2 de mayo de 2016

El tarifazo del gas fue ilegal

No existe ley que habilite al Ejecutivo a aumentar el precio del servicio público. Todos los funcionarios involucrados beneficiaron a sus empresas. Por Ezequiel Orlando y Darío Gannio.

El Ministerio de Energía aumentó el precio del gas mediante una resolución que se basa en dos leyes que no habilitan a la cartera a realizar la suba. Por el apuro, no se siguieron los procedimientos que se acostumbran en este tipo de medidas. Todos los funcionarios involucrados beneficiaron a las empresas donde trabajaron hasta el año pasado.

Un mes atrás, la resolución 28/2016 de la cartera energética elevó el precio del gas del punto de ingreso al sistema de transporte y determinó su traslado total a las tarifas. Sin embargo, se citaron las lees 17.319 y la Ley de Ministerios, pero ninguna de ellas le transfiere poderes a Juan José Aranguren de modificar lo que pagan los consumidores por el servicio público.

La disparada de tarifas impactó de plano en el poder adquisitivo de los hogares, pero por desde el ministerio en ningún momento fundamentaron las razones de el nuevo precio, ni organizaron una audiencia pública previa. Sólo en 2008 se había optado por no realizar esto último y, como consecuencia de ello, cautelares y fallos de la Corte Suprema evitaron que se aplique el tarifazo en muchos de los casos.

Los periodistas Darío Gannio y Ezequiel Orlando presentaron anoche en Economía Política, el programa de Roberto Navarro en C5N, la información periodística que da cuenta de cómo los ex CEOS de las empresas de gas se beneficiaron con aumentos ilegales del actual Gobierno.
Peor aún, tanto el jefe de Energía como el resto de los involucrados en la ejecución y control de la norma poseen intereses del otro lado del mostrador, en flagrante violación de la ley de ética pública. Aranguren trabajó en Shell hasta junio de 2015 y aún posee $ 13.000.000 en acciones de la casa matriz de la petrolera, que además fue beneficiaria de siete de ocho barcos de gas contratados para proveer a la Ciudad en invierno.

José Luis Sureda fue directivo de Pan American Energy hasta su asunción como secretario de Recursos Hidrocarburíferos. David Tezanos era director de ventas de gas natural de YPF y presidente del directorio de Metrogas hasta antes de asumir como interventor del Enargas. Y por último, el subinterventor del Enargas, Daniel Perrone, fue directivo de Transportadora de Gas del Sur, la principal transportista de gas por gasoductos del país.
El destape

El Gobierno toma 500 millones de dólares de los jubilados para financiarse

El Estado emitió bonos que fueron tomados directamente por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.


Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. El Gobierno nacional dispuso financiarse con los fondos de las jubilaciones, un mecanismo que fue duramente criticado cuando los partidos que hoy componenCambiemos eran oposición. El Estado decidió tomar más de U$S500 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a 90 días, en un nuevo capítulo de endeudamiento abierto por la actual administración.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Nación, que establece que el Tesoro emite títulos públicos por un monto total de 526.372.392 dólares por un plazo a 90 días y por suscripción directa del FGS, que recibirá un interés equivalente al 4,5% anual.

El monto de la deuda que el Estado nacional contrae a favor de la ANSES equivale, al tipo de cambio actual, a unos 7.700 millones de pesos.

La transferencia de fondos se hizo en dos tramos: la primera, el 21 de abril, por un monto de 394 millones de dólares; el resto, unos 131 millones, el 25 del pasado mes.

El objetivo de la medida, estipula la disposición 8 del ministerio de Hacienda y Finanzas, es "cubrirdeficiencias estacionales de caja hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional". Sucede que si bien el Gobierno aplicó un fuerte ajuste del gasto, con quitas a subsidios del transporte y servicios públicos y despidos de empleados estatales, en algunos casos con cierres de programas enteros, también aplicó un fuerte recorte en los impuestos, como las retenciones al agro y la minería. La caída del consumo, producto de la recesión, impacta a su vez en otros tributos, como el IVA.
El destape

El Gobierno no descarta nuevas subas en lo que resta del año de las naftas

Aranguren adjudicó el 10 por ciento de aumento en los combustibles que rige desde el domingo a los efectos de la devaluación.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, adjudicó hoy el nuevo incremento en el precio de los combustibles líquidos a la devaluación de la moneda, al explicar que el petróleo crudo en la Argentina subió el 35 por ciento en lo que va del año, y afirmó que el proceso de aumento en los surtidores ha sido "gradual".

Además, no descartó que en lo que queda del año vuelva a incrementarse el costo de los combustibles en los surtidores, que lleva un acumulado del 31 por ciento, ya que, explicó, tiene que ver con "variaciones de precios que no depende de lo que ocurre en Argentina".

"El último incremento del precio del combustible del Gobierno anterior fue el día después del balotaje, del 4 por ciento, y el tipo de cambio estaba a 9,68 pesos. Hoy está en 14,50 promedio, lo cual significa un incremento del orden del 50 por ciento, que cuando se aplica la caída en dólares del 10 por ciento del precio internacional, significa un incremento del precio del petróleo crudo en pesos del 35 por ciento", señaló el funcionario. 

En declaraciones a radio Continental, Aranguren aseguró que ese incremento, "en vez de aplicarse en forma de shock a principios de año, fue implementado en forma gradual: 6 por ciento en enero, 6 en marzo, 6 en abril, y ahora el 10 por ciento, lo cual acumula un incremento del 31 por ciento".

Este domingo, el precio de los combustibles líquidos aumentó el 10 por ciento, el cuarto incremento del año, con lo que acumula una suba del 31 por ciento.

Al ser consultado sobre si se esperaban nuevos aumentos antes de que culmine 2016, el ex CEO de la empresa Shell no lo descartó, ya que, aclaró, "tiene que ver con "variaciones de precios que no depende de lo que ocurre en Argentina".

"El precio de los combustibles depende mucho del precio del petróleo crudo. Si ese precio y el tipo de cambio se mantiene en los niveles en que estamos hoy, creo que sí (que el de ayer será el último aumento del año). Pero no puedo pronosticar qué es lo que va a ocurrir con algo que tiene variaciones de precios que no depende de lo que ocurre en Argentina", subrayó.

Aranguren también admitió que, con los nuevos precios, las naftas y el gasoil en la Argentina se ubican "entre los más altos" del mundo, aunque advirtió que se debe a la fuerte carga impositiva que tienen en el país.

"En el caso de las naftas, los impuestos alcanzan al 46 por ciento, y en el gasoil, 40 por ciento. Son impuestos que aumentan cuando aumenta el precio a la salida del precio en la refinería. Y esto es algo que queremos cambiar, queremos volver a un esquema anterior cuando uno podía utilizar la política impositiva para poder amortiguar las variaciones de precios", explicó.

En ese sentido, anticipó que el Gobierno está elaborando un proyecto de ley para enviar al Congreso "para reestablecer un esquema para que los impuestos puedan actuar de manera anticíclica".

