27 de septiembre de 2020

 

Las fichas de la AFI: detalles del espionaje político macrista en las elecciones de 2017

Según consta en la Justicia hay más de 50.000 archivos, entre imágenes, videos y documentos en formato Office y PDF que recopilaron las bases de la agencia en territorio bonaerense.

Por
Franco Mizrahi

FRANCO MIZRAHI



El espionaje ilegal macrista en la provincia de Buenos Aires dejó sus huellas. Según consta en la Justicia hay más de 50.000 archivos, entre imágenes, videos y documentos en formato Office (Word o Excel) y PDF que recopilaron las bases de la AFI en Ezeiza, Haedo, Pilar, Quilmes, La Matanza y San Martin. El material surge de los dos discos rígidos que la intervención de la agencia aportó al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, luego de que el magistrado requiriera información sobre el proyecto AMBA en el marco del D’Alessiogate. Hay fichas de los espiados, con fotos y datos personales de las víctimas; relevamiento de locales políticos; infiltración en reuniones; e instalación de cámaras ocultas. Los detalles.

“Hay elementos objetivos suficientes que permiten considerar que la práctica de recolección de información personal sobre la base del perfil político de distintos ciudadanos fue una constante en todas las delegaciones provinciales que se encontraban a cargo del imputado Pablo Pinamonti y que tuvieron despliegue en la provincia de Buenos Aires por lo menos durante el año 2017”, escribió Ramos Padilla en una resolución de 342 páginas que se conoció este jueves. Pinamonti era el jefe del proyecto AMBA y había sido indagado en el D’Alessiogate por sus vínculos con la banda de Marcelo D’Alessio.

A la hora de analizar el caudal de prueba recolectada, el juez de Dolores destacó que “el dato quizás más revelador” sea “el esquema ascendente del reporte de los informes de inteligencia relevados. Es decir, se ha podido compulsar una copiosa cantidad de documentos que refieren a las etapas iniciales del ciclo de inteligencia, esto es, la recolección y procesamiento de información”.

Entre otras cosas, “se pudieron obtener numerosos informes semanales de las distintas bases que daban cuenta de la recopilación de esos informes individuales para su posterior elevación a la superioridad. La “superioridad” era la jefatura de la AFI macrista, es decir, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Ambos fueron convocados a prestar declaración indagatoria el próximo martes y miércoles, respectivamente.

Eso queda de manifiesto en “el documento Informe Semanal de la Dirección de Reunión” donde se “da cuenta de cómo toda esa producción, recopilación y almacenamiento de datos sensibles eran elevados a la superioridad a los fines de su re-análisis y posterior toma de decisiones”. 

Ramos Padilla analizó la prueba documental y concluyó que el “universo de cuestiones de interés” entre las diferentes bases “mantiene patrones muy similares: la recopilación de datos personales de diferentes ciudadanos en base a sus actividades políticas, ya sean partidarias, comunitarias o gremiales”Para eso, la AFI desde sus nueve bases en la provincia de Buenos Aires realizó “tareas de campo directas”, utilizó “técnicas de ‘ciberpatrullaje’” e hizo una “compulsa de bases abiertas”

Seis de esas nueve bases se abrieron en abril de 2017 y fueron el centro neurálgico del proyecto AMBA. El momento en que se lanzó el desembarco a gran escala de la AFI en territorio bonaerense no fue casual: para el juez estuvo directamente relacionado con las elecciones legislativas que se iban a desarrollar aquel año. Buenos Aires no solo representaba el 38% del padrón electoral: Cristina Fernández de Kirchner, entonces la principal dirigente de la oposición, se iba a presentar como candidata a senadora por esa provincia.

Gran parte de la tarea de inteligencia desplegada por las BASES AMBA se encontró dirigida a efectuar un relevamiento de las actividades de organizaciones políticas, sociales y comunitarias con despliegue en el territorio bonaerense”, señaló el juez. En total, según se desprende de la información judicial, la agencia practicó inteligencia ilegal sobre al menos 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos u organizaciones de trabajadores.

Hasta “se encontró un documento elaborado por la Base Haedo (Morón) en el que, a partir de un parte médico por el que se informaba un accidente de trabajo sufrido por un agente de dicha delegación, se señala que, al momento del accidente, se encontraba colocando dispositivos ocultos con el objetivo de registrar audiovisualmente una reunión con miembros de la organización Barrios de Pie en la localidad bonaerense de Isidro Casanova”.

