal Criminal Número 3 de Jujuy la condenara, como sucedió. Todo el juicio estuvo plagado de irregularidades como que la última sesión se postergó diez horas porque habían detenido en Formosa por narcotráfico a Raúl Ezequiel Aguilera, uno de los principales testigos e hijo de la diputada Mabel Belconte, testigo estrella, quien tras declarar contra su mentora tuvo un intento de suicidio. El juicio fue una gran puesta en escena donde el público pudo ver las movidas grotescas que se producían tras bambalinas. Porque en realidad esa parodia de juicio funcionó más como un choque de culturas donde predominó la más poderosa. No se necesitaron pruebas sino satisfacer el prejuicio.
Este juicio se convierte en un ensayo del tipo de sociedad que Cambiemos pone en juego y que busca neutralizar y anular a las organizaciones sociales. Para Cambiemos, la cacerola tiene que entender que está más cerca de los bancos que de los desocupados.
El orden que busca el neoliberalismo representado por la alianza Cambiemos que integra el radical Morales se estructura según la ley del gallinero, donde el que está más arriba jode al que está más abajo. Quiere una sociedad fragmentada y ordenada jerárquicamente por el odio y el desprecio del que está arriba hacia los de abajo. Es una organización que mira hacia abajo y no hacia los que se favorecen de ella, que son los que están arriba.
Hay un sector de la sociedad que acepta sin dudar la decisión del tribunal de Jujuy contra Milagro Sala porque esa condena es coherente con la idea que tiene de un dirigente del movimiento de desocupados.
Cuando Horacio Rodríguez Larreta inauguró un parque acuático con unas alfombras de plástico con surtidores de agua, algo que se usa también en otras partes del mundo, Milagro Sala, le envió desde la cárcel un mensaje socarrón: “Vi que inauguraste una pileta, que en realidad es una alfombra. Como sabrás, nosotros además de las miles de viviendas construimos 18 piletas, entre ellas la del Parque Acuático que es la más grande del noroeste argentino. Si necesitás algún tipo de asesoramiento contá conmigo”.
Hay una anécdota de Eva Perón sobre la construcción de viviendas populares a cargo de su Fundación. Ella insistía en que las casas debían ser tipo chalets californianos de los que estaban de moda en esa época entre los sectores burgueses.
Los arquitectos e ingenieros trataron de convencerla, le dijeron que el concepto californiano era importado, que no era “nacional”, que con lo que implicaba hacer un chalet de ese tipo se podían construir diez departamentos en un monobloque, que no era práctica esa idea. Evita insistió: “si el pueblo quiere chalets, vamos a hacer chalets, no vamos a construir casas para pobres”. Y así se construyeron numerosos barrios populares con el clásico chalet con frente de piedra laja y techos de tejas, como Ciudad Evita.
Es probable que los arquitectos tuvieran razón desde el punto de vista técnico o práctico, pero Evita les hablaba con el corazón. El chalet es el equivalente de las piletas. Milagro lo sabe porque lo vivió en carne propia cuando era una niña y no la dejaban entrar a la pileta adonde iban sus hermanastros porque ella era negrita y coya.
Construyó las piletas para los pobres como un acto de reivindicación, porque para ella, esta sociedad asigna las piletas solamente a los ricos. Construir 18 piletas de natación en barrios populares fue un acto de enorme significado reivindicatorio, que no pueden entender los que tienen pileta en sus casas o en la de sus amigos.
Las piletas serían el equivalente a los chalets de Evita y el juego acuático de plástico con surtidores (también muy disfrutado por sectores populares), serían los departamentos de los monobloques.
Además de las piletas, Milagro Sala construyó 8500 viviendas populares, escuelas primarias y secundarias (con pileta cubierta), fábricas bloqueras, numerosas salas de salud y organizó cooperativas de trabajo. Todo lo hizo con el dinero por el cual se la acusa de “mala administración” y fraude a la administración pública. Fue un alarde de eficiencia, porque por la misma cantidad, una constructora particular no hubiera construido ni la mitad.
Todas esas obras fueron vandalizadas poco después de que Milagro fuera detenida. Fue una advertencia para las organizaciones que integraban el frente de la Tupac Amaru de que, con Milagro presa se había terminado la fiesta. Rompieron los vidrios de las salas de salud, robaron la maquinaria de las bloqueras y el gobierno provincial se apropió de las escuelas. Pero la imagen emblemática de esa embestida contra la organización fueron los piletones del “Cantry” secos y abandonados, con los leones marinos de yeso, que emulaban a los clásicos de la rambla marplatense, destruidos a martillazos.
Tanto peso simbólico tuvieron las piletas que su maltrato terminó por convertirse en la imagen más representativa de la derrota y la destrucción. Pero al mismo tiempo, esas imágenes tuvieron un significado diferente según la condición social. Los macristas lo festejaron como la señal más clara de que sus fueros ya no corrían peligro y de que se había puesto en caja a los advenedizos. Los pobres lo visualizaron como un acto de crueldad, una salvajada.
Esa imagen de las piletas reapareció el miércoles en el obelisco, un día después de que el Tribunal condenara a Milagro a 13 años de prisión. Esta vez no fueron los grandes piletones del “Cantry”, sino numerosas pelopinchos de lona. Cuando un gesto de dignidad en la sociedad tiene esa intensidad y la marca genuina de origen, la historia se lo apropia, lo incorpora como parte de la experiencia de esa sociedad. Y ahora las piletas regresan como forma de protesta.
Mientras las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos realizaban este “piletazo”, el gobernador Morales apareció en el programa “A dos voces”, de TN. “Milagro es una delincuente que puso en marcha un sistema violento y fascista de persecución de los más pobres”, afirmó tras celebrar el fallo del tribunal.
Esta es la cuarta causa que se tramita contra Milagro Sala y es la única que amerita que permanezca prisionera lo cual explica la premura del gobernador para que el tribunal emitiera un fallo. Ese apuro demuestra a su vez, el temor de que Milagro Sala en libertad pudiera reorganizar el movimiento popular y la oposición.
Desde la cárcel, Milagro había dicho que “Gerardo Morales es un cagón, no quiere competir políticamente conmigo porque me tiene miedo”. Lo pasaron varias veces por televisión y se reprodujo en las redes. Son palabras fuertes, sin vueltas cortesanas. Con los tapones de punta y al tobillo. Para un sector de la sociedad, esa forma de hablar de Milagro completa el estereotipo que se forma de los dirigentes sociales para descalificarlos. Pero ella tiene razón, porque los radicales jujeños nunca ocultaron que les hubiera sido muy difícil gobernar si antes no destruían su organización y la anulaban a ella como líder.
Evita hablaba así también. No es para hacer un paralelo. Son muy diferentes. Pero las dos vienen de abajo y con un fuerte impulso de rebeldía contra las injusticias. Y el antiperonismo se regodeó mucho en esa forma de hablar que también tenía Evita. Es como el viejo apotegma de mayo francés del 68 que decía: “Cuando el dedo señala a la luna, los estúpidos miran el dedo”.
Con Milagro Sala confluyen dos factores para consumar una injusticia. Por un lado el interés político del oficialismo para destruir a una organización popular que hubiera puesto mucha resistencia a los planes de ajuste en la provincia y a los actos de corrupción del gobierno que se han denunciado tanto en negocios inmobiliarios como con el litio.
Y esa persecución política, una marca de Cambiemos que se reproduce a nivel nacional, encuentra vía libre gracias al consentimiento de una parte de la sociedad jujeña que vio en la lucha de los movimientos sociales una amenaza y no los remezones provocados por situaciones injustas que fueron endémicas en la provincia. Milagro Sala es un emergente muy jujeño de esos problemas.
Ese desencuentro está representado también en la impunidad con que Morales acusa de violenta y mafiosa a Milagro Sala, al mismo tiempo que manipula a la Corte Suprema, a los jueces y a los fiscales encargados de perseguirla. Esa manipulación es mucho más lesiva para el conjunto de la sociedad que cualquier corte de ruta. Los aprietes y maltratos a los dirigentes de la Tupac, ya fuera para que denuncien a sus compañeros o para que abandonen la lucha, son más violentos que cualquier manifestación callejera.
Es un choque de culturas. Es un ensayo de la sociedad que quiere Cambiemos. Y es persecución política. Es todas esas cosas, pero es tan obvia la injusticia en este juicio contra Milagro Sala, que terminará por convertirse en el juicio de la historia contra Gerardo Morales.
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18 de enero de 2019