Por último, descartó nuevos aumentos en el precio del GNC en lo que resta del año, y aunque dijo que con el incremento del 300 por ciento aplicado a principios de abril corrigieron la "distorsión importante" que existía en ese sector, sostuvo que "todavía sigue siendo económico en comparación con los combustibles líquidos". 
El Destape

Corrupción PRO: el editorial de Roberto Navarro

El conductor de Economía Política profundizó sobre el negocio del dólar futuro y los funcionarios del Gobierno

El periodista Roberto Navarro reveló en Economía Política por C5N más negocios oscuros del gobierno de Mauricio Macri con "el curro" del dólar futuro y aseguró: "Esta gente gana guita con vos y se lleva la plata afuera para evadir".
"El hambre de este país tiene que ver con estos tipos que esconden la guita afuera y no la declaran", explicó Navarro quien logró con su editorial volver a ser este domingo primera tendencia en la Argentina y, una vez más, el programa tuvo alto rating.
Economia Politica
 EL PRESIDENTE SOSTUVO QUE LAS CRITICAS HECHAS POR LOS REFERENTES SINDICALES SON POR "IGNORANCIA" O "MALA FE"

Macri: "No entiendo cuando dicen que beneficiamos a un sector"

"No entiendo cuando algunos dicen que es para beneficiar a un sector. ¿Será ignorancia o es mala fe?", señaló el presidente Mauricio Macri, evitando mencionar a los líderes sindicales que el viernes pasado protagonizaron una gran movilización en reclamo de medidas en favor de los trabajadores.
El mandatario volvió a defender las medidas económicas tomadas hasta el momento y pidió que en esta "nueva etapa de la Argentina, cada uno va a ser su parte, el trabajador, cada empresario y los funcionarios".
Macri respondió a la movilización del viernes al visitar, por segunda vez en cinco meses, el reinicio de las obras del viaducto de Puente La Noria —que unirá Lomas de Zamora y la Ciudad de Buenos Aires desde la autovía General Paz—.
"Esta obra nos demuestra que lo que hemos prometido es una realidad. No solo porque esta obra traerá seguridad y tranquilidad a los vecinos, sino porque recuperamos el valor de la palabra y el compromiso", sostuvo Macri sobre el proyecto iniciado antes de su asunción.
Esta mañana, el presidente publicó una carta de lectores en los diarios y medios digitales de Formosa, en la que aseguró que su gobierno acompaña "a las personas que más necesitan de la presencia del Estado".
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Parece que no entiende eso y muchas otras cosas
JORGE TRIACA EN LA MISA POR UN REPRESOR INVOLUCRADO EN LA CORRUPCION CON BIENES DE DESAPARECIDOS

Ni una misa para los trabajadores

El ministro de Trabajo asistió a la misa por el represor de la ESMA Miguel Angel Egea, involucrado en reducir los bienes que robaban a los secuestrados en la ESMA. Fue pocas horas antes de la gran concentración obrera del viernes.
› Por Alejandra Dandan
A horas del comienzo de la primera movilización que logró reunir por primera vez en la calle a las cinco centrales obreras en medio de la ola de más de 140 mil despidos en el país, el ministro de Trabajo Jorge Triaca llegaba a la Iglesia del Socorro sobre la calle Juncal al 800. A las 17.45 se hacía una misa a un mes de la muerte de Miguel Angel Egea, un socio de los Grupos de Tareas de la ESMA, de Ricardo Cavallo y de Jorge Radice, imputado en la causa por el Robo de Bienes por parte de los marinos a los desaparecidos y a quien Eduardo Luis Duhalde asoció a los integrantes de los grupos de la derecha peronista de la ciudad de Córdoba en el Comando Libertadores de América, junto a Héctor Vergez y al brigadier Raúl Lacabanne. El ministro Triaca había firmado un mes antes una de las cinco escasas condolencias que recibió Miguel Angel Egea el día de su muerte en la sección de avisos fúnebres del diario La Nación.
Egea murió en Miami, en el simbólico 24 de marzo de 2016 cuando se cumplían 40 años del golpe de Estado. Triaca hijo firmó el saludo junto a su esposa y su madre. “EGEA, Miguel A., q.e.p.d. - A un mes de su partida, se celebrará una misa en su memoria el jueves 28, a las 17.45, en la iglesia del Socorro, Juncal 880”, publicó la sección de avisos fúnebres del diario La Nación el martes pasado. Un mes antes, el mismo diario publicó sólo cinco avisos con la noticia de su muerte. Como los diarios no salieron el 25 de marzo, los avisos se publicaron el día 26. El primer aviso llevó la firma de su esposa Bárbara Franz, una norteamericana, que aparece como apoderada de varias empresas vinculadas a la ESMA. Y el segundo aviso está firmado por el actual ministro de Trabajo y su entorno familiar. “EGEA, Miguel A. - Rezamos una oración en tu memoria y acompañamos a Bárbara en este profundo dolor. Adriana, Cecilia y Jorge Triaca”. Cecilia se llama la esposa del ministro y Adriana se llama su madre.
En la tarde del jueves cuando todo el gobierno estaba conmocionado por el impacto que podía llegar a tener la convocatoria del viernes, el ministro Triaca se presentó a la hora señalada en la puerta de la Iglesia del Socorro a conmemorar la memoria de su amigo. Para entonces, el PJ capital anunciaba su adhesión a la convocatoria de los gremios y el senador de Cambiemos Federico Pinedo, presidente del Senado, había reiterado el rechazo del macrismo a la ley antidespidos y confesaba “estamos en el peor momento de este Gobierno”. Ya de nochecita, el ministro permaneció en la puerta junto a un pequeño grupo de personas.

