22 de julio de 2016

En la nueva Tecnópolis de Macri afirman que los desaparecidos fueron menos de 9 mil

El Gobierno volvió a abrir Tecnópolis. Solo que en el que antes era un Espacio para la Memoria ahora se eliminó la importancia del rol de los organismos de Derechos Humanos y lo modificaron por una muestra LED de la CONADEP, donde afirman que los desaparecidos fueron 8.960.

El cambió llegó, y con él, las nuevas referencias a "Derechos Humanos" en lo que alguna vez fue el stand de Espacio para la Memoria en Tecnópolis.
En esta nueva edición de la muestra se eliminaron todas las referencias al rol de los organismos de Derechos Humanos en el país y se muestra una cifra que causa conmoción.
Según afirma un cartel: ""La CONADEP registró denuncias que le permitieron establecer información comprobable de 8.960 casos de desaparecidos".
Cabe destacar que durante esta apertura nunca se incluyó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para que participen de este espacio, a diferencia de años anteriores.
Anteriormente, se destacaba la labor de estas importantes organizaciones de DDHH con diferentes stands, talleres, muestras y espectáculos al aire libre.
El Destape Web pidió explicaciones a la Secretaría de Medios de Hernán Lombardi, desde donde explicaron que "entre esos textos del Nunca Más se reproduce lo de los 9 mil casos registrados de los desaparecidos y se aclara que es hasta ese momento cuando se realizó el libro".
Pese a esto, desde la Fundación LED aseguraron que la asociación "no participa de Tecnópolis" y aclararon que este caso "sólo" se trató del traslado de una muestra que fue presentada por los 30 años de democracia.
La propia Hebe de Bonafini comentó que desde el Gobierno intentan instalar la teoría de que en Argentina hubo 9 mil desaparecidos, "para sentir menos culpa". 
Diario Registrado

OTRA ACCION EN LA JUSTICIA PARA FRENAR EL TARIFAZO CON LOS NUEVOS TOPES MAXIMOS DEL 400 Y 500 POR CIENTO

Movida para volver al viejo cuadro tarifario

En el juzgado federal de La Plata se está jugando el destino del tarifazo. Ahora la fiscal reclamó invalidar las recientes resoluciones del Ministerio de Energía, que fijaron topes máximos de facturación en las tarifas de gas. 
Por Javier Lewkowicz
La fiscal federal de La Plata, Ana Miriam Russo, consideró que la Justicia debería invalidar las resoluciones del Ministerio de Energía que fijaron los nuevos topes máximos del 400 y 500 por ciento al incremento de la boleta de gas en relación al año pasado. El fundamento es que el límite al aumento presupone la vigencia del cuadro tarifario que se encuentra frenado por un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata. La anulación de las nuevas resoluciones no tendría efecto práctico inmediato sobre los usuarios, debido a que el tarifazo está congelado. Sin embargo, si volviera a estar vigente el aumento hasta que la Corte Suprema analice el tema, una nueva medida cautelar sobre los topes tarifarios sí cobraría relevancia. Los demandantes buscarían en ese caso extender la cautelar sobre los topes para poder continuar con la suspensión del tarifazo hasta que la Corte defina.
“Si son nulas las resoluciones precedentes por ausencia de realización de audiencias públicas, esa invalidez se extiende inexorablemente a las disposiciones subsiguientes que padecen del mismo vicio”, indicó la fiscal, quien se pronunció en el marco de la nueva medida cautelar en contra los topes tarifarios que fue presentada anteayer por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). Esa entidad, que encabeza la demanda que frenó el tarifazo original en el gas, pedirá en estos días que la Cámara no suspenda el efecto del fallo.
El 7 de julio pasado la Sala II de la Cámara Federal de La Plata dictó un fallo que anuló el aumento de la tarifa de gas en todo el país y retrotrajo la situación tarifaria al momento previo a su dictado. En respuesta a ese fallo y a la presión popular, el Gobierno anunció el lunes 11 de julio nuevos topes al incremento. Definió que el valor de la factura del mismo período del año pasado podría multiplicarse a lo sumo por cinco o seis en función de si el usuario es residencial o un comercio, hotel o pyme. La resolución 129 conservó el aumento de la inicial resolución 31 (anulada por la Justicia) pero introdujo esos límites.
“Tenemos un pronunciamiento judicial que no solamente invalidó las resoluciones 28 y 31 que habían establecido un nuevo cuadro tarifario sino que contuvo un plus: determinó volver al estado de cosas anteriormente vigente en forma previa al dictado de ambas resoluciones. Resulta nítido que el Ministerio de Energía y Minería demandado no estuvo habilitado para cambiar ese statu quo”, detalló Russo. “El fallo le dice al Gobierno que tiene que barajar y dar de nuevo, pero el Gobierno apenas acomodó las cartas que estaban sobre la mesa. El nuevo tope se aplica sobre la resolución que está nula, entonces tampoco tiene valor”, amplió Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores.
El pedido de la nueva medida cautelar y el dictamen de la fiscal está en manos del juez federal de La Plata Alberto Recondo. El magistrado pidió información complementaria a la Procuración del Tesoro.
Si bien la validez de las nuevas resoluciones está lógicamente bajo el mismo cuestionamiento judicial que las anteriores, su anulación no traería efectos inmediatos en este momento para los usuarios. Es que el tarifazo está suspendido por el fallo judicial, con lo cual los nuevos topes tampoco rigen. Se espera que para fines de la semana próxima la Cámara dé a conocer si concede el recurso extraordinario presentado por el Gobierno y si lo hace con efecto suspensivo sobre el fallo. En ese caso, el dictado de una nueva medida cautelar sobre los topes sí cobraría relevancia. Los demandantes buscarían extender el efecto de esa cautelar sobre el aumento original, de modo que el tarifazo siga frenado hasta que la Corte se expida sobre el tema.
La Corte pidió días atrás una serie de informes al Gobierno para saber qué parámetros se tomaron para disponer la suba de tarifas, así como la de alcance social decretada por el Ejecutivo. Se prevé que recién haya una definición en agosto, cuando se reanude la actividad judicial.
Por ahora, el Gobierno admitió que los usuarios no deben pagar las facturas gas. Las distribuidoras de gas de todo el país no refacturaron con los nuevos topes ni tampoco con los valores previos al tarifazo, por eso se quejan sobre un supuesto quiebre de la cadena de pagos. El Gobierno pretende evitar el envío de facturas con los precios viejos y aspira a que en el corto plazo la Cámara suspenda el efecto del fallo y la Corte valide los nuevos topes.
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EL JUEZ RECONDO HARA "LO POSIBLE" POR EXPEDIRSE ENTRE HOY Y MAñANA

Hasta tanto se pronuncie la Justicia, las empresas no pueden facturar con aumentos

Tras el pedido del juez federal de La Plata Alberto Recondo, quien habilitó la feria judicial para expedirse acerca de la suspensión tarifazo del gas y había intimado al Gobierno a aclarar si los aumentos estaban vigentes o no, la Procuración del Tesoro presentó un escrito del Ministerio de Energía de la Nación, en la que confirma que las empresas de gas no pueden emitir facturas con ninguna clase de aumento hasta tanto la Justicia no resuelva la cuestión judicial de fondo.
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 LO AMASIJARON A GOLPES POR PEDIR QUE NO APALEARAN A UN JOVEN

