16 de noviembre de 2019

Panorama Político: Las relaciones de la derecha argentina con el golpismo boliviano
Jeanine y el Macho
Siempre hubo una relación estrecha entre los procesos políticos de Bolivia y Argentina. El Golpe contra Evo, que se llama Juan Evo por Perón y Evita, la trajo de vuelta a escena de la peor manera. La responsabilidad del radicalismo ante el PRO y ante su historia. 
Por Luis Bruschtein
Los radicales Mario Negri (Diputados) y  Luis Naidenoff (Senadores)
La declaración de compromiso que inventaron los radicales en el Congreso para no denunciar el golpe de Estado en Bolivia fue un engendro de supuesto centrismo que en realidad es de derecha conservadora, pero con vergüenza de serlo. La alianza con el PRO hunde cada vez más al partido centenario en un pantano ideológico que tergiversa sus orígenes. El esfuerzo que, con honrosas excepciones, realizaron para justificar el golpe racista contra Evo Morales trastoca la relación con el golpismo latinoamericano que Raúl Alfonsín instaló en el radicalismo.
Antes del golpe, la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, y el jefe de los fascistas cívicos santacruceños, Luis “el Macho” Camacho, eran dos personajes ignotos, ultraminoritarios y supuestamente ubicados en las antípodas ideológicas de cualquier radical. Y ahora pareciera que tienen que ser vistos como dos luchadores republicanos.
Carlos Mesa, el candidato que salió segundo, más de diez puntos detrás de Evo Morales en las elecciones suspendidas, tiene un parentesco ideológico con el radicalismo argentino. Se autoproclama socialdemócrata, aunque más no fuera de la boca para fuera porque ahora también avala el golpe de los ultraderechistas Jeanine y Camacho.
Siempre hubo una relación estrecha entre los procesos políticos de Bolivia y Argentina. No por nada el presidente derrocado se llama Juan Evo, por Perón y Evita.
Otros antecedentes no son buenos: el general Hugo Banzer (1971-1978) estudió en el Colegio Militar argentino, el golpe del narcodictador Luis García Meza fue respaldado por el batallón de inteligencia 601 del ejército argentino durante la dictadura y el ex presidente popular Juan José Torres, exiliado en Argentina, fue acribillado a balazos aquí por bandas paramilitares después del golpe del ‘76.
Hay una relación criminal de la derecha argentina con el golpismo boliviano. El esfuerzo de la cúpula radical por sintonizar con el PRO le ganó un lugar en esa lista. Gran parte del esfuerzo de la propaganda golpista fue evitar que el mundo calificara al golpe como golpe.
En Argentina circuló en Twitter el hashtag “EnBolivianohaygolpe”. Una investigación de las cuentas que dieron origen a esta campaña demostró que 3612 de esas cuentas tenían sólo un seguidor o no tenían ninguno y que más de 4500 habían sido creadas ese día o el día anterior. Una campaña de ese tipo cuesta alrededor de medio millón de dólares, según el especialista en redes Luciano Galup.
Evo Morales recibió el respaldo de tres millones de votos. La señora Jeanine se convirtió en senadora sólo con el aval de 50 mil votos. Como presidenta de facto, Jeannine designó un gabinete a su imagen y semejanza, todas personas sin representatividad y que expresan la ideología extremista de su partido Unidad Democrática.
En sus primeras declaraciones el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que lanzará “una cacería” contra el hermano del vicepresidente Alvaro García Linera. En la Cancillería, que durante el gobierno de Evo Morales fue conducida por indígenas, nombró a Karen Longaric, quien lo primero que hizo fue romper relaciones con Venezuela y retirar a Bolivia del ALBA por lo que se ganó las felicitaciones de la OEA y de Washington.
Y el ministerio de Comunicación está a cargo de la periodista Roxana Lizcárraga que amenazó a los periodistas argentinos con acusarlos de sedición por cubrir los actos de protesta en respaldo de Evo Morales. Jeanine termina sus alocuciones con una Biblia y desparramando bendiciones al mismo tiempo que repite una y otra vez que no hubo golpe. Los periodistas de TN, Telefe, Crónica y América TV amenazados tuvieron que ser evacuados a pesar de las bendiciones de Jeanine.
La técnica de las bandas cívicas a las que se sumaron policías de civil ha sido incendiar las casas de dirigentes del MAS y en algunos casos tomar a sus familiares de rehenes para exigirles la renuncia a sus cargos. Bandas de decenas de motoqueros armados recorrían la ciudad y atacaban a los grupos de manifestantes que respaldaban a Evo Morales. En el caso de los periodistas eran permanentemente hostigados por personas de civil que los insultaban y provocaban.
Ha habido movilizaciones populares masivas en El Alto y en el centro de La Paz para repudiar el golpe y no fueron cubiertas por ninguno de los medios locales. La sola presencia de los medios extranjeros puso nerviosos a los golpistas que enviaron provocadores a hostigarlos.
La posición de los radicales argentinos es insólita. Lo que empezó como lenta deriva hacia la derecha conservadora se aceleró con la alianza con el PRO y ahora con la nueva derrota electoral. La base electoral del radicalismo se había movido antes que la cúpula, pero ésta no supo disputar ese corrimiento estimulado por una narrativa mediática que inyectó el odio de su electorado desempolvando el viejo gorilismo.
Fue evidente que un amplio sector del radicalismo quedó muy disconforme con la voz cantante de Mario Negri en Diputados y Luis Naidenoff en el Senado, ambos respaldados en la interna por el gobernador jujeño, Gerardo Morales, que se ha cansado de denostar al gobierno de Evo Morales.
En la liturgia del gobernador radical, la tupaquera Milagro Sala es el equivalente del presidente derrocado. Y los mecanismos que usó Gerardo Morales para perseguir y encarcelar a Milagro Sala no tienen nada que envidiarles a los métodos de los golpistas cívicos bolivianos.
Los países del Mercosur, incluyendo a Bolivia, firmaron en 1998 una cláusula democrática, por la cual se suspendería la participación del país donde se produjera un golpe de Estado o una alteración del proceso democrático. Un protocolo similar tiene la OEA. Si el golpe cívico-militar de Bolivia era catalogado como lo que fue, la OEA y el Mercosur estaban obligados a tomar medidas que hubieran aislado al gobierno de Jeannine.
La OEA y su secretario general, el uruguayo expulsado del Frente Amplio Luis Almagro, actúan en todas estas situaciones según el interés de Estados Unidos. El organismo fue invitado por Evo Morales como veedor de las elecciones. Pero participó en la gestación del golpe. De más de 34 mil mesas, se encontraron irregularidades sólo en 280. Lo cual es una cifra que responde a estándares generales en otras elecciones que no fueron declaradas fraudulentas. Por esa razón, la OEA no pudo denunciar fraude y el comunicado se limitó a referirse a esas irregularidades.
No hubo fraude en las elecciones. Y aún cuando se anularan esas mesas, Evo hubiera ganado en primera vuelta. A pesar de comprobar que no se había producido fraude, se unió a la agitación de la derecha para anular el comicio.
Una vez que se había aceptado la realización de las elecciones, los alegatos sobre la inconveniencia ética de la tercera candidatura del presidente Evo resultan irrelevantes y oportunistas. También constituyen una forma vergonzante de maquillar el golpismo.
Hasta podría afirmarse que el golpe confirmó más que nunca la necesidad de una tercera presidencia de Evo Morales para no regresar al apartheid histórico representado por figuras grotescas como Jeanine y el Macho que encarnan el estereotipo bananero que tienen en los Estados Unidos de los latinoamericanos.
El MAS decidió mantener movilizados a los movimientos sociales, pero abrir el diálogo con los golpistas con el objetivo de lograr una convocatoria a elecciones sin proscripciones. Jeannine ha dicho que “ni sueñen que podrán participar Evo Morales ni García Linera”. Aunque el gobierno de facto cuenta sobre todo con el respaldo de la policía, y con la anuencia de las Fuerzas Armadas, Bolivia se ha convertido en un escenario de gran inestabilidad. Jeannine también necesita negociar.
En Argentina, la renuencia de los falsos republicanos del gobierno saliente a denunciar el golpismo en Bolivia genera inquietud sobre el tipo de oposición que harán al gobierno entrante de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Si aceptan como “mal necesario” el golpismo contra el “populismo”, el país habrá retrocedido a los años ‘70.
Hay una responsabilidad muy fuerte del partido radical si acepta mansamente este retroceso o si se planta frente a los ultras del PRO y da batalla al gorilismo como argumento político, que ya se ha comprobado que desemboca indefectiblemente en violencia. No se puede retroceder frente a lo que ha ido quedando atrás gracias al impulso inicial de Raúl Alfonsín.
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Panorama Económico: Con los tapones de punta