El otro

Menos conocida es la historia de Egea pese a que su nombre fue denunciado de modo constante en investigaciones periodistas ligadas al robo de bienes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Uno de los hombres que comenzó a denunciarlo es el ahora fallecido Luis Eduardo Duhalde, primer secretario de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner. Alrededor de Duhalde dicen que a partir de esa época Egea decidió mudarse a Estados Unidos, convencido de que en cualquier momento podía quedar detenido.
“El que tal vez comparta con él una copa en el Alvear Palace Hotel, por ejemplo, le resultará difícil imaginar, que este corparchón simpático y entrador, que se presenta como lobbista influyente en las más altas esferas y experto en licitaciones, es un tenebroso personaje”, dice sobre Egea un pequeño apunte de Eduardo Luis Duhalde. Una cita que adjudica, a su vez, a un “ex amigo de Egea”. “Sin embargo, si el ocasional interlocutor más adelante debiera discutir las condiciones de un eventual negocio con este cincuentón, que apenas deja entrever entre sus canas su antiguo cabello pelirrojo, descubrirá que es ‘un duro’ cuya afabilidad ha desaparecido. Si avanzando en la relación, aquel interlocutor creyera que puede confiar en él, es probable que terminara estafado, y si a su vez, intentara defraudar a Egea, no sería extraño que conociera a algunos ‘amigos’ del Colorado.”
Miguel Angel Egea está imputado en la causa de Robo de Bienes de la ESMA a cargo del juzgado de Sergio Torres. Su nombre aparece como parte de una estructura de empresas montadas por marinos del Grupo de Tareas 3.3.2, entre cuyos orígenes están las oficinas del ex almirante Emilio Massera. Esa causa tiene dos partes. Por un lado, investiga la relación entre el robo de bienes de los desaparecidos y una serie de empresas locales que están o estuvieron a nombre de los integrantes del GT. Entre ellos figuran Jorge Radice, Ricardo Cavallo, familiares de ellos y de un grupo de civiles como el de Egea que suele ser siempre el mismo. Por otro lado, investiga la relación entre esas sociedades locales y otras radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes y Uruguay. Bajo la hipótesis de lavado de dinero, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en 2014 presentó al juzgado un informe en el que entendía que una serie de empresas locales con balances negativos habían recibido entre 2001 y 2013, 19.008.513 pesos. “Esto último constituye una clara maniobra tendiente a lavar activos dijo la UIF en ese momento, ya que mediante los aportes de una sociedad extranjera se ingresan al país sumas que se encontrarían en el exterior y que tendrían origen en la liquidación de todos los bienes que fueron apropiados por el Grupo de Tareas 3.3.2”. La UIF para entonces a cargo de José Sbatella, estaba convencida que detrás de las empresas radicadas en el exterior estaban los mismos nombres de los dueños de esas sociedades en argentina.
En ese momento, pidió al Juzgado de Torres que investigara esa línea y pidió constituirse en querellante. El juzgado pidió información a Panamá. Y recibió información oficial de una de esas compañías: Adela Compañía de Inversiones (Panamá). De acuerdo al Informe de la UIF, esa compañía inyectaba dinero en otras tres radicadas en Argentina: Long Regent SA, Martiel SA y Sately SA. El Juzgado constató en la documentación de Panamá —confirmando la hipótesis— que los integrantes del directorio son los mismos nombres de los que están radicados aquí, tal como este diario señalo en su edición del domingo pasado.
En esas sociedades está Egea como director o presidente. Y también está Norma Radice, hermana de Jorge Radice, hombre clave del robo de bienes de la ESMA. Radice fue Jefe de Operaciones del Grupos de Tareas, con una oficina propia en el pasillo de los Jefes del Centro Clandestino. Radice participaba de los operativos y tenía reputación de ser un francotirador de elite. Fue condenado a prisión perpetua en 2011, en el juicio ESMA II, por su participación en el secuestro, los tormentos y el homicidio de los doce integrantes del grupo de la iglesia Santa Cruz, así como por su colaboración en el asesinato de Rodolfo Walsh y el robo de sus bienes. En este momento se lo juzga en el Juicio ESMA Unificado que se realiza por los crímenes a 789 personas. Es uno de los imputados en Robo de Bienes. Y quien pasó a “trabajar” de la ESMA a las oficinas de Massera en la calle Cerrito 1136, cuando el jefe de la Armada se retiró para amar su proyecto político entorno al Partido para la Democracia Social con aliados de la derecha peronista. De esas oficinas surge uno de los nombres emblemáticos del “robo de bienes” como el caso Chacras de Coria, uno de los puntos de origen de la trama de empresas en investigación. Allí quedó radicado el domicilio legal de WillRi, la sociedad a través de la cual se fraguó la venta de las propiedades de una de las víctimas de la ESMA. WillRi era un juego de palabras que remitía a Francis William Whamond, el alias de Jorge Radice.
Jorge Radice, su hermana Norma y Egea aparecen juntos en una enorme trama de relaciones societarias siempre denunciadas como parte del blanqueo de dinero de la ESMA. También está la esposa de Egea, Bárbara Franz. Entre las sociedades más conocidas, están aquellas que detectó la UIF recibiendo dinero de Panamá como Martiel S.A. También Seal Lock S.A. y Talsud S.A que combinaron en distintas épocas a otros nombres emblemáticos de la ESMA como Ricardo Cavallo y Jorge Acosta. Del universo de sociedades creadas, una de las más llamativas es Adela Compañía de Inversiones, la compañía que es investigada en Panamá. Su origen es 1966 y fue creada por un consorcio de capitales norteamericanos para inyectar dinero en las dictaduras de Cono Sur. En 1988, y en paralelo al crecimiento de las sociedades en Buenos Aires, a esa sociedad ingresaron Norma Radice y Miguel Angel Egea. Él como “presidente” de la compañía, de acuerdo a ese registro y como su “representante”. Norma Radice como parte del directorio.

De la Triple A a la Estrella de la Fortuna

Así se llama el documento que Eduardo Luis Duhalde escribió sobre Egea. El ex secretario de derechos humanos, lo ubica como uno de los miembros de los grupos fundadores de la Triple A en la provincia de Córdoba, precedente del Comando Libertadores de América. En los años ‘70 y ‘80 tuvo varias causas por estafa. De acuerdo al documento de Duhalde, en 1967 fue detenido por usurpación de títulos y honores art. 267; en 1974 tuvo una causa por infracción al 302 de cheque sin fondos y dos causas por estafa. En 1977, tuvo otra causa por estafa. En 1979, dos quiebras. En los ‘80 aparecen las sociedades con los marinos. En los ‘90, llega a Buenos Aires de la mano de Alberto Kohan. Según publicó este diario en 2003, “con el nacimiento del menemismo, se mudó a Capital para trabajar con Kohan en la Fundación de Estudios para la Argentina en Crecimiento y según testimonios periodísticos se lo veía con su jefe y amigo (Kohan) arriba del Menemóvil, vehículo que transportó a no pocos violadores del Código Penal, como el propio Radice”. Cuando Julio César “Chiche” Aráoz, con quien tenía relación desde Córdoba, pasó a desempeñarse como secretario de Energía en 1989, lo llevó como asesor. Egea paralelamente montó una consultora especializada en hidrocarburos en la calle Mitre al 900. Aráoz pasó de Energía a ser interventor en Tucumán y luego ministro de Salud y Acción Social, área de la que dependía Lotería Nacional. El documento de Duhalde, también dice que en 1997, pidió renovación de pasaporte y dio como referencias a Nicolás Ciccone y Hugo Budkin y declara que trabaja en Martiel S.A. Para la época comienzan los contactos con el Casino Flotante. En el año 2000, este diario preguntó por su participación en el Casino Flotante a Jorge Lima que fue vicepresidente de Lotería Nacional durante el menemismo. “A mí me lo presentaron como parte del directorio”, le dijo a Página/12.
Durante esa época, Egea también estaba detrás de una agencia de publicidad. Tenían el juego del Cash y el Loto e imprimían cartones en Ciccone.
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Todo tiene que ver con todo.
 DETUVIERON AL EX JUEZ FEDERAL RAUL REYNOSO

El ex custodio de la puerta de Orán

El ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, fue detenido ayer por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a beneficiar a narcos en Salta.
La detención se concretó ayer por la mañana, en el departamento de la hija de Reynoso, y luego fue trasladado a dependencias de la Agrupación Séptima de Gendarmería. Reynoso (57) arribó a dicha sede a las 7.20 y a las 8 comenzaron con las actuaciones de rigor dispuestas por el juez federal 1 de Salta, Julio Bavio, como la toma de huellas dactilares y la revisión médica, la cual se llevó a cabo en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes.
Luego, Reynoso fue alojado en la Delegación Salta de la Policía Federal y hoy será llevado ante el juez Bavio, quien lo notificará formalmente de los motivos de su detención.
La semana pasada, el presidente Mauricio Macri le aceptó la renuncia al ahora ex juez federal de Orán. A las cero de hoy perdió los fueros que impedían su detención. Reynoso estaba suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura desde el 22 de diciembre del año pasado, pero por otra causa, y estaba prevista la realización en breve de un juicio político en su contra.
En el decreto 625/2016, publicado en el Boletín Oficial del viernes último, le fue aceptada la renuncia que se hizo efectiva desde hoy.
En los considerandos de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional se indicó “que el señor doctor Raúl Juan Reynoso ha presentado su renuncia, a partir del 1 de mayo de 2016, al cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta” y que “es necesario proceder a su aceptación”. Reynoso había argumentado “cansancio moral” después de “una década luchando contra el narcotráfico”.
En noviembre pasado fue procesado por pedido del fiscal federal 2 de Salta, Eduardo Villalba, y su par de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, quienes habían iniciado una investigación a partir de una serie de denuncias que señalaban que favorecía a detenidos mediante el cobro de dinero o dádivas.
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Permitanme una duda con respecto a este caso.
 GUILLERMO RUS, DIRECTOR DE LATAM SATELITAL Y EX VICEPRESIDENTE DE ARSAT

“El ritmo del desarrollo lo vuelven a poner las potencias”

