29 de julio de 2021

 

YPF mejora la calidad de su deuda, según una agencia internacional

FIX, afiliada de Fitch Ratings, elevó la calificación crediticia de YPF como emisor de largo plazo de “A+” a “AA”, que representa una mejora de 2 escalas.

La agencia de rating local FIX, afiliada de Fitch Ratings, emitió este jueves un informe en el que eleva la calificación crediticia de YPF como emisor de largo plazo de “A+” a “AA”, que representa una mejora de 2 escalas respecto de la nota que tenía la petrolera nacional.

“La suba refleja la mejora estructural de los márgenes operativos consecuencia del manejo de los costos, el recupero de la producción de gas y petróleo y de la venta en las estaciones de servicio”, explicó la calificadora en un comunicado.

En su informe la calificadora explica que “la mejora del Ebitda –las ganancias antes de impuestos y amortizaciones-, conjuntamente con la emisión local por 384 millones de pesos, le permitirá a la compañía completar el plan de inversiones para 2021”.

A principios de este mes, el 5 de julio, la calificadora de riesgo Moody’s Local ya había elevado la nota de YPF como emisor de largo plazo en moneda local de “A+” a “AA-”. A comienzos de esta semana, YPF anunció que invertirá 17 millones de dólares para hacer dos pozos exploratorios en el sur de la ciudad de Malargüe.

Este proyecto se suma a la ampliación y modernización con una inversión este año de 103 millones de dólares del complejo industrial de Luján de Cuyo, donde se refinan y procesan los combustibles líquidos que se consumen sobre todo en el norte argentino.

"En unos 60 días presentaremos una ampliación muy importante hasta mayo del 2025, que está terminando de aprobar el directorio, de hasta 800 millones de dólares, y que va a generar de manera directa unos 1.000 puestos de trabajo, con lo cual pasaría a ser la inversión más importante de su historia”, aseguró el presidente de la compañía, Pablo González.

El Destape


 

Se contagió de covid-19. Además, EE.UU. investigará el rol de la OEA durante el golpe de Estado de Bolivia

Un día negro para Luis Almagro


El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció este jueves que dio positivo en coronavirus, por lo que se vio obligado a cancelar las actividades previstas. A su vez, el mismo día se conoció que el Congreso de Estados Unidos instó al presidente Joe Biden para investigar el rol de la OEA durante el golpe de Bolivia.

"He dado positivo en coronavirus, por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas. Cuídense, cuiden a los demás y, si tienen oportunidad, no duden en vacunarse", tuiteó el político uruguayo. 


Un día antes, había publicado una foto para dar cuenta de una reunión que mantuvo con otras tres personas. "Me reuní con histórica directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, Julissa Mantilla y Flavia Piovesan. Conversamos sobre situación de DDHH en la región, la importancia actual de defender y promover los DDHH y la fortaleza institucional de la CIDH", había tuiteado.

Ese mismo día, la OEA postergó una reunión programada sobre la situación en Cuba, una decisión que el gobierno de la isla celebró

Almagro, de 58 años, asumió la Secretaría General de la OEA en 2015 con un mandato de cinco años y en mayo de 2020 fue reelecto en dicha función. Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue embajador en China, entre 2005 y 2010. Fue canciller de Uruguay entre 2010 y 2015. 

El rol de la OEA en Bolivia

Mientras, la Cámara de Representantes de Estados Unidos sancionó una ley que incluye un llamado al Gobierno del presidente Joe Biden para investigar si las denuncias sin fundamento de la OEA sobre irregularidades electorales contribuyeron al golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

La Ley de Asignaciones de Fondos para Operaciones en el Extranjero, que ahora pasa al Senado, pide al Departamento de Estado que busque respuestas de la OEA respecto de su comportamiento en Bolivia para "garantizar que no ocurran otra vez ataques similares contra la democracia", dijo el liderazgo de la Cámara baja en un comunicado, tras aprobarlo ayer.

Morales fue obligado a renunciar el 10 de noviembre de 2019 ante una "sugerencia" de jefe de las Fuerzas Armadas tras 21 días de protestas callejeras, de un amotinamiento policial y de que la OEA denunciara irregularidades en el recuento de las elecciones presidenciales del mes anterior, que había dado ganador al mandatario, en el poder desde 2006. La vicepresidenta segunda del Senado, la dirigente de derecha Jeanine Áñez, asumió la Presidencia dos días después en una polémica sesión sin quórum legislativo.