Fichas personales

“Las labores de inteligencia ilegal que tenían como objetivos a las organizaciones sociales, políticas y sindicales trascendieron el relevamiento de su despliegue territorial, y avanzó en la confección de fichas personales de los militantes de las organizaciones que participaban activamente en los distintos frentes de masas”, precisó Ramos Padilla. “Pudieron relevarse múltiples documentos en los que se reseñaron datos personales de ciudadanos sobre la base de su afinidad ideológica o su adhesión a alguna organización determinada”, agregó, lo que implica una flagrante violación de la Ley de Inteligencia Nacional.

Entre otras cosas, “se hallaron fichas personales de militantes políticos de los partidos de Ezeiza y Esteban Echeverría. En particular, se observó un documento denominado ‘Referentes’, en el que se recopiló información personal en forma sistemática sobre diferentes ciudadanos”, describió el magistrado. 

Ramos Padilla resaltó que se ve “una misma estructura a la hora de sistematizar estos datos personales: en primer lugar, adjuntan una foto de la persona, luego se especifica el partido u organización política a la que pertenece y a continuación se consigna: a) apellido, b) nombre completo, c) DNI, d) CUIL, e) edad, f) si tiene pareja o hijos, y sus nombres, g) domicilio, h) correo electrónico, i) información académica, j) trabajos anteriores, k) una reseña política de su participación en el distrito”.

“Esta práctica de relevamiento de datos personales de ciudadanos que participaban activamente de la vida política en el territorio bonaerense fue una práctica sistemática desarrollada de forma continua a lo largo del tiempo por las bases de inteligencia que estuvieron a cargo de Pablo Pinamonti”, agregó el juez.

Además de las fichas personales había “un relevamiento de los locales partidarios”. Como porejemplo “La Cámpora” y corrientes relacionadas.

Tal como se desprende de la documentación en manos de la Justicia, las bases bonaerenses de la AFI mostraron un particular interés en el dirigente social Luis D’Elìa. De hecho, un apartado de la resolución de Ramos Padilla se titula:  “Recopilación de datos personales de referentes políticos vinculados a Luis D´Elía. Directiva específica de la superioridad”. Allí se observa el espionaje sobre la red de relaciones del militante vinculado al mundo piquetero. 

Las fichas de la AFI: detalles del espionaje político macrista en las elecciones de 2017

Las fichas de la AFI: detalles del espionaje político macrista en las elecciones de 2017

Espionaje en la Cumbre de los Pueblos

Otro informe de inteligencia, que se encontró en la Base Haedo, y que está fechado el 16 de noviembre de 2017 “sistematiza información reunida respecto de unas jornadas de discusión política realizadas en el marco de la ‘Cumbre de los Pueblos – Fuera O.M.C.’ que tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires”. En ese informe, se agrega información respecto de la “Semana de Acción Global contra la O.M.C. y contra los tratados de libre comercio”. 

Allí “se repasan las actividades que se desarrollarían entre el 7 y el 13 de diciembre de 2017, que según informan, iniciarían a partir de la Marcha de la Resistencia organizada por las Madres de Plaza de Mayo. Luego, se detalla una serie de actividades que se habrían de realizar, identificando las organizaciones convocantes, el nombre de los militantes que coordinarían dichas actividades y, en algunos casos, sus abonados telefónicos”.

Inteligencia ilegal en Comedores

Tal como informó este medio, también hubo espionaje en comedores y merenderos sociales. Por ejemplo, se halló un documento titulado “Planilla relevamiento comedores” donde “se consigna la ubicación de esos establecimientos, la cantidad de personas que asisten a ellos y si reciben donaciones del Estado”.

Ante este escenario, Ramos Padilla se preguntó “cuáles son las tareas que debe realizar una agencia de inteligencia en el marco de un Estado democrático de derecho”“No es razonable que recursos humanos y técnicos tan sensibles como los que componen el Sistema de Inteligencia Nacional” se “encuentren involucrados en investigar el modo en que eran distribuidos los bolsones comunitarios de comida entregados por el Estado. Al no resultar razonable, ni proporcional la utilización de esos recursos, se impone vislumbrar otro objetivo: la utilización del aparato de inteligencia para la obtención de información sobre las organizaciones sociales y comunitarias que operan como red de contención social de los sectores socio-económicamente más vulnerables de la provincia de Buenos Aires”, concluyó. 

Esa utilización del aparato de inteligencia para tareas ilegales se expandió de forma inconmensurable.

