23 de septiembre de 2019

Los expedientes públicos de los 4 años de Macri corren riesgo de desaparecer

La situación, según los documentos y expertos que consultó El Destape, es grave.

Los expedientes públicos de los 4 años de gobierno de Mauricio Macri corren riesgo de desaparecer, según se desprende de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), información oficial a partir de una respuesta de acceso a la información y de testimonios que recogió El Destape. La razón es la siguiente: cuando Macri llegó a la presidencia trasladó a la Nación el sistema de expediente digital que utilizaba como Jefe de Gobierno porteño. Ese sistema, llamado Gestión Documental Electrónica (GDE) y que es por donde pasa toda la información del Estado, está plagado de fallas. No cuenta con back up ni plan ante desastres, no funciona la mayor parte del día, no garantiza confidencialidad ni existe control sobre quienes lo usan, menos de la mitad de las personas que lo utilizan fue capacitada, no está claro de quién es la licencia y, para colmo, el Gobierno no dejó que se auditara de forma completa. Como es modelo Macri, también hay un negocio, con un proveedor único sobre el que hay sospechas de conexión con el funcionario a cargo de implementar el GDE.
La situación, según los documentos y expertos que consultó El Destape, es grave. Macri y su histórico gerente desde los años empresariales Andrés Ibarra, puesto a cargo del primero Ministerio y hoy Secretaría de Modernización, implementaron el sistema GDE con el mismo criterio que todas sus políticas: apurados, sin control ni transparencia y sin planificación para que se sostenga en el tiempo. Esto pone en riesgo la memoria del Estado en estos 4 años y abre una incógnita: ¿es impericia o Macri quiere tener la oportunidad de borrar sus actos?
La gravedad de la situación tiene además otra complejidad. Este proceso de hacer digitales los expedientes públicos no tiene vuelta atrás. La buena idea del digitalizar expedientes se hizo mal, pero ya no se puede volver al papel. La cuestión es cómo garantizar que los expedientes que ya existen permanezcan en el tiempo y que la próxima administración que encabezará Alberto Fernández pueda continuar la gestión del Estado sin ataduras y con la información de estos 4 años de Macri disponible. Algo que, al día de hoy, parece más que dudoso.
Sin back up
El GDE es la continuación a nivel nacional del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) que Macri instauró en la ciudad de Buenos Aires. Lo implementaron de golpe en todo el Gobierno Nacional, desde los Ministerios a una larga lista de organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, empresas del estado o con su participación. Todos tienen, por ende, los mismos problemas que acarrea el sistema GDE, y se trata de lugares clave. Entre ellos, la AFIP, la ANSES, las Administraciones de Puertos, de Aviación Civil, de Laboratorios, de Materiales Controlados, de Seguridad Vial, la Autoridad Regulatoria Nuclear, el Banco Central, la Casa de la Moneda, la Comisión Nacional de Valores, el Correo Oficial, la Dirección Nacional de Vialidad, el Servicio Penitenciario Federal, la Dirección de Fabricaciones Militares, el Ente Nacional de Comunicaciones, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, el INDEC, el INTI, el INTA, la Lotería Nacional, el fondo Nación Fideicomiso, la Oficina Anticorrupción, el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos y su par de Seguridad de Presas, la Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura, la Procuración del Tesoro, la Sindicatura General de la Nación, las Supertintendencias de Riesgos de Trabajo, Seguros y Servicios de Salud, la Unidad de Información Financiera, e incluso la Unidad Ejecutora del Soterramiento del Sarmiento. Estos, y más, vulnerables a las falencias del GDE.
Una de las principales dudas respecto al sistema GDE gira en torno a su preservación y si tiene back up. Las razones de esta preocupación son sencillas: es más fácil eliminar sigilosamente documentos digitales que en papel. El ejemplo es Iron Mountain, cuando incendiaron un depósito de papeles para eliminar documentación vinculada a lavado de dinero, caso que le costó la vida a 10 personas entre bomberos y personal de defensa civil y donde el propio Macri tenía papeles de sus empresas familiares. En un archivo electrónico, la eliminación puede ser más limpia e incluso desde fuera de los espacios físicos donde está guardada esa información. Y es clave: es la memoria del Estado de los años de Macri.
La auditoría de la AGN, a la que accedió El Destape, advierte que el GDE “no cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres formalizado y debidamente comunicado” y que esto “implica un riesgo crítico y de alto impacto”. Le sugiere al Gobierno elaborar un Plan “que permita restablecer los servicios informáticos de modo ordenado y en el menor lapso posible en caso de presentarse un evento crítico”. Si se inunda, o incendia, o alguien deliberadamente destroza los servidores donde está la información, no hay plan para recuperarla.