En diciembre de 2019, la OEA emitió un informe final sobre los comicios del 20 de octubre en el que denunció tácticas "deliberadas" y "maliciosas" para inclinar las elecciones hacia Morales, pero dos análisis independientes separados rechazaron las afirmaciones y desestimaron el análisis estadístico sobre el que se basaban. Un total de 37 manifestantes fueron muertos en noviembre en la represión de protestas contra el golpe de Estado en las ciudades de Sacaba y Senkata por parte de fuerzas de seguridad que habían recibido garantías de inmunidad por parte de Áñez.

Almagro, como titular de la OEA, buscó por todos los medios legitimar al gobierno de facto de Áñez pese a crecientes denuncias internas e internacionales de persecución política y violaciones de los derechos humanos. En medio de esa situación, y con el apoyo de Donald Trump, fue reelecto al frente del organismo.

En diciembre pasado, el presidente Alberto Fernández aseguró que "que Almagro siga en la OEA es penoso porque fueron cómplices del golpe de Estado en Bolivia". Fue en la misma semana en que el Parlamento Andino aprobó una resolución para investigar el rol del organismo panamericano en el golpe de Estado.

Pagina 12


 

El hombre había llegado al país desde Lima

Coronavirus: volvió a Córdoba, no respetó el aislamiento y contagió a 13 familiares con la variante Delta

Fue informado por el Ministerio de Salud de la Nación. El viajero había arribado a Ezeiza con PCR negativo. La directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, anticipó que la circulación comunitaria de esta mutación “va a ser un hecho”.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que la dirección de Epidemiología de la provincia de Córdoba notificó un caso de variante Delta en un viajero procedente de Lima, Perúa partir del cual se detectaron otros 13 positivos entre sus familiares, de acuerdo a la investigación epidemiológica realizada. 

El viajero había arribado al Aeroparque Jorge Newbery con un test de PCR negativoantes del vuelo y en el ingreso a Argentina el 19 de julio pasado. Cuando regresó a su provincia, se confirmó su diagnóstico, pero no solo eso: 13 familiares presentaron síntomas de coronavirus tras el contacto con el viajero. Del total de las 13 muestras, que fueron analizadas en el Laboratorio Central de la provincia, en 12 se determinó la variante Delta, mientras que en una aún no fue identificada.

Las autoridades cordobesas indicaron que continúan con la investigación epidemiológica para la identificación de otros contactos que deban permanecer en aislamiento. En ese marco, precisaron que fueron aisladas cinco burbujas en cuatro establecimientos educativos, que se encuentran en seguimiento.

Todas las muestras se enviaron al Instituto ANLIS-Malbrán y al INTA Córdoba -en el marco del proyecto PAIS- para confirmar la variante involucrada por secuenciación completa del genoma viral.

El Ministerio de Salud de la Nación y de la cartera de salud de Córdoba coincidieron en reiterar la importancia del cumplimiento del aislamiento de los viajeros internacionales, la consulta temprana en caso de presentar síntomas y el testeo al séptimo día en todas las personas que llegan desde el exterior.

Previo a los 13 nuevos casos, Argentina contabilizaba 45 casos confirmados con la variante originaria de la India, todas de personas con antecedentes de viaje, y otros 15 positivos de contactos estrechos, la mayoría convivientes. 

Ante este contexto, la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, había precisado que la circulación comunitaria de esta variante en el país “va a ser un hecho”. Y resaltó la importancia de las medidas que "lograron retrasar la expansión comunitaria porque nos da tiempo a que podamos completar segundas dosis”.

Pagina 12


28 de julio de 2021

 

Créditos Casa Propia: cómo anotarse, inscripción y requisitos

Pueden acceder al préstamo hipotecario quienes perciban desde un salario mínimo. El monto será de hasta $ 4,3 millones.


El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación reabrió este miércoles la inscripción para que familias a lo largo y ancho de todo el país que perciban un salario mínimo puedan acceder a un crédito hipotecario a través de la línea Créditos Casa Propia y comenzar a construir sus viviendas.

¿Quiénes pueden anotarse?