El destape



26 de septiembre de 2020

 

Carrió nunca presentó ante la Justicia la supuesta escucha que dijo haber recibido

Operación Puf Puf: una causa y un show montados sobre una mentira

Elisa Carrió anunció el año pasado que había recibido un anónimo con la transcripción de llamadas de ex funcionarios y empresarios detenidos donde se develaba un complot contra la causa de las fotocopias de los cuadernos. El juez Claudio Bonadio abrió entonces la causa y hasta tenía listas más de veinte órdenes de detención. El caso acaba de ser archivado por inexistencia de delito y ahora se supo que Carrió y las otras denunciantes, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, ni siquiera presentaron las pruebas que dijeron tener.
Por Raúl Kollmann

Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic no presentaron ni un mísero papel para sostener sus acusaciones en la causa llamada Operación Puf Puf. Públicamente aseguraron que Carrió había recibido un anónimo con la transcripción de llamadas de ex funcionarios y empresarios presos en el penal de Ezeiza y que esas desgrabaciones demostraban que en la cárcel se había armado un gigantesco complot para ir contra la causa de las fotocopias de los cuadernos: la supuesta conspiración consistía en haber develado las extorsiones del falso abogado Marcelo D'Alessio y, por esa vía, haber afectado al expediente que llevaban el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio. Pero ahora quedó claro que ni siquiera presentaron el supuesto anónimo o las transcripciones que, según ellas, alguien les hizo llegar de manera misteriosa. Sin nada --sin papel, sin sobre, sin la prueba original--, el juez Bonadio tenía listas más de veinte órdenes de detención, incluyendo a ex funcionarios, un empresario, varios abogados de los detenidos en Ezeiza e incluso periodistas, dos de ellos de Página/12. El argumento era que al haber publicado detalles de la causa de Dolores hasta los periodistas fueron parte de la conspiración. Al final Bonadio no se animó, en primer lugar porque vio que el expediente de Dolores acumulaba mucha prueba sólida y que Stornelli, su fiscal estrella, estaba involucrado en distintas maniobras. 

Los fiscales que investigan el espionaje ilegal en Lomas de Zamora, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, pidieron los originales del anónimo supuestamente recibido por Carrió ya que esas escuchas fueron parte de las operaciones que hicieron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la cárcel de Ezeiza. Por esta razón, le dirigieron un escrito al juez Marcelo Martínez de Giorgi --sucesor del fallecido Bonadio-- pidiéndole ver la prueba original que debía constar en el expediente. La sorpresa mayúscula fue la respuesta de Martínez de Giorgi: ni Oliveto ni Zuvic, que presentaron la denuncia en nombre de Carrió, ni la propia Carrió, presentaron nunca el anónimo. Lo que hicieron fue entregar un escrito en el que dijeron que habían recibido un anónimo con la transcripción de diálogos de detenidos en Ezeiza que, según ellas, era una prueba de que armaron el expediente de Dolores como un complot contra la causa de las fotocopias.

Los medios alineados con Cambiemos llamaron al supuesto caso la Operación Puf Puf porque el ex embajador Eduardo Valdés, en diálogo telefónico con el detenido ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi dijo la frase: "Bonadio, Stornelli, puf puf". Como explicó Valdés en su momento, sus dichos no tenían nada que ver con la causa de la extorsión de D'Alessio, investigada en Dolores, sino con una columna que había escrito el periodista Carlos Pagni unos días antes. En ese texto, Pagni anticipaba que Stornelli y Bonadio contaban con que el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, declararía contra un ex secretario de los Kirchner, Isidro Boudine, y que éste prestaría un testimonio demoledor, como arrepentido, contra CFK. Nada de eso no ocurrió y por eso Valdés graficó que esa operación del juez y el fiscal se pinchó, "puf puf".

Esta semana, Martínez de Giorgi archivó la denuncia de Carrió, Oliveto y Zuvic por inexistencia de delito. No hubo complot contra la causa de las fotocopias, al punto que ese expediente siguió adelante sin obstáculos, o más bien con los problemas surgidos de la grotesca investigación de Bonadio y Stornelli. El autor de los cuadernos, el chofer Oscar Centeno, dijo que había quemado los originales, pero después aparecieron sanos, sin rastros de ceniza.

La misma denuncia de las diputadas exhibió, desde el inicio, una maniobra grave. El fiscal Stornelli dijo que recibió un sobre, que le tiraron por debajo de la puerta de su oficina, conteniendo las transcripciones de las escuchas ilegales realizadas a los detenidos. Presentó la denuncia y resultaron sorteados el juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello. Como pensaron que les iba a ir mal con ese magistrado y ese fiscal, pocas horas después se presentaron las tres diputadas de Cambiemos diciendo que también habían recibido un sobre con las escuchas. Un sospechoso sorteo llevó a este segundo expediente al juzgado de Bonadio. Ahora se sabe que las diputadas nunca presentaron el supuesto anónimo.