Los trucos de las empresas eléctricas para aumentar las facturas
La dura pelea que le espera al próximo gobierno y cómo la puede dar. La política de tarifas y subsidios es determinante para lograr que cada vez más personas tengan garantizado el derecho a la energía o, por el contrario, que sea un servicio exclusivo para el que lo pueda pagar
Por David Cufré
La saga de abusos de las compañías eléctricas en la facturación a sus clientes suma nuevas denuncias. En este caso contra la distribuidora Edenor. La nueva modalidad para aumentar la recaudación, que será denunciada ante la justicia por entidades de consumidores, consiste en el cobro compulsivo de supuestas tareas de mantenimiento de los medidores de luz, que los usuarios nunca habían pedido. Les ha ocurrido a miles de clientes de esa compañía en el conurbano bonaerense. En particular en barrios de José C. Paz y La Matanza. Edenor les envió a sus casas una carta o los llamó por teléfono desde un call center para notificarles una deuda de 4000 a 6000 pesos por trabajos realizados en los medidores. Allí mismo estableció un plan de pagos y les avisó que empezarían a recibir el cargo en la siguiente factura. La irregularidad, dicen los denunciantes, es total. Y niegan que sean familias colgadas o enganchadas al servicio, que de pronto fueron descubiertas por la empresa, como alega la distribuidora. “Son usuarios regulares que vienen pagando sus facturas. Eso incluye el cargo fijo, que sirve justamente para cubrir costos como el mantenimiento de los medidores. La realidad es que hay una política de facturación a mansalva de las compañías eléctricas con todo tipo de atropellos, aprovechando la pasividad del Gobierno que las deja hacer”, reprocha Andrea Manzi, de la Red Nacional de Multisectoriales, que agrupa a entidades de consumidores de distintos puntos del país.
El gobierno de Alberto Fernández deberá dar respuesta en distintos planos a la aguda problemática que se ha planteado en relación al servicio eléctrico privatizado. Es un eje de disputa clave con el capital concentrado que obtuvo ganancias extraordinarias durante la gestión de Mauricio Macri, mientras los usuarios no apreciaron mejoras sensibles en la calidad del servicio, deben pagar tarifas exorbitantes y en miles de casos sufren los “errores” o abusos de facturación de las distribuidoras, por lo que han sido sucesivamente sancionadas y perdonadas en el pago de esas multas.
La política de tarifas y subsidios es determinante para lograr que cada vez más personas tengan garantizado el derecho a la energía o, por el contrario, que sea un servicio exclusivo para el que lo pueda pagar. Las diferentes orientaciones pudieron apreciarse en los gobiernos kirchneristas y en el de Cambiemos, con resultados opuestos. También es central para el sector productivo, ya que tarifas bajas generan ventajas competitivas frente a otros países y tarifas prohibitivas influyen en el cierre de fábricas. Una tercera cuestión esencial es el impacto de las tarifas en la inflación, como se ha comprobado dolorosamente los últimos cuatro años.
En materia de abusos, al menos 2000 vecinos del centro de José C. Paz y de los barrios Primavera, Favaloro y Calcuta, todos de ese partido popular del conurbano bonaerense, y otros de La Matanza entienden que los están sufriendo porque Edenor les quiere cobrar entre 4000 y 6000 pesos por “anomalías” detectadas en los medidores y tareas de mantenimiento sobre los mismos. Los usuarios están siendo notificados con cartas firmadas por el Departamento Negociación de la empresa. Allí dice lo siguiente, en uno de los casos denunciados: “Nos dirigimos a usted para informarle que hemos realizado una inspección al punto de suministro de energía eléctrica correspondiente al domicilio de su consumo. En dicha inspección comprobamos la existencia de anomalías que impidieron registrar normalmente sus consumos. La evaluación del perjuicio ha sido estimada en 4865 pesos más los impuestos correspondientes al momento de la emisión de la factura, disponiéndose la aplicación de seis cuotas mensuales sucesivas, a efectos de facilitar su pago. La no cancelación de la factura complementaria implicará la suspensión del servicio de energía eléctrica”. La amenaza del corte de la luz y la presión que ejerce la empresa con llamados telefónicos atemoriza a muchos usuarios, que terminan pagando una supuesta deuda de la que no tenían noticias.
“Es un escándalo y lo vamos a judicializar”, protesta Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Sostiene que las distribuidoras eléctricas no pueden cobrar cargos extra por el mantenimiento de los medidores, como pretende Edenor, porque ese costo ya está contemplado en el cargo fijo de la factura. Además, aclara que la acción de la empresa recae sobre usuarios que están pagando las boletas. “Entregamos cientos de reclamos en la oficina comercial de Edenor en José C. Paz y el gerente nos dijo claramente que no eran medidas de recupero de energía, que es lo que se hace cuando hay un usuario colgado o enganchado. Nos dijeron que era un costo por mantenimiento”, agrega Manzi, de la Red de Multisectoriales. Si fueran personas enganchadas de manera irregular, explica Boada, el procedimiento que debería seguir la distribuidora arranca con la redacción de un acta donde se denuncia esa situación. Para reemplazar el medidor o instalar uno nuevo debe estar presente un policía o escribano. Si hubiera dudas sobre medidores alterados para registrar un menor consumo, la empresa debería realizar un contraste de medidores, con la comparación simultánea del que tenía el usuario y uno nuevo aportado por la empresa, bajo la supervisión del INTI. Las deudas que en general reclaman las distribuidoras para el enganche legal no bajan de 50 mil pesos. Nada de eso está ocurriendo en los casos denunciados, dice Boada, frente a la versión de la empresa que atribuye el envío de las cartas y los llamados telefónicos a la “regularización” de clientes mayoritariamente colgados.
El comportamiento del ente de control del servicio eléctrico, hasta ahora concentrado en el ENRE, ha sido funcional a las maniobras de las empresas. El próximo gobierno deberá encarar una transformación profunda de esta institución clave para el resguardo de los derechos de los usuarios. El nuevo Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), en proceso de constitución por el traspaso de Edenor y Edesur a la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, ofrece una oportunidad única para avanzar en esta materia. Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta tendrán esa responsabilidad. La gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, concedió la presidencia del ente a la Ciudad de Buenos Aires, consciente de las mayores posibilidades electorales de Cambiemos en el distrito. Kicillof pondría esta decisión bajo revisión en la mesa de negociaciones que ha entablado con su par porteño.
A nivel nacional, es mucho lo que hay que hacer para superar la crisis de tarifas impagables y caída de la cobertura. En Tucumán, por ejemplo, la cobrabilidad del servicio eléctrico cayó del 97 al 80 por ciento, por lo cual la provincia resolvió elevar los subsidios para evitar que miles de familias se quedaran sin luz. En el área de concesión de Edenor, a su vez, la empresa empezó a instalar medidores prepagos para los clientes que no pueden afrontar la factura plena y solo consumen lo que consiguen pagar. Ya hay unos 160 mil que se pasaron forzadamente a ese sistema. En Edesur, en tanto, el nivel de morosidad llega a un impactante 20 por ciento. Entre las dos empresas se contabilizan más de 1,5 millones de clientes que registraron facturas impagas este año.
“En la nueva etapa el subsidio tiene que ser a la demanda, no a la oferta, a las empresas, como se hacía antes. En Tucumán definimos con información del Conicet y del Indec los cuadrantes con necesidades básicas insatisfechas y aplicamos subsidios generalizados. Después en un trabajo muy dedicado vamos incluyendo a usuarios de otras zonas que merecen el subsidio y excluyendo a quienes no lo merecen”, señala Santiago Yanotti, director del ente de control eléctrico de la provincia, quien viene aportando material al equipo del Frente de Todos que colabora con Alberto Fernández en esa tarea. Sergio Lanziani, ministro del área en Misiones, aparece como un candidato firme para pasar a ocupar el mismo cargo en el próximo gobierno nacional.
“Hay que retrotraer las tarifas al nivel de 2017 y definir muy claramente los costos de la generación eléctrica, que los últimos años se multiplicaron exponencialmente. Para eso también hay que definir con exactitud el valor del gas en boca de pozo, ya que buena parte de la generación eléctrica es con gas”, indica Boada. Las ideas para pasar de los abusos de las privatizadas a una cobertura cada vez más inclusiva son varias. El próximo gobierno deberá mostrar una fuerte voluntad política para ponerlas en marcha.
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15 de noviembre de 2019