Rus alerta sobre las consecuencias que trae discontinuar la producción satelital: el impacto en la industria nacional, el rezago en la carrera tecnológica a nivel internacional y la desvalorización del carácter competitivo de la empresa Arsat.
› Por Julia Goldenberg
El desarrollo satelital está creciendo en América latina, que además es una región de mucho interés para los principales operadores internacionales. Argentina no sólo forma parte de los 10 países del mundo que producen satélites, sino que además lidera la región. Sin embargo, la construcción del Arsat 3 quedó suspendida, así como la actividad de TDA que también depende de la empresa Arsat.
–¿Qué es Latam Satelital?
–Latam Satelital nació a fines de 2015, es una publicación digital dedicada a brindar información sobre el sector espacial en la Argentina, la región y el mundo. La plataforma busca ser una fuente de información de la tecnología satelital, las comunicaciones por satélite, la observación terrestre, los sistemas de posicionamiento y el acceso al espacio. Pertenece a una serie de publicaciones específicas del sector, como la revista Fibra.
–¿En qué situación se encuentra la región respecto del desarrollo satelital?
–En los últimos quince años se vivió un despegue de Latinoamérica en materia satelital. Casi todos los países impulsaron proyectos satelitales de alguna índole. Entre otras cosas, Bolivia y Venezuela desarrollaron sus operadores de comunicaciones estatales con plataformas Chinas; Brasil desarrolló un ambicioso plan de observación terrestre; México impulsó una fuerte política de conectividad gubernamental con satélites propios y se creó un ecosistema de empresas de servicios tanto en comunicaciones como en observación terrestre, posicionamiento y tecnología para los satélites. También Argentina y Brasil impulsan proyectos muy interesantes de acceso al espacio. Cabe destacar los logros nacionales: el SAC-D junto a la NASA y los satélites Arsat-1 y Arsat-2 que en cuatro años dan muestra de que las políticas de desarrollo tecnológico fueron concretas y contaron con la financiación que requieren.
Sin embargo, a pesar de este fuerte impulso, de la naturaleza intrínseca de los proyectos espaciales, de la cooperación internacional y de un marco político regional favorable, no se lograron concretar proyectos asociativos así como tampoco una coordinación en los esfuerzos por impulsar la industria. Latam Satelital busca aportar también en este sentido, difundiendo y analizando el desarrollo en la región para que algún día se pueda contar con iniciativas regionales que optimicen el uso de recursos, complementen capacidades y aporten a una integración regional sana, que respete asimetrías.
–¿En qué dirección se orienta la gestión actual de Arsat?
–Las declaraciones del ministro Aguad y de su yerno de Loredo, que es quien está a cargo de Arsat en este momento, indican que buscan complementar Arsat con el sector privado y sin competir en el mercado. Es fundamental entender que Arsat es una empresa y las empresas compiten, no puede haber una empresa que no compita, eso no existe. Están poniendo el acento en que Arsat no compite y en realidad sí lo hace. Uno puede elegir contra quién compite: contras los grandes, contra los chicos, contra los de afuera, contra los de adentro, pero siempre compite. En materia satelital, Arsat compite contra los operadores internacionales, pero además compite contra los fabricantes de satélites. Está intentando empezar a competir en lo que es la venta de tecnología satelital, en un sector donde predominan fabricantes de todo el mundo que tienen muchos años de experiencia, que están apalancados por inversiones estatales muy fuertes de sus gobiernos (China, la UE o Estados Unidos). En la gestión actual, existe un discurso reiterado de que no hay competencia y no se menciona a Arsat como un operador y tampoco se habla sobre cómo posicionar al país en materia tecnológica. Entonces lo que vemos, es que no hay una opinión diferente pero fundada que critica a la ley 27.208 de desarrollo de la industria satelital, o busca superar el proyecto existente. Lo único que existe es una omisión y descalificación del trabajo realizado. Esto hace suponer que no hay una voluntad de seguir avanzando con estas políticas. Desde el punto de vista de Arsat como operador es necesario competir contra Europa y Estados Unidos, pero las señales de este gobierno, que sabemos son muy permeables al lobby de las potencias, no busca competir con sus empresas estatales. Para competir con empresas internacionales, hay que hacerlo en el marco de presiones políticas. En esos mercados hay empresas de otras potencias y eso no está libre de presiones políticas e internacionales. Si la política es muy permeable a eso, se vuelve difícil competir. Sabemos que en la historia del desarrollo tecnológico sufrimos presiones de los países centrales y en este contexto parece que el ritmo del desarrollo lo vuelven a poner las potencias.
–Se insiste con que este tipo de emprendimientos es un gasto y que nunca va a ser competitivo.
–Arsat no estaba pensada para ser subsidiada. Obviamente hay riesgos, como en cualquier empresa. Para competir con empresas internacionales que son muy grandes, para competir en el marco de presiones políticas, porque cuando uno quiere buscar mercados, donde hay que competir con potencias mundiales la cosa no es tan sencilla. Eso no está libre de presiones políticas e internacionales. En la historia del desarrollo tecnológico de Argentina existieron presiones que limitaron los desarrollos locales.
–Además, hay una fuerte desinformación sobre el funcionamiento de los satélites, como se vio, por ejemplo, con los dichos del secretario de Obras Públicas de la Nación que dijo que iba a monitorear la obra pública con Arsat.
–Sería interesante saber cómo monitorean el progreso de la obra pública. Hacer un seguimiento de las construcciones con determinadas imágenes satelitales es de lo último en tecnología. Entonces, festejo que avancen en esa línea, si es que lo hacen. Obviamente no se trata de tecnología nacional. Hace poco sacamos una nota en Latam Satelital de una empresa europea que tiene un servicio para el sector inmobiliario que monitorea el avance de construcciones utilizando imágenes satelitales. Para mí fue novedoso eso, yo sabía que existían posibilidades de monitorear los cambios que hay en la superficie de la Tierra. Pero usarlo como un servicio, para el sector inmobiliario es innovador. Que utilicen este tipo de tecnología en la obra pública sería interesante. Aún más interesante saber cómo la van a usar, qué sentido tiene, etc. Sino parece que van a usar una ultratecnología, lo último de lo último, sin aclarar cómo, por qué, etc.
–¿Qué consecuencias trae discontinuar la producción satelital?
–Ahí tenemos dos temas importantes. Por un lado la continuidad del desarrollo tecnológico donde Arsat es, no sólo el responsable de ocupar las posiciones orbitales sino también de aportar al desarrollo de la industria satelital argentina. Arsat no es el único actor, también está la comisión de actividades espaciales que tiene los satélites de observación de la tierra pero son dos actores fundamentales y Arsat tiene un rol muy importante. En ese sentido, la continuidad del desarrollo de satélites es una forma de mantener empleada a toda la gente, toda la ingeniería específica. En Argentina no es que uno deja de trabajar para el Estado en los satélites y se va al sector privado, no existe el sector privado en esta materia. Entonces, si los proyectos satelitales se discontinúan hay que pasar a desarrollar el área nuclear, a otros proyectos con otras características (habría que preguntarle a Invap). Durante la gestión de Cristina Kirchner, se buscó posicionar a Arsat como la empresa productora de nuestros satélites y así poder planificar qué tipo de satélites construye la Argentina. Todo esto está plasmado en la ley 27.208 que es la ley de desarrollo de la industria satelital. En la ley, uno de los puntos importantes es posicionar a la Argentina como un exportador de la plataforma. Los países centrales vienen haciendo satélites desde la década del 60’ y nosotros, que teníamos algo incipiente con la Conae, en materia de satélites geoestacionarios recién empezábamos. Cuando uno se posiciona en este tipo de industrias busca exportar las plataformas y venderle satélites a otros países. Ese era el objetivo, pero al discontinuar el trabajo se pierde tiempo en la carrera tecnológica en la que corren Europa, Estados Unidos, China e India que son competidores que corren muy rápido y tienen muchos fondos. En los últimos años pudimos entrar en ese tipo de industria a nivel internacional y la ley ayuda a mejorar nuestra plataforma, a hacerla exportable. Es muy importante entender que Arsat no consiste solamente en un desarrollo tecnológico de ingeniería o de ciencia, requiere también un enorme trabajo comercial, político institucional, etc. Entonces, se pierde mucho al discontinuar la producción. Lo que hay que señalar es que el proyecto no está cancelado, está postergado hasta nuevo aviso. De todas formas, todas las señales que percibimos nos hacen creer que no hay demasiado interés en hacer el proyecto. La otra consecuencia importante que se desprende, si se decide discontinuar la producción satelital, es que en Argentina y Sudamérica existen muchos operadores satelitales internacionales. Son operadores muy fuertes que tienen flotas de muchos satélites. En cambio, los operadores estatales en latinoamérica son incipientes: Venezuela tiene un solo satélite, Bolivia tiene un satélite y Argentina ahora tiene dos satélites. Entonces, frenar Arsat 3, también implica dejar de avanzar como empresa y dejar que avancen otros. Hay un factor comercial de Arsat que es fundamental, considerando que la empresa es un operador más que compite. Si uno mira la tendencia global en este momento, la mayor parte de los operadores fuertes del mundo están diciendo que para crecer tienen que aumentar sus servicios, aprovechando las transmisiones 4K, 8K, dando internet satelital a nivel domiciliario, utilizando las nuevas frecuencias banda Ka (que es uno de los puntos específicos del Arsat 3) y a su vez expandiéndose a regiones donde hay más mercado. Las dos regiones que todos los operadores mencionan son el sudeste asiático y América latina. Así, si bajamos la velocidad de producción en nuestra propia región le estamos abriendo la puerta a otros competidores.