Este nuevo segmento contemplará a aquellos y aquellas que perciban un Salario Mínimo Vital y Móvil y quienes resulten beneficiarios o beneficiarias podrán construir viviendas en lote propio, con un monto de crédito de hasta $ 4,3 millones y un plazo máximo de devolución de 30 años, indicó el Ministerio en un comunicado. Para inscribirte, hacé click acá.

Sobre esta nueva instancia de inscripciones, el ministro Jorge Ferraresi señaló que "las políticas públicas tienen que llegar para quedarse y esa es la idea de estas iniciativas que llevamos adelante junto a todo el Gabinete nacional, y a los gobiernos provinciales y municipales”. Y sumó: “Seguimos ampliando derechos como nos pide el presidente Alberto Fernández para que más argentinos puedan acceder a su casa propia”.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

  • Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

  • Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

  • Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $27.000 y $175.000.

  • Tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción.

  • No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

  • No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

  • No encontrarse inhibido/a.

  • Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

  • No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos). El terreno deberá estar escriturado antes del 31/8/2021, salvo que el terreno provenga de un organismo público.

  • Solo será posible construir los Modelos de Viviendas del Programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres). La construcción deberá destinada a la Construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.

Importante: los y las participantes podrán incluir solo un/a cotitular al que deberán estar unidos/as por matrimonio (en este caso, el/la cónyuge será considerado/a cotitular automáticamente), unión convivencial o unión de hecho -siempre que coincidan los domicilios-. 

Coeficiente Hog.Ar

Al igual que los créditos hipotecarios Casa Propia y Procrear II, ya sorteados previamente, esta nueva entrega estará ajustada por la nueva fórmula Hog.Ar de actualización de capital basada en la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Al tener en cuenta la evolución de los salarios, brinda mayor estabilidad y previsibilidad a las y los adjudicatarios.

Al mismo tiempo, a través de Hog.Ar se busca brindar mayor transparencia al brindar información oficial pública comunicada en la página web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y además, genera una mayor accesibilidad al haber una tasa de interés más baja que en otros créditos tradicionales. A su vez, promueve la estabilidad en las cuotas y los ingresos a lo largo de la duración del crédito.

No requerirá ahorros previos y podrán inscribirse quienes cumplan los requisitos detallados en las bases y condiciones que están disponibles en la página web del programa https://www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia/construccion.

El Destape


 

Más de dos mil empresas tendrán que devolver el ATP porque lo usaron para comprar dólares

A través de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la AFIP detalló que las firmas que no cumplieron con la finalidad de la ayuda salarial deberán devolver el beneficio. Cuál es el tiempo límite y cómo es el plan de pago.


Durante la pandemia del COVID-19, el Gobierno nacional destinó un auxilio a empresas del país a través del programa para la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para que puedan hacerle frente a la crisis económica y mantener los puestos de trabajo y la producción. Sin embargo, más de 2 mil firmas destinaron el auxilio para la compra de dólares o la distribución de utilidades, entre otras inconsistencias.

En este marco, a través de la Resolución General 5035/2021 publicada este miércoles del Boletín Oficial, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, determinó que las empresas que incumplieron la iniciativa deberán, en un plazo de 15 días hábiles desde la llegada de la notificación, devolver el dinero al Estado nacional. Para eso, deberán ingresar en el aplicativo "Mis Facilidades" del sitio web del organismo fiscal nacional.

Plan de pago por uso incorrecto de la ATP by Gimeluz Figueroa on Scribd

En tanto, la devolución, según aclara la resolución, tendrá intereses que "se aplicarán sobre el monto del capital (importe del beneficio que se reintegra) serán calculados desde la fecha en que se hayan acreditado las sumas en las cuentas de los trabajadores, hasta la de la efectiva restitución del importe adeudado".

Cómo deberá ser la devolución: plan de pago

Sobre la forma de pago, la AFIP presentó una plan de financiación que consiste en un pago a cuenta de 20% de la deuda consolidada y 5 cuotas mensuales, iguales y consecutivas para saldar la diferencia. Mientras que el importe de cada una de las cuotas y del pago a cuenta será igual o superior a $1.000, la tasa de financiación efectiva mensual será del 2%, y la fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente a la fecha de cancelación del pago a cuenta.