Tampoco hay back up, una copia de seguridad de la información. El informe de la AGN advierte que el Gobierno “no ha implementado políticas y procedimientos formales de pruebas periódicas de restauración de los backups de las bases de datos y documentos digitales del sistema GDE y su respectiva documentación de resultados obtenidos. La carencia de esta práctica pone en riesgo la disponibilidad de la información del sistema GDE en el Sector Público Nacional”. El Destape habló con diversas fuentes que utilizan el sistema y confirmaron la inexistencia de back up.
Agujeros en el techo
El informe de la AGN advierte que los Centros de Procesamiento de Datos donde están los servidores del sistema GDE, es decir, donde se guarda la información, “no cumplen con algunas de las condiciones necesarias para resguardar la seguridad física y lógica de los servidores y sus datos, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio del sistema GDE para el Sector Público Nacional”. Los archivos del Estado sin protección.
En el que funciona en ARSAT, los equipos están sin jaulas de protección, “condición necesaria para garantizar la seguridad física”. Además, “no posee cámaras de video con control de movimiento instaladas de forma dedicada al equipamiento que brinda servicios al sistema GDE (se utilizan las genéricas que tiene instalada AR-SAT en cada sala), solución que sería deseable dado que estos entornos no cuentan con la protección física arriba mencionada”.
En el sitio de almacenamiento alternativo, textual, “las paredes del sitio son de durlock”, la puerta de acceso antipánico no es la requerida y, pese a que está en un piso alto de un edificio, no se hizo la certificación del peso, “situación que requiere estimar el peso máximo de la infraestructura tecnológica alojada o posible de alojar en función de la capacidad máxima que ofrece el sitio. En base a ese cálculo se debe realizar un estudio para asegurar que la estructura del edificio tiene la capacidad suficiente para soportar ese peso”. Faltan también matafuegos, no llenan las planillas de ingreso de proveedores (o sea, no se sabe quien entra), hay placas del techo sueltas, aires acondicionados sin rejilla deflectora que provocan polvo en los servidores y paredes de durlock rotas.
Anda mal
Además de los riesgos de que se pierda toda la información, el GDE anda mal. Muy mal. La AGN destacó que “sólo el 23% de los usuarios muestreados consideran que las funcionalidades que ofrece el sistema para dar soporte a su operatoria diaria cubren totalmente sus necesidades”. Para peor, “un 97% de los usuarios encuestados manifestaron que la indisponibilidad del GDE es frecuente o muy frecuente y que en horarios centrales acusa bajo desempeño”. Respecto a esto, aclara (como en otros puntos de la auditoría), que “se encontró restringida para ejecutar procedimientos que pudieran determinar el origen del problema”, es decir, que no los dejaron controlar como corresponde.
De los procedimientos de auditoria ejecutados se desprende que la indisponibilidad del sistema es muy frecuente y que aun cuando se encuentre disponible, en la franja horaria más crítica (10.30 a 16.30), la performance se degrada considerablemente en los organismos relevados, generando demoras o pérdida de tareas en curso ante el time-out propio del sistema”, dice el informe de la AGN. En conclusión, funciona mal en el horario laboral. Y no existe una alternativa para que la administración pública siga funcionando mientras el GDE se traba.
Todo esto tiene consecuencias, que en algunos casos llevan a la parálisis. Dice la AGN: “La continua inestabilidad del sistema también conduce a que los cargos jerárquicos se vean imposibilitados de firmar documentos y actos administrativos de manera oportuna. Dependiendo del organismo, algunos casos son críticos, como el pago de medicamentos, salarios, u otras cuestiones que adquieren carácter de urgente”.
Desde el Gobierno, ante la consulta de El Destape, informaron que al 14 de julio pasado se generaron 137.308.906 documentos y 13.991.488 expedientes. También detallaron que tiene 312.356 usuarios, de los cuales fueron capacitados 118.325, menos de la mitad. Esto, según la respuesta oficial.
Despelote y negocios
No se prevé la eliminación de documentos en GDE”. Esta fue la respuesta del Gobierno ante 10 preguntas de El Destape referidas a cuanto tiempo se guardarán los expedientes digitales, si existe un criterio para eliminarlos, si existen alertas frente a eliminación de documentos, etc.
Sin embargo, no existen planes para que esos archivos duren en el tiempo. Y, para peor, desde el punto de vista de la archivística, la guarda de todo es la imposibilidad de encontrar nada. Los usuarios de GDE a menudo tienen que llevar libretas o planillas externas para encontrar documentos, o tenerlos impresos, ya que el sistema guarda todo pero encuentra poco.
Tampoco está claro de quién es el sistema, algo fundamental para el futuro Gobierno. El 10 de marzo de 2016 se firmó un convenio entre la Nación y CABA donde esta cedió “el uso del sistema y su código fuente de manera gratuita, irrevocable, no-exclusiva, perpetua y transferible”. Pero ese sistema fue desarrollado por una empresa, Everis, que es quien tiene la exclusividad de su mantenimiento.