–Tengo entendido que un 30% de los componentes para construir los satélites eran nacionales. ¿Cómo impacta esto en la industria local?
–En el costo del satélite hay una parte muy importante que es el lanzamiento. Luego, lo que es la carga útil que es muy poco probable que Argentina pueda, en el corto plazo, desarrollar esas tecnologías. Se está haciendo un lanzador –eso es un paso muy importante– que va por el lado de la Conae, para satélites que pesan hasta 300 kilos mientras que los del tipo de Arsat pesan tres toneladas. Por último, en la construcción de satélites, hay componentes que son importados y otros desarrollados en Argentina. Está toda la ingeniería de Invap como integrador del satélite. Esa integración tiene técnicos, tiene proveedores externos que fabrican distintas partes del satélite. Existen varias decenas de pymes que a su vez proveen servicios y tecnología a Invap en el desarrollo de un satélite. Si no se sigue desarrollando la producción satelital todo esto se discontúa. Hace algunos años, por ejemplo, España, que participa de la agencia espacial europea, redujo su participación en ese organismo. Al reducir su participación, generó muchos inconvenientes a la industria española y tardó en recomponerse de eso. Recién ahora se dieron cuenta de la importancia que eso tiene para la industria de alto valor agregado que tiene Europa. Durante la gestión anterior, apostamos a un panorama donde la ley de desarrollo satelital iba mantener un volumen de trabajo más o menos constante. En cambio, si discontinúan el trabajo de desarrollo satelital, todas las capacidades desarrolladas van a sufrir el achique que les genera esa falta de inversión.
–¿Consideras que se puede hablar de un vaciamiento de la empresa?
–Hubo una serie de despidos, algunos cargos gerenciales que son esperables. Pero además se despidieron afiliados al sindicato y esto es más complejo porque no se trataba de funcionarios con cargos gerenciales. Eso generó algunos conflictos. Pero más allá de frenar el proyecto satelital, creo que lo central es que no conciben a Arsat como una empresa que puede competir en el mercado. Esto es lo puede llegar a vaciar a la empresa. Nosotros trabajamos mucho para crear un área comercial fuerte, porque Arsat tenía que salir a competir en el mercado de telecomunicaciones. Sobre todo con su servicio de televisión y con los servicios satelitales que además se ampliaban a Sudamérica, con cobertura también en Estados unidos. Queríamos entrar en la banda Ka con el Arsat 3, que amplía el horizonte de servicios que podés ofrecer. Eso requirió madurar como institución en distintas áreas. Se trabajó mucho en el área de planeamiento y en el área comercial, como dije antes. Ahora, si Arsat no compite, obviamente frena las inversiones porque si invierte es para competir. De esta manera, los fondos para completar la red van a ser a través de subsidios, a través de servicio universal, hay distintas formas. Si Arsat no compite, todo el área comercial, de planeamiento, deja de tener sentido. Si se paran los proyectos satelitales, también hay un sector que no tendría tareas.
–Arsat articula muchos programas que promueven la inclusión digital: TDA, la red federal de fibra óptica ¿Cómo afecta el cese de actividades a todos estos programas?
–En el caso del trazado de fibra óptica se anunció un interés de avanzar en ese sentido, hay voluntad de continuar ese proyecto. Acá entra el mismo problema de la competencia porque Arsat brinda capacidad a los proveedores de internet de las distintas localidades, ahora donde llega Arsat llegan otros proveedores como Telecom, Telefónica y Cablevisión, muchas empresas. Si Arsat no compite con ninguna de esas le quedan algunas pocas localidades con pocos habitantes para dar servicios y una red que requiere mantenimiento, con cuadrillas realizando mantenimientos preventivos, correctivos, que son muy caros. Si no tiene volumen de negocios habrá más egresos que ingresos. Son muy pocas las localidades donde Arsat llega solo, son los lugares más alejados que quizás no se llega con fibra, sino mediante radioenlaces o satélite. Entonces el volumen de negocios va a ser muy chico y la red tendría un costo de operación muy alto y bajos ingresos lo cual sería un problema para los números de la empresa.
–Entonces, aunque exista la voluntad de extender la fibra óptica, por sí solo Arsat no tendría ninguna función si no se pone a competir.
–Claro, Arsat 3 estaba pensado para ser financiado principalmente con los ingresos de Arsat 1 y 2 y una parte con crédito privado. Luego, de Arsat 3 en adelante se pensaba que los nuevos satélites se financiaban con los ingresos de los satélites operativos y buscando la exportación de plataformas. Entonces el plan pretende una financiación desde la producción misma de la empresa y no desde la inversión estatal. La fibra en cambio sólo puede ser financiada por medio del tesoro nacional. En el caso de la televisión está totalmente frenado, no sabemos si no lo entienden, no lo comparten. No se pronunciaron al respecto. Lo que está claro es que está frenado y que no es prioridad para ellos. ¿Cómo va a evolucionar ese proyecto? ¿Cuál es el rol de Arsat? si no lo hace Arsat, ¿Quién lo hace? es una incógnita.
–Decías que la TDA está frenada. ¿Por qué era una prioridad para la gestión anterior?
–En 2019 se aproxima el apagón analógico donde las emisiones analógicas se van a suspender y si no fueron digitalizadas las transmisiones, cuando esto suceda una porción de la población va a dejar de ver señales que habitualmente consume. Si bien en Argentina existe una proporción importante de gente que mira televisión a través de sistemas pagos, hay un 20% de hogares que lo hacen a través de la televisión abierta. La mitad hasta 2015 ya había adoptado la televisión digital y restaba un 10% que migre del analógico al digital. Parece poco, pero son más de 1 millón de hogares que no están en la CABA y que no son de clase media. Va a ser difícil que migren al sistema digital, que adopten la nueva tecnología. No se trata solamente de poner un conversor, hay que acceder a toda esa población que está en una situación de vulnerabilidad social y económica. Para llevarlo a números: tenemos cuatro años hasta el apagón analógico y aún falta cubrir un millón de hogares. Considerando que los equipos cuestan alrededor de dos mil pesos, sumando la distribución y la logística de servicio técnico y difusión, suponiendo que esto tiene un costo de tres o cuatro mil pesos por persona, suma cuatro mil millones de pesos que hay que financiar. Entonces si las inversiones se detienen y no se invierte en la conversión tecnológica y no se invierte en políticas de inclusión, esta migración al sistema digital no va a suceder sola. Cuando llegue la fecha del apagón tecnológico habrá que postergarlo, porque se deja a una porción de la población sin televisión.
–La cobertura también alcanza las islas Malvinas y el sector norte de la Antártida Argentina, territorios remotos.
–En este sentido lo fundamental es que Arsat no busca sólo dar servicio en esas regiones donde el consumo es muy bajo y hay muy pocos clientes. La propuesta de Arsat está bajo la lógica competitiva pero que además tiene una mirada de soberanía e inclusión social. El satélite busca cubrir todo el territorio, no solamente donde está el negocio, también va donde no es rentable. En esos lugares no compite con pymes argentinas, compite con operadores internacionales, genera recursos. También están las políticas de gobierno como el caso de las escuelas rurales, que desde el ministerio de planificación se impulsó un programa para dar conectividad a todas las escuelas rurales. Lo importante es cómo se complementa la rentabilidad con el espíritu de inclusión social. La idea no es ir a pérdida pero es necesario llegar a todo el territorio.

