29 de mayo de 2017

Fora Temer: masiva marcha exigió que se convoque a elecciones Con el lema "Fora Temer" varios artistas, políticos y movimientos sociales acompañaron a los manifestantes que piden la renuncia de Michel Temer y las elecciones directas. Artistas e intelectuales acompañaron este domingo a miles de manifestantes en Copacabana, Río de Janeiro, quienes protestaron contra el presidente no electo de Brasil, Michel Temer, envuelto en un grave escándalo de corrupción y pidieron la celebración de elecciones directas. "Cuando nuestro nietos pregunten dónde estábamos, decimos que estábamos en la playa, escuchando buena música y la lucha por la democracia en nuestro país, dijo el actor Wagner Moura, conocido por su interpretación en la película Tropa de Élite. El acto estuvo animado por una extensa programación musical donde resaltaron Caetano Veloso, Mano Brown, Criolo, Cordao da Bola Preta, Teresa Cristina, Mart'Nalia, Otto María Gadu, Pretinho da Serra, entre otros artistas. Durante la protesta se escucharon consignas contra las duras reformas económicas emprendidas por el actual Gobierno y reclamos que pedían elecciones directas e, incluso, una nueva huelga general como la que ya hubo el pasado 28 de abril, la primera en los últimos 20 años. La manifestaciones contra Temer se han multiplicado después que la Corte Suprema abriera una investigación en su contra por supuesta corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Diario Registrado
CAYERON 6,5 POR CIENTO INTERANUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE, SEGÚN UN INFORME PRIVADO Las ventas de gasoil común, en picada Este gasoil se utiliza mayormente en el transporte y en las actividades agropecuarias por lo que el resultado está asociado al flojo desempeño de la actividad económica. En la provincia de Buenos Aires, las ventas de este combustible cayeron 17 por ciento.
. Las ventas de gasoil retrocedieron 2,4 por ciento en el primer trimestre con respecto al mismo período de 2016, según detalló un informe del Centro de Estudios de Servicios Públicos y Privados (Cespup). El peor registro fue del gasoil común que retrocedió 6,5 por ciento, asociado al flojo desempeño de la actividad económica, En cambio, la venta de naftas creció 2,9 por ciento, fundamentalmente por el incremento del parque automotor. El informe del Cespup destaca que dentro de las ventas de gasoil se distinguen dos calidades: Gasoil Grado 2 (común)y Gasoil Grado 3 (ultra). El gasoil común representa el 80 por ciento de las ventas totales y es el que se utiliza mayormente en el transporte y en las actividades agropecuarias. Por esta razón los niveles de ventas se correlacionan con la actividad económica. En este caso se observó una fuerte caída de 6,5 por ciento en el trimestre, siendo muy significativos los retrocesos en tres grandes plazas como Buenos Aires (-17 por ciento), Santa Fe (-10) y Mendoza (-3 por ciento). A su vez, el desempeño también fue muy flojo en las provincias patagónicas de Chubut (-18), Río Negro (-12) y Santa Cruz (-11 por ciento). El peor desempeño en la venta de gasoil fue en Catamarca donde las ventas se derrumbaron un 50 por ciento, aunque los valores son muy bajos respecto del total del consumo nacional. En Capital Federal y Corrientes, por su parte, se incrementaron las ventas un 37 y 38 por ciento respectivamente. Las ventas de gasoil ultra aumentaron un 16,9 por ciento en el trimestre, siendo Buenos Aires y Entre Ríos las provincias que registraron los aumentos más moderados con un 9 y 11 por ciento, mientras en Córdoba las ventas treparon 24 por ciento, en Santa Fe 20 por ciento y en Capital Federal otro 20 por ciento. Con respecto a las ventas de naftas, también se dividen en dos calidades : Nafta Grado 2 (Súper) y Nafta Grado 3 (Ultra). La nafta súper es asociada a automotores de mayor antigüedad cuyos propietarios se encuentran mayormente en sectores de menores ingresos y representa cerca del 70 por ciento de las ventas. Las mismas se mantuvieron estables con sólo un incremento del 0,4 por ciento en el primer trimestre del año. En Capital Federal aumentaron un 4 por ciento, pero en la provincia de Buenos Aires cayeron -1 por ciento y en las provincias más australes retrocedieron aproximadamente un 5 por ciento. A su vez, las ventas de nafta ultra se incrementaron un 9,1 por ciento en el período, alcanzando un 45 por ciento de aumento en Tierra del Fuego y una fuerte alza en el NOA, con 24 por ciento en Salta, 20 en Tucumán y 19 por ciento en Jujuy. Sólo en Chubut y Santa Cruz las ventas cayeron 2 y 6 por ciento, respectivamente. Pagina 12
EL DEBATE DENTRO DEL PJ Y LA RESPUESTA DE CFK A LOS TEMORES DEL ESTABLISHMENT “Tienen pánico a una sola candidatura” Mientras la ex presidenta se refirió al malestar que genera en los espacios de poder su posible postulación, ayer continuó la discusión entre los sectores que promueven su candidatura con un acuerdo de unidad y los que pretenden una competencia en las PASO.
Tras la entrevista en la que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se mostró dispuesta a ser candidata en una lista de unidad, ayer continuó el debate entre dirigentes del PJ, intendentes de variadas líneas internas y partidarios de Florencio Randazzo. Estos últimos insistieron en que es necesario que los postulantes del PJ compitan en las PASO, donde aspiran a ver al ex ministro del Interior frente a la ex presidenta (o quien se presente en su representación). El jefe de campaña de Randazzo, Alberto Fernández, aclaró que si CFK gana la interna, la acompañarán. En tanto, la ex mandataria advirtió ayer: “Quienes son los únicos beneficiarios de las políticas económicas actuales tienen pánico a una sola candidatura”. La de ella. Cristina Kirchner comentó a través de las redes sociales una columna del diario La Nación que, según indicó, refleja “lo que quieren y les conviene a las elites argentinas”. En ese artículo se señalaba que había pánico ante la posibilidad de que ella gane en octubre. “Debo confesar que me hubiera gustado –sería mas saludable para la democracia argentina– encontrar el nombre de más ‘opositores’ que preocuparan al establishment. O tal vez hubiera esperado que se mencionara a partidos que se presentan a sí mismos como el anti-sistema, pero cuyos dirigentes fatigan los sets de televisión y las radios.” Quedó claro que la ex presidenta piensa tener un rol protagónico en las próximas elecciones. Esto desató un debate aún mayor al que ya existía en el peronismo, con posiciones fijas que tienden a repetirse: los kirchneristas reclaman una lista de unidad y un gesto por parte de Randazzo, y los randazzistas señalan que están decididos a ir a internas con CFK o con alguno de sus delfines. En un espacio intermedio se mueven algunos intendentes que no se definen en función de uno u otro espacio y, de momento, observan. Desde el kirchnerismo, el jefe del bloque en Diputados, Héctor Recalde, fue una de las voces cantantes ayer. “Aquellos que quieran ir a las PASO se van a dar cuenta que están en minoría”, les advirtió a los partidarios de Randazzo. “Lo principal es ponerle un freno a Macri, ¿o vamos a competir contra Cristina o Randazzo? Tenemos que competir contra el oficialismo”, remarcó el diputado, quien aclaró que “si hablamos de la unidad, hablamos de una lista única. Además, la tradición en el peronismo fue la lista única. Aquellas personas que quieren PASO, estaban de acuerdo con que sea lista única”. Sostuvo que ir a las PASO con varias listas “sería darle ventaja al oficialismo. Ninguno de los partidos, ni del oficialismo ni de la oposición, van a las PASO”. La diputada del FpV Juliana Di Tullio señaló que “la gente no necesita una interna, necesita unidad del campo popular. No hay que escuchar las exigencias de los dirigentes, sino a la gente”. “No nos fue muy bien en las últimas PASO –recordó los resultados de la última elección nacional y bonaerense–. Una lista de unidad es lo más saludable. Nuestras diferencias las tenemos que discutir, pero la contradicción principal es ganarle a Macri.” Desde el sector de Randazzo, el ex jefe de Gabinete de CFK y actual jefe de campaña de Randazzo, Alberto Fernández, advirtió que “las PASO no son un acto de ruptura. Son una competencia dentro de un espacio político y el que gana pone la mayoría, y el que pierde pone una minoría”. Cuando le preguntaron si reconocerían una victoria de CFK, sostuvo que sí: “Es la regla que nos hemos impuesto. ¿Para qué sirve hacer elecciones si al que gana no lo reconocemos?”. Fernández indicó que mañana presentarán los avales para inscribirse como una lista interna. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, sostuvo que “Cristina está convencida de que tenemos que construir la unidad igual que nosotros, aunque tenemos matices”. “No vemos las primarias con dramatismo sino con entusiasmo. Van a permitir fortalecer al peronismo de cara a octubre”. “No tenemos que volver a cometer los errores que ya cometimos. El peronismo tiene posibilidades de ser competitivo electoralmente y de conectarse con los problemas que tiene la gente”, indicó. En tanto, el intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, sostuvo que “no es momento de construir una unidad cómoda donde solo los dirigentes elijan a los candidatos sino dar el debate hacia adentro. Esto no significa que nos peleemos con nadie, se trata de confrontar ideas”. “Si no hacemos una autocrítica de los errores cometidos jamás vamos a tener una propuesta superadora. Uno de los errores fue la forma en que se eligieron los candidatos en 2015”, remarcó. Un grupo de intendentes mantienen posiciones no alineadas con los dos sectores. El de Merlo, Gustavo Menéndez, indicó que “las diferencias en nuestro espacio son muy pequeñas. No me parece que no se pueda llegar a un acuerdo en lista de unidad. Queremos evitar llegar separados a las PASO para concentrar fuerzas”. Por otra parte, indicó que “el armado de listas a dedo es un error del pasado del cual hemos aprendido”. Sobre la ex mandataria, indicó que “ella es muy importante en este proceso pero no necesariamente tiene que ser candidata. Es un esfuerzo y un sacrificio gigantesco de parte de Cristina, habiendo sido presidenta dos veces. Me gustaría poder evitarle ese paso de ser candidata”. Pagina 12

28 de mayo de 2017

LA NUEVA AGENCIA DE INTELIGENCIA PARALELA QUE QUIERE CREAR EL GOBIERNO Para escucharte mejor La idea es que la Dicom pase de ser una oficina técnica a tener acceso a los archivos más íntimos: identidad, impuestos, sociedades, automotores, propiedad, finanzas. Las “filtraciones” y el uso político de la información privada.