El Programa ATP lanzado en el marco de la pandemia del COVID-19 permitió amortiguar el impacto económico de la emergencia sanitaria y las restricciones. El objetivo del programa fue sostener ingresos y puestos de trabajo en el sector privado por lo que el Estado invirtió más de $220 mil millones de pesos durante 2020 para financiar el salario complementario.

Lo cierto es que la normativa del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa ATP establecía que los beneficiarios no podían adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior como tampoco llevar a cabo erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación.El Destape

 

Armas a Bolivia: la Justicia volvió a rechazar un pedido de Macri para frenar la investigación de Gendarmería

El ex presidente quiso frenar la investigación interna que realiza la Gendarmería, de donde se desprendieron los datos más potentes de la causa. Qué le dijo el juez.


La Justicia volvió a denegar un recurso de apelación presentado por Mauricio Macri para frenar la investigación interna que lleva adelante Gendarmería. La fuerza busca determinar qué fue lo qué pasó con los elementos que fueron enviados a Bolivia en la previa y durante los días en el que se perpetró el golpe de Estado a Evo Morales.  

La decisión la tomó el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, quien denegó el recurso de apelación presentado por la defensa de Macri. El magistrado rechazó la apelación presentada por el abogado de Macri, Pablo Lanusse, tras considerar que la resolución atacada "no resulta ser una decisión de las comprendidas entre las expresamente susceptibles de apelación, además de no causar gravamen irreparable alguno".

El juez, en el mismo escrito, sostuvo: "Lo decidido no veda la posibilidad de las partes de exigir el cumplimiento de esos postulados en el marco de la actividad administrativa ni su eventual posterior control en sede judicial, en caso de corresponder. Todo ello impide tener por acreditado un agravio actual de imposible reparación".

De esta forma, Mauricio Macri intentó frenar el avance del sumario interno que pidió el ministerio de Seguridad para avanzar con la recolección de información que esté vinculada al supuesto contrabando de armas y elementos represivos hacia Bolivia. En la investigación interna surgieron los primeros elementos de trascendencia, como las declaraciones de algunos integrantes del comando Alacrán que viajaron a Bolivia y que aseguraron que las municiones antitumulto enviadas a ese país no se utilizaron para proteger la embajada argentina ni se consumieron en ejercicios de práctica, lo que echó por tierra las primeras excusas deslizadas por los acusados en declaraciones mediáticas.

El expresidente Macri; sus ministros, Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa) están imputados en la causa junto al exembajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
Este miércoles, además, el juez López Biscayart aceptó quedarse con la otra denuncia radicada ante el fuero Penal Económico por el exjuez Eduardo Freiler, que había caído en otro juzgado.

El Destape


 

Dirigente gremial e hijo de campesinos de la región cordillerana de Cajamarca

Asumió el maestro rural Pedro Castillo en Perú

El nuevo presidente tomó posesión y dio su primer mensaje llevando su inseparable sombrero de paja de ala ancha y copa alta típico de las zonas rurales peruanas.

Carlos Noriega

Desde Lima

 Desde este miércoles, el Perú tiene, por primera vez en su historia, un presidente que viene de los sectores más pobres y excluidos del país. Un campesino y maestro rural ajeno a las élites y los círculos del poder que ha despertado las esperanzas de cambio en un país con profundas inequidades agudizadas en tres décadas de neoliberalismo. Y que ha sido blanco de los ataques de esas élites que pierden el poder. La juramentación de Pedro Castillo como presidente del Perú marca un hecho histórico. Y se da en el día del bicentenario de la independencia del país. Con el profesor y sindicalista que ha llegado a la presidencia, el Perú se suma a los países de la región con gobiernos progresistas. A la jura del nuevo mandatario peruano asistió el presidente argentino Alberto Fernández, con cuyo gobierno Castillo siente cercanía. Ambos tuvieron luego un encuentro bilateral (ver nota aparte). 