Ante el pedido de acceso a información pública que realizó El Destape, el Gobierno contestó que la propietaria del software es la Secretaría de Gobierno de Modernización, que la licencia no es libre y que el registro de propiedad intelectual del GDE aún está en trámite.
La parte del león en esto se la lleva Everis, la empresa que provee el mantenimiento del sistema GDE. En octubre de 2017, Everis se quedó con ese concurso con una oferta de 95.775.000 pesos. El presupuesto eran 96 millones, apenas 225.000 pesos por encima de la oferta de Everis, que fue la única que se presentó. Parece a medida.
 Según el portal Compr.ar, que centraliza la información de los proveedores del Estado, la situación de Everis es “Desactualizado por documentos vencidos”. Everis tiene otros contratos con el Estado, con la Secretaría de Modernización, con la Administración de Bienes del Estado y con el Ministerio de Producción y Trabajo, este último por 32 millones de pesos.
Respecto al GDE, una de las críticas del informe de la AGN son los los riesgos que implica la tercerización en un solo proveedor. Además de los vaivenes propios de cualquier empresa (quiebra, cambios comerciales, cambio de prioridades, etc.) advirtieron sobre la “pérdida del control y comprensión de los alcances del servicio contratado por parte del cliente (Secretaría de Gobierno de Modernización) a lo largo del tiempo”.
Oscuro
El Gobierno no dejó que la AGN hiciera la auditoría a fondo. Por ejemplo, no permitieron entrevistas con el personal técnico de la Secretaría de Modernización. “Ello obstaculizó y prolongó la ejecución de la auditoría, que debió recurrir a procedimientos alternativos para obtener evidencia sustituta, que no en todos los casos pudo obtenerse”, afirmaron desde la AGN.
El Gobierno hizo que no se pudiera verificar si el sistema GDE tiene la arquitectura tecnológica para garantizar su funcionamiento y si está garantizada la confidencialidad de los usuarios y empresas que lo utilizan, entre otras cuestiones. Como el sistema no permite un usuario auditor o externo, “no fue posible completar la totalidad de las pruebas sustantivas orientadas a la identificación de fallas, funcionalidades que no responden a lo esperado, problemas de rendimiento, entre otras validaciones técnicas oportunamente planificadas”. La AGN se tuvo que limitar a pedir información a la Secretaría manejada por Ibarra, ladero histórico de Macri, y conformarse con eso. Y, aún así, encontró de todo.
La obligatoriedad del uso del sistema GDE -dice el informe de la AGN- resulta en un obstáculo y en un empeoramiento relativo respecto de la tecnología anterior al GDE, en la que los expedientes en papel podían ser solicitados y revisados íntegramente por los auditores externos responsables de controlar a los organismos del Sector Público Nacional”.
“La información que cada organismo usuario genera a través del sistema debe ser considerada información privilegiada o confidencial, ya que podría ser utilizada inapropiadamente por un tercero”, advirtió también la AGN al encontrar que no hay firmados convenios de confidencialidad entre la Secretaría de Modernización y los organismos que usan GDE.
Lo que si se logró ver es que: no hay control sobre los quienes ingresan al sistema y si quien ingresa está autorizado a ver información reservada o no así como no hay alertas sobre cambios que se hagan en los documentos y expedientes.
El Destape

Elecciones 2019: Por no tener fueros, Laura Alonso podría irse del país si pierde Macri

Son funcionarios insigna de la gestión macrista, pero tras el arrollador resultado de las PASO y el inminente cambio de gobierno quieren irse del país

El fin del macrismo hace replantear los proyectos personales de algunos funcionarios emblemáticos de Cambiemos. En una nota publicada en Clarín revelan que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, evalúan abandonar el país. Lo mismo sostienen de la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pero la funcionaria salió a desmentir al multimedios oficialista. 
En una nota publicada en Clarín, firmada por el periodista Walter Schmidt, revelan que los funcionarios temen por su futuro y se sienten que Macri “les soltó la mano” tras los resultados de las PASO del pasado 11 de agosto.
“Están convencidos que a partir del 10 de diciembre, si Macri se va a la casa, habrá una embestida hacia ellos desde los sectores con quienes “se metieron”, judicialmente, en sus respectivas gestiones” el artículo afirma que existe una suerte de venganza del kirchnerismo aunque olvida mencionar que en diversas causas como la de la familia Macri con el Correo Argentino o escuchas y espionaje ilegal donde estuvieron involucrados funcionarios, la Oficina Anticorrupción no realizó ninguna acción.
En el caso de Mariano Federici titular de la UIF, dos fuentes de la Casa Rosada indicaron a Clarín que Federici "deberá buscarse otro destino" a nivel país, si Macri pierde las elecciones.