Desembolso de 24.524 millones por diferencias cambiarias
El Gobierno autorizó un pago millonario para las petroleras por la devaluación
En medio de creciente restricciones fiscales, que llevaron al gobierno a recortar gastos de todo tipo e incluso reperfilar las deudas de corto plazo, las petroleras cobraran una deuda con el Estado. 
El presidente Mauricio Macri autorizó un desembolso millonario a favor de las petroleras a menos de un mes de dejar el poder. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó este jueves a través de la resolución 735/19 la compensación para las petroleras por las diferencias surgidas entre el precio que les abonaron las distribuidoras y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de este año. La deuda original sumaba 19.531 millones, pero le terminarán transfiriendo 24.524 millones ya que el monto fue actualizado por la tasa pasiva del Banco Nación.
“El compromiso era dejar la discusión para el año que viene, lo que ahora hizo el gobierno es, directamente, actuar como empleados de los intereses de las petroleras y beneficiarlas en perjuicio de la población”, respondió indignado el especialista y ex funcionario de la Secretaría de Energía Andrés Repar, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.
La diferencia entre lo que oportunamente recibieron las empresas y lo que deberían haber recibido surge porque el acuerdo firmado el 29 de noviembre del año pasado entre las productoras de gas natural y las distribuidoras, avalado por el entonces Ministerio de Energía e informado por el Enargas en la actuación 574/18, establecía en el inciso f del punto 2 que los precios del gas estaban dolarizados. Sin embargo, lo que hbía trascendido de las conversaciones entre el Gobierno y las gasíferas, a raíz de la demanda de estas últimas por el aumento del dólar no trasladado a tarifas, era que se revisaría el criterio de indexación del precio del gas en función de una situación de mercado absolutamente distinta.
Ese esquema regulatorio había sido presentado como parte de un “proceso de normalización del sector y de recomposición de precios y tarifas”. Como consecuencia de la “normalización” las tarifas de gas treparon en promedio más de 1000 por ciento entre abril de 2016 y abril de 2018 y con la disparada que registró el dólar a partir de entonces el aumento que se le debería haber otorgado a las empresas debería haber estado por encima del ajuste autorizado por el Enargas.
En octubre del año pasado, el entonces secretario de Energía Javier Iguacel decidió a través de la resolución 20/2018 que la diferencia producida por la suba del dólar se le cobre al usuario en 24 cuotas mensuales a partir de 2019. De este modo, el usuario, debía hacerse cargo del impacto provocado por una suba del dólar que fue superior al ciento por ciento sólo el año pasado, ya que a las empresas se les respetaría lo establecido en los contratos. Entonces se presentó como una ventaja el prorrateo en 24 cuotas ya que el marco regulatorio establecía que las diferencias debían ser trasladadas a las tarifas de las distribuidoras en el siguiente período estacional. Según informó Enargas entonces, se decidió prorratear el pago “siguiendo el criterio de la Corte Suprema de la Nación del ‘sacrificio compartido’”.
La decisión fue cuestionada no solo por la oposición sino también por integrantes de la coalición Cambiemos, como la Unión Cívica Radical, y forzó una marcha atrás de la medida. La resolución 20/18 fue dejada sin efecto y al poco tiempo Iguacel fue desplazado de su cargo. No obstante, el gobierno nacional admitió entonces que se haría cargo de la deuda, lo cual efectivizó a poco de su salida y en medio de creciente restricciones fiscales que llevaron al gobierno a recortar gastos de todo tipo e incluso reperfilar las deudas de corto plazo.
“Cuando se cuestionaron esos ajustes que reclamaban las empresas –recordó Repar–, se mencionó la posibilidad de una disminución en el monto reclamado, en función de una caída en la demanda de gas como respuesta a las elevadas tarifas, lo que también redujo el monto de inversiones necesarias. No hubo expansión de clientes, por lo tanto no hubo obras de expansión de la red, de trazado de nuevos ramales ni colocación de medidores. Lo que se hizo ahora es burlarse de esos compromisos y concederle a las empresas los 24 mil millones de pesos. Simplemente, le siguen pagando todo lo que se les concedió por el perverso sistema de dolarización del gas del año 2017 sin ejercer la más mínima defensa del interés público”, completó el especialista.
El listado de empresas beneficiadas incluye a YPF, Total Austral, Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol, Panamerican Energy, Wintershall, Compañía General de Combustibles y Vista, entre otras. Pero ni siquiera así se dan por conformes: las petroleras afirman que la actualización del monto adeudado con la tasa pasiva del Banco Nación, las perjudica porque esa variación quedó por debajo de la evolución del tipo de cambio y de la inflación. 
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Cuándo y cómo se realizará la reforma
Histórico acuerdo en Chile para modificar la Constitución de Pinochet
El acuerdo para reformar la Constitución fue anunciado a las 3 de la mañana.
A casi un mes de que comenzara la mayor crisis social y política de Chile desde el regreso de la democracia, en un acuerdo histórico, parlamentarios del oficialismo y de la oposición confirmaron que llamarán a un plebiscito para modificar la Constitución.
En una extensa sesión que se extendió hasta la madrugada, los representantes de todas los partidos, menos el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), anunciaron el acuerdo para reemplazar la Carta Magna que rige en Chile desde 1981, sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La reforma de la Constitución es considerada como uno de los pasos fundamentales para lograr la pacificación del país, después de 28 días de conflictos, enfrentamientos, destrozos y saqueos en distintos lugares, pero con mayor epicentro en Santiago de Chile. La represión por parte de las fuerzas de seguridad y los enfrentamientos violentos dejaron un saldo de 22 muertos y miles de heridos y detenidos.
"Esta noche es histórica para Chile", "somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado", fueron algunas de las frases que pronunció Jaime Quintana, presidente del Senado, quien lideró el inicio de la conferencia de prensa conjunta, enfatizando que se trata de una "salida pacífica y democrática de la crisis", y que "es una victoria de toda la ciudadanía" porque se trata de una salida institucional "cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social".