El nuevo presidente tomó posesión y dio su primer mensaje llevando su inseparable sombrero de paja de ala ancha y copa alta típico de las zonas rurales de la región andina de Cajamarca de la que proviene. No vestía el clásico traje y corbata que para esta ocasión han llevado todos sus antecesores, sino una chaqueta negra de cuello alto con delgadas franjas de coloridas figuras andinas. Muy similar al que suele usar el exmandatario boliviano Evo Morales, presente en la ceremonia. Un gesto de autenticidad y reivindicación de sus raíces. “Castillo no renuncia a su identidad, sino que la exhibe y la dignifica”, le comentó a Página/12 el historiador Nelson Manrique. Además del presidente Fernández y de Evo Morales, también estuvieron presentes los mandatarios Luis Arce de Bolivia, Iván Duque de Colombia, Sebastián Piñera de Chile y Guillermo Lasso de Ecuador, y el rey español Felipe VI, así como los vicepresidentes de Brasil y Paraguay, el canciller de Uruguay, entre otros.

Castillo juramentó “por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva Constitución”. Lo hizo ante la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, de la centroderechista Acción Popular. “Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, para construir de abajo hacia arriba. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece como muchos de los peruanos a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser. Es difícil expresar el altísimo honor que esto significa para mí”, señaló el nuevo presidente peruano, que comenzó su mensaje, de poco más de una hora, con un recuento de la historia peruana, reivindicando a las poblaciones indígenas.

Propuso al Congreso la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar la actual Constitución que viene de la dictadura del encarcelado Alberto Fujimori. En ese momento la bancada oficialista lo aplaudió de pie. La oposición conservadora mantuvo silencio. Este fue el anuncio de mayor trascendencia política. Recalcó que el cambio de Constitución es una de sus principales banderas. Cuestionó que la actual Carta Magna “beneficia a las grandes corporaciones para que puedan llevarse nuestras riquezas” y destacó que era necesario una nueva “que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social”.

 Ante la controversia que existe sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, el gobierno recién asumido propone que se convoque a un referéndum para que la población decida. “Respetaremos cono energía lo que el pueblo decida”, señaló el mandatario. Pero, como admitió Castillo, el presidente no tiene la facultad para convocar este referéndum, que debe pasar por una previa modificación de la actual Constitución que se debe decidir en el Congreso para así habilitar el referéndum. En el Legislativo hay una mayoría conservadora que se opone a una Asamblea Constituyente y defiende cerradamente la Carta Magna fujimorista y no quiere que el asunto se decida democráticamente en un referéndum. En su primer acto de gobierno, el presidente anunció la presentación al Parlamento de un proyecto para habilitar el referéndum y pidió concertar posiciones. “Esperamos que pueda ser aprobado”, dijo. La tendrá difícil.

“Estamos dispuestos a recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales porque muchos, hoy en día, están en manos extranjeras. Esa es una de las razones principales que nos obligan a buscar una nueva Constitución”, indicó.

.El nuevo presidente señaló que su primera prioridad será combatir la pandemia del coronavirus y asegurar la vacunación de la población. Con más de 196 mil fallecidos, el Perú es el país con el mayor índice de mortalidad en relación a su población en el mundo. La pandemia ha puesto en evidencia la precariedad del sistema de salud, un problema al que se deberá enfrentar Castillo, que ha anunciado un importante incremento de la inversión en el sector. Los contagios y muertes tienen desde hace varias semanas un importante y constante descenso, pero se teme la llegada de una tercera ola. “Nos toca gobernar en un momento de enorme gravedad para el Perú. Debemos maximizar nuestro esfuerzo para alcanzar la vacunación de toda nuestra población en el menor tiempo posible. La salud es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar”, señaló.

Aseguró cumplirá su promesa de hacer cambios al modelo neoliberal impuesto hace tres décadas y anunció que será “un cambio con responsabilidad”. “Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. No los defraudaré”, se comprometió. 

 Propuso una mayor actuación del Estado en la economía, su participación como socio de la empresa privada en la explotación de los recursos naturales, pero descartó posibles estatizaciones. “No pretendemos ni remotamente estatizar nuestra economía ni hacer una política de control de cambios. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo las de menores ingresos, sea más estable y próspera. Lo que nosotros propugnamos es que se acaben los abusos de los monopolios”. Hubo aplausos de un lado y silencio del otro.

Anunció políticas de redistribución e inversión pública para reducir las enormes brechas que existen en el país. Reiteró que su gobierno le dará especial atención a la salud, la educación y a las poblaciones rurales, como lo había anunciado en declaraciones previas. Indico que se pondrán en marcha programas para crear empleos temporales, ofreció crear un millón de empleos en el primer año de su gobierno. El impacto económico de la pandemia ha dejado más de dos millones desempleados. También anunció créditos para los campesinos y las micro y pequeñas empresas, y la entrega de un bono de apoyo económico de unos 180 dólares a la población en situación vulnerable.