La policía preventiva de Rojas

Cinco policías comunales de Rojas fueron denunciados ante la Justicia por atacar a golpes y echar gas pimienta a los ojos a un joven que intentó evitar que siguieran golpeando a otro joven. Piden seguridad para el denunciante.
› Por Horacio Cecchi
“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada; no vamos a justificar acciones violentas pero vamos a ser cuidadosos con la investigación”, dijo el secretario de Seguridad de la Intendencia de Rojas, Miguel Núñez. La declaración, algo así como un ni, llegó después de que cinco uniformados de la Policía Comunal de Rojas fueron denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria, por apalear a un joven que intentó interceder para que dejaran de apalear a otro a la salida de un boliche, durante la madrugada del domingo pasado. El que participó con mayor energía le había disparado a su pareja apenas terminada su cursada como cadete policial, hace un par de años. Entre los cinco uniformados, una mujer policía le echó gas pimienta en los ojos al joven que intentó interceder, como para que aprenda que para prevenir están ellos. Núñez no aclaró a quién se refería cuando mencionó “fuera de la ley”, si a los polis denunciados o al joven apaleado por el brazo armado de la ley.
Entre las 5 y media y 6 de la madrugada del domingo pasado, al salir del boliche El Bien, ubicado en General Paz 423 y Avenida de Mayo, cuatro adolescentes se toparon con una escena que les llamó la atención. Un chico, al que conocen (en Rojas vale decir que se conocen todos) pasó por el lugar y cinco uniformados (dos hombres y tres mujeres) que estaban cerca lo empezaron a perseguir. Los cuatro salieron caminando hacia el lugar donde se habían perdido perseguido y perseguidores. Cuando llegaron se encontraron con que dos de los polis (los dos hombres, Carlos Boniardi y Jorge Farré) le estaban dando palazos a otro chico (no el perseguido, que ya había desaparecido), tirado en el piso, y las tres mujeres (Yamila Romero, Yanina Verdún y Lorena Tisera) observaban el accionar preventivo de sus colegas.
La vapuleada fue tan feroz que el grupo de chicos empezó a reprobar y uno de ellos se aproximó demasiado a las fieras a pedir que se detuvieran y que si el golpeado había cometido algún delito que lo llevaran detenido a la comisaría. Pretendió aplicar la lógica racional allí donde hierve la sangre, especialmente la de la víctima. Los polis se detuvieron. Es decir, dejaron de pegarle al del piso y se la tomaron con él. Uno de ellos, Farré, al que se le había escapado el tiro en dirección a su pareja, descargó una especial violencia sobre el chico.
Antes de los golpes, una de las mujeres (Romero) decidió intervenir en auxilio de sus dos masculinos y le vació el aerosol de gas pimienta en los ojos, con lo que no tuvo posibilidad de defenderse. Al pibe lo pudo sacar uno de sus amigos llevándolo a la rastra totalmente ciego y dolorido, y lo trasladó al hospital Saturnino Unzué. Allí lo atendió una médica, Diana Sánchez, quien luego de enterarse lo que había pasado les informó que levantaría un acta médica y que estaba sorprendida porque a lo largo de la noche habían sido hospitalizados cuatro o cinco chicos con los mismos síntomas de aplicación del brazo de la ley pimienta.
El martes, la madre del golpeado y cegado presentó una nota al intendente Claudio Rossi, radical de Cambiemos, a su secretario de Seguridad, el mentado Núñez, y al Concejo Deliberante, pidiendo el inicio de un sumario para aplicar sanciones. Una cita textual de la nota da el carácter del reclamo: “Personas (se refiere a los policías) que son capaces de cometer actos tan aberrantes como los descriptos, sin justificativo alguno toda vez que no estaban repeliendo ninguna agresión, sino golpeando a un joven indefenso con saña, y agrediendo a quienes les pedían que se detengan, no pueden ser confiables a fin de lograr la tan deseada seguridad que todos los vecinos anhelamos. Estos también son hechos de inseguridad, provocados por quienes deben prevenirlos. La policía esta para cuidarnos, no para reprimirnos porque le pedimos que cesen con los actos violentos y fuera de la ley que ejecutan.”
Y con un fuerte grado de sensatez preventiva, exigió que “se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad e integridad personal de mi hijo y de las restantes personas que fueron víctimas o testigos de dichas actuaciones. Temo que la denuncia que estamos iniciando, provoque represalias y hostigamiento de parte de los agentes policiales”.
La Comisión Provincial por la Memoria presentó el miércoles una denuncia penal por lesiones, torturas, abuso de arma y de autoridad, ante el fiscal general de Junín, Juan Manuel Mastrorilli, quien deberá ordenar a un fiscal para que investigue, y un inmediato informe médico y psicológico de las víctimas.
La información municipal parecía relatar otra historia. Según explicaron los de la Comunal a Núñez, intervinieron para detener una pelea entre 80 personas. “Ahí se acercaron más personas que increparon al personal policial y la policía intentó que depusieran su actitud”. Núñez agregó entonces su frase ni: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada; no vamos a justificar acciones violentas pero vamos a ser cuidadosos con la investigación”.
horaciolqt@yahoo.com.ar
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El Plan Progresar empezó a retroceder

El Ministerio de Educación no tiene datos precisos sobre la cantidad de jóvenes que no cobró el estímulo al estudio. Dijeron que “es un problema técnico” a solucionar. Consejeros estudiantiles temen la desarticulación del plan.
Cientos de jóvenes universitarios dejaron de percibir de manera sorpresiva el Plan Progresar en el mes de julio, desde la Anses y el Ministerio de Educación –los organismos encargados de cruzar los datos necesarios para otorgar los beneficios– dijeron que fue un “problema técnico”. El motivo, dicen, es que los estudiantes no cumplen con la regularidad académica, pero distintas Universidades y Facultades manifestaron que habían entregado todo en tiempo y forma. Además, los estudiantes se quejan porque ningún organismo resuelve su problema y “se pasan la pelota y la plata no aparece”.
Lo cierto es que esta situación nunca fue comunicada por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) ni por Educación, sino que los propios estudiantes perjudicados empezaron a reclamar en en sus centros de estudiantes y sus facultades; y por diferentes vías: llamadas a la Anses, mails, y por las redes sociales Twitter y Facebook (un grupo llamado Beneficiarios Suspendidos del Progresar tiene más de 1500 miembros).
Así fue que la organización política La Cámpora se puso en campaña para centralizar la mayor cantidad de casos: en una semana y media registró más de 950. De ese número, la mayor parte corresponde a la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero se observan muchos casos de diferentes universidades como las de Catamarca, Lanús, Cuyo, Tucumán, Matanza, Córdoba, Nordeste, Rosario, La Plata, General San Martín, Salta, Formosa, La Rioja, Arturo Jauretche y Mendoza, entre otras.
“A nosotros nos llegaron varios mails de estudiantes contándonos la situación, que habían dejado de cobrar sin motivo aparente y que en sus facultades no manifestaban ningún problema de regularidad”, contó a este diario Alejandro Ades, consejero superior de la UBA, que en ese organismo pidió una explicación sobre la situación de esos estudiantes; pero el Secretario de Extensión de esa casa de estudios respondió que toda la información pertinente fue enviada en tiempo y forma. “Entendemos que éste es el comienzo de un desguace del programa. No podemos permitir –enfatizó Ades– que recorten este derecho que permite estudiar a miles de jóvenes, sobretodo en este contexto de ajuste que vuelve más difícil la continuidad de los estudios”.
La Anses en un comunicado informó que “el Ministerio de Educación está analizando junto al Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el Instituto Nacional de Formación Docente y el Programa Nacional de Becas Universitarias, aquellos casos que resulten susceptibles de revisión para una nueva puesta al pago de parte de Anses. Se trata de jóvenes que cursan los niveles terciarios y universitarios, y que se vieron afectados por la suspensión del beneficio, pese a que habrían cumplido con el requisito de materias aprobadas”.
Por su parte, el Director Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, Pablo Domenichini, argumentó que el problema fue “un error técnico de un sistema que no se actualizó como debería, y eso no le permitió a las bases recopilar los datos sobre las regularidades; cuando esos datos no llegaron a la Anses, fueron dados de baja”. Sin embargo, Domenichini, ex presidente de la Federación Universitaria Argentina por la radical Franja Morada, anticipó que se resolverán “todos los casos”, aunque por el momento ignora el universo total de estudiantes perjudicados. Ese dato no figura en ningún lugar.
“A los perjudicados se les pagará el retroactivo por este mes que no cobraron –afirmó Domenichini–, tampoco perderán el 20 por ciento acumulado que se abona a fin de año; e insistimos en que no hay necesidad de inscribirse nuevamente para volver a percibir el Progresar”. La asignación es de 900 pesos: por mes se cobran 720 y el resto contraentrega de regularidad de los estudios.
El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) nació el 22 de enero del 2014, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner; alcanza a estudiantes de 18 a 24 años, independientemente del nivel que estén cursando. En febrero del 2014 lo percibían más de 200 mil personas, y desde ese mes no paró de crecer, hasta llegar a su pico máximo en octubre del año pasado, cuando alcanzó a más de 950 mil beneficiarios. Hasta esa fecha los registros eran mensuales. Hoy no hay ninguna estadística que muestre cómo continúan esos números, sólo datos aislados en artículos publicados por la Anses. Las mismas revelan que en enero de este año el número había descendido a menos de 905 mil inscriptos, una tendencia que se profundizó: en junio de este año percibieron al programa menos de 752 mil estudiantes.
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21 de julio de 2016