Como era previsible, Di Lello hace ya un año dijo que no había delito y Rodríguez archivó la causa. Y Bonadio no sólo no desechó el expediente sino que preparó una enorme redada. En junio de 2019 se filtró la información de que preparaba más de veinte detenciones, empezando por la de Pedro Etchebest, el empresario al que D'Alessio, después de un encuentro con Stornelli en Pinamar, le pidió 300 mil dólares para no involucrarlo en la causa de las fotocopias. En el listado de inminentes detenciones figuraban también la abogada de Etchebest, Natalia Salvo, Eduardo Valdés, varios de los ex funcionarios que ya estaban presos en Ezeiza, otros abogados y algunos de los periodistas que cubrimos la causa de Dolores. Se consideraba a todos parte del complot contra las fotocopias de los cuadernos. A último momento, Bonadio desistió de realizar las detenciones pese a que hizo trascender que las órdenes estaban redactadas. Influyó, por un lado, que la causa de Dolores, instruida por Alejo Ramos Padilla exhibía pruebas sólidas, empezando por el descubrimiento de que D'Alessio era un falso abogado, que mantenía relaciones con Stornelli y que había incursionado en el armado de varias causas. Por otro lado, las detenciones significarían un gran escándalo, arrancando porque Valdes había sido embajador en El Vaticano y es amigo del Papa Francisco. También pesó el estruendo que implicaría el arresto de abogados y periodistas.

Ahora se sabe que la gigantesca acusación de complot ni siquiera tenía como sustento el anónimo del que hablaban las diputadas. Habrá que ver si en el juzgado de Lomas de Zamora que encabeza Juan Pablo Auge se empiezan a esclarecer todas estas maniobras, que fueron una mezcla de escuchas ilegales, denuncias falsas, servicios de inteligencia, medios de comunicación alineados, un juez, un fiscal y el gobierno de Mauricio Macri como gran armador.  

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Impuesto a las grandes fortunas: con cambios, el proyecto tuvo dictamen

El oficialismo avanzó sobre el gravamen transitorio en medio de la pandemia. Se proyecta que la recaudación final llegue al equivalente del 1,1% del PBI


El Gobierno logró un importante avance para la obtención de la media sanción del proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario al lograr un dictamen favorable. El objetivo es generar fondos tributarios que permitan implementar medidas que apacigüen el efecto recesivo de la pandemia del coronavirus.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 27 votos afirmativos (Frente de Todos y aliados) y 22 por rechazo o ausentes (Juntos por el Cambio), por lo que el tratamiento pasará al Recinto. A partir de su aprobación, se introdujeron cambios que modificarán la base imponible y con ello el cálculo de lo que finalmente se planea recaudar.

La primera modificación es que será de aplicación sobre el patrimonio a partir de su promulgación y no con fecha al 31 de diciembre de 2019. Además, no estarán alcanzados los no residentes en el país pero con tenencia de acciones por más de 200 millones de pesos.

Según cifras de la AFIP, la medida alcanzaría a 9.298 personas humanas y la recaudación podría alcanzar los $ 307.898 millones (equivalente a 1,1% del PIB). El pago promedio del tributo entre las personas residentes alcanzadas sería de alrededor de 33 millones de pesos. En tanto, las alícuotas progresivas fijadas en el texto van del 2 a 3,5%.

Además, se estima que 253 personas con patrimonios de más de $3000 millones  -los más ricos, que integran la escala más alta del aporte- podrían aportar el 50% de esa recaudación potencial.

Adónde irá la recaudación

Respecto al destino de la recaudación, el 20% para la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria; 20% a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; 20% para el programa integral de becas Progresar; 15% para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los Barrios Populares y un 25% irá a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, a través de Integración Energética Argentina S.A.  

De esta forma, Integración Energética Argentina S.A. deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez años a contar desde el inicio de vigencia del presente régimen.

“Debatimos el proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas. Son las 9.300 personas más ricas de la Argentina. Y una contribución para morigerar los impactos de la peor crisis de toda la historia del Capitalismo, a la que Argentina llegó después de la tragedia macrista. Queremos un país más justo”, sostuvo al diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos.