En una fecha cargada de simbolismo como el día del bicentenario de la independencia, el presidente de raíces indígenas anunció que no gobernará desde el Palacio Gobierno, conocido como “Casa de Pizarro” por el conquistador Francisco Pizarro. Sorprendió a todos. “Tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación”, afirmó. No se conoce aún cuál será el nuevo centro del gobierno. El presidente anunció que el Palacio de Gobierno será convertido en un museo. Se refirió a la importancia de la celebración del bicentenario de la independencia, pero dijo que ésta no había mejorado la vida de las mayorías que han seguido marginadas.

La gran ausencia en su mensaje fue la política exterior, sobre lo que no dijo una palabra. Causaron controversia y críticas sus anuncios de “expulsar en 72 horas a los delincuentes extranjeros” y que los jóvenes que no trabajan ni estudian deben hacer el servicio militar.

Castillo ha iniciado su primer día de gobierno sin gabinete ministerial. La juramentación del gabinete anunciado para este miércoles fue sorpresivamente postergada. Se anunció que este jueves se nombrará al jefe del gabinete y el viernes al resto de los ministros. Una demora que genera incertidumbre y tendría que ver con negociaciones y tensiones entre el partido de gobierno, Perú Libre, que estaría presionando por tener la mayor cantidad de ministros y por políticas radicales, y el presidente, que busca moderar esas propuestas y abrir su gabinete a otros sectores. 

Pagina 12


27 de julio de 2021

 

El defensor del expresidente atacó el sumario interno de Gendarmería

Macri busca frenar la investigación del envío de armamento a los golpistas de Bolivia

Felipe Yapur Luciana Bertoia

Mauricio Macri quiere frenar a toda costa el sumario que está haciendo la Gendarmería para saber cómo fue el procedimiento por el cual se enviaron 70.000 balas antitumulto a Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. El abogado del expresidente, Pablo Lanusse, apeló la decisión del juez Javier López Biscayart que habría rechazado paralizar la investigación administrativa que se lleva adelante dentro de la propia fuerza de seguridad. En tanto, la Cancillería desmintió que el Gobierno actual haya firmado dos veces una autorización para el envío de municiones a Bolivia, tal como transendió en La Nación y que se calificó como fake news.

Desde el viernes pasado que se presentó en el expediente, Macri busca imprimirle el ritmo que más le conviene a una investigación que tiene impacto en toda la región. Desde Zurich denunció que era víctima de una persecución y pidió que se frene el sumario que instruye la Gendarmería para saber cómo fue el procedimiento que derivó en la salida de las 70.000 balas que se habían comprado para la cumbre del G20 de 2018 y que terminaron en poder de la Policía y la Fuerza Aérea de Bolivia. El lunes, el juez López Biscayart rechazó la pretensión del exfiscal Lanusse --que defiende a Macri en la causa por los aprietes a los dueños del Grupo Indalo y lo asesora en el cúmulo de causas sobre el espionaje ilegal durante su gobierno.

A las pocas horas, el abogado de Macri volvió a la carga, diciendo que la decisión del juez le causaba un agravio irreparable. Lanusse sostiene que, como no se sabe qué están declarando los gendarmes en sede administrativa, Macri no tiene forma de defenderse, De todos modos, el sumario es una prueba más que analizarán el juez y el fiscal y no excluye la posibilidad de que llamen a los efectivos de la fuerza para declarar en sede judicial.

La ministra Sabina Frederic --que es una de las denunciantes en la causa junto con su par de Justicia, Martín Soria, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont-- ordenó el pase a disponibilidad de cuatro gendarmes involucrados en el envío de las municiones a Bolivia: el exjefe del grupo Alacrán Fabián Salas, el exdirector de Logístima Rubén Carlos Yavorski, el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde y el exagregado en La Paz Adolfo Héctor Caliba. Todos fueron imputados en la causa, a excepción de Salas, por el fiscal Claudio Navas Rial junto con el excomandante general de Gendarmería Gerardo Otero.