Por Raúl Kollmann El Poder Ejecutivo pretende convertir una oficina técnica de escuchas telefónicas, la ex Ojota (Observaciones Judiciales) llamada ahora Dirección de Captación de Comunicaciones (Dicom), en una nueva central de informaciones y, de hecho, en una agencia de inteligencia paralela. A la Dicom se le daría acceso a distintas bases de datos del Estado. Por ejemplo, a los datos personales de los ciudadanos, que constan en el Registro Nacional de las Personas; la Inspección General de Justicia (IGJ) donde se registran las sociedades; el Registro de la Propiedad, el del Automotor y se menciona incluso la AFIP y hasta la Unidad de Información Financiera (UIF), que se convirtió ahora en una verdadera agencia de persecución de opositores, según consignó el juez federal Sebastián Casanello. En teoría, la Dicom sólo se ocupaba de intervenir llamadas, para grabar su contenido o escucharlas en directo, y pasarle los CD a los jueces que ordenaron esas escuchas. En la mayoría de los casos la Dicom ni siquiera debía enterarse de los contenidos de esas conversaciones. Pero es un secreto a voces que, después de que el Gobierno de Macri le quitó esa tarea a la Procuración y se la pasó a la Corte Suprema, pasaron a operar los aparatos un núcleo de ex integrantes de la SIDE. O sea que el manejo de las escuchas quedó en manos de una alianza entre la Corte Suprema, su delegado en este tema Martín Irurzun, y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) a la que se le dieron facultades de transcripción y manejo de las grabaciones. En ese marco, ahora se agrega el Ministerio de Justicia, que firmaría un protocolo en el que se le da acceso a la Dicom a toda esa masa de información. La cabeza de las negociaciones es el encargado de la oficina de Combate contra el Lavado de Dinero, Juan Félix Marteau, un hombre de estrechísima relación con la Embajada de Estados Unidos, al punto que en uno de los cables develados por Wikileaks, el 1257 del año 2009, sobre lavado de dinero, Marteau figura como informante de los norteamericanos. El interés por escuchar, espiar, acumular información y usarla políticamente está en el ADN del macrismo (ver aparte). Técnica De acuerdo a las leyes vigentes, la Dicom no debe analizar información de ningún tipo. Su función es basarse en las compañías de teléfonos y celulares para intervenir las comunicaciones que le solicitan los jueces. El trabajo de los que conducen la Dicom se limita a verificar que la orden de intercepción sea legal, firmada por un juez, en el marco de un expediente judicial. Es un aparato estrictamente técnico cuyo usuario es el juez. Lo que se busca ahora es que la Ojota sea intermediaria de toda la información. Por ejemplo, si el juez quiere saber qué cuentas bancarias tiene un sospechoso se lo pedirá a la Ojota, que a su vez lo tendrá a disposición gracias a la AFIP o al Banco Central. En la práctica, esto significará que un aparato de escuchas sabrá cómo se está investigando a una persona, qué cosas le están buscando, qué sociedades formó, dónde vive y qué actividad tiene el sospechado. De entrada, es violatorio del secreto bancario y fiscal porque la Ojota no tiene ninguna atribución para enterarse de lo que posee o hace un ciudadano. Semejante paso no se podría dar ni siquiera a través de una ley, pero el Gobierno intenta hacerlo a través de convenios entre el Poder Ejecutivo y la Corte. El Poder Ejecutivo pretende convertir una oficina técnica de escuchas telefónicas, la ex Ojota (Observaciones Judiciales) llamada ahora Dirección de Captación de Comunicaciones (Dicom), en una nueva central de informaciones y, de hecho, en una agencia de inteligencia paralela. A la Dicom se le daría acceso a distintas bases de datos del Estado. Por ejemplo, a los datos personales de los ciudadanos, que constan en el Registro Nacional de las Personas; la Inspección General de Justicia (IGJ) donde se registran las sociedades; el Registro de la Propiedad, el del Automotor y se menciona incluso la AFIP y hasta la Unidad de Información Financiera (UIF), que se convirtió ahora en una verdadera agencia de persecución de opositores, según consignó el juez federal Sebastián Casanello. Leer más Un tema dilecto del actual Presidente, que mima a la ex Side La historia de la ojota y el macrismo Por Raúl Kollmann En teoría, la Dicom sólo se ocupaba de intervenir llamadas, para grabar su contenido o escucharlas en directo, y pasarle los CD a los jueces que ordenaron esas escuchas. En la mayoría de los casos la Dicom ni siquiera debía enterarse de los contenidos de esas conversaciones. Pero es un secreto a voces que, después de que el Gobierno de Macri le quitó esa tarea a la Procuración y se la pasó a la Corte Suprema, pasaron a operar los aparatos un núcleo de ex integrantes de la SIDE. O sea que el manejo de las escuchas quedó en manos de una alianza entre la Corte Suprema, su delegado en este tema Martín Irurzun, y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) a la que se le dieron facultades de transcripción y manejo de las grabaciones. En ese marco, ahora se agrega el Ministerio de Justicia, que firmaría un protocolo en el que se le da acceso a la Dicom a toda esa masa de información. La cabeza de las negociaciones es el encargado de la oficina de Combate contra el Lavado de Dinero, Juan Félix Marteau, un hombre de estrechísima relación con la Embajada de Estados Unidos, al punto que en uno de los cables develados por Wikileaks, el 1257 del año 2009, sobre lavado de dinero, Marteau figura como informante de los norteamericanos. El interés por escuchar, espiar, acumular información y usarla políticamente está en el ADN del macrismo (ver aparte). Técnica De acuerdo a las leyes vigentes, la Dicom no debe analizar información de ningún tipo. Su función es basarse en las compañías de teléfonos y celulares para intervenir las comunicaciones que le solicitan los jueces. El trabajo de los que conducen la Dicom se limita a verificar que la orden de intercepción sea legal, firmada por un juez, en el marco de un expediente judicial. Es un aparato estrictamente técnico cuyo usuario es el juez. Lo que se busca ahora es que la Ojota sea intermediaria de toda la información. Por ejemplo, si el juez quiere saber qué cuentas bancarias tiene un sospechoso se lo pedirá a la Ojota, que a su vez lo tendrá a disposición gracias a la AFIP o al Banco Central. En la práctica, esto significará que un aparato de escuchas sabrá cómo se está investigando a una persona, qué cosas le están buscando, qué sociedades formó, dónde vive y qué actividad tiene el sospechado. De entrada, es violatorio del secreto bancario y fiscal porque la Ojota no tiene ninguna atribución para enterarse de lo que posee o hace un ciudadano. Semejante paso no se podría dar ni siquiera a través de una ley, pero el Gobierno intenta hacerlo a través de convenios entre el Poder Ejecutivo y la Corte. PUBLICIDAD En los papeles, el aparato de escuchas no tendrá en su poder todos los archivos, pero pasarán por sus manos los elementos que se utilicen en las causas judiciales y ésa es información invaluable. Por ejemplo, les permitirá saber qué se le está buscando a Gustavo Arribas (ver más información en la página 15). O a Macri. O respecto del Correo o de Odebrecht. Nada menos. Analistas El siguiente paso que pondrá en marcha el Poder Ejecutivo, aliado con la Corte e Irurzun, es que ese aparato se convierta en analizador de contenidos. “Están armando un servicio de inteligencia en manos de la Corte –señala el ex interventor de la Policía Aeroportuaria, Marcelo Saín, también ex profesor de la Escuela de Inteligencia–. Tienen a cargo de ese aparato a Irurzun que responde a la escudería de Jaime Stiuso, el ex espía que estuvo siempre aliado a los servicios norteamericanos e israelíes. Y detrás de todo está la Embajada de Estados Unidos”. Quienes dominan el mundo de la inteligencia afirman que la Ojota enseguida contratará asesores y analistas, y le dará a los jueces la información ya bastante masticada. En los hechos, actuará como una mega oficina pericial, pero sin control de ningún tipo. Como una buena parte de la operación está en manos de agentes o ex agentes de la AFI/SIDE, la central de espías tomará nota de todo lo que pase por la Super-Ojota. La Casa Rosada, por esta vía, controlará todavía más aquello que se está investigando en la justicia. Convenios En los últimos meses, el Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, hizo circular convenios y protocolos que le dan cada vez mayor lugar a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo del Poder Ejecutivo que el macrismo puso bajo la órbita del Ministerio de Economía. El papel de la UIF ha sido tan deplorable que el juez Sebastián Casanello le envió un escrito a sus titulares reclamándoles que dejen de actuar en forma partidaria. La UIF sostuvo en distintos expedientes que no había delito en los Panamá Papers y que Arribas recibió una sola transferencia a través de la cuenta de una sociedad falsa de Hong Kong. O sea que para defender a Arribas ni siquiera esperó la declaración de los cambistas-arrepentidos brasileños. Pero además la UIF se opuso a que autoricen a Cristina Fernández de Kirchner a viajar a Europa y, pese a que no tiene ningún tipo de facultad, apeló la decisión de Casanello de no llamar a indagatoria a la ex presidenta en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Esa facultad de apelar puede tenerla un fiscal, pero de ninguna manera el querellante, que lo único que puede hacer es proponer medidas de prueba. Casanello tuvo que aclararle a la UIF que el Estado representa a todos, no a un interés partidario. A través de la Super-Ojota se absorberá la información que venga de la UIF y también aquella que maneja la AFIP. De esa manera, el aparato de intercepciones telefónicas se va constituir en un intermediario, gigantesco, acumulador de buena parte de la información que de por sí ya está en manos de diferentes agencias del Poder Ejecutivo. Una cosa es que todos esos datos queden reunidos en poder del juez y otra cosa muy diferente es que pasen por la Ojota. Manos La nueva mega-estructura que impulsa el Gobierno tendrá presencia e influencia de la ex SIDE, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Después de que Macri le sacó la Ojota a la Procuración, los agentes de Stiuso ocuparon lugares en ella y también encontraron espacio quienes responden a las actuales autoridades encabezadas por Arribas y su segunda, Silvia Majdalani. Pero el papel más llamativo lo juega en esta operación el hombre que está centralizando las negociaciones para darle más poder a la Ojota, Juan Félix Marteau, titular de la Coordinación Nacional para el Combate contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, dependencia del Ministerio de Justicia. Marteau quedó expuesto en un cable que develó la organización Wikileaks, el 1257 del 1 de diciembre de 2009, en que en base a declaraciones suyas la embajadora norteamericana en Buenos Aires, Vilma Martínez, le informó a Washington que la Argentina no estaba combatiendo el lavado de dinero. En ese cable, Marteau figura como informante de la embajada. En el camino, el ahora funcionario fue abogado de Clarín, dado que sus directivos fueron imputados por estar en el listado de fugadores de dinero presentado por Hernán Arbizu, ex vicepresidente del banco JP Morgan. En resumen, la Super-Ojota terminaría bajo el control del Poder Ejecutivo, la AFI, Estados Unidos, Stiuso y la Corte, a través de Irurzun. Control La desesperación de la Casa Rosada por controlar y espiar se vio durante la semana que pasó con la insólita reunión entre el Ministerio de Justicia y la empresa Odebrecht. “¿El Poder Ejecutivo se reunió con un imputado? –disparó un juez en Comodoro Py–. ¿Con qué facultades? Es uno de los hechos más graves de los últimos tiempos”. La jugada del Gobierno consistía básicamente en saber qué información va a entregar Odebrecht, tener el absoluto control de lo que puedan confesar: quieren asegurarse que los brasileños apunten al kirchnerismo y no a los hombres de Macri, que no están solo en el Gobierno sino en varias empresas constructoras. El problema que les surgió ahora es que la procuración brasileña anunció que enviará documentación sobre el cambista Meirelles y después sobre las coimas de Odebrecht a la procuración argentina, que a su vez la distribuirá en las cuatro causas judiciales que existen sobre las obras de la mega-constructora. Todo hace prever un contra-ataque para evitar que venga la documentación. Originalmente, el plan de la Casa Rosada consistía en operar a través de la Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de la militante Laura Alonso, especializada en anticorrupción (aunque únicamente del gobierno anterior). Para la OA tampoco pasó nada ni en Panamá Papers ni con Arribas ni con el Correo. Pero finalmente el Ejecutivo incluso se sacó el taparrabos y ni siquiera recurrió a la OA. Fueron derecho al grano y el encuentro entre el gobierno de Macri y la empresa brasileña, socia del Grupo Macri, fue directo, cara a cara: Ministerio-Odebrecht. El Ejecutivo quiso asegurarse toda la información sobre las confesiones de los gerentes de la constructora, las coimas y, fundamentalmente, que no se escape nada sobre la forma en la que cambiaron la licitación del soterramiento del Sarmiento. El financiamiento lo iban a conseguir Odebrecht, Ghella (compañía italiana), Comsa (española) y IECSA (la empresa del primo de Macri). Ahora la plata la pone el estado argentino. Y no pone los 2.000 millones de dólares originales de la licitación durante el kirchnerismo, sino que, asombrosamente, saltó a algo así como 3.000 millones. Pero la movida de la reunión directa fue tan grotesca que el propio Ejecutivo decidió frenarla. Seguirán por otros caminos. Con ese panorama se entiende por qué la Casa Rosada se juega a tener todo el control: jueces adictos, cámaras fraudulentamente depuradas, y una Super-Ojota que, por las dudas, verifique los pasos de cualquier investigación y pueda influir en su desarrollo. raulkollmann@hotmail.com
La CIDH, con Milagro Sala El anuncio lo hizo el presidente del organismo, Francisco Eguiguren, en el cierre de sus sesiones en el país. La visita al penal de Alto Comedero se concretará antes de fin de junio.