En el caso de Laura Alonso,  la funcionaria manifestó su preocupación: “Hoy no puedo caminar por la calle o ir al supermercado, para evitar problemas. Pero yo no soy Macri, vivo de un sueldo”. Según consigna el artículo, son varios los que ya le ofrecieron ayuda internacional.
A la preocupación por su situación, Alonso le suma la decepción con Macri y con Marcos Peña. Días atrás, le confesó a un legislador: “A mí no me llamó nadie del Gobierno desde el 12 de agosto. Ni para decirte quedate tranquila, te vamos a bancar. Y estoy pensando irme a vivir al exterior”.
En privado la jefa de la OA entiende que el Presidente está compungido por haber quedado con un pie afuera del Gobierno. Pero cree que Macri debió convocar a los 50 dirigentes que “pusieron el cuerpo” para darles tranquilidad. O que al menos, Peña los hubiera llamado para brindarle algo de sosiego. Si Macri era reelecto, ella ya había decidido dejar la OA. Ahora deberá prepararse para afrontar eventuales juicios en su contra.
En un reciente encuentro con diputados de la Coalición Cívica, del que participó Elisa Carrió, Laura Alonso ironizó: “Acabamos de arreglar con Paula (Olivetto) que vamos a una celda juntas. Vos vas a ir a una separada”, dijo mirando a Carrió. En ese momento, todos alertaron que van a tener que salir a “bancar” a la titular de la OA y a la diputada.
El Destape
El intento de traspaso del puerto de Buenos Aires al gobierno de Larreta y el negocio inmobiliario que hay detrás
Operación Nicky Caputo para quedarse con el puerto
Con la certeza de que no podrán retener el gobierno nacional, aceleran el proyecto de traspaso del Puerto de Buenos Aires a la Ciudad y la transferencia de terrenos bajo su jurisdicción. El amigo presidencial, pieza clave de la operación.
Por Raúl Dellatorre
Nicky Caputo, el “amigo del alma” del presidente Mauricio Macri, contratista afortunado de la Ciudad y la Nación.
Los resultados de las elecciones primarias simultáneas (PASO) apuraron los tiempos. Las autoridades nacionales y del Gobierno de la Ciudad están acelerando los pasos para avanzar, antes del fin del mandato de Mauricio Macri, en dos aspectos de primera relevancia para Cambiemos: la incorporación del Gobierno de la CABA a la administración del Puerto de Buenos Aires (hoy bajo control federal exclusivamente) y la transferencia de terrenos de la zona denominada Puerto Sur (más de 110 hectáreas) al gobierno nacional de la Ciudad con el fin de su explotación inmobiliaria. Una cuestión que no es ajena a la ejecución de estos proyectos es la controvertida licitación del Puerto de Buenos Aires. Ya está lanzada y tiene fecha fijada para la apertura de sobres de propuestas el 2 de diciembre, apenas una semana antes de la fecha prevista para la conclusión del actual mandato. El nexo con el tema anterior es que el pliego permite “liberar” del servicio portuario a los terrenos apetecidos para el negocio inmobiliario. Todo indica que el candidato más firme a la adjudicación de la terminal única que prestará los servicios portuarios (actualmente son tres concesionarios), sería la empresa PSA de Singapur, que cuenta como uno de sus principales impulsores nada menos que a Nicolás (Nicky) Caputo. No casualmente, uno de los mayores desarrolladores de proyectos inmobiliarios en la zona de Puerto Madero y a quien se considera, además, el más activo armador del proyecto de desarrollo inmobiliario (y su probable ejecutor) de Horacio Rodríguez Larreta.
Los resultados de las elecciones primarias simultáneas (PASO) apuraron los tiempos. Las autoridades nacionales y del Gobierno de la Ciudad están acelerando los pasos para avanzar, antes del fin del mandato de Mauricio Macri, en dos aspectos de primera relevancia para Cambiemos: la incorporación del Gobierno de la CABA a la administración del Puerto de Buenos Aires (hoy bajo control federal exclusivamente) y la transferencia de terrenos de la zona denominada Puerto Sur (más de 110 hectáreas) al gobierno nacional de la Ciudad con el fin de su explotación inmobiliaria. Una cuestión que no es ajena a la ejecución de estos proyectos es la controvertida licitación del Puerto de Buenos Aires. Ya está lanzada y tiene fecha fijada para la apertura de sobres de propuestas el 2 de diciembre, apenas una semana antes de la fecha prevista para la conclusión del actual mandato. El nexo con el tema anterior es que el pliego permite “liberar” del servicio portuario a los terrenos apetecidos para el negocio inmobiliario. Todo indica que el candidato más firme a la adjudicación de la terminal única que prestará los servicios portuarios (actualmente son tres concesionarios), sería la empresa PSA de Singapur, que cuenta como uno de sus principales impulsores nada menos que a Nicolás (Nicky) Caputo. No casualmente, uno de los mayores desarrolladores de proyectos inmobiliarios en la zona de Puerto Madero y a quien se considera, además, el más activo armador del proyecto de desarrollo inmobiliario (y su probable ejecutor) de Horacio Rodríguez Larreta.