Subnotas

LAS PETROLERAS AUMENTARON OTRO 10 POR CIENTO LOS COMBUSTIBLES

La nafta sube a toda velocidad

Es la cuarta suba en cinco meses. En lo que va del año, el ajuste acumulado es superior al 30 por ciento. En YPF, que concentra la mitad de las ventas, el litro de súper cuesta 17,08 y la premium llega a 19,30.
La nafta volvió a aumentar y ya es la cuarta suba en cinco meses. El gobierno autorizó esta vez un ajuste de hasta 10 por ciento, el más alto del año. En la Ciudad de Buenos Aires el litro de nafta súper de YPF trepó ayer de 15,52 a 17,08 pesos y la Premium pasó de 17,5 a 19.30 pesos. En Shell, la empresa de donde viene el ministro de Energía Juan José Aranguren, la súper cuesta 17,48 pesos y la V-Power quedó a 19,98 pesos. Axion, Oil y Petrobras aplicaron ajustes similares. En las provincias los precios son todavía más altos. El presidente de la Federación de Entidades del Combustible, Luis Malchiodi, advirtió que la suba provocará una baja de las ventas y seguirá empujando el índice de inflación. “Estamos bastante desconcertados porque entendemos que no debía haber aumentado, creo que nos deben una explicación porque nadie esperaba esto, ni nosotros”, expresó.
Las petroleras afirman que la suba es consecuencia de la devaluación de casi un 50 por ciento que concretó el gobierno a mediados de diciembre. En ese momento Aranguren negoció con las firmas que el traslado a precios de la devaluación fuera “gradual”. Por eso desde comienzos de año aumentó todos los meses menos en febrero. Lo llamativo para el consumidor es que mientras el petróleo a nivel internacional está en uno de los valores más bajos de la última década, en el país no para de subir. En el sector también tienen una explicación para esta conducta. El precio del barril local de crudo está por encima del internacional, producto de un acuerdo entre las empresas con el visto bueno del Gobierno que tiene por objetivo no frenar aún más la actividad petrolera en la Patagonia. “En el país está fijado el precio interno en 73 dólares y el externo está la mitad. Fue hecho en un momento en que el barril en el exterior estaba 110 dólares, así que cuando empezó a funcionar esto era a favor de la ciudadanía (pero) ahora ya quedó absolutamente desfasado, ya no cumple la función que cumplía”, aseguró ayer Malchiodi en declaraciones radiales.
En el caso de YPF, que concentra más del 50 por ciento de las ventas, la nafta súper avanzó en enero de 13,01 a 13,79, en marzo pasó a 14,64, en abril llegó a 15,52 y ahora llegó a 17,08 pesos, acumulando en cinco meses un ajuste de 31,2 por ciento. La nafta Premium, en tanto, subió en enero de 14,66 a 15,54, en marzo llegó a 16,53, en abril a 17,5 y ahora cuesta 19,30 pesos, un 31,6 por ciento. La suba acumulada en los últimos años está muy por encima de cualquier índice de inflación. Desde marzo de 2012, YPF aumentó la súper de 4,829 a 17,08 pesos, 254 por ciento, y la Premium de 6,05 a 19,3 pesos, 219 por ciento.
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RECHAZO GREMIAL AL PROYECTO DEL GOBIERNO PARA REFORMAR EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL

“Pone en peligro 500 puestos laborales”

El Sindicato de Trabajadores Judiciales advirtió que la propuesta del macrismo “hace desaparecer todas las unidades especializadas” y afecta la independencia judicial, al transferir potestades de la Procuración a funcionarios designados por el Ejecutivo.
El proyecto del Gobierno para reformar el Ministerio Público Fiscal y transferir potestades constitucionales de la Procuración –hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó– a figuras subordinadas al Ejecutivo, anunciado a principios del mes pasado y en aparente stand by por el rechazo que generó, mantiene en alerta a los trabajadores y a sus representantes gremiales. “El proyecto pone en peligro unos 500 puestos laborales al hacer desaparecer todas las direcciones y unidades especializadas, pero además afecta la independencia judicial, burocratiza un organismo que es dinámico y vacía al Ministerio Público, afectando el equilibrio de poderes”, advierte Agustín Bruera, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju). Agrega que el gremio comenzó a reunirse con los presidentes de todos los bloques del Congreso al tiempo que se realizan asambleas en distintos ámbitos, sobre todo en las direcciones y unidades especializadas, en las que encuentran un amplio consenso en dar pelea para resistir.
“El proyecto no fundamenta por qué desaparecen de la estructura del Ministerio Público Fiscal las direcciones creadas por la última ley y las unidades especializadas, donde hay muchos compañeros que si bien no quedarían automáticamente despedidos sí cesarían sus contratos. Del relevamiento que hicimos calculamos que unos 500 trabajadores quedarían a merced de la reestructuración”, señala Bruera. “Viendo cómo se ha manejado el Ejecutivo, es claro que donde hizo reestructuraciones metió mano a despidos y cese de contratos. De prosperar el proyecto desaparecerían estructuras que hacen a la nueva mirada del Ministerio Público sobre la justicia como las oficinas de Atajo (Programa de Acceso Comunitario a la Justicia) o la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM)”, remarca. “Más allá de lo estrictamente laboral, en un nivel más profundo vemos que el proyecto busca vaciar el MPF y hacerlo más burocrático, ya que cuatro subprocuradores toman las facultades de la procuradora y además las amplían, suman funciones que no existían. Esta reforma ataca directamente la nueva mirada sobre la justicia que se construyó en estos años”.
“Un nuevo ataque a la autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal”, se titula el documento del Sitraju que analiza el proyecto presentado por el ministro Germán Garavano. Destaca que ante la imposibilidad de avanzar con el nombramiento de jueces “en comisión” en la Corte Suprema y de desplazar por decreto a Gils Carbó, el gobierno de Mauricio Macri promueve una reforma de la ley orgánica del MPF que desconoce el rol constitucional del procurador general al suprimir facultades de su titular, limitar el período de desempeño y modificar los mecanismos de remoción. En paralelo licua el poder de la procuradora mediante la creación de cuatro subprocuradores nombrados por mayoría simple del Senado (en lugar de las “mayorías agravadas” que la Corte recomendó en su fallo “Uriarte” para incrementar la transparencia en el proceso de selección de magistrados) y un “Consejo General” integrado en un 50 por ciento precisamente por esos cuatro funcionarios elegidos por el Ejecutivo.
Bruera recuerda que dos semanas atrás hubo una reunión informativa sobre el proyecto en las comisiones de legislación penal, justicia y presupuesto de la Cámara de Diputados, y que el ministro Garavano no supo explicar por qué el Gobierno no da a conocer los fundamentos de la propuesta de eliminar direcciones y unidades especializadas. “Todos los bloques atacaron el proyecto”, destacó. “Dividimos la cuestión en dos. El piso es que nadie se quede en la calle, pero también consideramos que este proyecto afecta la independencia judicial. Y como gremio que opina que sus trabajadores deben pensar el proyecto que realizan, decimos que no sólo es mentira que ‘modernice’ algo –de hecho la última ley que modificó la Justicia fue la del MPF el año pasado–, sino que además burocratiza un organismo que es dinámico, ya que crea organismos que le quitan funciones a la cabeza de Procuración para que cada decisión deba pasar por un Consejo General y cuatro subprocuradores”, explica.
“Por otro lado pensamos que lo que hace es vaciar el MPF de poder porque le quita facultades y estructura para ejercer su función penal, y de alguna manera se las devuelve al Poder Judicial como sistema inquisidor, cuando en todo el mundo está demostrado que es un sistema del pasado y hay consenso en ir hacia procesos acusatorios a cargo de fiscales. Nuestro miedo es que esto vaya contra el equilibrio de poderes, porque hoy el MPF es extrapoder, en la misma jerarquía que el judicial. También nos preocupa que se limiten a cuatro años los plazos de gestión tanto del procurador como de los subprocuradores, en coincidencia con los plazos políticos. Esto incide en la independencia judicial: si alguien es nombrado por el Ejecutivo para el mismo tiempo que el mandato presidencial, evidentemente va a estar a merced de quien lo nombró”.
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Para el dia del trabajo