Por Alejandra Dandan El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, esperó una pregunta de los periodistas para responder uno de los interrogantes más esperados. Entonces, se escuchó aquello que desde hace una semana se esperaba. “Como se ha dicho en el comunicado que recién hemos entregado, podemos sí confirmar oficialmente que la Comisión –con algunos de sus integrantes– visitará a la señora Milagro Sala en Jujuy”. Adelantó que la fecha de la visita se anunciará en los próximos días, luego de cotejar agendas, pero será antes de fin de junio. En esa ocasión evaluarán las condiciones de detención de Milagro Sala y el estado de deterioro de su salud, entre otros aspectos vinculados a los ejes de la medida cautelar que el organismo de la OEA tiene bajo estudio desde el año pasado. La decisión llega en un contexto de mucha expectativa, y fue leída como un gesto político hacia dentro del país. Se produce cuando se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la ilegalidad de la privación de la libertad y el carácter de los fueros de inmunidad de la dirigente, diputada del Parlasur. “En mi condición de relator para la Argentina y presidente, debo indicarles que la CIDH ha recibido hace tiempo una solicitud de medida cautelar en favor de la señora Milagro Sala”, explicó Eguiguren en el edificio del Archivo Nacional de la Memoria, durante una conferencia de prensa que el organismo dio tras su recorrida por el Museo Sitio de la Memoria ESMA. “La Comisión ha ido dando seguimiento al tema; en diciembre pasado durante las sesiones en Panamá emitimos un comunicado donde analizábamos el asunto y estábamos instando al Estado a atender el pronunciamiento que había hecho el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre personas privadas de libertad”, agregó Eguiguren El titular de la CIDH recordó que fue el Estado argentino quien cursó la “invitación formal” para que visitaran a Sala y que “sabiendo que teníamos estas sesiones (en Buenos Aires) seguimos dando seguimiento al caso y tomamos la decisión de acepar la visita”. Un dato que los integrantes de la Comisión repitieron desde su llegada al país hace más de una semana es que nunca tocan temas del país al que viajan a realizar sus audiencias mientras se hacen los debates. Eso es una cuestión de protocolo, para evitar supuestos conflictos de intereses. Pero la aceptación del convite le generó un alivio al Gobierno que lo hizo en medio del conflicto por la detención de Sala en un escenario de enormes reclamos del movimiento de derechos humanos por los retrocesos en las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Esta semana, de hecho, no tocaron el tema formalmente en las sesiones, aunque sí tuvieron encuentros previos con distintas partes. En ese contexto y después de estas reuniones anunciaron la visita. Sobre ese punto, Eguiguren dijo que no lo hicieron en estos días porque decidieron que en Buenos Aires “escucharíamos a los abogados, al Estado y personal que conoce el caso, y en ese contexto manifestaríamos ya el paso concreto para hacer la visita”. Esto es lo que anunció ayer y precisó que se conversó hacer la visita “antes de que concluya el mes de junio”. Quienes impulsan los reclamos por la libertad de Sala lo entendieron como un gesto simbólico también destinado al gobierno nacional y al Poder Judicial. Un dato importante en esa línea es que el anuncio se hizo desde Buenos Aires y no desde la sede de Washington La CIDH adelantó que en Jujuy revisará una serie de puntos que son ejes del análisis de la cautelar, tal como lo indicó el presidente del organismo. “¿Qué haremos? Visitarla, conversar con ella, conocer su situación de detención, las condiciones de detención, el estado de su integridad psíquica, el trato que recibe y cualquier otro aspecto vinculado a la condición de libertad que ella sufre. Y quienes acudamos, luego lo reportaremos a los colegas para que puedan decidir este asunto”. Sobre el momento en el que la CIDH pueda emitir alguna recomendación o decisión, dijo que no hace falta esperar al próximo período de sesiones en el mes de julio en Perú. Eguiguren llegó antes que otros de sus colegas a Buenos Aires, en su doble condición de presidente y relator para los casos de Argentina. Explicó que mantuvo reuniones con distintos actores antes del comienzo formal de las audiencias. Durante esos encuentros –a los que también se refirió en la apertura del lunes pasado realizada en el Hotel Sheraton–, recibió documentos muy críticos de parte de la mesa de organismos de derechos humanos. Abuelas y Madres de Plaza de Mayo que se reunieron con ellos en el ex predio de la ESMA explicaron que una de las comisionadas les aseguró que la condición de Argentina les pare muy preocupante. Los integrantes de la CIDH volvieron a recibir datos y documentos de manos de otras organizaciones. El secretario Ejecutivo Paulo Abrao recibió a integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala que entregó otro informe, en el contexto de una movilización de apoyo a la presencia de la CIDH con miles de antorchas. Lo mismo sucedió en un encuentro con miembros la Comisión de Derechos Humanos de Diputados en la que se escuchó a Eguiguren decir que está muy preocupado por el 2x1 y también por el fallo del caso Fontevecchia de la Corte Suprema, que busca desganchar a Argentina de los sistema internacionales de protección de derechos humanos. Durante los días que siguieron y por la respiración de la calle también se supo que los integrantes de la CIDH quedaron completamente asombrados; no porque no supieran los temas de las agendas pendientes, ni porque no sabían que esta es un sociedad movilizada, sino por la dimensión de los reclamos que, dijeron, les hizo erizar la piel. En la conferencia de prensa realizaron un balance en el que, sin embargo, no se refirieron a los encuentros con los argentinos. Dijeron que no podían hacerlo. Explicaron, en cambio, los resultados de los tres días de debate maratónicos en los que realizaron 18 audiencias sobre casos de Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil y analizaron temas regionales. Explicaron que siguen muy de cerca el caso de la militarización de Brasil, por el cual emitieron un comunicado sobre los hechos de violencia y la orden de usar a las Fuerzas Armadas para la represión. Destacaron su visita al Museo Sitio de Memoria ESMA que acaba de terminar (ver página 7) y el paso por el país de 1979 de otros integrantes de la CIDH. “Pocos minutos atrás hemos tenido visita guiada a la ex ESMA, demás está decir lo emocionante, lo impactante que fue para nosotros volver como CIDH y por primera vez a estar ahí. Como ustedes bien saben la visita de 1979 fue histórica y marcó un antes y un después en la historia de la relación entre el pueblo argentino y la CIDH. Volver a estar ahí donde estuvieron antes nuestros compañeros para dar testimonio de lo que sucedió, de una memoria que no se puede malograr nunca, ha sido muy emocionante”.
MACRÌ USA A 40 MILLONES DE ARGENTINOS COMO CONEJILLOS DE INDIAS Cuestión de vida o muerte Bajo el atractivo ropaje de la modernización del Estado, con fantásticas promesas de inversiones y empleos de calidad, Macrì aligeró controles para que las transnacionales farmacéuticas lancen nuevos medicamentos. Esto incluye experimentos con madres embarazadas y recién nacidos que podrían infectarse con HIV/ sida. Modernización sería agregar puestos de trabajo a la Anmat, que no tiene con qué controlar nada. Grave riesgo para la salud de la población.