Miguel Ángel Pichetto confesó que se reunió con Marcos Peña y votaría una ley clave para el Gobierno

El senador dijo que podría avanzar en la ley de financiamiento de los partidos políticos, para blanquear los aportes empresariales.

El senador y precandidato a presidente Miguel Ángel Pichetto reveló que se reunió con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para dialogar entre otros temas sobre la importancia de avanzar en la ley de financiamiento de los partidos políticos, y no descartó que el proyecto se pueda debatir en las sesiones extraordinarias del Congreso en febrero próximo.
Pichetto reveló que se reunió hace 48 horas con Peña para analizar “temas que estuvieron pendientes, como la ley de financiamiento de los partidos, que me parece fundamental para dar transparencia al mecanismo de financiamiento; si se habilita, en febrero se podría tratar en el pleno del Senado”.
La ley de financiamiento de los partidos políticos fue incluida en el temario de extraordinarias que envió en diciembre en gobierno nacional, pero finalmente no fue debatida en el recinto por falta de acuerdos.
Consultado sobre la reunión que mantuvo el martes en Cariló, con Roberto Lavagna, Pichetto afirmó por Radio Mitre que el ex ministro “está preocupado en los problemas de la Argentina”, y dijo que, si bien fue una reunión pública, reveló que conversa periódicamente con el economista.
Respecto de si Lavagna será candidato presidencial en los próximos comicios, Pichetto aseguró que el ex ministro “es un hombre con prudencia, y está observando el desarrollo del escenario político. Creo que hay que darle un tiempo”.
Según el senador por Río Negro, el ex ministro de Economía “piensa que la etapa que viene es para un proyecto de construcción de unidad nacional. Hay que hacer un proyecto con 8 o 10 proyectos de Estado".
“Acá, gane Macri o cualquier candidato, se va a tener que hacer esta convocatoria, de una visión de unidad nacional de recuperar las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad para la democracia y para la gente; hay que hacer un gobierno que tenga construcción de mayoría, porque desde las minorías es muy difícil”, destacó el jefe del bloque del PJ en el Senado.
El Destape