Cómo será el plebiscito

El plebiscito para que la ciudadanía elija si desea modificar o no su Carta Magna, y en caso afirmativo, a través de qué mecanismos, se realizará en abril del año que viene.
La consulta resolverá dos preguntas. En la primera, los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva Constitución. En la segunda, deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución. 
Las posibilidades son: una "convención mixta constitucional", compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y otra mitad por ciudadanos electos para la ocasión; o una "convención constitucional", para la que todos sus integrantes serán electos para este efecto.

Cuándo se iniciará el proceso

La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal.
El órgano constituyente que se elija deberá aprobar las normas y el reglamento de votación por un quórum de dos tercios de sus miembros.

Ratificación y nueva consulta

Una vez redactada la nueva Carta Magna, esta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio.
El acuerdo, bautizado como "Por la paz social y la nueva Constitución", fue anunciado esta madrugada y se logró tras dos largas jornadas de debates entre las fuerzas políticas oficialistas y las opositoras. El presidente del Senado señaló que con este acuerdo la política asume su responsabilidad sobre "una serie de injusticias e inequidades" que los chilenos señalaron en las movilizaciones multitudinarias.
Las protestas en Chile comenzaron el 17 de octubre contra el cuarto aumento del precio del subte en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.

El acuerdo completo

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Un centro de investigación de EE.UU. desmiente el documento del organismo
El fraude de la OEA para el Golpe en Bolivia
Cómo se construyo el relato que dio base al derrocamiento y proscripción de Evo Morales. Un documento del prestigioso CEPR, que tiene dos premios Nobel en su Junta Consultiva, demuele las conclusiones que alimentaron al discurso golpista.
Por Ernesto Tiffenberg
Golpe en Bolivia: el fraude de la OEA.
“Declarar es muy fácil, probar y comprobar es lo difícil”, fue la frase con que Fernando del Rincón, periodista de CNN, abrió su programa destinado a hablar del “fraude” en las elecciones bolivianas. Pese a todos sus esfuerzos, él tampoco lo logró. Declaró mucho y probó poco y nada.
Algo parecido le pasó a la Organización de Estados Americanos (OEA) . Dedicada desde la noche misma de las elecciones a darle argumentos a la oposición golpista --sembrando sospechas sobre el recuento de votos y hablando de “un inexplicable cambio de tendencia”--, se cuidó sin embargo de utilizar la palabra “fraude” , que no figuró en ninguna de sus declaraciones.
El único que rompió la consigna fue nada menos que el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, expulsado del Frente Amplio por impulsar la intervención militar en Venezuela, quien aseguró el martes en la sesión extraordinaria de la OEA que “en Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”.