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22 de septiembre de 2019

"Lagarde alguna vez va a tener que explicar" 
Alberto Fernández: el FMI, el Gabinete y el debate   
"Lo que ví es que copian nuestros spots. Veo que se les acabó la creatividad también. Igual me parece bien eso que dicen que vuelven a las calles", aseguró el candidato del Frente de Todos. 
-¿Qué opina de las declaraciones de la ex directora del FMI Christine Lagarde, que dijo que Argentina había sido quien acudió al organismo y que si ellos no hubieran intervenido la situación hubiera sido mucho peor?
-Que Argentina acudió al Fondo es absolutamente cierto. Que hicieron algo por evitar que la cosa fuera peor, es falso. La verdad es que hicieron todo mucho peor. Prestaron dinero a un gastador compulsivo que dejó que la plata salga del sistema como salió. En realidad lo único que le dejó a Argentina fueron 57 mil millones de dólares más de deuda. Lagarde alguna vez va a tener que explicar el porqué de esta decisión.
-¿Después de las últimas medidas de Mauricio Macri y Hernán Lacunza se modificaron sus preocupaciones sobre la situación económica?
-Mi preocupación es la misma de siempre. Las medidas de los últimos días son todas medidas de urgencia. Decidió controlar los capitales después que se le fueron 70 mil millones de dólares del sistema. Un poco tarde, ¿no?
-¿Y produjeron algún efecto?
-Evidentemente el ritmo de salida de los capitales se ralentizó, eso es cierto. Tan cierto como que hay un goteo permanente de divisas que se van del Banco Central a un ritmo que calculo que deben ser 100 millones de dólares promedio por día.
-¿Después de las reuniones que mantuvo con empresarios y sindicalistas continúa viendo factible lo del acuerdo de precios y salarios por 180 días que propone?
-Absolutamente. Para que la economía reviva tenemos que revivir el consumo. Ningún capitalismo funciona sin consumidores y para revivir el consumo hace falta parar la pelota, ver cómo inyectamos dinero para que el consumo se vuelva a poner en marcha y ver cómo esa inyección de dinero no se convierta en riesgo inflacionario. Para eso tenemos que hacer acuerdos. Yo veo a los trabajadores muy serios, sabiendo las limitaciones del momento. Las charlas que tuve con la CGT, con Hugo Moyano, con Sergio Palazzo y las CTA, veo que es un sindicalismo muy consciente de la crisis en la que estamos. Y, a su vez, los empresarios lo que quieren es tener otra vez una economía que funcione. Con lo cual mantengo las mismas expectativas de que la cosa va a salir bien.
-Se disparó una tómbola de nombres acerca de quiénes serán sus ministros, ¿diría que están bien rumbeados?
-Lo que digo es que sigan participando. Escucho muchos disparates. Hay mucha gente que trabaja cerca mío que seguramente me acompañará en el gobierno, pero no necesariamente en los lugares donde dicen. 
-¿Ya lo tiene decidido?
-Sí, pero yo no tengo ganas de someter al escarnio mediático a gente que va a ser funcionario a partir del 10 de diciembre. Así funciona lamentablemente este país. Como alguna vez me dijo Néstor Kirchner: ´hay uno que es ministro y mil que quieren serlo´. Tirar el nombre del que va a ser es para que los mil restantes disparen contra él.
-¿Qué va a pasar con el debate? ¿Está preparando algo?
-Sí. No tengo problema en ir al debate, para nada. Lo que planeo es la oportunidad de este debate porque el contenido económico va a ser central con una economía que está atada con alambres. Y que en ese debate quede expuesto más la debilidad del Presidente y de la economía creo que no ayuda.
-¿Qué opina del relanzamiento de campaña de Macri que anuncia que recorrerá 30 ciudades hasta las elecciones?
-Lo que ví es que copian nuestros spots. Veo que se les acabó la creatividad también. Igual me parece bien eso que dicen que vuelven a las calles. Que dejen de poner vallas a 200 metros la redonda, me encantaría verlo a Macri rodeado de gente. 
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La Corte Suprema puede sentar jurisprudencia
Cuatro temas para hacer historia
Subrogación de vientres, impuesto al juego, una perpetua sin pruebas y el acoso del ejecutivo a los inmigrantes, asuntos en los que el tribunal puede hacer una diferencia.