Por Horacio Verbitsky El 18 de abril, el presidente Maurizio Macrì presentó en la Casa Rosada un “Compromiso Federal para la Modernización del Estado”. Como ya es costumbre, se trata de un catálogo de buenas intenciones, que nadie discute: trámites online por Internet en vez de recorrer miles de kilómetros, capacitación y jerarquización del empleado público; conexión entre distintas oficinas de la Nación, las provincias, los municipios y organismos como PAMI y AFIP; reemplazo del papel por el expediente electrónico; historia clínica digital, ventanilla única de Comercio Exterior, aprobación de nuevas empresas en 24 horas, licitaciones y compras electrónicas. Todo adobado con el lenguaje de autoayuda propio de la campaña electoral: mejorar la vida de la gente, invertir el tiempo en crear y no en trámites interminables; establecer mecanismos de transparencia, decirnos la verdad; trabajar en equipo, sector público y sector privado, para que en la Argentina haya más empleo y menos pobreza. No podía faltar el garrotazo ritual al gobierno anterior: el Estado no es de quienes lo administran sino de los ciudadanos, debido a la corrupción hay argentinos sin cloacas, agua potable, rutas, escuelas en buenas condiciones. Un toque de infantilismo, bien estilo Oscar Aguad, como asombrarse porque desde el hospital Garraham le mostraron una interconsulta a distancia con un Centro de Salud de Jujuy, cosa que en el país se realiza desde hace por lo menos una década. Escondido entre esa hojarasca se descubre el anuncio perverso de que el negocio farmacéutico se liberará de fastidiosos controles que defienden la salud pública y no la rentabilidad irresponsable de las grandes empresas trasnacionales. Con las palabras del presidente: “Hemos tenido siempre una participación importante en investigación farmacológica-clínica que genera trabajo, mucho trabajo de calidad en nuestro país, y veníamos perdiendo peso relativo en la investigación mundial… Y ayer se nos planteó que si nosotros mejorábamos el funcionamiento del Estado, en este caso el Anmat, ese nivel de inversión se podía triplicar, y estamos hablando de pasar de 3 mil, 4 mil millones de pesos, a más de 12 mil millones de pesos. Pero lo más importante es que podemos multiplicar por seis la generación de empleo, estamos hablando de miles de puestos de trabajo de altísima calidad ¿Y todo con qué? Con que el Anmat deje de tardar para aprobar un estudio clínico 160 días hábiles. Y trabajando en conjunto el Anmat se ha comprometido a tardar menos de 70 días hábiles, y si no logran esos 70 días tiene aprobación automática esta investigación clínica. Además de eso, muchas de estas investigaciones requieren de importaciones temporarias de equipos, de fármacos, y la Aduana tiene que simplificar ese trámite, cosa a lo que también está comprometida en esta tarea, y trabajando juntas dos dependencias del Estado nacional en este caso, insisto, generar algo muy bueno. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo, y esto se repite en la vida diaria de todos nosotros todos los días, todo el tiempo”. Por Horacio Verbitsky El 18 de abril, el presidente Maurizio Macrì presentó en la Casa Rosada un “Compromiso Federal para la Modernización del Estado”. Como ya es costumbre, se trata de un catálogo de buenas intenciones, que nadie discute: trámites online por Internet en vez de recorrer miles de kilómetros, capacitación y jerarquización del empleado público; conexión entre distintas oficinas de la Nación, las provincias, los municipios y organismos como PAMI y AFIP; reemplazo del papel por el expediente electrónico; historia clínica digital, ventanilla única de Comercio Exterior, aprobación de nuevas empresas en 24 horas, licitaciones y compras electrónicas. Todo adobado con el lenguaje de autoayuda propio de la campaña electoral: mejorar la vida de la gente, invertir el tiempo en crear y no en trámites interminables; establecer mecanismos de transparencia, decirnos la verdad; trabajar en equipo, sector público y sector privado, para que en la Argentina haya más empleo y menos pobreza. No podía faltar el garrotazo ritual al gobierno anterior: el Estado no es de quienes lo administran sino de los ciudadanos, debido a la corrupción hay argentinos sin cloacas, agua potable, rutas, escuelas en buenas condiciones. Un toque de infantilismo, bien estilo Oscar Aguad, como asombrarse porque desde el hospital Garraham le mostraron una interconsulta a distancia con un Centro de Salud de Jujuy, cosa que en el país se realiza desde hace por lo menos una década. Escondido entre esa hojarasca se descubre el anuncio perverso de que el negocio farmacéutico se liberará de fastidiosos controles que defienden la salud pública y no la rentabilidad irresponsable de las grandes empresas trasnacionales. Con las palabras del presidente: Leer más Opinión | Opinión Bien y pronto Por Horacio Verbitsky “Hemos tenido siempre una participación importante en investigación farmacológica-clínica que genera trabajo, mucho trabajo de calidad en nuestro país, y veníamos perdiendo peso relativo en la investigación mundial… Y ayer se nos planteó que si nosotros mejorábamos el funcionamiento del Estado, en este caso el Anmat, ese nivel de inversión se podía triplicar, y estamos hablando de pasar de 3 mil, 4 mil millones de pesos, a más de 12 mil millones de pesos. Pero lo más importante es que podemos multiplicar por seis la generación de empleo, estamos hablando de miles de puestos de trabajo de altísima calidad ¿Y todo con qué? Con que el Anmat deje de tardar para aprobar un estudio clínico 160 días hábiles. Y trabajando en conjunto el Anmat se ha comprometido a tardar menos de 70 días hábiles, y si no logran esos 70 días tiene aprobación automática esta investigación clínica. Además de eso, muchas de estas investigaciones requieren de importaciones temporarias de equipos, de fármacos, y la Aduana tiene que simplificar ese trámite, cosa a lo que también está comprometida en esta tarea, y trabajando juntas dos dependencias del Estado nacional en este caso, insisto, generar algo muy bueno. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo, y esto se repite en la vida diaria de todos nosotros todos los días, todo el tiempo”. Juan Carlos Tealdi: riesgos para la vida, la integridad y la salud de miles de pacientes de consumarse la fantasía anunciada por La ética o el mercado El 26 de abril, este anuncio se complementó con la disposición 4008, que modificó el Régimen de Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica, que regulaba la disposición 6677 de 2010. Esa resolución menciona plazos distintos a los anunciados por Macrì, cuya fuente es un arcano impenetrable. Lo que decía la disposición ahora modificada era que una vez presentada la documentación, Anmat tenía 90 días hábiles para expedirse, plazo que podía suspenderse ante observaciones o aclaraciones solicitadas. Noventa días hábiles son 120 corridos. Ahora se reducen a 60, que serían 80 corridos. Además de la aprobación tácita, la disposición establece que el plazo se reducirá a 45 días en caso de medicamentos aprobados en Estados Unidos, Japón, Suecia, Suiza, Israel, Canadá, Austria, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Dinamarca, España e Italia, o en los países reconocidos como autoridad reguladora nacional por la Organización Panamericana de la Salud. El 18 de abril, el presidente Maurizio Macrì presentó en la Casa Rosada un “Compromiso Federal para la Modernización del Estado”. Como ya es costumbre, se trata de un catálogo de buenas intenciones, que nadie discute: trámites online por Internet en vez de recorrer miles de kilómetros, capacitación y jerarquización del empleado público; conexión entre distintas oficinas de la Nación, las provincias, los municipios y organismos como PAMI y AFIP; reemplazo del papel por el expediente electrónico; historia clínica digital, ventanilla única de Comercio Exterior, aprobación de nuevas empresas en 24 horas, licitaciones y compras electrónicas. Todo adobado con el lenguaje de autoayuda propio de la campaña electoral: mejorar la vida de la gente, invertir el tiempo en crear y no en trámites interminables; establecer mecanismos de transparencia, decirnos la verdad; trabajar en equipo, sector público y sector privado, para que en la Argentina haya más empleo y menos pobreza. No podía faltar el garrotazo ritual al gobierno anterior: el Estado no es de quienes lo administran sino de los ciudadanos, debido a la corrupción hay argentinos sin cloacas, agua potable, rutas, escuelas en buenas condiciones. Un toque de infantilismo, bien estilo Oscar Aguad, como asombrarse porque desde el hospital Garraham le mostraron una interconsulta a distancia con un Centro de Salud de Jujuy, cosa que en el país se realiza desde hace por lo menos una década. Escondido entre esa hojarasca se descubre el anuncio perverso de que el negocio farmacéutico se liberará de fastidiosos controles que defienden la salud pública y no la rentabilidad irresponsable de las grandes empresas trasnacionales. Con las palabras del presidente: Leer más Opinión | Opinión Bien y pronto Por Horacio Verbitsky “Hemos tenido siempre una participación importante en investigación farmacológica-clínica que genera trabajo, mucho trabajo de calidad en nuestro país, y veníamos perdiendo peso relativo en la investigación mundial… Y ayer se nos planteó que si nosotros mejorábamos el funcionamiento del Estado, en este caso el Anmat, ese nivel de inversión se podía triplicar, y estamos hablando de pasar de 3 mil, 4 mil millones de pesos, a más de 12 mil millones de pesos. Pero lo más importante es que podemos multiplicar por seis la generación de empleo, estamos hablando de miles de puestos de trabajo de altísima calidad ¿Y todo con qué? Con que el Anmat deje de tardar para aprobar un estudio clínico 160 días hábiles. Y trabajando en conjunto el Anmat se ha comprometido a tardar menos de 70 días hábiles, y si no logran esos 70 días tiene aprobación automática esta investigación clínica. Además de eso, muchas de estas investigaciones requieren de importaciones temporarias de equipos, de fármacos, y la Aduana tiene que simplificar ese trámite, cosa a lo que también está comprometida en esta tarea, y trabajando juntas dos dependencias del Estado nacional en este caso, insisto, generar algo muy bueno. Estamos hablando de miles de puestos de trabajo, y esto se repite en la vida diaria de todos nosotros todos los días, todo el tiempo”. Juan Carlos Tealdi: riesgos para la vida, la integridad y la salud de miles de pacientes de consumarse la fantasía anunciada por La ética o el mercado El 26 de abril, este anuncio se complementó con la disposición 4008, que modificó el Régimen de Buena Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica, que regulaba la disposición 6677 de 2010. Esa resolución menciona plazos distintos a los anunciados por Macrì, cuya fuente es un arcano impenetrable. Lo que decía la disposición ahora modificada era que una vez presentada la documentación, Anmat tenía 90 días hábiles para expedirse, plazo que podía suspenderse ante observaciones o aclaraciones solicitadas. Noventa días hábiles son 120 corridos. Ahora se reducen a 60, que serían 80 corridos. Además de la aprobación tácita, la disposición establece que el plazo se reducirá a 45 días en caso de medicamentos aprobados en Estados Unidos, Japón, Suecia, Suiza, Israel, Canadá, Austria, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Dinamarca, España e Italia, o en los países reconocidos como autoridad reguladora nacional por la Organización Panamericana de la Salud. PUBLICIDAD El médico y filósofo de la ciencia Juan Carlos Tealdi (1), especialista en bioética, explica que el menor lapso es una concesión a las exigencias puramente mercantiles de la industria. Supuestamente se dirige a producir un “bien social” como es el medicamento, pero según aumenta el tamaño del mercado “más personas que pasen a ser objetos de investigación”. Esa industria sólo se detiene a ver a esas personas como sujeto de derechos, si se lo exigen la legislación y las políticas públicas. “Si la industria multinacional llegara a invertir y dar trabajo, lo haría para realizar más experimentos, registrar más medicamentos, y obtener más ganancias. Y eso exige multiplicar por miles a las personas con las que se prueban esas drogas. El problema es que estas pruebas cada día ofrecen menores beneficios y mayores riesgos. Y la nueva norma no da garantía alguna de una mayor protección de los derechos fundamentales de las personas a incluir en esos ensayos. El tiempo de la ética es distinto al del mercado”. Tealdi toma como referencia 11 estudios realizados, con una media de 133 pacientes cada uno. Desde que asumió Macrì, según la Anmat se han iniciado o cerrado 154 estudios experimentales. De aplicarse aquel promedio “debemos pensar que se han incorporado 20.482 pacientes en los 500 días correspondientes”. Y pregunta: ¿Cuántos miles de pacientes se sumarían de consumarse la fantasía anunciada? ¿Cuántos miles de riesgos para la vida, la integridad y la salud de esos pacientes se sumarían?” La multiplicación por seis, los miles de nuevos empleos de alta calidad que alguien desconocido le mentó a Macrì, son un puro engaño. El mercado no mide el tiempo en puestos de trabajo sino en utilidades. Para la industria, menor plazo de