“Declarar es muy fácil, probar y comprobar es lo difícil”, fue la frase con que Fernando del Rincón, periodista de CNN, abrió su programa destinado a hablar del “fraude” en las elecciones bolivianas. Pese a todos sus esfuerzos, él tampoco lo logró. Declaró mucho y probó poco y nada.
Algo parecido le pasó a la Organización de Estados Americanos (OEA) . Dedicada desde la noche misma de las elecciones a darle argumentos a la oposición golpista --sembrando sospechas sobre el recuento de votos y hablando de “un inexplicable cambio de tendencia”--, se cuidó sin embargo de utilizar la palabra “fraude” , que no figuró en ninguna de sus declaraciones.
El único que rompió la consigna fue nada menos que el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, expulsado del Frente Amplio por impulsar la intervención militar en Venezuela, quien aseguró el martes en la sesión extraordinaria de la OEA que “en Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”.
Más allá del uso de la palabra “fraude”, los documentos de la OEA fueron la columna vertebral sobre la que se construyó el relato que habilitó el golpe de estado en Bolivia . La validez de sus conclusiones quedó severamente cuestionada cuando el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) dio a conocer su trabajo ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA , que demuele las apresuradas conclusiones del documento apadrinado por Almagro.
El CEPR es un prestigioso centro de investigación con base en Washington, fundado por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot. Su Junta Consultiva incluye a dos premios Nobel de Economía como Robert Solow y Joseph Stiglitz.

El relato de la OEA

Todo el relato de la OEA se basó en la interrupción por casi 24 horas del escrutinio provisorio (llamado Transmisión de los Resultados Electorales Preliminares, TREP) cuando ya estaban cargadas el 83,85% de las actas.
El sistema electoral boliviano prevé que será declarado ganador el candidato que supere el 50% de los votos o el que, con más del 40%, aventaje por 10 puntos a su inmediato competidor. Cuando el conteo rápido fue interrumpido, Evo Morales había pasado el 45,7% del total y le llevaba 7,87% a Carlos Mesa, el otro candidato con aspiraciones.
Cuando se retomó el conteo rápido y se llegó al 95,63% de las actas, el resultado fue de 46,86% para el presidente y 36,32 para el opositor, con más de 10 puntos de diferencia. Finalmente, en el escrutinio oficial, el oficialismo llegó al 47,08%, un 10,5% por encima de Mesa. En otras palabras, Evo había sido reelegido sin necesidad de recurrir a un ballottage.
El principal argumento de la OEA para reclamar que se repitan las elecciones fue “el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares [del conteo rápido]”. Sin embargo, sostiene el informe del CEPR, “la misión no proporcionó evidencia sustentando estas declaraciones que sugieren que el conteo rápido podría ser incorrecto o ‘difícil de explicar’”.

El conteo rápido y el oficial

Los investigadores del Centro estadunidense muestran que la mayor parte de los señalamientos de la OEA se hacen sobre el escrutinio provisorio y no sobre el oficial, que se inició poco después y no se interrumpió en ningún momento.
El conteo rápido se realiza en base a fotografías de las actas y su única función es responder a la ansiedad de los medios y la población con resultados creíbles a pocas horas de terminada la votación. (Dicho sea de paso, la propia OEA recomendó que se haga.) Pero esos resultados no tienen ningún valor legal.
En Bolivia, el único cómputo vinculante es el oficial, confeccionado por los Tribunales Electorales en base a las actas verdaderas. Eso explica por qué, en la noche de las elecciones, grupos coordinados de opositores atacaron, y en varios casos incendiaron, algunos de los locales donde se llevaba a cabo el recuento oficial, obligando a trasladar el lugar de trabajo de las autoridades electorales. Esas “mudanzas” serían utilizadas después por la OEA para cuestionar el funcionamiento del escrutinio.
El estudio de CEPR muestra también que, contrariamente a lo sugerido por la oposición, los dos escrutinios confluyeron en un resultado muy similar. “Al final, el conteo oficial, que es legalmente vinculante y completamente transparente, coincidió estrechamente con los resultados del conteo rápido”, explicó Guillaume Long, uno de los investigadores.

El cambio de tendencia

Lo que explica el “cambio de tendencia” que tanto preocupó a la OEA no es otra cosa que el fuerte contraste entre el voto ciudadano y el voto rural. Las preferencias en los centros urbanos, donde crece la participación de los sectores medios y altos, es menos favorable a Evo Morales que en los territorios campesinos, el área pobre de la que él mismo proviene. Lógicamente, las actas de las urnas ciudadanas llegan a los centros electorales antes de las que provienen de los apartados sectores rurales. De allí surge la consistencia de la tendencia proyectada desde el comienzo mismo del conteo, que muestra la paulatina y permanente ampliación de la diferencia entre Morales y Mesa, hasta llegar al 10,5 final.


No conformes con esas proyecciones, los expertos del CEPR realizaron más de 500 simulaciones en base a los resultados informados con el 83,85% de las actas, cuando se interrumpió el conteo rápido, y concluyeron que el triunfo de Evo Morales por más de 10 puntos no sólo era posible sino altamente probable.