Por Irina Hauser
Los Supremos se preparan para debatir en los próximos días los 18 reclamos de provincias contra los decretos utilizados por Mauricio Macri para lanzar medidas paliativas ante la catástrofe económica como el congelamiento del precio del petróleo, la rebaja del IVA para los alimentos de la canasta básica y la suba del mínimo no imponible. Se trata de uno de esos planteos que integran un universo de grandes temas donde la Corte Suprema podría –como se dice en la jerga judicial— sentar jurisprudencia, una de sus grandes misiones. Por la naturaleza de los reclamos, el contexto apremia, y el tribunal pone el pie en el acelerador, aunque tampoco descarta una solución política. Pero esta nota apunta a mostrar también otros expedientes sobre grandes asuntos, no tan visibles y menos atravesados por las coyunturas, donde la Corte tiene pendiente establecer criterios en asuntos cruciales: la regulación de la subrogación de vientre, la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la Ley de Migraciones y las expulsiones masivas de migrantes, la vigencia del impuesto para los bingos y la condena a prisión perpetua de Cristina Vázquez por el supuesto asesinato de una vecina, cuya inocencia plantean las más prestigiosas organizaciones del ámbito del Derecho. Este caso cumplió un año estancado en la Procuración General, interinamente a cargo de Eduardo Casal. En los despachos cortesanos dicen que lo mismo pasa con los demás, y que por eso están trabados a la espera de un dictamen.
El abanico de amparos de las provincias por los decretos de Macri tiene aristas múltiples y complejas: se discute la herramienta de los DNU o decretos comunes para determinados temas sin pasar por el Congreso, pero también a afectación de fondos coparticipables, en un contexto económico a la vez peculiar y crítico. Allí el procurador ya definió la competencia de la Corte y se esperan otros dictámenes en un plazo no tan lejano. Los integrantes del tribunal preferirían la resolución política, pero no ven que aparezca. Será, quizá, momento para que sienten posición y jurisprudencia ante este panorama si no aparecen otros atajos. El lunes comenzarían a analizar con mayor profundidad los planteos, que son variopintos, y que discuten la constitucionalidad de los decretos. Hasta aquí, un tema de la agenda política-económica, que implicará un desafío sobre el camino a tomar por la Corte y su posicionamiento político en este momento. En otra agenda, la de los temas que esperan, también se dirimen cuestiones institucionales y en algunos casos vitales para las personas detrás de los expedientes. Página12 detectó cuatro que son claves.
· Migrantes y expulsiones. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con eco en otras organizaciones, planteó la inconstitucionalidad del decreto 70/2017 de Mauricio Macri que modificó la Ley de Migraciones. ¿Para qué? Para agravar la situación de extranjeros con algún conflicto con la ley. Fue parte de una política de estigmatización de extranjeros que buscó aplicar el gobierno de Cambiemos. El decreto acortó los tiempos para apelar una declaración de expulsión, de diez a tres días, y complicó el acceso a la defensa oficial, para lo que hay que demostrar que se es pobre. También extendió las expulsiones a cualquier delito y situación procesal, mientras que antes estaban previstas para personas con antecedentes y condenas por delitos con penas mayores a tres años. Se eliminó la revisión de expulsiones por razones familiares, como evitar la separación de los hijos. La semana pasada el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU instó al Estado argentino, a raíz de denuncias internacionales “a que adopte medidas inmediatas para derogar en la instancia pertinente el Decreto Nº 70/2017 y en tanto este proceso concluye, suspender su aplicación”. Uno de los datos en los que reparó el organismo, que le fue señalado por la Defensoría general de la Nación, muestra que 125 expulsiones de los últimos dos años son de mujeres que tienen hijos e hijas en Argentina de quienes son separadas. Uno de los casos recientes más conocidos fue el de la chica peruana Vanessa Gómez Cueva, quien había cumplido una condena por violación a la ley de drogas. La Corte tiene decenas de casos como el suyo, además de la revisión del DNU. Algunos supremos intentan agruparlos y revisarlos. Durante el actual gobierno se multiplicaron las expulsiones: entre 2012 y 2015 fueron 1256; entre 2016 y 2019, fueron 2059. El Procurador Casal tiene el expediente desde febrero y aún no dictaminó sobre el decreto. Llegó con una declaración de inconstitucionalidad de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
· Subrogación de vientre. La regulación sobre la llamada “gestación por sustitución”, es decir en vientres sustitutos, iba a ser incluida en la última gran reforma del Código Civil, pero finalmente quedó afuera, y con eso un vacío legal. Lo saben Carlos Simonelli y Horacio Titelbaum, una pareja que se encontró con que cuando tuvieron primero a los mellizos Aira y Vincent y luego a Vigo, en ambos casos con una gestante, les impidieron inscribir la copaternidad y darles su apellido de manera directa. La interpretación, a menudo, es que deberían llevar el apellido de la gestante y que ella luego da a los niños o niñas en adopción. Ambos casos están en la Corte, con fallos anteriores favorables. El que llega con fallos más favorables es el de Vigo, con declaración de inconstitucionalidad del artículo 561 del Código que es el que, algunos juristas interpretan, pone trabas a esta práctica porque impide el acceso a inscribir una gestación por sustitución a dos varones o a mujeres que no pueden procrear. Quien los lleva a la Corte es la defensoría ante la Cámara. La discusión central es interpretar si el Código prohíbe o no la gestación por sustitución en el país y si quien o quienes manifiestan la voluntad procreacional puedan hacer la inscripción de la copaternidad o comaternidad. Es decir, “si se trata de un derecho fundamental y humano”, señala el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, a cargo de este y otros casos similares. Con su cuarta hija, Alma, la pareja había hecho una adopción por integración. Para los mellizos, la Procuración dictaminó a favor de la pareja. Falta que opine sobre Vigo.