En el sumario administrativo están declarando los integrantes de los tres contingentes que estuvieron en Bolivia entre noviembre de 2019 y junio de 2020. Uno de los puntos a dilucidar es si usaron las balas. Según le dijo Frederic a este diario, la información que manejan en su cartera es que los gendarmes jamás dispararon un solo tiro mientras estuvieron en La Paz.

La investigación administrativa es autónoma de la que se hace en los tribunales, que la conducen tanto el juez como el fiscal. La Gendarmería tiene el deber de investigar hechos graves como pueden ser el contrabando de proyectiles que salieron de sus depósitos para terminar en poder de las fuerzas golpistas en Bolivia. Esa autonomía está consagrada en el artículo 8 del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, que es aplicable también para la Gendarmería, según explicaron a este diario fuentes que conocen los procedimientos disciplinarios en las fuerzas. Las mismas fuentes enfatizaron que una investigación disciplinaria --que sólo puede terminar en sanciones para los gendarmes-- no podría causar un agravio a otro de los imputados en la causa penal, como es Macri.

La estrategia macrista

Desde el macrismo se proponen trazar una línea divisoria entre los funcionarios políticos y los gendarmes. Según publicó La Nación, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich convocó la semana pasada a una reunión para discutir la estrategia de defensa en la causa. En el encuentro estuvieron el exministro de Defensa Oscar Aguad y el excanciller Jorge Faurie, que, por el momento, logró esquivar la imputación. La curiosidad fue que faltó Otero, un funcionario de extrema confianza de Bullrich. La explicación dada fue que el exjefe de la Gendarmería estaba de viaje. A este diario le dijeron que los gendarmes fueron en busca de apoyo de los exfuncionarios de Cambiemos, pero que no encontraron eco. Otero fue el primero en designar abogado en la causa. Se trata de Manuel Barros, un exintegrante del área de Jurídicos de la Gendarmería que jugó un papel importante en la defensa de la fuerza en la causa de Santiago Maldonado. En el Ministerio de Seguridad explicaron que había pasado a retiro. El letrado consiguió otros dos clientes, según fuentes judiciales: Salas y Caliba.

La otra estrategia del macrismo pasa por intentar diluir su responsabilidad en el envío de las balas antitumulto en el hecho en que los gendarmes permanecieron en Bolivia durante unos meses de la administración de Alberto Fernández y que, desde la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) se autorizó la permanencia de las 70.000 balas que salieron el 12 de noviembre de 2019 -- y se presume que se repartieron al día siguiente entre la Policía y la Fuerza Aérea bolivianas--. “Las municiones las envió Macri por única vez en forma clandestina y para asistir la represión del golpe de Estado”, sostuvo en Twitter el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Chaves, que calificó de “fake news” un artículo de La Nación en la línea de la estrategia macrista. “En 2020, los gendarmes se mantuvieron para proteger bienes y personal de Argentina amenazados por el gobierno de facto”, completó.

En las próximas horas, López Biscayart deberá decidir si concede la apelación de Macri que busca frenar un procedimiento interno de la Gendarmería. El juez también deberá responder si acepta o traba contienda con su colega Rafael Caputo, que le remitió otra causa que tramita en los tribunales en lo penal económico por el contrabando de armas a Bolivia. La discusión sobre la competencia quedará para después del lunes, cuando se termine la feria judicial. Por el momento, el juzgado está abocado a reunir la prueba.

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Proponen estatizar el peaje del Ramal Pilar

El diputado Facundo Moyano presentó el proyecto en el Congreso. Crea una empresa de mayoría estatal que manejaría los accesos Norte y Oeste. Ataría la tarifa a la inflación mayorista.

Un proyecto recientemente presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propone estatizar el peaje de la Panamericana.

La iniciativa pretende crear una empresa de mayoría estatal que controle los accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires, incluido el ramal Pilar, con una actualización anual de las tarifas atada la inflación

Además, dispondría de un fondo para realizar obras de enlace en los municipios atravesados por las autopistas.

El proyecto fue presentado por el diputado nacional Facundo Moyano (Frente de Todos), fundador del Sindicato de Trabajadores de los Peajes (SUTPA).