investigación implica acceso más rápido de un producto al mercado. Es decir, acortar el tiempo de inversión y adelantar el de sus réditos. “Las cifras de ventas de un medicamento pueden llegar a ser monumentales medidas en semanas”, dice Tealdi. La industria farmacéutica internacional busca desplazar las investigaciones a los países con menos controles y exigencias. Reducir el tiempo para autorizar el lanzamiento de un nuevo medicamento procura mostrar a esos gigantes que en la Argentina se aprueba un estudio en menos tiempo que Chile, Brasil, México o Centroamérica, concebidos como competidores, y así atraer la mítica “lluvia de inversiones”. Moderniza modernizador En la industria farmacéutica no hay “miles de puestos de trabajo de altísima calidad” ni por aproximación. Si se observa el balance de una de las mayores empresas del sector, como Pfizer, que en 2011 tuvo ingresos por 67.500 millones de dólares, dedicó más del doble a marketing y administración (32/35 por ciento) que a investigación (14/16 por ciento). Para modernizar el Estado habría que aumentar los puestos de trabajo en la Anmat, donde no existe prácticamente nadie que inspeccione los centros de investigación, para monitorear la posible vulneración de derechos de los miles de personas incluidas en las investigaciones. Hace diez días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que los principales financiadores de la investigación y las ONG internacionales aplicarán las normas de la OMS “sobre divulgación de los resultados de los ensayos clínicos”. La Declaración Conjunta sobre Información Pública de Resultados de Ensayos Clínicos, firmada el 18 de mayo por once organismos, destacó la cuestión más importante para actualizar y agilizar las investigaciones sin faltar al respeto de los derechos de las personas: el acceso público oportuno a la información. Es decir, no atendiendo como la Anmat de Macrì a la conveniencia del mercado sino de las personas, que sin información veraz, clara, precisa y adecuada no podrían disponer sobre su propio cuerpo y consentir la disposición de sus derechos personalísimos. De acuerdo con la Declaración de la OMS los Estados deben desarrollar sistemas de monitoreo de los resultados de las investigaciones en salud y ponerlos al alcance del público. Cualquier fase de una investigación debe cargarse antes de su inicio en un registro al que el público acceda sin restricciones, según los estándares internacionales acordados por la OMS. De ese modo podrá evaluar los resultados sobre la salud de las personas de esas investigaciones, sus riesgos y beneficios. Sólo en conocimiento previo de esa información, los pacientes serán libres al decidir si participan o no en el experimento. Tealdi y un grupo de especialistas que trabajan desde hace tres décadas en bioética y derechos humanos para las investigaciones en salud, reclaman que Anmat derogue la Disposición 4008 y que en cambio cumpla con las normas de la OMS sobre divulgación pública de los resultados de investigaciones médicas y que se suspendan los experimentos en personas que no tienen capacidad para dar su consentimiento, como menores, pacientes con padecimiento mental sin lucidez ni comprensión, en emergencia o terapia intensiva. También postulan la creación de un consejo de expertos, independiente de los intereses mercantiles. Los únicos privilegiados La Anmat aprobó 17 investigaciones experimentales en niños, niñas y adolescentes, desde recién nacidos hasta los diecisiete años de edad, a realizarse entre mayo de 2015 y el mes próximo, junio de 2017. Algunas pueden haber finalizado, pero la mayoría se encuentran en curso. Trece de ellas fueron autorizadas durante el actual gobierno. Entre ellas está la identificada con el número 5 en el listado: (5) Expediente Anmat: 1-0047-0002-000146-15-4 Título: “Ensayo clínico de fase I para evaluar la seguridad y farmacocinética de Raltegravir en neonatos expuestos al VIH-1 que presentan alto riesgo de contraer la infección por VIH-1”. Solicitante: WESTAT, representado por fundación IBIS para la investigación de HIV/Sida. Centros de Investigación: Hospital General de Agudos J.M.Ramos Mejía, CABA. Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité de Ética de Investigación del Hospital General de Agudos J.M.Ramos Mejía. Normas de fundamentación del acto administrativo: Fecha de autorización: 29 de diciembre de 2016. Disposición: 14238. Traducido al lenguaje humano significa experimentar una droga desconocía en embarazadas y recién nacidos que podrían infectarse con virus del Sida. La investigación incluye a la madre en el preparto y parto, y seguimiento. Fase I quiere decir que la droga Raltegravir está en estudio de seguridad, que no se conocen los eventos adversos o daños que pueda causar. El objetivo de un estudio de fase I, nunca es el beneficio de quien lo recibe. Para Tealdi, esta investigación “es demoledora hasta para los que buscan justificar todas las irregularidades e incorrecciones apelando a la búsqueda de beneficio de las investigaciones científicas o el progreso. Me trae reminiscencias de las investigaciones sobre transmisión madre/hijo del Sida, denunciadas con escándalo de doble estándar en 1997 y que cambiaron el escenario internacional de discusión de las investigaciones”. Las normas jurídicas de mayor rango que regulan los experimentos médicos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de jerarquía constitucional, cuyo artículo 7 afirma que “nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”, y el Código Civil y Comercial, cuyo artículo 58.f establece que las investigaciones en seres humanos sólo pueden ser realizadas “con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona que participa en la investigación, a quien se le debe explicar, en términos comprensibles, los objetivos y la metodología de la investigación, sus riesgos y posibles beneficios; dicho consentimiento es revocable”. El artículo 59 regula ese consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud. Tealdi es categórico en negar que los padres o representantes legales tengan derecho a autorizar que los menores de 16 años sean objeto de experimentación. La inviolabilidad de la persona humana, las afectaciones a la dignidad, las limitaciones de los actos peligrosos, la disposición de los derechos personalísimos, y los actos de disposición sobre el propio cuerpo de los menores (contemplados en los artículos 26, 51, 52, 54, 55 y 56 del Código Civil y Comercial) no permiten sostener que la legislación nacional vigente autorice la realización de investigaciones médicas en menores de dieciséis años. Distinto es el caso de actos y tratamientos médicos, de cuyos resultados puede haber evidencias. Tampoco la Anmat tiene facultades para autorizar investigaciones experimentales en menores de edad, que sólo podrían ser reguladas por una ley nacional, que debería contemplar la creación de una comisión nacional de expertos en cuestiones tecno-científicas, éticas, legales y sociales, con especial atención a las investigaciones de alto riesgo. Además de la nulidad jurídica de esos actos de autorización y del caso ya mencionado de exposición de madres y neonatos al HIV/sida, Tealdi señala otras cuestiones graves en las 17 investigaciones. Aquí se identificarán por número, y quien se interese en el detalle puede consultarlo en la edición en Internet: Muchas de las investigaciones se realizaron en población vulnerable y extremadamente vulnerable (2, 4, 5, 8, 10, 13, 14 y 17), como recién nacidos y menores de 4 años, y casi la totalidad de ellas con drogas de alta toxicidad y con numerosas reacciones adversas. Nueve de las investigaciones (2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14 y 17) fueron aprobadas por comités de ética que no pertenecen a ningún establecimiento de salud o centro de investigaciones médicas, y que por lo tanto no tienen ninguna relación con los pacientes ni autoridad sobre los investigadores. Se trata de comités privados, funcionales a la aprobación rápida de las investigaciones que se les presentan. Esto resulta habitual y permitido por la Anmat, haciendo imposible que los comités de ética cumplan su función de proteger los derechos de los pacientes en investigación. Cuatro de las investigaciones (6, 7, 9 y 10), fueron aprobadas por comités con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque los estudios se realizaban en Tucumán y Santiago del Estero, sin ningún monitoreo cercano. Big Farma Pese a que tenía papeles a la vista, Macrì improvisó durante el anuncio del 18 de abril. De ahí la notable afirmación de que “ayer se nos planteó que si nosotros mejorábamos el funcionamiento del Estado, en este caso el Anmat, ese nivel de inversión se podía triplicar”. En la nómina de audiencias que concedió el día anterior, lunes 17 de abril, no se advierte quién pudo hacerle ese planteo, que en una pasmosa demostración de eficiencia, puso en práctica al día siguiente. Salvo que el diálogo no haya tenido lugar en su oficina y en horario de trabajo o que no haya sido con alguien externo, sino con algún integrante del mejor equipo en cincuenta años, con despacho próximo y experiencia en la materia. En cualquier caso, sólo el propio Macrì puede, y debe, elucidar ese misterio: quién le dijo que la condición para invertir en el país es el relajamiento de los ya escasos controles existentes ofrendando la salud de la población para mayor rentabilidad de Big Farma. 1) Director del Comité y del Programa de Bioética del Hospital de Clínicas de la UBA, fundador y director por una década de la Escuela Latinoamericana de Bioética y autor de dos libros fundamentales (Diccionario Latinoamericano de Bioética y Bioética de los derechos humanos. Investigaciones biomédicas y dignidad humana). (1) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000129-16-8 Título: "Estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de dupilumab en niños cn edad de 6 a 11 años inclusive con asma persistente no controlada". Solicitante: SANOFI AVENTIS S.A. Centros de Investigación: CARE-Centro de Alergia y Enfermedades Respiratorias, CABA Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité de Ética en Investigación InAER Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15. Fecha de autorización: 6 de febrero de 2017. Disposición: 01224 (2) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000074-16-7 Título: "Estudio abierto de 12 meses para evaluar la seguridad y tolerabilidad de la pregabalina como terapia complementaria en sujetos de 1 mes a 16 años de edad con crisis epilépticas parciales, y en sujetos adultos y pediátricos de 5 a 65 años de edad con crisis epilépticas tonicoclónicas generalizadas primarias". Solicitante: PFIZER Inc., representado por Parexel Internacional S.A. Centros de Investigación: Instituto FLENI, CABA Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité Independiente de Ética para Ensayos en Farmacología Clínica- Fundación de Estudios Farmacológicos y de Medicamentos, en CABA Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15. Fecha de autorización: 23 de enero de 2017. Disposición: 00833 (3) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000073-16-3 Título: "Estudio multicéntrico, de grupos paralelos, controlado con placebo, a doble ciego, aleatorizado de la pregabalina como terapia complementaria en sujetos adultos y pediátricos con crisis epilépticas tonicoclónicas generalizadas primarias". Solicitante: PFIZER Inc., representado por Parexel Internacional S.A. Centros de Investigación: Instituto FLENI, CABA Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité Independiente de Ética para Ensayos en Farmacología Clínica- Fundación de Estudios Farmacológicos y de Medicamentos, en CABA Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15.Fecha de autorización: 23 de enero de 2017 Disposición: 00832 (4) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000055-16-1 Título: "Estudio multicéntrico, de grupos paralelos, a doble ciego y controlado con placebo, para evaluar la eficacia y la seguridad de la pregabalina como terapia complementaria en niños de 1 mes a menos de 4 años de edad con crisis epilépticas parciales". Solicitante: PFIZER Inc., representado por Parexel Internacional S.A. Centros de Investigación: Instituto FLENI Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité Independiente de Ética para Ensayos en Farmacología Clínica Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15. Fecha de autorización: 29 de diciembre de 2016 Disposición: 14240 (5) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000146-15-4 Título: "Ensayo clínico de fase I para evaluar la seguridad y farmacocinética de Raltegravir en neonatos expuestos al VIH-1 que presentan alto riesgo de contraer la infección por VIH-1". Solicitante: WESTAT, representado por fundación IBIS para la investigación de HIV/Sida. Centros de Investigación: Hospital General de Agudos J.M.Ramos Mejía, CABA Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité de Ética de Investigación del Hospital General de Agudos J.M.Ramos Mejía Normas de fundamentación del acto administrativo: Fecha de autorización: 29 de diciembre de 2016. Disposición: 14238 (6) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000010-16-5 Título: "Ensayo Eficacia, Seguridad y Tolerabilidad de Tofacitinib para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil de curso poliarticular en niños y adolescentes ". Solicitante: PFIZER SRL. Centros de Investigación: Centro Médico Privado de Reumatología, en Tucumán Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité Independiente de Ética para Ensayos en Farmacología Clínica- Fundación de Estudios Farmacológicos y de Medicamentos, en CABA Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15. Fecha de autorización: 16 de agosto de 2016 Disposición: 09212 (7) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000074-15-5 Título: "Estudio Ensayo multicéntrico, abierto de golimumab intravenoso, un anticuerpo humano anti-TNFα, en sujetos pediátricos con artritis idiopática juvenil con ciclo poliarticular activo a pesar de la terapia con metotrexato ". Solicitante: JANSSEN Research and Development, LLC, representado por Parexel Internacional S.A. Centros de Investigación: centro Médico Privado de Reumatología e Investigaciones Reumatológicas Tucumán SRL, en Tucumán Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité Independiente de Ética para Ensayos en Farmacología Clínica- Fundación de Estudios Farmacológicos y de Medicamentos, en CABA Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15. Fecha de autorización: 18 de febrero de 2016. Disposición: 01517 (8) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000194-13-6 Título: "Estudio Fase I/II de un ensayo de etiqueta abierta para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética, y la actividad antiviral de Etravirina en bebés y niños infectados con el VIH-1, con experiencia antirretroviral, de entre ›2 meses y ‹6 años de edad y bebés sin experiencia antirretroviral de ›2 meses y ‹2 años, con/sin exposición a antirretrovirales, como parte de un régimen PMTCT". Solicitante: WESTAT INC. EEUU, representado por Fundación IBIS para la Investigación de HIV/SIDA. Centros de Investigación: Hospital General de Agudos J.M.Ramos Mejía, CABA Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité de Ética de Investigación del Hospital General de Agudos J.M.Ramos Mejía. Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15. Fecha de autorización: 12 de febrero de 2016. Disposición: 01262 (9) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-0000214-14-7 Título: "Estudio aleatorizado y doble ciego para evaluar la seguridad y la eficacia del tratamiento y retiro de AR14 (Azilsartán Medoxomil), seguido de una extensión de etiqueta abierta en niños de 6 a menos de 18 años de edad con hipertensión". Solicitante: Arbor Pharmaceuticals, LLC, representado por Quintiles Argentina S.A. Centros de Investigación: Centro Infantil del Riñón, Tucumán. Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité de Ética en Investigación Clínica -CEIC-, CABA Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15. Fecha de autorización: 20 de enero de 2016 Disposición: 00453 (10) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000084-15-1 Título: "Estudio prospectivo con control retrospectivo para evaluar la eficacia y la seguridad de una nueva formulación pediátrica de nifurtimox en pacientes de 0 a 17 años con enfermedad de Chagas". Solicitante: BAYER Healthcare AG, representado por BAYER S.A. Centros de Investigación: en CABA y Santiago del Estero Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité de Ética en Investigación Clínica -CEIC-, en CABA Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15. Fecha de autorización: 18 de enero de 2016 Disposición: 00378 (11) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000091-15-3 Título: "Estudio multicéntrico, abierto, con comparador activo, de asignación aleatoria para comparar la eficacia y seguridad de un régimen de tratamiento con rivaroxabán ajustado a la edad y peso corporal con el tratamiento estándar en niños con tromboembolismo venoso agudo". Solicitante: BAYER Healthcare AG , representado por BAYER S.A. Centros de Investigación: Hospital Italiano Regional del Sur, en Bahía Blanca Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité de Ética Hospital Italiano Regional del Sur Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15. Fecha de autorización: 18 de enero de 2016 Disposición: 00380 (12) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000093-15-0 Título: "Estudio de fase III de fosfato de tidezolid durante seis días de i.v. a oral en comparación con el comparador durante diez días en sujetos de 12 a ‹18 años con IPPBc". Solicitante: Cubist Pharmaceuticals Inc., representado por Quintiles Argentina S.A.. Centros de Investigación: Hospital Italiano Regional del Sur, en Bahía Blanca Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité de Ética Hospital Italiano Regional del Sur Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15. Fecha de autorización: 18 de enero de 2016 Disposición: 00381 (13) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-0000107-15-1 Título: "Estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, de grupos paralelos para investigar la eficacia y la seguridad de Lacosamida como tratamiento adyuvante en pacientes ≥1 mes a ‹4 años de edad con epilepsia y crisis focales". Solicitante: USB Biosciences, Inc. representado por Pharmaceutical Research Associates Ltda. Suc.Argentina. Centros de Investigación: Hospital Italiano de Buenos Aires, CABA Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité de Ética de Protocolos de Investigación (CEPI) Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15 Fecha de autorización: 18 de enero de 2016 Disposición: 00383 (14) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000205-14-6 Título: "Estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, a doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, intervencionista, para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de clobazam como tratamiento adyuvante en pacientes pediátricos de ≥1 a ≤16 años de edad con síndrome de Dravet (14362A)". Solicitante: H.LUNDBECK A/S, representado por Quintiles Argentina S.A. Centros de Investigación: Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité Independiente de Ética para Ensayos en Farmacología Clínica (FEFYM) Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15. Fecha de autorización: 29 de septiembre de 2015 Disposición: 7898 (15) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000188-14-8 Título: "Estudio de seguimiento abierto, a largo plazo de CP-690, 550 para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil , ". Solicitante: PFIZER SRL, representado por ICON Clinical Research S.A. Centros de Investigación: Hospital Británico de Buenos Aires Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité de Revisión Institucional del Hospital Británico de Buenos Aires Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15. Fecha de autorización: 4 de agosto de 2015 Disposición: 6143 (16) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000172-14-1 Título: "Un estudio de fase 2/3 multicéntrico, de etiqueta abierta, de cohortes múltiples y en dos partes para evaluar la farmacocinética (PK), la seguridad y la eficacia de atazanavir, potenciado por cobicistat (ATV/co) o de danuravir potenciado por cobicistat (DRV/co), cuando se administran con un tratamiento de base en sujetos pediátricos infectados por el VIH-1 con supresión virológica y tratamiento previo". Solicitante: GILEAD Sciences Inc., representado por PPD Argentina S.A. Centros de Investigación: Fundación Huésped, CABA Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité de Bioética de la Fundación Huésped Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15.Fecha de autorización: 3 de agosto de 2015 Disposición: 6142 (17) Expediente ANMAT: 1-0047-0002-000202-14-5 Título: "Estudio intervencionista, multicéntrico, prospectivo, abierto, a largo plazo, de dosis flexible para evaluar la seguridad y tolerabilidad de clobazam como tratamiento adyuvante en pacientes pediátricos de entre ≥1 a ≤16 años de edad con síndrome de Dravet (14362B)". Solicitante: H.LUNDBECK AS, representado por Quintiles Argentina S.A. Centros de Investigación: Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) Comité de Ética que aprobó el estudio: Comité Independiente de Ética para Ensayos en Farmacología Clínica (FEFYM) Normas de fundamentación del acto administrativo: Disposición 6677/10 de ANMAT, Decretos 1490/92 y 101/15. Fecha de autorización: 3 de agosto de 2015. Disposición: 6144 Pagina 12

27 de mayo de 2017

LA JUSTICIA PROCESÓ AL EX DIRECTORIO DE LA AFSCA POR IMPULSAR LA ADECUACIÓN DEL MULTIMEDIO CLARÍN Un fallo para imponer más miedo En un escrito plagado de desprolijidades, Bonadio dispuso el embargo y procesamiento de Sabbatella y otros ex funcionarios del organismo. En el mismo texto reconoció que el trámite fue “correcto” pero consideró que hubo un intento de “hostigamiento”.
Más de un año después de la destrucción (por decreto) de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSdCA) y sin que el Grupo Clarín se adecuara jamás a los límites que ella establecía, el juez Claudio Bonadío decidió procesar a Martín Sabbatella y casi todo el directorio de la Afsca por haber dispuesto la adecuación de oficio de ese multimedio. En un fallo de 56 páginas con reiterados errores de “copy/paste”, de tipeo y hasta en el nombre de los procesados, el magistrado consideró que existen elementos para suponer que los integrantes del organismo incurrieron en “abuso de autoridad” por realizar un tratamiento “diferencial” y “arbitrario” del grupo encabezado por Héctor Magnetto. Los únicos que no fueron involucrados fueron los integrantes del directorio por la oposición, Gerardo Milman y Marcelo Stubrin, ambos funcionarios actuales de Cambiemos. Además, Bonadio dispuso un embargo por 100 mil pesos a la mayoría de los denunciados. A pesar de que la ley que regulaba el mercado de la comunicación audiovisual fue una de las primeras normas que desarticuló Macri al llegar a la Casa Rosada, la causa penal iniciada por el Grupo Clarín continuó su curso y tomó un nuevo impulso en los últimos meses. Bonadio dispuso el llamado a indagatoria de Sabbatella y otros imputados a la semana siguiente de que el titular de Nuevo Encuentro presentara una denuncia penal contra Macri por el escándalo del “Curreo Argentino”. Sabbatella se presentó a declarar ante el juez pero el magistrado decidió no formularle ninguna pregunta. Sin embargo –en un nuevo fallo de impacto político difundido justo antes del fin de semana– Bonadio consideró que la Afsca utilizó sus facultades con un “fin ilícito” para “perjudicar y hostigar al Grupo de medios” Clarín. El argumento central del juez es que otros grupos recibieron, supuestamente, un tratamiento más benévolo que Clarín. “Se imprimió un trámite diferencial en relación al de los expedientes de adecuación de los grupos de Directv (SIC), Prisa, Nemesio, Supercanal S.A., Telecentro, Telefe y Grupo Indalo, de esta manera se observan diferencias en la aplicación del procedimiento, en los plazos otorgados y en los dictámenes emitidos”, sostiene el fallo. Para hacer esa afirmación, el juez se detuvo en las fechas y los plazos de los expedientes de adecuación de los distintos grupos, pero no analizó el contenido de las propuestas ni las actitudes de las distintas empresas frente a la aplicación de la ley. “Esto no es así en lo más mínimo. En todo el proceso el Grupo Clarín tuvo una actitud totalmente distinta al resto. Se le dio el tratamiento que corresponde a la actitud que tuvo”, aseguró a PáginaI12 Sergio Zurano, director de Asuntos Legales del Afsca durante la gestión Sabbatella. Zurano también fue procesado y embargado por Bonadio, igual que otros dos funcionarios del organismo con intervención en los expedientes: La titular de la Dirección de Adecuación y Transferencia, Lorena Milca Di Filippo, y el titular de la Dirección de Análisis Económico y Patrimonial, Guillermo Pérez Vacchini. Entre las desprolijidades del fallo menciona a Di Filippo como “Claudio Lorena Milca Di Filippo” (sic) y a Sergio Ernesto Zurano como “Eduardo Ernesto Zurano” (sic). Lo cierto es que el Grupo Clarín presentó su propuesta de adecuación voluntaria el 4 de noviembre de 2013 después luchar durante años contra su aplicación y fracasar judicialmente en la Corte Suprema. Luego la Afsca descubrió una maniobra por la cual la división en 6 del multimedios era “ficticia” ya que sus distintos accionistas continuaban vinculados a través de un complejo entramado de sociedades tanto en el exterior como en argentina. Esa situación no se había advertido en ninguna de las otras propuestas de los otros grupos. En su fallo, Bonadío reconoce que “el trámite que se le dio al expediente del Grupo Clarín es correcto en cuanto a su procedimiento” pero asegura que “se establece la diferencia con el dado a los expedientes de los oros (sic) grupos de medios”. Además de Sabbatella fueron procesados y embargados los integrantes del directorio Néstor Avalle, Ignacio Saavedra, Claudio Schifer, Eduardo Rinesi. La medida judicial será apelada en los próximos días. Pagina 12 -------------------------------------------------------------------------- El problema con Sabatella es que tardo un año en adecuar de hecho a Clarin que se defeco el la ley argentina como lo hace siempre.El otro problema es del congreso que permite que se incumpla una ley que aun esta vigente, un decreto no anula una ley.