El tercer día del lockout transportista impacta en acopiadores, navieros y combustibles


LA PROTESTA IMPIDE EL NORMAL TRASLADO DE LA COSECHA DE GRANOS HACIA LOS PUERTOS, DETERIORA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PUERTOS ARGENTINOS, GENERA PÉRDIDAS AL SECTOR NAVIERO Y CREA RIESGOS DE DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EN SANTA FE Y CÓRDOBA.


En ese sentido, la Federación de Acopiadores de Cereales cuestionó reclamó al gobierno nacional que garantice el derecho constitucional del libre tránsito. 

"La medida de fuerza además de impedir ilegalmente el desarrollo de la actividad a quienes no adhieren, se produce en un momento clave para la actividad productiva del país", afirmó la Federación al tiempo que advirtió que "la protesta impide el normal traslado de la cosecha de granos que aún no ha terminado en varias regiones afectadas por el exceso hídrico".

También indicó que el lockout "dificulta el inicio de la nueva campaña al interrumpir el traslado de insumos clave como los fertilizantes necesarios para la siembra", y añadió que "frena la exportación de granos y aceites en un momento en el que todo el país necesita de los aportes de la agroindustria para la reactivación económica que anhelamos".

"La medida comienza a impactar en el normal desenvolvimiento del país poniendo en riesgo el abastecimiento de combustibles, carnes y demás productos clave para la vida de los argentinos", advirtieron los acopiadores.

"La gravedad de la medida se potencia si se tiene en cuenta que en abril de este año se incrementaron en un 30% las tarifas nacionales del transporte de carga" y "ahora, el mismo sector exige un 33% más que, de aceptarse, daría un acumulado del orden del 73% en menos de un año", señaló.

A su vez, el vicepresidente de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), Gustavo Rodríguez, alertó hoy que si persiste la parálisis portuaria ocasionada los transportistas de cereales, los puertos argentinos podrían ver caer su reputación a nivel internacional, lo cual generaría un encarecimiento de los embarques de exportación y una pérdida de competitividad para el país.

Hasta ahora la protesta de los transportistas mantiene varados a 120 barcos en las terminales de carga. "Cuando un puerto es conflictivo, las empresas lo declaran 'puerto sucio', porque se complica la operatividad y se puede llegar a perder dinero", explicó Rodríguez a Télam.

Señaló que "situaciones como las que están pasando con el lockout de los transportistas prenden las alertas de la comunidad naviera, y lleva a las empresas a tomar precauciones, porque si los riesgos son mayores, entonces la tarifa será más alta a la hora en que un barco ingrese al puerto a cargar mercadería".

A su criterio, la situación en los puertos, donde las empresas agroexportadoras se quedaron sin existencia de cereales y no pueden cargar los barcos, "impacta negativamente en la imagen del país como exportador".

Según datos recabados por Télam entre la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), la Bolsa de Comercio de Rosario y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (Catac), las pérdidas suman u$s 3,5 millones por cada día de inactividad.

Rodríguez explicó que "cuando el barco ingresa a puerto y presenta su carta de alistamiento comienza a correr el tiempo de carga", y puntualizó que "si el abastecimiento no se realiza, cada día que pasa se cobra demora".

De todos modos indicó que "algunos contratos se realizan con cláusula de huelga, y si se demora la carga no se paga de más por eso".

Entre tanto, el presidente de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), Ramón Jatip, responsabilizó hoy al sector agropecuario por la medida de fuerza que mantiene paralizada la actividad cerealera desde el lunes último.

"El campo arbitrariamente nos metió adentro de esta pesadilla. Su dirigencia cerró las puertas de las negociaciones; no quiso ni quiere llegar a consensuar una tarifa superadora", remarcó Jatip a Télam, al tiempo que abogó porque "el Gobierno nos llame para negociar y terminar con este conflicto".

Los transportistas de cereales reclaman que la actual tarifa nacional pase de $ 73 a $ 97 por kilómetro, porque aseguran que a pesar del aumento de $ 56 a $ 73 determinado en febrero último, no fue suficiente para absorber las subas de combustibles, peajes y neumáticos.

"La suba de febrero sólo compensó el efecto de la devaluación porque la tarifa estaba congelada desde hacía un año, pero después vinieron aumentos de costos que hicieron que la tarifa se haya atrasado nuevamente", indicó Jatip.

Según datos recabados por Télam entre la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), la Bolsa de Comercio de Rosario y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Carga (Catac), las pérdidas suman u$s 3,5 millones por cada día de inactividad

"Estamos esperando que el Gobierno nos llame; creemos que puede ser hoy", decía Jatip a Télam pero la reunión no se ha podido verificar hasta el momento.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), Pablo Agolanti, advirtió que "en el cordón del Gran Rosario y en ruta 8, donde se encuentran los manifestantes, también se hacen presentes Gendarmería Nacional".

En Rosario, al lockout que complicó la situación de los puertos cerealeros, se suma a la falta de abastecimiento de combustibles desde las plantas de Axion, YPF y Oil de la ciudad de San Lorenzo.

“Está faltando nafta en algunos lugares del sur de Santa Fe y Córdoba, se trata de las estaciones que se abastecen desde San Lorenzo y es por el conflicto de los transportistas, que impide que entren y salgan camiones de la región”, aseguró Walter Costa, Vicepresidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA).

El dirigente informó que en Rosario ya hay estaciones sin combustibles pero que “seguramente las petroleras tomarán recaudos y abastecerán desde otros lugares”.
 Telam

Afirman que el viernes 29 de julio se acaba el mundo: enterate acá cómo y por qué

Sí, tal cual: esta vez las redes son el terreno en el que se desenvuelve esta teoría que para muchos parece descabellada pero para tantos otros no lo es tanto, ya que pidieron una cena especial para la noche anterior.