Del fraude a la inconstitucionalidad

Todos estos datos explican por qué poco a poco se fue abandonando el argumento del “fraude” en el escrutinio de los votos, para resucitar con más fuerza la “inconstitucionalidad” de la participación del Presidente aymara en las elecciones. Cabe recordar que Evo Morales perdió en 2016 por estrecho margen un prebliscito sobre la posibilidad de habilitar su candidatura para un nuevo periodo. Y que finalmente logró en 2017 un fallo del Tribunal Supremo que le dio luz verde a sus aspiraciones .
Más allá de las opiniones que merezcan esas dos iniciativas del presidente depuesto, actualmente no pueden tener la menor relevancia. El fallo que lo habilitó fue aceptado tanto por la oposición interna, que legalizó las elecciones al presentarse, como por los organismos internacionales que ahora aparecen al frente del cuestionamiento, como la OEA, que le dio pleno respaldo en mayo de 2018. “Decir que Evo Morales no puede participar sería absolutamente discriminatorio”, proclamó por aquellos días el propio Luis Almagro.
Pero los vientos cambiaron. Una de las pocas definiciones de la autoproclamada presidenta provisoria de Bolivia, Jeanine Áñez , fue justamente anunciar su decisión de anular ese fallo del Tribunal Constitucional. 
Si lo hace, quedaría expuesto el principal objetivo del Golpe: la proscripción de Evo Morales, de la misma forma que la destitución de Dilma Rousseff y la prisión de Lula da Silva tuvieron el objetivo de proscribir al primer presidente obrero de la historia de Brasil.
¿Serían democráticas unas elecciones con el principal candidato proscripto, aunque acaba de obtener nada menos que el 47 por ciento de los votos? Los argentinos están calificados para opinar al respecto, después de todo algo muy parecido se vivió después del golpe militar que derrocó a Juan Domingo Perón y lo proscribió por décadas.
“Declarar es muy fácil, probar y comprobar es lo difícil”, fue la frase con que Fernando del Rincón, periodista de CNN, abrió su programa destinado a hablar del “fraude” en las elecciones bolivianas. Pese a todos sus esfuerzos, él tampoco lo logró. Declaró mucho y probó poco y nada.
Algo parecido le pasó a la Organización de Estados Americanos (OEA) . Dedicada desde la noche misma de las elecciones a darle argumentos a la oposición golpista --sembrando sospechas sobre el recuento de votos y hablando de “un inexplicable cambio de tendencia”--, se cuidó sin embargo de utilizar la palabra “fraude” , que no figuró en ninguna de sus declaraciones.
El único que rompió la consigna fue nada menos que el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, expulsado del Frente Amplio por impulsar la intervención militar en Venezuela, quien aseguró el martes en la sesión extraordinaria de la OEA que “en Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”.
Más allá del uso de la palabra “fraude”, los documentos de la OEA fueron la columna vertebral sobre la que se construyó el relato que habilitó el golpe de estado en Bolivia . La validez de sus conclusiones quedó severamente cuestionada cuando el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) dio a conocer su trabajo ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA , que demuele las apresuradas conclusiones del documento apadrinado por Almagro.
El CEPR es un prestigioso centro de investigación con base en Washington, fundado por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot. Su Junta Consultiva incluye a dos premios Nobel de Economía como Robert Solow y Joseph Stiglitz.

El relato de la OEA

Todo el relato de la OEA se basó en la interrupción por casi 24 horas del escrutinio provisorio (llamado Transmisión de los Resultados Electorales Preliminares, TREP) cuando ya estaban cargadas el 83,85% de las actas.
El sistema electoral boliviano prevé que será declarado ganador el candidato que supere el 50% de los votos o el que, con más del 40%, aventaje por 10 puntos a su inmediato competidor. Cuando el conteo rápido fue interrumpido, Evo Morales había pasado el 45,7% del total y le llevaba 7,87% a Carlos Mesa, el otro candidato con aspiraciones.
Cuando se retomó el conteo rápido y se llegó al 95,63% de las actas, el resultado fue de 46,86% para el presidente y 36,32 para el opositor, con más de 10 puntos de diferencia. Finalmente, en el escrutinio oficial, el oficialismo llegó al 47,08%, un 10,5% por encima de Mesa. En otras palabras, Evo había sido reelegido sin necesidad de recurrir a un ballottage.
El principal argumento de la OEA para reclamar que se repitan las elecciones fue “el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares [del conteo rápido]”. Sin embargo, sostiene el informe del CEPR, “la misión no proporcionó evidencia sustentando estas declaraciones que sugieren que el conteo rápido podría ser incorrecto o ‘difícil de explicar’”.

El conteo rápido y el oficial

Los investigadores del Centro estadunidense muestran que la mayor parte de los señalamientos de la OEA se hacen sobre el escrutinio provisorio y no sobre el oficial, que se inició poco después y no se interrumpió en ningún momento.
El conteo rápido se realiza en base a fotografías de las actas y su única función es responder a la ansiedad de los medios y la población con resultados creíbles a pocas horas de terminada la votación. (Dicho sea de paso, la propia OEA recomendó que se haga.) Pero esos resultados no tienen ningún valor legal.
En Bolivia, el único cómputo vinculante es el oficial, confeccionado por los Tribunales Electorales en base a las actas verdaderas. Eso explica por qué, en la noche de las elecciones, grupos coordinados de opositores atacaron, y en varios casos incendiaron, algunos de los locales donde se llevaba a cabo el recuento oficial, obligando a trasladar el lugar de trabajo de las autoridades electorales. Esas “mudanzas” serían utilizadas después por la OEA para cuestionar el funcionamiento del escrutinio.
El estudio de CEPR muestra también que, contrariamente a lo sugerido por la oposición, los dos escrutinios confluyeron en un resultado muy similar. “Al final, el conteo oficial, que es legalmente vinculante y completamente transparente, coincidió estrechamente con los resultados del conteo rápido”, explicó Guillaume Long, uno de los investigadores.

El cambio de tendencia

Lo que explica el “cambio de tendencia” que tanto preocupó a la OEA no es otra cosa que el fuerte contraste entre el voto ciudadano y el voto rural. Las preferencias en los centros urbanos, donde crece la participación de los sectores medios y altos, es menos favorable a Evo Morales que en los territorios campesinos, el área pobre de la que él mismo proviene. Lógicamente, las actas de las urnas ciudadanas llegan a los centros electorales antes de las que provienen de los apartados sectores rurales. De allí surge la consistencia de la tendencia proyectada desde el comienzo mismo del conteo, que muestra la paulatina y permanente ampliación de la diferencia entre Morales y Mesa, hasta llegar al 10,5 final.
No conformes con esas proyecciones, los expertos del CEPR realizaron más de 500 simulaciones en base a los resultados informados con el 83,85% de las actas, cuando se interrumpió el conteo rápido, y concluyeron que el triunfo de Evo Morales por más de 10 puntos no sólo era posible sino altamente probable.