EL ACUERDO QUE NEGOCIA EL GOBIERNO PARA IMPORTAR PREFABRICADAS GENERA PREOCUPACIÓN ENTRE EMPRESARIOS Y SINDICALISTAS La construcción en alerta por las casas made in China En el sector advierten sobre el impacto que tendrá en la actividad y el empleo local. Un proyecto busca frenarlo.
Por Cristian Carrillo El acuerdo que está negociando el gobierno nacional para importar casas prefabricadas desde China continúa sembrando críticas y denuncias provenientes del sector de la construcción. Esta semana se sumó la presentación de un proyecto de ley de diputados justicialistas de Chaco y Corrientes para impedir que se lleve a cabo ese negocio. La presentación de estos legisladores nacionales prohíbe la importación de casas prefabricadas y el uso de recursos naturales asociados a esta iniciativa, especialmente la madera. El proyecto recoge precisamente todas las críticas vertidas por las cámaras involucradas en el sector de la construcción, que alertan sobre el impacto negativo que tendrá esta medida en la actividad y en el nivel de empleo. En el rubro se perdieron miles de puestos de trabajo en el último año y medio. Además, remarcan que el precio promedio al que se pactó el metro cuadrado de una vivienda traída desde el gigante asiático es muy superior, y en algunos casos el doble, de lo que cuesta producirla en el país. Desde los gremios analizan además hacer presentaciones ante la Justicia. Existen dos tipos de bienes: transables y no transables. Estos últimos son aquellos que sólo pueden consumirse en la economía en que se producen y no pueden importarse ni exportarse, con lo cual sus precios están determinados por factores internos. En toda bibliografía económica la construcción es un bien no transable, así como las materias primas y las manufacturas son transables. De hecho, cuando se intentó durante el kirchnerismo pesificar los precios del sector inmobiliario, la argumentación que se esgrimió, evidente y lógica, era que se construye en pesos, con mano de obra e insumos locales, pero se publica y se vende en dólares. Sin embargo, el macrismo logró, a partir de un acuerdo con el gobierno chino, alterar esa lógica y sumar un elemento externo que alterará esa estructura de producción. Durante su paso por Beijing, Mauricio Macri avanzó en un acuerdo por la compra de 15.000 casas prefabricadas de origen chino que se realizará en dos tramos. Cada casa de 60 metros cuadrados tiene un costo por metro de 650 dólares promedio, sin contar el terreno, es decir que cada una tendrá un valor de 39.000 dólares (sin terreno). Un valor que hasta duplica los precios que existen actualmente en plaza y son provistos por productores locales. El problema es que los fabricantes locales no tienen los recursos para garantizar la producción que requiere el programa, aunque aseguran que podrían llegar a abastecer una potencial demanda con un programa de financiamiento oficial. El programa de importación de viviendas ascendería a mil millones de dólares. La contraparte del acuerdo es Liang Wengen, presidente de Sany, principal firma en China y quinta en el mundo dedicada a la producción de maquinaria para la construcción (hormigón, excavación, carbón, perforación, maquinaria portuaria y grúas sobre oruga). Wengen, miembro del Comité Central del Partido Comunista chino, es un viejo conocido de la familia Macri, con la cual había hecho negocios a través de sus inversiones en la firma China Communications Construction Company (CCCC). Participó de uniones transitorias con Iecsa, que hasta hace unos meses perteneció a Angelo Calcaterra, primo del presidente. Para entregar las primeras cinco mil viviendas, la empresa proyecta invertir 30 millones de dólares sobre la base del precio calculado de 39.000 dólares por vivienda. El proyecto piloto le reportará a Sany un flujo de fondos operativo de 195 millones de dólares. Las primeras 5000 viviendas serían en la provincia de Buenos Aires, en terrenos públicos que forman parte del programa Procrear. Para el cierre de la operación sólo resta que ambos países se pongan de acuerdo sobre el financiamiento, que sería provisto en principio por el Eximbank de China o el China Development Bank (CDB). “Estamos en alerta y nos movilizaremos en defensa de las fuentes de trabajo. Lo que necesitamos ahora son planes de viviendas, pero como tienen que ser, con ladrillos”, sostuvo el secretario general de la Uocra, Juan Pablo Medina. El dirigente insistió en que el sistema de construcción que quiere implementar el gobierno debe ser repudiado por todos los sectores. “Hay que defender el derecho sagrado del trabajo”, sostuvo Medina. La crítica es compartida por las principales cámaras de la actividad constructora y proveedoras de insumos, como madereras, ladrilleras y hormigoneras. Desde el Gobierno buscan comparar los 650 dólares por metro cuadrado que pretende cobrar la empresa china con los casi 2000 dólares que cuesta una construcción tradicional. Sin embargo, la instalación de una vivienda prefabricada en el país se cobra alrededor de 350 dólares, aunque en principio no tiene la escala de producción necesaria para abastecer la demanda que prevé el programa oficial. Luis Cáceres, titular de la Unión Obrera Ladrillera, denunció que, según las cifras de la Cámara Argentina de la Construcción, desde mediados de 2016 esa industria tuvo 245.466 trabajadores afectados entre despedidos y suspendidos. Se calcula que 160.000 ladrilleros desarrollan su actividad en la Argentina. Algunos emprendimientos lo hacen bajo figuras societarias empresariales, otras personales y también en formas de cooperativas. “El Estado tiene provisto avanzar con viviendas chinas que afectarán seriamente a la construcción y de forma específica a la industria ladrillera atentando contra el trabajador, ya que las casas están compuestas de hormigón y ni un solo ladrillo local”, sostuvo Cáceres. De Misiones y Corrientes, 25 industriales presentaron al Ministerio de Agroindustria una propuesta local para competirle en costos a la firma china Sany con mano de obra y materia prima local. Esta semana diputados de Chaco y Corrientes presentaron un proyecto firmado por el correntino Carlos Rubín (PJ), que propone prohibir la importación de casas prefabricadas y el uso de recursos naturales. El proyecto retoma planteos formulados desde distintos sectores relacionados con la construcción, como el de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) que manifestó mediante varios comunicados su preocupación y enérgica oposición al proyecto. Desde la entidad que cuenta con 27 cámaras asociadas en todo el país, resaltaron la existencia de una industria maderera nacional capaz de sustituir con tecnología, capital y mano de obra nacional, lo que se pretende importar. Por su parte, el diputado misiones del FpV-PJ Daniel Di Stefano presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre la compra de estas viviendas chinas y otro sobre la utilización de la madera para su fabricación, ya que podría implicar un duro golpe para la industria maderera nacional. Argentina tiene 1,2 millón de hectáreas de bosques cultivados y de ese total, el 80 por ciento se concentra en tres provincias: Entre Ríos, Corrientes y Misiones. pagina 12
Reforma previsional La jubilaciones dependen de las elecciones
Por David Cufré La reforma del sistema de jubilaciones que prepara el Gobierno contempla la segmentación de las prestaciones en tres niveles. El primero será de carácter universal y lo constituye la nueva pensión por vejez creada el año pasado con la ley de “reparación histórica”. Se empieza a cobrar a partir de los 65 años tanto en hombres como en mujeres, sin necesidad de aportes previsionales. El monto de ingresos equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima. En la práctica, este cambio constituye un deterioro notable para los adultos mayores respecto del estado de derechos que habían alcanzado con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cuando se aprobaron distintas moratorias que les permitieron a más de 3 millones de personas saldar su deuda de aportes con la Anses –muchos no habían efectuado ninguno– y percibir como piso el haber mínimo. La diferencia es de más de 1200 pesos en este momento, ya que la jubilación mínima se encuentra en 6394 pesos y la pensión por vejez es de 5115 pesos. Además, esta última no genera el derecho de pensión para los familiares del titular. En el caso de las mujeres, la modificación entraña un perjuicio sustancial porque implica un aumento de cinco años de la edad a partir de la cual pueden obtener ingresos, dado que con las moratorias podían jubilarse desde los 60 años y ahora tendrán que esperar hasta los 65 para cobrar la pensión por vejez. Es un recorte de gastos en línea con los reclamos de ajuste fiscal que el FMI y los mercados le formulan al Gobierno permanentemente. Esta prestación será financiada por rentas generales. Los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Social y de la Anses que diseñan el proyecto establecerían como línea de corte para la pensión por vejez un nivel de aportes previsionales inferior a los 15 años, aunque el número exacto todavía no está definido. Esto significa que los hombres y mujeres que lleguen a los 65 años y queden por debajo de ese nivel de años de aportes tendrán la opción de pasar a cobrar automáticamente este beneficio, equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima, como se explicó más arriba. Sin embargo, la iniciativa les daría la posibilidad de mejorar esos ingresos al autorizar por ley que sigan trabajando y aportando más allá de los 65 años, sin que sus empleadores puedan forzarlos al retiro como ocurre en la actualidad. Todo lo que sumen por arriba de los 15 años de aportes –si finalmente fuera ésa la línea de corte– significaría un plus para su ingreso mensual, cuyo financiamiento saldría del régimen jubilatorio solventado con aportes y contribuciones. Con esta medida, el Gobierno empezaría a correr los límites de la edad jubilatoria, haciendo caer en las espaldas de los trabajadores que padecieron la informalidad laboral o el desempleo la responsabilidad de trabajar más años para cobrar un haber más alto que la devaluada pensión por vejez. Para superar la resistencia empresaria, el Estado resignaría el cobro de contribuciones patronales por esos empleados cuando sigan trabajando más allá de los 65 años. De todos modos, estos puntos son aún materia de debate entre los funcionarios que trabajan en la reforma. El segundo pilar del nuevo régimen jubilatorio, en tanto, seguirá siendo el sistema de reparto. La novedad en este caso viene por la modificación de la fórmula de cálculo para determinar el haber inicial de cada jubilado; es decir, lo que una persona empieza a cobrar cuando se retira. En lugar de los componentes actuales –PBU, PC y PAP–, se avanzaría con un esquema conformado por la prestación universal –la pensión por vejez– más el plus asociado a los años y al nivel de aportes al sistema. Un aspecto clave en este caso es si habrá un tope sobre la proporción del salario afectado a los aportes previsionales que sea más bajo que el actual. Es una posibilidad, para incentivar a los trabajadores a realizar aportes voluntarios al tercer pilar del sistema y, sobre todo, para bajar la presión de gastos al Estado nacional, que pagaría a los nuevos jubilados haberes más bajos que los actuales. El tercer pilar, en el proyecto en estudio, cumplirá la función de elevar los montos de las jubilaciones de aquellos