· Impuesto al juego. La Corte debe resolver una causa donde está en discusión un decreto del 2017 por el cual se elevó la alícuota del impuesto a las ganancias para el sector del juego de 35 a 41,5 por ciento. A lo que se sumó un nuevo impuesto 0,75 por ciento de cada apuesta. La Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimiento hizo un planteo judicial contra la medida arrogándose la representación de todos bingos y casas de juego. En tribunales dan por hecho que el hombre detrás de esa demanda es Daniel Angelici, dueño de varios bingos, aunque él también hizo su reclamo paralelo y consiguió fallos a favor. En primera instancia fue revocada la medida impositiva y se reconoció la representación de todo el sector. La Cámara del fuero revocó la medida cautelar anterior pero admitió la representación colectiva. La AFIP terminó llevando el tema a la Corte. Se supone que los bingos deberían estar pagando impuesto, pero interpretan que el proceso está en suspenso porque el expediente principal está a estudio del Procurador. 
La presión perpetua de Cristina Vázquez. Cristina tenía 19 años en 2001 cuando la acusaron de matar a una vecina de 79 años asesinada a martillazos en Posadas. Su nombre apareció en el expediente sin ninguna denuncia ni fundamento. Nunca se investigó a la última persona que había estado haciendo arreglos en la casa de la mujer ni a la familia, ni otros vínculos que pudieran explicar el hecho. La noche del crimen Cristina estaba a ocho kilómetros del lugar, las personas que estaban con ella así lo afirmaron en el juicio, en la escena no hay rastros ni huellas de ella y hay diez pruebas científicas de que ella no estaba ahí. El expediente dice que era sospechosa porque llevaba un estilo de vida “promiscuo y marginal”. Lleva once años presa y, según plantearon el CELS, la Asociación Pensamiento Penal, Innocent Project y la Asociación de Mujeres Penalistas, fue condenada con chismes y rumores. Su historia quedó reflejada en el documental “Fragmentos de una amiga desconocida”. El expediente está hace un año en la Procuración para revisar la increíble condena a perpetua. Se sumarán organizaciones como “amigos del tribunal” y hará una presentación Nora Cortiñas. 
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La ex Presidenta presentó Sinceramente ante una multitud en La Matanza  
Cristina Kirchner: "Hay que poner un punto final al endeudamiento"
 “Tenemos que discutir serenamente la estabilización del endeudamiento porque una parte fue para la fuga de capitales", dijo la ex Presidenta. 
Por Romina Calderaro
“Tenés que entender la euforia que hay, hermano…volvemos”. Así se disculpaba un hombre que había empujado a otro mientras trataba de que lo dejaran ingresar a la Universidad Nacional de La Matanza, donde Cristina Fernández de Kirchner presentó ayer a la tarde su libro Sinceramente ante unas 140 mil personas. “Olé, olé, olé, olé, olé, olá, si esto no es Matanza, Matanza donde está”, cantaban ya dentro del auditorio los invitados al evento y cuando la senadora y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos apareció junto al escritor Marcelo Figueras, toda la sala se paró en las sillas de plástico dispuestas para la ocasión para aplaudirla. “El hambre y el endeudamiento me parecen insoportables e intolerables”, “tenemos que discutir serenamente la estabilización del endeudamiento porque una parte fue para la fuga de capitales y no sería justo pedirles a todos los argentinos que paguen con el mismo esfuerzo” y “no era cierto que la inflación fuese el producto de la emisión monetaria y necesitamos discutir la formación de precios y los márgenes de ganancias” fueron algunos de los títulos que dejó la ex presidenta en su paso por el distrito que Figueras definió como “la Disneylandia del peronismo”.