Del fraude a la inconstitucionalidad

Todos estos datos explican por qué poco a poco se fue abandonando el argumento del “fraude” en el escrutinio de los votos, para resucitar con más fuerza la “inconstitucionalidad” de la participación del Presidente aymara en las elecciones. Cabe recordar que Evo Morales perdió en 2016 por estrecho margen un prebliscito sobre la posibilidad de habilitar su candidatura para un nuevo periodo. Y que finalmente logró en 2017 un fallo del Tribunal Supremo que le dio luz verde a sus aspiraciones .
Más allá de las opiniones que merezcan esas dos iniciativas del presidente depuesto, actualmente no pueden tener la menor relevancia. El fallo que lo habilitó fue aceptado tanto por la oposición interna, que legalizó las elecciones al presentarse, como por los organismos internacionales que ahora aparecen al frente del cuestionamiento, como la OEA, que le dio pleno respaldo en mayo de 2018. “Decir que Evo Morales no puede participar sería absolutamente discriminatorio”, proclamó por aquellos días el propio Luis Almagro.
Pero los vientos cambiaron. Una de las pocas definiciones de la autoproclamada presidenta provisoria de Bolivia, Jeanine Áñez , fue justamente anunciar su decisión de anular ese fallo del Tribunal Constitucional. 
Si lo hace, quedaría expuesto el principal objetivo del Golpe: la proscripción de Evo Morales, de la misma forma que la destitución de Dilma Rousseff y la prisión de Lula da Silva tuvieron el objetivo de proscribir al primer presidente obrero de la historia de Brasil.
¿Serían democráticas unas elecciones con el principal candidato proscripto, aunque acaba de obtener nada menos que el 47 por ciento de los votos? Los argentinos están calificados para opinar al respecto, después de todo algo muy parecido se vivió después del golpe militar que derrocó a Juan Domingo Perón y lo proscribió por décadas.

Algunos datos más que interesantes para seguir leyendo

1. Antonio Costas, el vicepresidente del Tribunal Electoral que con su renuncia abonó buena parte de las denuncias periodísticas sobre el supuesto “fraude”, aseguró a los medios que quisieron escucharlo que su disgusto fue con la “innecesaria” suspensión del conteo rápido. Y reveló que ésta se produjo por una alerta de ataque informático, pero que el “alboroto” técnico y la “impericia” del Tribunal, no cambiaron de ninguna manera la veracidad de los resultados.Pagina 12
“Declarar es muy fácil, probar y comprobar es lo difícil”, fue la frase con que Fernando del Rincón, periodista de CNN, abrió su programa destinado a hablar del “fraude” en las elecciones bolivianas. Pese a todos sus esfuerzos, él tampoco lo logró. Declaró mucho y probó poco y nada.
Algo parecido le pasó a la Organización de Estados Americanos (OEA) . Dedicada desde la noche misma de las elecciones a darle argumentos a la oposición golpista --sembrando sospechas sobre el recuento de votos y hablando de “un inexplicable cambio de tendencia”--, se cuidó sin embargo de utilizar la palabra “fraude” , que no figuró en ninguna de sus declaraciones.
El único que rompió la consigna fue nada menos que el secretario general del organismo, el uruguayo Luis Almagro, expulsado del Frente Amplio por impulsar la intervención militar en Venezuela, quien aseguró el martes en la sesión extraordinaria de la OEA que “en Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”.
Más allá del uso de la palabra “fraude”, los documentos de la OEA fueron la columna vertebral sobre la que se construyó el relato que habilitó el golpe de estado en Bolivia . La validez de sus conclusiones quedó severamente cuestionada cuando el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) dio a conocer su trabajo ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019? El papel de la Misión de Observación Electoral de la OEA , que demuele las apresuradas conclusiones del documento apadrinado por Almagro.
El CEPR es un prestigioso centro de investigación con base en Washington, fundado por los economistas Dean Baker y Mark Weisbrot. Su Junta Consultiva incluye a dos premios Nobel de Economía como Robert Solow y Joseph Stiglitz.

El relato de la OEA

Todo el relato de la OEA se basó en la interrupción por casi 24 horas del escrutinio provisorio (llamado Transmisión de los Resultados Electorales Preliminares, TREP) cuando ya estaban cargadas el 83,85% de las actas.
El sistema electoral boliviano prevé que será declarado ganador el candidato que supere el 50% de los votos o el que, con más del 40%, aventaje por 10 puntos a su inmediato competidor. Cuando el conteo rápido fue interrumpido, Evo Morales había pasado el 45,7% del total y le llevaba 7,87% a Carlos Mesa, el otro candidato con aspiraciones.
Cuando se retomó el conteo rápido y se llegó al 95,63% de las actas, el resultado fue de 46,86% para el presidente y 36,32 para el opositor, con más de 10 puntos de diferencia. Finalmente, en el escrutinio oficial, el oficialismo llegó al 47,08%, un 10,5% por encima de Mesa. En otras palabras, Evo había sido reelegido sin necesidad de recurrir a un ballottage.
El principal argumento de la OEA para reclamar que se repitan las elecciones fue “el cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares [del conteo rápido]”. Sin embargo, sostiene el informe del CEPR, “la misión no proporcionó evidencia sustentando estas declaraciones que sugieren que el conteo rápido podría ser incorrecto o ‘difícil de explicar’”.

El conteo rápido y el oficial

Los investigadores del Centro estadunidense muestran que la mayor parte de los señalamientos de la OEA se hacen sobre el escrutinio provisorio y no sobre el oficial, que se inició poco después y no se interrumpió en ningún momento.
El conteo rápido se realiza en base a fotografías de las actas y su única función es responder a la ansiedad de los medios y la población con resultados creíbles a pocas horas de terminada la votación. (Dicho sea de paso, la propia OEA recomendó que se haga.) Pero esos resultados no tienen ningún valor legal.
En Bolivia, el único cómputo vinculante es el oficial, confeccionado por los Tribunales Electorales en base a las actas verdaderas. Eso explica por qué, en la noche de las elecciones, grupos coordinados de opositores atacaron, y en varios casos incendiaron, algunos de los locales donde se llevaba a cabo el recuento oficial, obligando a trasladar el lugar de trabajo de las autoridades electorales. Esas “mudanzas” serían utilizadas después por la OEA para cuestionar el funcionamiento del escrutinio.
El estudio de CEPR muestra también que, contrariamente a lo sugerido por la oposición, los dos escrutinios confluyeron en un resultado muy similar. “Al final, el conteo oficial, que es legalmente vinculante y completamente transparente, coincidió estrechamente con los resultados del conteo rápido”, explicó Guillaume Long, uno de los investigadores.