¿Como entra este tipo a EEUU? no nos olvidemos que el avion iba a Miami


1 de mayo de 2016

Se incendia la planta de celulosa de Capitán Bermúdez en Santa Fe

El siniestro se desató en la noche de este sábado en un sector de la fábrica. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para intentar controlar la situación.


En  principio no habría heridos. Diferentes usuarios compartieron imágenes en las redes sociales. Trabajan más de seis dotaciones de bomberos en el lugar para intentar controlar la situación, según informó Rosario3.com.




El fiscal dijo que detectaron "olor a dinero" en las valijas de Milagro Sala
El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, reveló hoy que en los 30 bolsos y valijas hallados durante un operativo en la casa de Milagro Sala, "había olor a dinero". Lo detectaron a través de los perros entrenados por la AFIP para esa tarea.

Miranda detalló que durante los allanamientos que realizó la Justicia penal ayer para buscar los 29 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de viviendas, los perros entrenados de la AFIP "olieron dinero" en las valijas secuestradas. Sin embargo, el fiscal aclaró que no encontraron plata en los bolsos.
"Esto está ratificando que en la causa de Milagro Sala se ponía el dinero en las valijas y las valijas eran trasladadas. Una parte de la ruta del dinero se está reconstruyendo con los distintos elementos probatorios que se han podido rescatar y secuestrar en el día de ayer", declaró el fiscal a radio Concepto.
Además, expresó que "estos son todos indicios" que "podrían llegar a permitirle al juez reconstruir la ruta del dinero" que presuntamente desvió la agrupación liderada por Sala, quien se encuentra detenida con prisión preventiva.
En este sentido, señaló que "ya hay elementos probatorios que hacen semi y plena prueba que el hecho delictivo se ha cometido o posiblemente uno de los autores hayan sido Milagro Sala y ex funcionarios del gobierno provincial".
Según Miranda, el supuesto delito que se le imputa a Sala "no se podría haber ejecutado sin la participación necesaria de funcionarios de orden provincial y nacional". "Se habla de estafa o fraude a la administración provincial porque todos esos recursos, que tenían origen nacional, eran trasferidos e ingresaban a la administración provincial", agregó.
Los operativos realizados ayer en 20 domicilios vinculados a la causa, en que además de las valijas se secuestró documentación y una máquina para contar dinero, fueron liderados por el fiscal Diego Cussel, juntos a inspectores de la AFIP, con una división especial de perros, adiestrados para detectar dinero y de la división canes de la Policía de la Provincia.
Al finalizar los allanamientos en los distintos inmuebles, el fiscal Diego Cussel afirmó que el procedimiento "había sido positivo" y confirmó la detención de una persona de apellido Mamani y que está relacionada con Sala.
Clarin
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Encontraron La Boveda de Lazaro






America y TN
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Faltaria saber si detectan olor a dinero y ademas si hay olor a dolares o a pesos.


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30 de abril de 2016

Otro funcionario de Macri involucrado en cuentas offshore

Se trata del secretario General de la presidencia, Fernando de Andreis donde familiares cercanos aparecen en un entramado de sociedades en paraísos fiscales.

La esposa, cuñados y suegro del secretario General de la Presidencia,Fernando De Andreis aparecen en sociedades offshore que maneja la firma Parquemar Group en Panamá y suma así un nuevo funcionarioinvolucrado en los #PanamáPapers.

María Sol Ascónape, mujer del secretairo General ed la Presidencia figura junto a sus familiares directos en un amplio poder para manejar la firma offshore Parquemar Group, de Panamá, que funcionó hasta enero del 2014, dos meses antes de que se casara con el funcionario.


Tanto el padre como un hermano de su esposa contribuyeron con dinero a diversas campañas de Mauricio Macri.