En un vídeo subido a YouTube y que se ha vuelto viral en las demás redes sociales, realizado por el canal End Times Prophecie, que se dedica a estudiar la Biblia, se afirma que el 29 de este mes llegará el apocalipsis (y no zombie, justamente).
El vídeo advierte que ese viernes de la próxima semana los polos magnéticos de la Tierra se invertirán, causando devastadores terremotos y cambiando drásticamente la temperatura de nuestro planeta.
Según se dice, muchos servicios de delivery gourmet de todo el mundo ya están preparando una cena especial para el jueves 28. ¿Pedidos? Al 0800...
Diario Registrado
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No pagues las tarifas y comete un buen asado.


Cristina Kirchner aceptó adelantar la mediación con Stolbizer para que pueda viajar a los Juegos Olímpicos

Es por la denuncia de la exmandataria contra la diputada del GEN, luego de las denuncias desmentidas ante la justicia por "lavado de dinero". Stolbizer había pedido a la mediadora María Etelvina Notari de cambiar la fecha del encuentro porque tenía previsto viajar a Río de Janeiro a ver a su hijo, Nicolás, en las olimpiadas.


Luego de los cruces entre la Cristina Fernández de Kirchner y Margarita Stolbizer y que la expresidenta pidiera una mediación por "calumnias e injurias" luego de las denuncias por lavado de dinero, la fecha fijada era el 10 de agosto. Pero luego del silencio de la diputada nacional, presentó un escrito ante la mediadora María Etelvina Notari para adelantar el encuentro o posponerlo a su regreso de Río de Janeiro.
Ante esta situación, el abogado de Kirchner le contestó que debe ajustarse a los tiempos de los abogados, de la mediadora y de su representante. Ahora se dio a conocer que la exmandataria aceptó adelantar la mediación, que se haría el 8 del mes que viene. 

 @CFKArgentina ante los ruegos de @Stolbizer le concede adelantar audiencia para el 8/8 a fin de no obstruir los Juegos Olímpicos.
CELEBRO EL AJUSTE DE MACRI, PERO ADVIRTIO QUE LA RECESION SERA MAYOR QUE LA PREVISTA

El FMI tampoco ve una recuperación

Por Tomás Lukin
El organismo calificó la política macroeconómica como “más coherente y creíble”, pero amplió la proyección de caída de la economía a 1,5 por ciento este año. Explicó que el peor desempeño responde a una baja en el consumo privado.
En el Fondo Monetario Internacional celebran el programa de ajuste desplegado por el gobierno de Mauricio Macri, al que definen como una “política macroeconómica más coherente y creíble”, aunque advierten que la recesión será mayor que la proyectada a comienzos de año. “El impacto adverso de la transición económica fue mayor de lo previsto”, indicó con sorpresa el organismo al proyectar una contracción de 1,5 por ciento del PIB para 2016. El Fondo explicó que la ampliación en 0,5 puntos porcentuales de la caída del producto responde a la baja en el consumo privado. La respuesta de la demanda interna al ajuste fue más significativa que la esperada por el staff del FMI. Igualmente asombrados se mostraron con la demora en la llegada de las inversiones. El escenario económico argentino empeorará incluso cuando el organismo mejoró sus proyecciones para Brasil, principal socio comercial del país. El Fondo espera que la política económica del “gobierno interino” brasileño amortigüe de 3,5 a 3,3 por ciento la caída diagnosticada a comienzos de año.
El Director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, consideró ayer que la recuperación de un sendero de crecimiento llegaría hacia fines de año. La fuente para esa reactivación no será un aluvión de dólares inducido por la supuesta confianza que genera Macri entre los empresarios. La reactivación llegará de la mano del incremento en el gasto público y la reducción en las tasas de interés. El organismo que volverá a realizar su tradicional evaluación de la economía local en septiembre advierte que esas políticas dificultarán el cumplimiento de las metas de inflación impuestas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas pero igual conservó sus expectativas favorables para 2017. Así, el país crecería 2,8 por ciento el año próximo. “La actividad económica probablemente empezará a recuperarse hacia finales de 2016, a medida que la inflación se modere gradualmente, que se estimule el gasto y que se reduzcan las tasas de interés”, explicó ayer Werner en un artículo sobre la región publicado en el sitio web del FMI.
“El nuevo gobierno se ha embarcado en una ambiciosa y muy necesaria transición para eliminar los desequilibrios y distorsiones macroeconómicos que han reprimido la inversión y erosionado la competitividad”, celebraron en abril desde el organismo encabezado por Christine Lagarde. El optimismo del FMI que mantuvo una crítica permanente a la política económica de los gobiernos kirchneristas se mantiene pero el impacto de las medidas reclamadas/recomendadas es más grave que el previsto tres meses atrás. “El ajuste de los precios relativos en el primer semestre de 2016 -tras la depreciación del tipo de cambio y el alza de las tarifas de los servicios públicos- ha acelerado la inflación y perjudicado el consumo privado”, escribió con sorpresa el directivo del FMI. Desde su perspectiva, “se prevé que la orientación más acomodaticia de las políticas monetaria y fiscal promueva el crecimiento en 2017, pero que complique el cumplimiento de las metas fiscales y de inflación anunciadas este año”.
Aunque acompaña los distintos programas de ajuste fiscal y monetario implementados por los gobiernos de la región, el FMI advirtió recientemente que “el neoliberalismo aumenta la desigualdad y sus beneficios han sido exagerados”. Los investigadores del Fondo consideraron en la edición de junio de la revista Finance & Develompent publicada por la entidad que los flujos de capitales de corto plazo contribuyen a la volatilidad financiera y aumentan los riesgos de una crisis financiera. El profundo proceso de liberalización financiero dispuesto por el gobierno desde que asumió en diciembre avanza en esa dirección.
El Gobierno decidió en abril permitir la supervisión del Artículo IV. La revisión macroeconómica prevista para septiembre es un requerimiento para los países miembro del Fondo. Aunque representa un análisis técnico de la economía local, esos informes funcionaron históricamente como mecanismos de legitimación para implementar políticas fiscales, monetarias, laborales y cambiarias ortodoxas que no necesariamente eran exigidas por el organismo. La realización del informe no representa un paso hacia la solicitud inminente de un crédito al Fondo sino que es un elemento necesario en el proceso de reinserción plena en el mercado financiero internacional.
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EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Continúa la protesta de los desocupados de Tartagal

El grupo de al menos 20 personas inició la protesta el martes pasado en Avenida de Mayo y 9 de Julio y desde esta mañana algunos se encadenaron y amenazaron con prenderse fuego si el Gobierno no les da una respuesta positiva a su reclamo de crear puestos de trabajos en esa ciudad del norte de Salta.
Segundo Oscar, vocero de los manifestantes, advirtió a Télam que están "realmente desesperados y sin respuesta del gobierno nacional" y explicó que "hemos decidido encadenarnos y si no tenemos respuestas varios compañeros se van a prender fuego con bidones de nafta por tiempo indeterminado".
"Nos quedaremos hasta tener puestos de trabajo o hasta que nos hagan cagar", aseguró y añadió: "Hemos vuelto una vez más a la avenida 9 de Julio y de acá no nos vamos con las manos vacías, porque nuestra gente está sin trabajo y con hambre. Desde el martes que nos estamos manifestando y seguimos sin tener respuestas de las autoridades".
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 EL TESTIGO QUE LLAMO AL 911, SIN MUCHO MAS QUE APORTAR