El cambio de tendencia

Lo que explica el “cambio de tendencia” que tanto preocupó a la OEA no es otra cosa que el fuerte contraste entre el voto ciudadano y el voto rural. Las preferencias en los centros urbanos, donde crece la participación de los sectores medios y altos, es menos favorable a Evo Morales que en los territorios campesinos, el área pobre de la que él mismo proviene. Lógicamente, las actas de las urnas ciudadanas llegan a los centros electorales antes de las que provienen de los apartados sectores rurales. De allí surge la consistencia de la tendencia proyectada desde el comienzo mismo del conteo, que muestra la paulatina y permanente ampliación de la diferencia entre Morales y Mesa, hasta llegar al 10,5 final.
No conformes con esas proyecciones, los expertos del CEPR realizaron más de 500 simulaciones en base a los resultados informados con el 83,85% de las actas, cuando se interrumpió el conteo rápido, y concluyeron que el triunfo de Evo Morales por más de 10 puntos no sólo era posible sino altamente probable.

Del fraude a la inconstitucionalidad

Todos estos datos explican por qué poco a poco se fue abandonando el argumento del “fraude” en el escrutinio de los votos, para resucitar con más fuerza la “inconstitucionalidad” de la participación del Presidente aymara en las elecciones. Cabe recordar que Evo Morales perdió en 2016 por estrecho margen un prebliscito sobre la posibilidad de habilitar su candidatura para un nuevo periodo. Y que finalmente logró en 2017 un fallo del Tribunal Supremo que le dio luz verde a sus aspiraciones .
Más allá de las opiniones que merezcan esas dos iniciativas del presidente depuesto, actualmente no pueden tener la menor relevancia. El fallo que lo habilitó fue aceptado tanto por la oposición interna, que legalizó las elecciones al presentarse, como por los organismos internacionales que ahora aparecen al frente del cuestionamiento, como la OEA, que le dio pleno respaldo en mayo de 2018. “Decir que Evo Morales no puede participar sería absolutamente discriminatorio”, proclamó por aquellos días el propio Luis Almagro.
Pero los vientos cambiaron. Una de las pocas definiciones de la autoproclamada presidenta provisoria de Bolivia, Jeanine Áñez , fue justamente anunciar su decisión de anular ese fallo del Tribunal Constitucional. 
Si lo hace, quedaría expuesto el principal objetivo del Golpe: la proscripción de Evo Morales, de la misma forma que la destitución de Dilma Rousseff y la prisión de Lula da Silva tuvieron el objetivo de proscribir al primer presidente obrero de la historia de Brasil.
¿Serían democráticas unas elecciones con el principal candidato proscripto, aunque acaba de obtener nada menos que el 47 por ciento de los votos? Los argentinos están calificados para opinar al respecto, después de todo algo muy parecido se vivió después del golpe militar que derrocó a Juan Domingo Perón y lo proscribió por décadas.


Algunos datos más que interesantes para seguir leyendo

1. Antonio Costas, el vicepresidente del Tribunal Electoral que con su renuncia abonó buena parte de las denuncias periodísticas sobre el supuesto “fraude”, aseguró a los medios que quisieron escucharlo que su disgusto fue con la “innecesaria” suspensión del conteo rápido. Y reveló que ésta se produjo por una alerta de ataque informático, pero que el “alboroto” técnico y la “impericia” del Tribunal, no cambiaron de ninguna manera la veracidad de los resultados.
2. Según la ley boliviana, una vez que los jurados electorales firman el acta de recuento de una mesa, el día de las elecciones, los votos físicos ya no tienen valor, puesto que en ningún caso se ha de volver a contarlos. Si un acta recibe observaciones, se vuelve a votar en la mesa a la que esta corresponde. Así que nadie se preocupa demasiado por conservar con cuidado los votos. Eso explica por qué pasaron al olvido los videos de denuncia, que se viralizaron en las redes y los medios en la noche de las elecciones, donde jóvenes exaltados mostraban papeletas y urnas como “prueba” del fraude, mientras sus compañeros les prendían fuego.

3. Declaraciones de Evo Morales al diario español El País desde México: “El golpe de Estado empezó el 21 de octubre, después de las elecciones, con la falsa acusación de que había fraude. Ahora me doy cuenta de que la denuncia es el verdadero fraude. Durante dos semanas, se va intensificando y el golpe se consuma cuando la policía se amotina y pasa a ser golpista. Pedimos un diálogo con los cuatro partidos que tienen representación parlamentaria. Para evitar muertos y heridos, yo digo que no haya segunda vuelta sino elecciones y sin Evo candidato, con nuevos miembros del tribunal electoral. Y siguieron agrediendo. Hasta que renuncié, no había muertos de bala. Después, van cuatro o cinco.
En la madrugada del domingo, la OEA ya tenía listo el informe preliminar haciendo ver que había habido fraude. El compromiso era otro, porque nos habían dicho que no lo tendrían listo entero hasta el 12 y nos pidieron hasta el 13, es decir, hasta hoy. Yo pedí que me contactaran con el secretario general, Luis Almagro, a las tres o cuatro de la mañana, pero no quiso. Hablé con su jefe de Gabinete, Gonzalo Koncke, le dije que con ese informe iban a incendiar el país, que iba a haber muertos. Dicen que gané, pero no con claridad, entonces, debería haber segunda vuelta, pero no, quieren nuevas elecciones. Es una decisión política. Ahora dicen que hicimos un autogolpe. Luis Almagro espera instrucciones del Gobierno de Estados Unidos, así se puede entender. Yo tenía cierta esperanza en la OEA. Le dijimos que hicieran la auditoría, estaba convencido de que no hubo fraude. Nunca en la vida me ha gustado hacer algo ilegal. El tema de fondo es que no aceptan el voto indígena. Después del primer informe, el TREP, ganaba con el 7% pero faltaba el voto rural, el voto indígena. Dije que íbamos a ganar. Rechazan el voto indígena, es regresar a tiempos del pasado, a tiempos de la colonia.”