trabajadores que hagan aportes voluntarios a este sistema. Estará constituido por cajas complementarias bajo un esquema también de reparto y, según dicen los funcionarios, no se baraja la posibilidad de volver a habilitar mecanismos de capitalización individual. Las cajas complementarias existentes –como las profesionales o de distintas actividades– o las que se creen ofrecerían a los trabajadores la administración de aportes voluntarios para mejorar sus jubilaciones. El sistema financiero podría encontrar aquí una puerta para volver al negocio de la gestión de recursos previsionales. Por otra parte, fuentes del Gobierno sostienen que por ahora no se analizan cambios en la ley de movilidad jubilatoria, que va actualizando los haberes en marzo y septiembre de cada año. Con esta división en tres pilares –universal, de reparto y complementario– se reproducirían en la tercera edad las diferencias salariales de la etapa activa, dándole un sesgo más marcado de diferenciación entre ciudadanos de primera –aquellos que pudieron completar los años de aportes para acceder a la jubilación plena, con haberes aún más altos para quienes realizaron aportes voluntarios– y de segunda, que deberían conformarse con la pensión por vejez. En la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo se reúnen un miércoles por mes el titular de esa dependencia, Juan Carlos Paulucci (un hombre que llegó al puesto de la mano de Gerónimo “Momo” Venegas), funcionarios de la Anses y de la AFIP, junto con delegados empresarios, sindicales (de la CGT, CTA y distintos gremios) y especialistas para debatir sobre los cambios que necesita el sistema jubilatorio. Allí trascendió la posibilidad de que el Gobierno modifique también el régimen de autónomos y monotributistas en su aspecto previsional, unificando a esos sectores en una sola categoría. La “armonización” de las cajas jubilatorias provinciales con la nacional es otro de los objetivos del oficialismo. En varias provincias creen que ello implicará presiones del gobierno nacional para forzarlos a disminuir prestaciones y a subir la edad jubilatoria en línea con el régimen de la Anses. Gremios como el docente, a su vez, están alertas por si aparece la pretensión de las autoridades de modificar los estatutos especiales como el que tiene el sector. Por otra parte, Paulucci informó en el último encuentro de esa comisión asesora que se creará otro cuerpo para elaborar un Código de la Seguridad Social. Sería un digesto de normas nacionales y provinciales. El funcionario indicó que fueron seleccionados para esa tarea dos ex camaristas de la Seguridad Social, Mabel Maffei de Borghi y Bernabé Chirinos, y el constitucionalista Félix Loñ. La velocidad y profundidad de los cambios en materia de jubilaciones dependerá del resultado de las elecciones de octubre. Una buena performance del oficialismo le dará margen para ir más a fondo. Como en los ‘90, las prestaciones de la seguridad social vuelven a estar en el centro de los planes de ajuste neoliberales. Pagina 12
EL TEMA DEL DÍA Una bomba de tiempo En solo quince meses, el Gobierno consiguió revivir el fantasma de la deuda. En abril se disparó el déficit fiscal con un ingrediente decisivo: en apenas un año creció un 391 por ciento el pago destinado a intereses.
Por Javier Lewkowicz Pagina 12

26 de mayo de 2017

Gils Carbó recibirá documentación de la Justicia brasileña sobre los sobornos de Odebrecht La Fiscalía General de Brasil le entregará a partir del jueves próximo a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina por la empresa brasileña Odebrecht.
Se trata de uno de los capítulos extranjeros de la delación premiada de los 77 ejecutivos de Odebrecht más el patriarca de la compañía, la más grande empresa de ingeniería de América Latina, eje del caso conocido en Brasil como Operación Lava Jato. Desde Brasil, fuentes de la Procuración brasileña consignaron que, a partir del jueves próximo, serán remitidos a la procuradora Gils Carbó los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina que, según la confesión de la propia empresa, habrían alcanzado los 35 millones de dólares entre el 2007 y el 2014. Así lo expresó la constructora ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde, con el objetivo de pagar multas y poder seguir operando, reconoció el pago de sobornos en al menos 12 países. Odebrecht y la fiscalía general de Brasil, conducida por el procurador general Rodrigo Janot, firmaron un acuerdo en diciembre que vence el 1 de junio, plazo pedido por la empresa para negociar acuerdos en los países donde quiere seguir operando por los delitos cometidos, antes de que se conozca el contenido del proceso. Según las fuentes consultadas por Télam en Brasilia, el trámite de liberación del expediente es parte de un acuerdo entre las fiscalías generales de cada país. Por eso, según los portavoces brasileños, apenas cumplido ese plazo, la Procuración General de la Nación, en Argentina, tendrá el acceso oficial a los documentos, que pueden enviarse en forma física, por valija diplomática, como ha ocurrido en otros casos, o como parte del acuerdos de cooperación internacional ya vigentes entre la justicia, independientemente de la Cancillería. “No tenemos previsto renovar el plazo de este acuerdo con Odebrecht. El secreto de sumario se levanta apenas para enviarlo a los demás países, no para publicidad”, precisaron las fuentes. A cargo del trámite se encuentra la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuración General de la República de Brasil, que, por ejemplo, envió vía valija diplomática, por un acuerdo bilateral, videos y documentaciones a República Dominicana. Los archivos están todos digitalizados y serán entregados en discos rígidos, en tanto ni los videos ni los documentos probatorios de las delaciones (mails, pasajes de avión, gastos de hotel, escritos, papeles corporativos y oficiales) están traducidos al español. En tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó este viernes que la Procuración del Tesoro tiene bajo análisis todos los contratos vigentes de la constructora brasileña en el país, en un trabajo que realiza en conjunto con los distintos ministerios que tienen en su órbita las obras que obtuvo la empresa imputada por el presunto pago de sobornos. "Tengo entendido que ya la Procuración del Tesoro, que es el abogado del Estado, está analizando todos los contratos de la empresa en el país, y eso lo hace con cada uno de los ministerios", dijo este viernes Garavano a Mitre, al ser consultado sobre la posibilidad de que Odebrecht pierda sus contratos en la Argentina, como el del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. El ministro aclaró que hacer cesar los contratos de Odebrecht es "una facultad que corresponde a cada uno de los ministerios", y puntualizó: "Hay obras contratadas por el gobierno anterior, con el Ministerio del interior, con el de Energía y con el de Transporte". También para la semana próxima se espera una nueva reunión en Buenos Aires entre el gobierno argentino y los directivos de Odebrecht, como continuación de un encuentro que esta semana debió levantarse porque al mismo tiempo hubo allanamientos en la sede de la constructora brasileña en esta ciudad. Odebrecht pagará una multa de unos 1.300 millones de dólares y acuerdos de lenidad en Brasil (el 70 por ciento de ese valor), Estados Unidos y Suiza, como parte del acuerdo de delación premiada firmada luego de haber sido descubierta pagando sobornos en la empresa petrolera estatal Petrobras. El nivel de actuación de la empresa corruptora incluyó obras de infraestructura en general y la creación, dentro de la propia estructura de la firma, de un departamento de sobornos a políticos y para financiar ilegalmente campañas electorales. El acuerdo permitirá al heredero del imperio bahiano de la ingeniería, Marcelo Odebrecht, comenzar a dejar la cárcel en diciembre próximo bajo el régimen de libertad vigilada, contra los 19 años de prisión a los que fue condenado por el juez Sergio Moro, quien desde 2014 investiga el mayor caso de corrupción en la historia de brasileña. La cooperación de la información sobre los sobornos de Odebrecht fue firmada el 16 de febrero pasado en Brasilia por los procuradores generales y de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela. En este acuerdo de ocho puntos, que de la parte argentina fue suscrito por Gils Carbó y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, se prevé un trabajo conjunto respecto de los papeles y delaciones filmadas de los ejecutivos y ex ejecutivos de Odebrecht. Diario Registrado
Otro escánadalo de corrpución: imputaron al titular del Plan Belgrano por presuntas coimas El funcionario que eligió Mauricio Macri para realizar obras en el norte del país, el tucumano José Cano, será investigado por el juez federal Sergio Torres por presuntos sobornos en negocios con Corea del Sur. "Este plan es humo", sentenció días atrás el periodista Tomás Méndez en informe del programa ADN, de C5N, sobre el Plan Belgrano. Ese informe destacó que la Justicia investigue y ahora imputó al titular del Plan, José Cano, por negociados con Corea del Sur, en los que habría un pedido de coimas por un "10 por ciento" para él. La causa, que investiga si hubo un intento de negociado con Corea del Sur por parte de argentinos vinculados al dirigente radical tucumano, la tiene el juez federal Sergio Torres y la imputación la realizó la fiscal federal Alejandra Mángano. Según la imputación, tres personas, relacionadas con Cano, habrían ido a Seúl para concretar un negocio en nombre del Estado. Por ese viaje hay una sospecha de cobro de coimas. La investigación periodística muestra que, Alberto Darnay, hombre de confianza de Cano y Coordinador de Enlace con la Unidad Plan Belgrano del PAMI, había hecho un viaje a Corea del Sur. En el viaje había estado también Osvaldo Barreñada, secretario general del gremio de trabajadores del PAMI, y también el empresario Octavio Accardi. Diario Registrado
Después de la entrevista con C5N, Cristina le habló a los militantes Cientos de personas acompañaron a la exmandataria en el Instituto Patria, y cuando finalizó la entrevista, la despidieron cantando “Cristina senadora”. Frente a la multitud, lamentó que “no hay nada que festejar", debido a la actualidad del país, y llamó a "construir una nueva unidad". Este jueves en el Instituto Patria, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó una extensa entrevista con periodistas de C5N, y luego habló con los militantes que la estaban acompañando afuera y que le pidieron que sea candidata. Al grito de “Cristina senadora”, cientos de personas esperaron que termine la entrevista, y luego escucharon a la exmandataria. “Necesitamos unir a la mayor cantidad de argentinos y argentinas posibles”, expresó. La expresidenta insistió en que “no hay nada para festejar”, debido a que “todos los días se pierden empleos y los chicos van al colegio a comer”, a la vez que advirtió que el país se encuentra “en emergencia democrática” y por eso llamó a la unidad del “campo nacional, popular y democrático para poner límite al avance neoliberal”. "Es necesario construir una unidad y una mayoría que pueda poner límites al ajuste neoliberal a lo largo y ancho del país", enfatizó Cristina y manifestó: "Volvamos a reconstruir una mayoría social política y síndica también, en defensa de los derechos sociales, políticos y económicos conseguidos durante los doce años de gestión”. Diario Registrado