Vio a López y algunos autos

Jesús Ojeda, el testigo que llamó al 911 para denunciar la presencia de un presunto intruso en el convento de General Rodríguez durante la madrugada del 14 de junio, declaró ante el juez federal Daniel Rafecas que nunca antes había entrado a ese lugar pero que solía ver "mucha gente" ingresando los domingos, algunos de ellos en autos de alta gama.
Ojeda, que trabaja como repartidor de pollos, alertó a la policía bonaerense sobre la presencia de un extraño revoleando bolsos hacia el interior del monasterio en la madrugada, que resultaría ser el exsecretario de Obras Públicas José López.
El denunciante declaró que llamó al teléfono de emergencias pasadas las 3.15 y que 15 minutos más tarde llegó la policía, algo que en realidad ocurrió a las 3.50. Según sostuvo ante Rafecas, esa madrugada se despertó preocupado porque escuchó ruidos afuera de su casa y creyó que le estaban robando la camioneta que utiliza para el reparto de pollo, por lo que se asomó a la ventana.
Fue entonces cuando el testigo dijo que observó a un hombre tirando "bolsas negras" por encima de un tapial hacia el interior del convento y que se acercó a la escena para hacer notar su presencia, hecho que no habría alterado los planes del exfuncionario quien, a pesar de verlo, saltó el portón.
Tras ese episodio, Ojeda dijo que llamó al 911 y cuando llegó la policía les relató lo ocurrido y les pidió que ingresaran al convento para revisar que no hubiera ningún problema con las monjas que viven allí, algo que los efectivos policiales le dijeron que no estaban en condiciones de hacer.
La semana pasada, uno de los policías que participó del operativo atestiguó que tras llegar al convento mantuvieron un diálogo a través del portero eléctrico con alguien que se encontraba en el interior y dijo que allí no había entrado nadie.
Cuando al fin lograron entrar al convento, los policías -según su propio relato- atravesaron los 100 metros que separan al portón de entrada de la casa principal y detectaron que había un hombre comiendo bizcochos.
Antes de ingresar a la casa, vieron el arma con el que el hombre había llegado y fue allí que decidieron detenerlo, cuando aún no sabían que se trataba de un exfuncionario y que había entrado con 9 millones de dólares.
En su declaración de hoy, Ojeda afirmó que cerca de las 6 se alejó de la escena para ir a buscar a su mujer al trabajo. Cuando volvió, los policías le pidieron que oficiara de testigo del procedimiento y fue entonces que ingresó por primera vez al convento.
Además le dijo al juez que tuvo oportunidad de ver el cargador del arma con la que López entró al convento, según quedó registrado en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del lugar y difundidas por televisión hace poco más de 10 días.
El testigo declaró que nunca antes había ingresado al convento y que los domingos solía asistir mucha gente, algunos incluso en "autos y camionetas de alta gama", pero que no los conocía.
En tanto, esta mañana, Fernando García, uno de los abogados de López le concedió una entrevista a Radio Nacional en la que dijo que su defendido le aseguró que era objeto de un seguimiento "ilegal" realizado por los servicios de inteligencia.
"Textual, lo que dijo López, es que un sector de los servicios de inteligencia lo siguió de forma ilegal", sostuvo el abogado, quien sin embargo aclaró que "no habló de la Secretaría de Inteligencia, porque si el organismo hubiera actuado lo hubiera hecho dentro de una actividad lícita".
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El CEO mundial de Shell mandó al frente a Aranguren

Por si cabía alguna duda sobre los beneficios que el aumento en la tarifa de gas le reportó al propio ministro de Energía, vino el CEO de la compañía a ratificar la sospecha que pesa sobre el ministro macrista.


"Somos una empresa de gas más que una empresa petrolera", afirmó Ben van Beurden, CEO mundial de Shell, a la agencia Blumberg, señalando así de dónde salen los mayores beneficios para la multinacional anglo-holandesa.
Como se sabe, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue quien decretó el tarifazo en el gas, y fue él quien ordenó importar gas de Chile, donde Shell maneja el mercado de ese combustible, y es él, también, el accionista de la compañía beneficiada con esas medidas.
De hecho, las medidas adoptadas en la Argentina por el ex CEO local de la multinacional van en consonancia –como si hubiera recibido órdenes– con los objetivos de Shell: convertirse lisa y llanamente en una empresa gasífera.
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Se abren las barreras para comprar en el exterior y tiembla la industria nacional

Las compras en el exterior comenzarán a tener menos regulaciones y esto afectará directamente a la industria nacional en su totalidad. Cada argentino podrá hacer hasta 5 compras al año, aunque los productos no deberán superar el valor de 1.000 dólares y los envíos no deberán pesar más de 50 kilos.

El Gobierno avanza con el plan para desarmar por completo las normativas que instaló el kirchnerismo para favorecer a las industrias nacionales. La semana próxima se anunciará la vuelta del régimen 'puerta a puerta' para compras por Internet en el exterior.
La medida fue anunciada a principios de marzo por el titular de la AFIP, Alberto Abad, y desde entonces se generó una ola masiva de compras online lo que hizo que haya un colapso la oficina del Centro Postal Internacional en el barrio de Retiro. 
La AFIP ampliará la cantidad de productos que se podrán comprar en el exterior y cada argentino podrá hacer hasta 5 compras al año, aunque los productos no deberán superar el valor de 1.000 dólares y los envíos no deberán pesar más de 50 kilos. No se podrán comprar más de 3 unidades del mismo producto y no podrán hacerse compras con fines comerciales. Se podrán ingresar: alimentos, textiles, juguetes y hasta celulares sin la necesidad de tramitar una licencia automática o un estampillado de importación.
Estas medidas afectarán fuertemente a las industrias nacionales y las primeras reacciones llegan desde el sector textil, uno de los más perjudicados. "El relajamiento de las regulaciones puede ser aprovechado en desmedro de la industria nacional", advirtió Marco Meloni, vicepresidente de ProTejer.
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Tras el tarifazo, ahora el gas deberá pagarse cada 20 días

Las empresas distribuidoras facturarán el servicio cada 20 días para compensar el periodo de indefiniciones que va desde la aplicación de los fuertes aumentos a los fallos judiciales que los frenaron.


Si con el tarifazo no alcanzaba, ahora los usuarios de gas deberán pagar el servicio cada 20 días para compensar el tiempo en el que dominaron las indefiniciones; es decir, el periodo que va desde la aplicación de los aumentos por parte del Gobierno a los fallos judiciales que le pusieron freno.
Es que, como era de esperar, los usuarios domiciliarios siguen acumulando deudas con las distribuidoras, debido a la baja cobrabilidad de las enormes facturas que llegan a muchos usuarios y a los fallos que llaman a no pagarlas.
Por esa razón, lo que se busca con achicar los periodos de cobro es que no acumulen esas deudas y que se encuentren al día hacia finales de año con las distribuidoras Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi, que enfrentan problemas por la falta de recaudación, indica el diario La Nación.
Así, se espera que el Enargas, el ente que regula el sector, publique en los próximos días una resolución que permita a las empresas modificar el esquema de vencimientos para evitar caer en la ilegalidad.
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Por ahora los aumentos no corren y cuando sucedan no podran ser retroactivos, tratan de confundir, las empresas debe refacturar con la tarifa anterior .