Cristina Fernández de Kirchner no estuvo sola en La Matanza, distrito que gobierna el peronismo desde 1983. La acompañaron el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, la intendenta Verónica Magario y el diputado nacional y candidato a intendente, Fernando Espinoza. En esta ocasión, por fuera de la política, estuvieron presentes la bailarina de tango Mora Godoy y la actriz Luisa Kuliok. Desde las tres de la tarde, miles de personas esperaban en la playa de estacionamiento de la Universidad Nacional de La Matanza para ver a la senadora a través de la pantalla gigante que puso el municipio y los que quedaron afuera incluso de la playa la escucharon detrás de una valla en la vereda de enfrente de la sede. No todos eran de La Matanza: la pasión que despierta Cristina Fernández de Kirchner logra que muchos de los que la quieren ver aunque sea de lejos se movilicen desde otros puntos de la Ciudad y el conurbano. Cuando llegó, lo primero que hizo la senadora fue responder la pregunta de Figueras acerca de cómo se sentía en La Matanza. Y ahí surgió el recuerdo del ex presidente Néstor Kirchner. “Yo estoy acá y es como si estuviera con él. Néstor amaba La Matanza”, dijo y todos los presentes empezaron a entonar las estrofas militantes que hacen referencia a que el ex presidente sigue vivo. Después, como para recordar que lo que ya se hizo se puede volver a hacer, la candidata a vicepresidenta del FdT mencionó algunas de las primeras medidas que tomó N
También fue irónica respecto de los que pensaban que ella, si no era candidata a presidenta, no iba a ser candidata a nada. Y subrayó su gesto de correrse del centro de la escena para armar una alianza con dirigentes que la habían criticado. Se preguntó: “¿Qué más tenemos que hacer para demostrarles que no somos lo que ellos dijeron que eramos? ¿En serio creían que después de lo que hemos vivido todo se agotaba en que yo quería ser candidata a Presidenta? Qué chiquita serías Cristina si hubieras querido nada más que eso".

A las 140 mil personas que ayer fueron a verla y oírla de lejos a La Matanza no tiene que demostrarles nada. Y como en cada presentación de Sinceramente, al final salió a saludar a los que siguieron el encuentro desde afuera y le pidió a Kicillof que les dedicara unas palabras. “Feliz primavera. Faltan cinco semanas para que las urnas digan que el país tiene que transformarse en una Argentina con producción, trabajo, salud y educación”, dijo el candidato a gobernador del FdT que venció a María Eugenia Vidal. 
  Néstor Kirchner para ir solucionando los problemas de los argentinos a pesar de que había asumido sólo con el 22 por ciento de los votos, entre ellas solucionar el conflicto docente a Entre Ríos, pagarle al Fondo Monetario Internacional y también hacer anuncios concretos para los matanceros, como líneas de créditos para las PyMES y la licitación de un arroyo. Cuando Cristina estaba hablando de la inauguración de una planta embotelladora, en septiembre de 2010, alguno de los presentes le gritó que “Macri fundió Coca Cola”, a propósito de un conato de concurso preventivo de crisis que la empresa presentó en febrero y que terminó produciendo despidos. “Hay que ser horrible para fundir Cola Cola”, dijo la senadora. De todos modos, ayer, la ex presidenta quiso dejar claro que lo que nos está pasando a los argentinos no es sólo “el producto de la impericia de un presidente” y habló de la necesidad de discutir políticas y modelos más que personas pese a la tentación de atribuirle toda la responsabilidad a una sola persona”. 
Remarcó el “difícil y complejo” escenario en que el macrismo dejó el país. "Prometieron pobreza cero y se van con emergencia alimentaria". Y señaló que el próximo gobierno debería "hacer algo para ponerle un punto final al endeudamiento”. 
--Que la pague el gato--le gritaron desde el público
--El sólo no va a poder--respondió ella, entre las risas de la audiencia. 
Cuando reflexionaba sobre “cómo estabilizar la economía en la Argentina”, también le acotaron desde el público: “¡Con Alberto!”. Ella dijo que se trata de una persona "de mucho diálogo, de mucho hablar y conciliar” pero "con él solo no va a alcanzar".
Respecto del futuro, fue muy clara sobre sus preocupaciones centrales: “me parecen insoportables el hambre y el endeudamiento”, dijo Cristina. Habló de la necesidad de estabilizar el endeudamiento “que no es nuevo, viene desde la época de Rivadavia” y anunció que es una discusión que se va a tener que dar serenamente. Se preguntó si sería justo pedirles a todos los argentinos que paguen con el mismo esfuerzo y fue una pregunta retórica. Siguió hablando de economía y aseguró que con este gobierno quedó demostrado que la emisión monetaria no es la causa de la inflación, que los tarifazos no iban a traer las inversiones prometidas que mejorarían sustancialmente el servicio “pero ahora la diferencia es que no hay una cámara que corra a la señora que no tiene luz o gas” y habló de la rentabilidades “brutales” de las empresas de energía. Finalmente, dijo que la Argentina que se viene es una Argentina compleja, pero que la ventaja es que el actual gobierno dejó demostrado que el rumbo que proponen no es el indicado para resolver los problemas de los argentinos. No faltó la ocasión de que se quejara de la manipulación de algunos medios de comunicación que influyeron en el intento de demonización del kirchnerismo. “Llegaron a escribir que yo obligaba a los empleados a mirar para abajo. Esas cosas terminan construyendo un personaje malvado y calan mucho en un sector de la sociedad”, dijo.
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