La iniciativa prevé la creación de una empresa mixta, Autopistas Metropolitanas SA (AUMET). La mayoría de las acciones quedaría en manos de los ministerios de Obras Públicas y Transporte con el 35% de las acciones cada uno, Vialidad (13%), el SUTNA (7%) y un operador privado seleccionado por licitación pública (10%).

La empresa tendría en sus manos el mantenimiento y eventual mejora de la traza de las autopistas y las colectoras, tareas que actualmente están en manos de la empresa AUSOL, controlada por la española Abertis.

De acuerdo al texto del proyecto, dado a conocer por el portal Letra P, el objeto de la nueva empresa será desarrollar por su cuenta o por terceros “la construcción, mejora, reparación, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación comercial colateral y la prestación de servicios al usuario en las trazas de los accesos Norte y Oeste”.

Establece, además, que “la fuente de ingresos provendrá exclusivamente del régimen tarifario que fije el Poder Ejecutivo, cuyo incremento anual no podrá ser inferior a la variación del índice de precios internos al por mayor (IPIM)”.

Un dato novedoso es la incorporación de un instrumento de financiación complementario conocido como Recurso de Afectación Específica (RAE), creado durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Ese fondo se nutrirá con 10% de las tarifas que abonan los usuarios que “se destinará a financiar las obras de infraestructura vial provincial o municipal que se vinculen a los accesos”. En el caso de Pilar, podría financiar obras clave, largamente postergadas, como el nuevo puente de la ruta 25, en el acceso a la ciudad.

Mientras el proyecto comienza a recorrer el camino parlamentario, aún se esperan los resultados de la “auditoría integral” iniciada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación a comienzos de 2020.

En tanto, sigue la causa judicial que investiga presuntos delitos en el marco de la renegociación del contrato llevada adelante en 2018 por funcionarios de la administración del entonces presidente, Mauricio Macri.

Pilar a Diario.


 

Nada les viene bien: así reaccionaron los periodistas de TN por el acuerdo con Pfizer

Ventura mintió al decir que no se sabe cuándo llegarán y buscó bajarle el precio al anuncio.

Luego de pedir durante meses un acuerdo con los laboratorios Pfizer, en Todo Noticias (TN) dieron datos falsos y buscaron bajarle el precio al anuncio del acuerdo para la adquisición de 20 millones de vacunas contra el coronavirus que serán adquiridas en los próximos meses.

En en canal transmitieron la conferencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, pero la cortaron luego de que anunció el acuerdo con Pfizer. El periodista Adrián Ventura fue el encargado de bajarle el precio al anuncio y de dar información falsa. 

"Es importante", dijo Gustavo Tubio para dar pie a la presentación de la noticia. Luego Ventura afirmó: "Por ahora es sólo un anuncio. Confirmó que firmó con Pfizer un acuerdo por 20 millones de dosis, pero precisó Vizzotti que todavía falta definir cuándo llegan al país y todo lo que es la logística. Por ahora el anuncio un año después de comenzada la negociación". 

Ventura dio un información falsa debido a que Vizzotti si informó cuándo llegarían las vacunas: será antes de diciembre de 2021 y servirán para inmunizar a los menores de edad ya que las dosis fueron aprobadas. 


Argentina firmó un acuerdo con Pfizer por 20 millones de vacunas en 2021

 Vizzotti, informó que firmó un contrato vinculante con el laboratorio alemán/norteamericano Pfizer para la adquisición de 20 millones de vacunas contra el coronavirus que llegarán a la Argentina antes de diciembre y que servirán para inocular a los menores de 18 años.

"Otra noticia muy importante fruto del trabajo de meses de muchísimas personas y de intensas negociaciones en el día de ayer firmé un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer. Es un acuerdo por 20 millones de dosis durante 2021", sostuvo Vizzotti. 

La ministra de Salud explicó que la importancia de la adquisición de vacunas Pfizer radica en la posibilidad de ampliar la vacunación para jóvenes de entre 12 y 18 años ya que las dosis fueron aprobadas.

"En relación al trabajo que se viene realizando para conseguir vacunas con todos los laboratorios productores además de haber firmado con la farmaceutica Moderna por 20 millones de dosis, otro novedad importante que queremos transmitir es que ayer firme finalmente el pago de las primeras 200 mil vacunas de Cansino, de 5,4 millones de dosis para 2022", explicó.

El Destape