Hacia el fin de los partidos gratis por TV

En la campaña electoral, Mauricio Macri prometió que mantendría Fútbol para Todos. Sin embargo, ayer el Gobierno anunció la rescisión del contrato que garantizaba la emisión gratuita de todos los partidos de fútbol por televisión.
› Por Gustavo Veiga
El fútbol es la actividad donde con mayor nitidez quedaron sepultadas las declamadas expectativas del segundo semestre. Podría decirse que, más que un semestre, vive el peor año de su historia. En lo institucional, económico, jurídico, deportivo y, desde ahora, por lo que proyecta su futuro mediático. Un derecho adquirido que estaba a punto de cumplir siete años se cercena. El gobierno nacional anunció ayer que acepta la rescisión del contrato del programa Fútbol para Todos (FPT) que le planteó la AFA como una salida del brete en que se metió solo con su voluntad hegemónica de controlar lo que pasa en los clubes, sus canchas, sus campeonatos y cualquier escenario donde se coloque un trípode con una cámara para televisar el juego. Mediante un comunicado, la Casa Rosada explicó: “Aceptamos el planteo que hace el 95% de los clubes de Primera División y varios del Nacional B, obviamente, abriendo una instancia de diálogo que piden para evaluar los tiempos y la forma”. Así, de una, se clausuró una política que comenzó el 11 de agosto de 2009 con el anuncio en el predio de la AFA en Ezeiza del que participaron la ex presidenta Cristina Kirchner, Julio Grondona y Diego Maradona.
El gobierno de Mauricio Macri que avivó el fuego de la recuperación nacional con su retórica primeriza, acumuló en el fútbol un incendio acá y otro más allá. El último se padecerá cada domingo cuando haya que pagar –además del abono del cable– para ver los partidos como ocurría antes de agosto de 2009. Dicen los voceros del establishment que eso pasará recién a partir de 2019. Pero, ¿quién puede dar fe de ellos?
La yapa de una serie de plagas que hicieron tabla rasa del deporte que más aman los argentinos es el final del Fútbol para Todos (FPT). Un programa que reivindicaba la esencia popular del principal espectáculo masivo, que democratizaba la pantalla aun con sus desprolijidades, que fue una herramienta del gobierno de Cristina Kirchner para difundir sus políticas de Estado y que también careció de los controles necesarios para que los dirigentes no gastaran el dinero público a piacere. Pese a eso, el Fútbol para Todos se había transformado en un derecho con amplio consenso entre los millones de argentinos que lo consumían. Daban cuento de eso decenas de encuestas.
La mise en scene que montaron el Gobierno y la AFA para desligarse de lo que para ambos era un problema se gestó en innumerables reuniones fogoneadas por los lobistas de una y otra parte. A la Casa Rosada la AFA le tiró un centro a la cabeza y con el arco vacío para definir una clara situación de gol. Fue el texto que le envió la asociación a comienzos de esta semana: “Que el fútbol para todos ha cumplido un ciclo y amerita un replanteo. Que por esta situación estamos dispuestos a liberar al Estado del costo de los fondos privados de nuestro producto, toda vez que para la familia del fútbol la cifra que recibimos resulta exigua y para el Estado es un importante gasto. Que en tal sentido proponemos en breve plazo las partes podamos disolver el vínculo que nos une, y a través de una licitación internacional, buscar oferentes privados”, decía, palabras más, palabras menos, la invitación a romper el matrimonio por conveniencia.
Al gobierno de Macri el pedido le resultó funcional para no pagar un costo político que podría ser más grande cuando la supresión del FPT se instrumente. El tiempo juega a su favor. Paradoja de una gestión que apunta a controlar el fútbol como si se tratara de una actividad con ministerio propio y que pretende salir indemne de los efectos de las conflictivas decisiones que toma. Por caso, intervenir de manera solapada la AFA, donde Daniel Angelici, el presidente de Boca, ha sido la pieza clave que decidió a piacere las reformas más estratégicas, difíciles de mensurar en el futuro más próximo. Su nave insignia es la Superliga, que les cabe como traje a medida de los clubes más grandes. Ese engendro organizativo que se transformará en la puerta de entrada para las sociedades anónimas deportivas.
Pero hay más. Decisiones y responsabilidades compartidas entre el Gobierno y la AFA que no lograron sacar hasta ahora del desastre económico a sus clubes afiliados. Y tampoco a la asociación que los reúne y que, como aquellos, está al borde de la cesación de pagos. La lista podría seguir: una Selección nacional que hoy no tiene entrenador. Tampoco a su mejor jugador, el número uno del mundo. Hasta ahí una cantidad de plagas que son más que las de Egipto.
Y hay todavía más… Una AFA sin presidente y sí con una comisión normalizadora a imagen y semejanza de los deseos del Gobierno. Una AFA sin elecciones que no pudo autogobernarse por la desfachatez de los dirigentes primero y porque después lo decidió la Inspección General de Justicia (IGJ) con la suspensión de los que iban a ser sus segundos comicios. Una AFA sin fondos para pagarles a sus árbitros y a sus empleados administrativos, que organiza y/o desorganiza los peores campeonatos del planeta. Que no permite la asistencia del público visitante a los estadios como si la gran mayoría de nuestros hinchas fueran talibanes o yihadistas dispuestos a dejar la vida en un partido. Solo faltaba que nos quedáramos sin fútbol por TV, en vivo y en directo, donde la palabra diferido ya había perdido sentido.
Los nuevos campeonatos empezarían el 26 de agosto, para dar tiempo a que terminen los Juegos Olímpicos y algunos clubes recuperen a los integrantes de la Selección improvisada que nos representará en Río de Janeiro. La declamada promesa del gobierno es que el Fútbol para Todos se garantice hasta que finalice el contrato de diez años que se había firmado en 2009. Un rumor no confirmado induce a pensar que el programa podría terminar dos años antes, a mediados del que viene y tras las elecciones parlamentarias.
“El Gobierno aceptará la rescisión del contrato suscripto con la AFA por el programa Fútbol para Todos, pero planteará que la gente siga viendo los partidos por televisión abierta hasta 2019”, informó el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. El funcionario le puso así una lápida a la política que se había impuesto sobre los intereses privados. Esos intereses que regresarán casi exactamente siete años después, con otro nombre o uno ya viejo y conocido, que manejó los derechos que ahora abandona el Estado.
Por ahora, hay una propuesta económica de la cadena Turner con base en Atlanta, Estados Unidos. Sería la única vigente y presentada. Pero también viene adosada con ella la posibilidad de que el antiguo dueño, el grupo Clarín, vuelva a participar del negocio. El mismo que el 19 de abril de 1991 firmó su primer contrato a través de Televisión Satelital Codificada (TSC), una sociedad comercial que compartió con Torneos y Competencias. El oligopolio se sacó de encima después a su creador Carlos Ávila y dominó los derechos del fútbol durante dieciocho años.
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Lo dijimos hasta el cansancio, no le importa nada, tiene cara de piedra.