Sobre el rol de la oposición en la discusión, sentenció: “Algunos eligieron defender a 9.300 millonarios, en contra del interés de la mayoría. Se oponen al aporte para fortalecer el sistema de salud, construir viviendas, acompañar a las pymes y a los jóvenes. Son Juntos por los Ricos. Nosotros, elegimos defender el interés de todos. Para eso hacemos política”.

El Destape

25 de septiembre de 2020

 

Ley de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

Media sanción al blindaje del FGS

La Cámara de Diputados aprobó, con acuerdo de oficialismo y oposición, el proyecto que prohíbe la venta de activos del fondo de respaldo previsional.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La iniciativa contó con el respaldo de los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La ley contempla la renegociación de la deuda que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), por 100 mil millones de pesos. Además, establece que los fondos para el pago de la Reparación Histórica a 900 mil jubilados pasará a financiarse por Anses y el Tesoro nacional, y no por el FGS.

El tratamiento del dictamen de mayoría comenzó cerca de las 17.30 en una sesión especial mixta, presencial y virtual, en la que estuvieron presentes la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y el titular del FGS, Lisandro Cleri. Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), destaco "el amplio acuerdo" logrado entre las fuerzas políticas. 

"Venimos a restituir la situación original, ya que se garantiza que el FGS será el garante de todo el sistema previsional, y no solo para las personas que tienen que cobrar la reparación histórica", dijo Heller. En ese sentido, el legislador aclaró que "se cumplirán con los acuerdos homologados en sede judicial". También recalcó que con la nueva norma se eliminará "la posibilidad de vender activos (del FGS) para que no se destruya ese patrimonio, que es un garante permanente del conjunto del sistema previsional".

El proyecto establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación. Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos.

También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del FGS. En ese sentido, no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.

Con respecto a los créditos otorgados a jubilados, el proyecto determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del primero de enero de 2020. También establece que la reanudación del cobro de las cuotas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito cuando quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor.

Además, se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional. Así, se creará el Fondo Fiduciario Público "Programa de Inversiones Estratégicas" que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado, como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real.

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Garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia

Ambiente: Diputados ratificó el Acuerdo Regional de Escazú


En los primeros minutos del viernes, la Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo Regional de Escazú, que establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La sesión fue seguida desde los palcos por activistas ambientalistas, cuya participación para lograr la ratificación fue reconocida y celebrada por diputades en sus discursos.

Con la votación, Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el texto adoptado en 2018 en el distrito costarricense de Escazú por 22 países de la región. El texto -formalmente denominado por Naciones Unidas como Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe- sólo entrará en vigencia cuando obtenga la ratificación de 11 de los estados firmantes. 

"La ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”, celebró el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien también destacó el compromiso de los militantes ambientalistas. La ratificación, añadió en un comunicado oficial, es "de suma importancia" porque "se trata del acceso a la información y la participación pública, y repara en el acceso a la Justicia ante determinadas circunstancias". "Con Escazú, como sucedió con la ley de cambio climático, cumplimos con una demanda muy justa y creciente de la sociedad y de los jóvenes en particular”, evaluó.

El Acuerdo "parte de la premisa de asegurar la protección del medio ambiente y los derechos humanos en un modelo de desarrollo sostenible", definió durante la sesión Eduardo Valdés, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, al abrir el debate.

"Otro objetivo fundamental es luchar contra la persecución que sufren los defensores ambientales. América latina ostenta el triste récord de haber sido la región del planeta donde en 2019 se produjeron la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientalistas”, definió durante el debate la diputada Brenda Austin.

La iniciativa, que el 13 de agosto había sido aprobada por el Senado, fue aprobada por los votos de 240 diputades de distintos espacios partidarios (Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y bloques provinciales). En la votación hubo también cuatro votos en contra y dos abstenciones.


¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El tratado garantiza el acceso "a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales". 

Además, propone la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.

La ratificación obliga al Estado parte a garantizar la "participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales". Para ello, el Estado "se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional".

Además, cada Estado debe "publicar y difundir a intervalos regulares, que no superen los cinco años, un informe nacional sobre el estado del medio ambiente". Esos informes deben tener "información sobre el estado del medio ambiente y de los recursos naturales, incluidos datos cuantitativos",  detalle de "acciones nacionales para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental" y de "avances en la implementación de los derechos de acceso", así como de "convenios de colaboración entre los sectores público, social y privado".

Los informes "deberán redactarse de manera que sean de fácil comprensión y estar accesibles al público en diferentes formatos y ser difundidos a través de medios apropiados considerando las realidades culturales". La sociedad civil, además, puede ser invitada a "realizar aportes a estos informes".

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