Cayó la inversión de la petrolera YPF

La caída se ubica incluso unos peldaños por debajo del recorte de 25 por ciento previsto para este año. Los mayores retrocesos tuvieron lugar en la inversión denominada Upstream, vinculada con la actividad de exploración y producción.
› Por Cristian Carrillo
La petrolera estatal YPF redujo durante el primer trimestre de este año su inversión medida en dólares un 29,6 por ciento con respecto a igual período del 2015, según el balance que la empresa envió a la Bolsa. La caída se ubica incluso unos peldaños por debajo del recorte de 25 por ciento previsto para este año. La compañía había anticipado que los desembolsos para 2016 año se ubicarían en torno a los 4500 millones de dólares, un 25 por ciento menos que el año pasado. Los mayores retrocesos tuvieron lugar en la inversión denominada Upstream, vinculada con la actividad de exploración y producción, con una baja interanual de 32,3 por ciento. El único incremento en la inversión medida en dólares se registró en la administración central, que incluye fundamentalmente gastos de funcionamiento de la firma no productivos ni exploratorios, la cual aumentó 8,9 por ciento.
Tal como informó este diario, la estatal YPF anunció una merma en los niveles de inversión para este año supuestamente por una menor rentabilidad operativa. No obstante, la compañía anunció una distribución de dividendos record desde su expropiación en manos de la petrolera ibérica Repsol. La compañía autorizó que se repartan dividendos a razón de 2,26 pesos por acción, un 95 por ciento por encima de lo distribuidos el año pasado (1,28 peso) medido en pesos. En dólares representó un aumento del 5 por ciento.
En YPF sostienen que tanto la menor inversión como la distribución de dividendos habían sido aprobadas por el directorio que presidía Miguel Galuccio, reemplazado luego por Miguel Ángel Gutiérrez. La empresa resalta el incremento en la inversión medida en pesos que está realizando, aunque si se toma en cuenta el efecto de la fuerte devaluación que aplicó el gobierno, los desembolsos hasta el momento son inferiores a los del año pasado.
En el informe de resultados que publica la empresa en su web, se destaca que “las inversiones en bienes de uso en el primer trimestre del año fueron de 14.741 millones de pesos, reflejando un incremento del 19,4 por ciento respecto de los 12.351 millones invertidos durante el primer trimestre del año 2015”. Estas cifras medidas en dólares –con el objetivo de quitarle el impacto del tipo de cambio– arrojan una caída del 29,6 por ciento. Este número resulta de llevar las cifras del primer trimestre del año pasado al tipo de cambio promedio de ese período (8,70 pesos por dólar). Lo mismo se realiza para los resultados del primer trimestre de este año (14,70 pesos). De esta manera, la inversión total en los primeros tres meses de este año fue de unos mil millones de dólares contra los 1420 millones previos.
En el desglose se destaca que la inversión en exploración y producción se redujo de 1230 millones de dólares en el primer trimestre de 2015 a 833 millones desembolsados a marzo de este año, un 32,3 por ciento. El 66 por ciento de las inversiones realizadas este año fueron destinadas a perforación, el 15 por ciento a mantenimiento de instalaciones, el 11 por ciento a workover (que tienen por objeto aumentar la producción o reparar pozos existente), y el 8 por ciento restante a exploración y otras actividades. En ese período se finalizaron 9 pozos exploratorios. En igual trimestre de 2015 se habían concluido 12 pozos exploratorios, además de 3 workovers.
En Downstream, que incluye la refinación, distribución, comercialización y logística, la caída de la inversión fue de 13,9 por ciento al pasar de 165 millones de dólares a 142 millones. Según explica la empresa en sus balances, “en el negocio del Downstream, en el primer trimestre de 2016, los niveles de procesamiento de las refinerías alcanzaron el 92,1 por ciento, un 1,9 por ciento inferior al mismo trimestre del año pasado”. El único rubro dentro de la inversión que dio un resultado positivo medido en dólares fue Administración Central y otros, que pasó de 24,6 millones de dólares en el primer trimestre del año pasado a 26,8 millones este año, lo que representó una mejora de 8,9 por ciento.
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 Comenzó el deshuase, esto ya lo vimos.

 PIDEN QUE SE INVESTIGUE LA FUNDACION DE MICHETTI

La rara SUMA de la vicepresidenta

Los diputados del FpV Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade pidieron ayer a la justicia federal que investigue posibles irregularidades en los manejos de SUMA, la ONG que preside la vicepresidenta Gabriela Michetti. La presidenta del Senado había afirmado que parte de los fondos robados de su casa el 22 de noviembre pasado, unos 200 mil pesos –que no figuran en su declaración jurada–, provenían de donaciones para su fundación. Por eso, en el marco de la causa abierta en Comodoro Py en la que se intenta determinar el origen de esa plata, Cabandié y Tailhade le solicitaron al juez a cargo, Ariel Lijo, medidas de prueba para determinar si SUMA tiene la documentación respaldatoria de las “donaciones” y si cumplió con las normas de prevención del lavado de dinero.
La sospecha es que la Ong de la vicepresidenta es una pantalla recaudatoria de fondos para la actividad política, algo que según denunciaron los diputados del FpV, se trata de una práctica habitual entre las filas del PRO. “Los dirigentes políticos del PRO están acostumbrados a financiar su actividad política con este tipo de fundaciones. Por eso queremos que se investigue a esa fundación”, afirmó Tailhade.
En el escrito que presentaron ante Lijo, los diputados detallaron que fundaciones como Creer y Crecer, de Néstor Grindetti, Formar, de Guillermo Dietrich y Fundar Seguridad y Justicia, de Eugenio Burzaco, tienen en común no haber presentado balances en los últimos años ni cumplir con los estándares mínimos que se les reclama a las Ong en materia de prevención del lavado. El directorio de SUMA lo conforman, además de Michetti, varios caciques del PRO como el jefe del bloque del Senado, Federico Pinedo, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio y el titular del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, entre otros.
La causa fue abierta en base a una denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero. El domingo, el diario cooperativo Tiempo Argentino reveló que la vicepresidenta fue victima de un hurto por 50 mil dólares y 245 mil pesos el mismo día en que Cambiemos se impuso en segunda vuelta, que Michetti se ocupó de ocultar. Sin otro remedio, la presidenta del Senado publicó en Facebook una explicación sobre el supuesto origen de la plata: dijo que los dólares eran un préstamo de su pareja, Juan Tonelli, para pagarle una maestría a su hijo; sobre los pesos, sostuvo que 45 mil estaban destinados a refaccionar su casa y que los otros 200 mil eran donaciones para la cena recaudatoria de fin de año de SUMA.
Tras radicar la denuncia, Martínez Herrero indicó a este diario que si los 200 mil pesos provenían de donaciones, la plata debería estar bancarizada y no en la casa de la vicepresidenta. El abogado agregó además que la fundación no tiene empleados registrados.
Cabandié y Tailhade le solicitaron ayer al juez Lijo que indague ante la Inspección General de Justicia (IGJ) si la fundación SUMA presentó balances anuales y si le fueron realizadas auditorias. El objetivo es determinar si existe o no documentación respaldatoria de las “donaciones” que forman parte de la explicación que dio Michetti sobre el origen de los fondos robados. Según las leyes que regulan el financiamiento de las ONGs, los fondos recibidos por terceros privados en concepto de donaciones deben presentarse como declaración jurada ante la IGJ, y dar cuenta de la legitimidad de su origen.
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 LA ONU PIDE RESOLVER EL CONFLICTO ENTRE MENDOZA Y LA PAMPA

Un llamado por el río Atuel

Dos relatores de las Naciones Unidas exigieron que el gobierno argentino brinde una solución definitiva al problema del curso de agua que enfrenta a las dos provincias y actúe para que ambas puedan hacer uso de ese recurso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció sobre un viejo conflicto que atañe a dos provincias argentinas que disputan el acceso al agua del río Atuel. Ayer, la entidad internacional exigió al gobierno argentino que brinde una solución definitiva a La Pampa y a Mendoza y que actúe para que ambas provincias puedan hacer uso de los recursos hídricos de esa corriente natural. Hasta 1917, el Atuel surcaba el oeste pampeano, donde había colonias agrícolas. Mendoza modificó el curso de agua –que concluyó en 1940– con el dique El Nihuil. En 1987, la Corte Suprema ordenó liberar el río, pero la medida todavía no se cumple.
Ayer, la entidad internacional exigió al gobierno argentino que brinde una solución definitiva a La Pampa y a Mendoza y que actúe para que ambas provincias puedan hacer uso de los recursos hídricos de esa corriente natural. “El gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que vivieron durante décadas sin acceso adecuado al agua”, señaló el relator de la ONU sobre agua y saneamiento, Léo Heller. Así, la ONU exhortó a las autoridades argentinas a cumplir con el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia, que estableció el carácter “interprovincial” del curso hídrico, y a regular la utilización del agua de forma compartida.
Heller manifestó además que recientes eventos en la esfera judicial dejaron en evidencia la persistencia del problema y la falta de compromiso por parte de las autoridades provinciales y nacionales para resolverlo.
Por su parte, la relatora sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, expresó gran preocupación ante el éxodo de pobladores de la zona oeste de La Pampa debido a la desecación del Atuel y a que la falta de agua provocó la salinización del agua restante. El resultado fue la escasez de forraje para el ganado y la muerte de animales, así como la degradación del suelo con efectos negativos para la agricultura. “El Estado no debe adoptar medidas de ningún tipo que impidan el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas”, agregó Elver.
En tanto, el diputado pampeano Martín Berhongaray aseguró que “la declaración de la ONU sobre el río Atuel es similar a las declaraciones que hace sobre Malvinas y que es un elemento más que fortalece la posición de La Pampa”. En tanto, el fiscal de Estado de Mendoza Fernando Simón, todavía no se pronunció, con el argumento de que aún no recibió una notificación oficial. El diputado mendocino Gustavo Villegas, por su parte, minimizó el pronunciamiento de los relatores de la ONU, al asegurar que es “una acción declarativa que no constituye un alegato legal” en el caso. El legislador radical señaló que “este es un proceso lento que ahora está judicializado”. El legislador sostuvo que La Pampa no sólo tomó la vía judicial a través de la demanda interpuesta contra Mendoza, sino que también buscó “aliados a nivel mundial” en este tema, en lugar “de poner la energía donde debería ponerla, que es en obras que permitan conservar el agua” en esa cuenca del norte de la vecina provincia.
En mayo de 2014, La Pampa demandó ante la Corte Suprema a Mendoza para que se declare el incumplimiento al fallo del máximo tribunal de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del curso hídrico, en medio de un conflicto que tiene seis décadas. La respuesta de Mendoza ante el máximo tribunal nacional se basó en otra disposición del mismo fallo, la cual establece que esa provincia tenía derecho a regar hasta 75.771 hectáreas, y luego compartir con La Pampa usos futuros.
Además, la defensa planteó que “La Pampa no ha hecho obras de cuidado del agua y tecnificación de riego en el norte (donde llega el agua del Atuel), sino que han invertido todo en el sur en relación al río Colorado”. En junio pasado, la Procuración General de la Nación rechazó la defensa provincial y se pronunció a favor de que la causa llegue al ámbito del máximo tribunal, que tendrá la última palabra.
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Esto se arregla facil , hay que esperar que macri compre campos en La Pampa.
HABIA CARACTERIZADO DE “GOLPE” A LA DESTITUCION

Cartes se retractó de su sincericidio

“No estuve en el gobierno que cayó, no estuve en el que asumió tras el golpe”, dijo el presidente paraguayo. Después pidió perdón: “Pido disculpas a la Nación paraguaya por la mala elección de palabras”.
Los problemas para Horacio Cartes comenzaron cuando un grupo de periodistas lo consultó, en su arribo del viaje que lo llevó en visita oficial a Israel, para saber su opinión sobre la condena en el caso Curuguaty. “No estuve en el gobierno que cayó, no estuve en el que asumió tras el golpe”, atinó a responder el presidente paraguayo sobre el golpe parlamentario que destituyó del poder al líder del Frente Guasú, Fernando Lugo. Su afirmación seguramente cayó muy mal en el gobernante partido Colorado, factótum de la remoción express de Lugo en 2012. Entonces el jefe de Estado paraguayo no tardó en pedir disculpas. “En mis declaraciones de esta mañana (por ayer) cometí un error al utilizar una palabra que tiene un sentido político totalmente diferente a mis convicciones”, señaló el comunicado difundido por el Palacio de los López. Lugo fue destituido el 22 de junio del 2012 por mal desempeño de sus funciones, en un juicio parlamentario considerado irregular por organizaciones como el Mercosur, que suspendió temporalmente a Paraguay del bloque.
El juicio fue impulsado a raíz de la matanza que había tenido lugar una semana antes en Marina Kue, un predio que se encontraba en disputa entre una empresa sojera y campesinos de Curuguaty, que dejó un saldo de 11 trabajadores rurales y 6 policías muertos.
A su llegada de Israel, Cartes fue preguntado por los periodistas por la sentencia del tribunal de ese caso, que la pasada semana condenó a once campesinos. El veredicto fue criticado por parte de la sociedad y de la clase política paraguaya, que denuncian falta de pruebas e hicieron hincapié en que los condenados fueron procesados en relación a las muertes de los policías, ya que la Fiscalía nunca investigó los hechos que desembocaron en la muerte de los campesinos.
“Realmente siento la muerte de los 17 fallecidos, sean campesinos o sean policías, el dolor de la muerte lo tengo yo, creo que abrirán otras distancias; no me he involucrado, no estuve en el gobierno que cayó ni el que asumió después del golpe”, manifestó Cartes, citado por la agencia de noticias estatal IP.
Poco después, a través de un comunicado de Presidencia, reconoció que las declaraciones fueron un error y pidió “disculpas a la Nación Paraguaya por la mala elección de palabras”. Y agregó: “Como fue reconocido por autoridades y naciones de todo el mundo, el proceso de destitución a través del juicio político se enmarcó en la Constitución Nacional y en las leyes vigentes”.
Cartes, miembro del Partido Colorado, asumió la presidencia después de ganar las elecciones de 2013, luego de que concluyera su mandato Federico Franco, del Partido Liberal, que era vicepresidente del gobierno de Lugo y lo reemplazó en la presidencia tras ser cesado en el juicio parlamentario. Desde entonces, el término golpe se instaló en sectores de la política paraguaya, en especial en la formación de Lugo, el Frente Guasú, que catalogó el juicio parlamentario de “golpe de Estado arropado bajo el manto de una supuesta legalidad”.
A su vez, Cartes habló de la situación del comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Gonzaga Garcete, y su esposa, Lucía Duarte de Garcete, sospechados de manipular procesos licitatorios cuyos montos fueron cuestionados por presuntas sobrefacturaciones en la compra de lavarropas y obras edilicias. Según el Diario Hoy de Asunción, el jefe de Estado salió a respaldar al militar y pidió a los periodistas que respeten a las Fuerzas Armadas. “(Gonzaga Garcete) Goza de mi confianza, por eso sigue estando donde está. Creo que debemos respetar más una institución como las Fuerzas Armadas”, indicó el mandatario.
En opinión de Cartes, hay que ser más cautelosos en las acusaciones contra el alto mando castrense. “Hoy hay que entender que este mundo que vivimos es de reality show, pero creo que debemos ser muy serenos y maduros en cada discusión que tomamos, seamos prudentes en las acusaciones que hacemos”, sentenció en declaraciones recogidas por el diario paraguayo.
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