El tiempo de las certezas

› Por Horacio Verbitsky
Como en las grandes ocasiones de la historia, el centro de la ciudad de Buenos Aires estuvo convulsionado desde varias horas antes hasta varias horas después del primer acto unitario en el que confluyeron todos los agrupamientos gremiales, algo que jamás había ocurrido. No sólo coincidieron en la calle las tres CGT y las dos CTA, sino también las organizaciones sindicales de la izquierda nucleada en el FIT.
Por supuesto, cada uno marchó con sus consignas y fundamentaciones y varios trataron de marcar diferencias, a derecha e izquierda: desde los resabios de la derecha lopezreguista de Luis Barrionuevo, que anunció un desagravio gastrononómico al presidente Maurizio Macrì para mañana, hasta el PTS, que exigió un paro activo con movilización y anunció otro acto hoy frente a la embajada del Brasil para reclamar contra el golpe en cámara lenta y legislativa. Sin desdeñar la importancia de los respectivos postulados teóricos, la importancia de la movilización de ayer no debe buscarse en el palco, las dirigencias, los documentos o los discursos, de muy dispar factura. Tampoco en las adhesiones de distintos sectores políticos ni en las respuestas que provocaron en los demás. Lo definitivo estuvo en las calles, donde esas diferencias no existieron porque una imponente manifestación se unió en repudio a las políticas del gobierno nacional, que no precisó ni cinco meses para sembrar el pánico en capas muy amplias y diversas de la sociedad argentina, reclutadas entre el 66 por ciento que en las elecciones presidenciales de octubre de 2015 prefirió otras alternativas distintas a la Alianza Cambiemos.
Que el documento acordado entre las cinco centrales haya sido leído por el secretario de la Confederación de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid, prenuncia su probable designación al frente de la CGT cuando sus tres fracciones se reunifiquen, cosa que ocurrirá el 22 de agosto según anunció ayer mismo Antonio Caló. Es una buena noticia, porque se trata de uno de los dirigentes con más firme tradición combativa y mejor formación y uno de los más alertas contra el riesgo de privilegiar diferencias secundarias por encima de los factores de unidad ante el embate impiadoso que el gobierno conduce contra los derechos e intereses de todos. También se anunció que funcionará una Mesa de Enlace con las dos CTA, para extender en el tiempo la coordinación estrenada ayer. Como todo producto de una negociación entre organizaciones diversas, el texto no será recordado como un modelo de pensamiento político. Pero tanto allí como en los discursos de Caló, Pablo Micheli y los dos Hugos, la protección de los trabajadores contra el despido y la inflación desplazó a cualquier otro tema, lo cual implica hablar en serio.
Hace casi medio siglo el sector más combativo del movimiento obrero propuso “unirse desde abajo y organizarse combatiendo”. La situación es incomparable en todo sentido, pero el palco de ayer frente a la Facultad de Ingeniería no hubiera sido posible sin esa presión que desde las bases de la sociedad llega incluso hasta una dirigencia que sólo se pone en movimiento cuando los márgenes para otra cosa se estrechan demasiado. Esta coincidencia sindical se refleja en el proyecto de prohibición de despidos ya votado por los Senadores y que el miércoles la Cámara de Diputados podría convertir en ley, poniendo al gobierno frente al dilema de su primer veto. De producirse, le advirtieron ayer, la lucha seguirá en las fábricas y en las calles. A su vez, es discutible si todo esto hubiera ocurrido sin el acto también multitudinario pero menos diverso del 13 de abril, en el que Cristina convocó como tarea excluyente de un propuesto frente ciudadano el reclamo por los derechos arrebatados o perdidos. Esto carece de connotación electoral, ni de política partidaria, pero muestra una faceta del liderazgo que nadie puede darse el lujo de ignorar.
Por todo eso, lo sucedido ayer no constituye la mejor noticia para el gobierno, cuya reacción osciló entre el humor involuntario del ministro de Obras Públicas Rogelio Frigerio (fue una celebración del día del trabajo) y el cinismo presidencial (según Maurizio Macrì, “el gobierno trabaja todos los días para bajar la inflación y generar más empleo” y de acuerdo con su jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, el gobierno coincide con las preocupaciones del sindicalismo). Eso no es cierto. El aumento del desempleo y la caída del salario no son efectos colaterales indeseados sino objetivos explícitos de la política económica. Quien lo fundamentó con todas las letras es el actual vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach. En su libro de 2004 Entre la equidad y el crecimiento. Ascenso y caída de la economía argentina, 1880-2002, escrito junto con Pablo Gerchunoff, Llach afirma que existe un “rasgo genéticamente igualitario de la Argentina”, acentuado “a partir de la inauguración de una democracia auténtica” con el Yrigoyenismo, que contradice las tendencias “más favorables al crecimiento”. La equidad se convirtió en un “valor político prioritario” que fue transmitiéndose de padres a hijos durante más de cien años. Ese rasgo genético que la Alianza Cambiemos se propone modificar se transmitió en la primera generación del Yrigoyenismo al peronismo y en las siguientes al kirchnerismo. Y si se escucha a quien preside el Banco Central en pareja con Llach, Federico Sturzenegger, incluso el actual ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso de Prat-Gay sería portador sano de ese gen defectuoso. En el idioma críptico que usan los economistas para encubrir su pensamiento, se lo están diciendo a gritos de una tribuna empresarial a otra.
Para Llach y Gerchunoff la baja salarial es precondición del crecimiento y les parece que tanto Menem cuanto De la Rúa fueron débiles para oponerse a la abominada pasión igualitaria. Algo parecido llegó a opinar sobre Martínez de Hoz uno de los maestros de ambos, Adolfo Canitrot. En esta concepción, el salario sigue siendo el enemigo principal, ayer, hoy y mañana.
Macrì tiene a su favor la pesada herencia, como el primer presidente de la democracia argenta que recibió una economía en crecimiento, con bajo desempleo y menor endeudamiento externo. Pero en estos meses ya ha sentado las bases para una seria crisis económica y social. La magnitud y el carácter del acto de ayer permiten ir prefigurándola. Lo único que no puede predecirse con exactitud es su tiempo de incubación y sus consecuencias políticas. Pero ayer comenzó el tiempo de las certezas.
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MIGUEL ANGEL GUTIERREZ QUEDO AYER AL FRENTE DE YPF EN REEMPLAZO DE MIGUEL GALUCCIO

La petrolera recuperada, en otras manos

El gobierno nacional, con mayoría accionaria en la asamblea de YPF, concretó ayer el nombramiento del ex Telefónica de España y ex JP Morgan, Miguel Angel Gutiérrez, como nuevo presidente. Daniel González, actual director financiero, será el CEO.
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la empresa YPF designó a Miguel Ángel Gutiérrez como presidente de la compañía, en reemplazo de Miguel Galuccio, en una reunión de poco más de cinco horas en la que también se renovó parte del directorio. Después de cuatro años, Galuccio deja la compañía a la que llegó para llevar adelante el proceso de recuperación del control por el Estado nacional, tras la expropiación del paquete mayoritario, por entonces en manos de la empresa española Repsol. Gutiérrez, su reemplazante, proviene justamente de uno de los holdings españoles que se beneficiara con la etapa de las privatizaciones en Argentina en la década del 90, Telefónica.
Por decisión de la anterior asamblea de accionistas, a partir de esta nueva etapa quedarán escindidos la Gerencia General (CEO) y el cargo de Presidente, ambos ejercidos hasta ayer por Galuccio. Daniel González, hasta ayer director financiero (CFO), ocupará provisoriamente el cargo de CEO, reteniendo el anterior.
La asamblea designó además a siete nuevos directores que completan, de esta forma, el reemplazo total del Directorio que acompañara a Galuccio hasta febrero. En su nueva integración, el directorio incluye a dos ex presidentes de YPF de la era menemista (Roberto Monti y Octavio Frigerio) y dos ex secretarios de Energía de Fernando de la Rúa (Daniel Montamat y Emilio Apud). Montamat, además, había ocupado cargos en el directorio, primero, y como presidente de YPF después, en el gobierno alfonsinista. Apud ingresa en representación del Estado nacional, por las acciones que son de su exclusiva posesión (Clase A). Del resto, se destacan la presencia de Norberto Bruno, quien dejó el cargo al frente del Ministerio de Economía e Infraestructura de Neuquén para representar a su provincia en el nuevo directorio, y de Armando Isasmendi, que hará lo propio por la provincia de Salta.
Entre las medidas aprobadas por la asamblea se destacó la ampliación del programa global de obligaciones negociables (emisión de deuda), desde los 8000 millones de dólares vigentes hasta 10.000 millones, y la fusión por absorción de las compañías YPF Inversora Energética SA y Gas Argentino SA. También aceptó destinar 3640 millones de pesos de las utilidades acumuladas al 31 de diciembre pasado para inversiones; y 889 millones de pesos para el pago de dividendos.
Miguel Gutiérrez, un ejecutivo de muy bajo perfil, que se espera lo mantenga al frente de la principal compañía del país, reconoce antecedentes no sólo por su paso por grandes empresas como Telefónica de España o JP Morgan. Apenas trascendió su nombre como candidato a suceder a Galuccio, fue denunciado ante la Bolsa de Comercio por supuesto incumplimiento de condiciones contractuales en la adquisición, en diciembre de 2013, de la empresa Percomin, propietaria de la cadena de electrodomésticos Las Malvinas. La familia Ferraro, dueña de la empresa hasta ese momento, le reclamó 52,7 millones de pesos como parte de pago de aquella operación. Percomin fue fundada en 1957 por Mario Ferraro, quien falleció en 2006. Sus hijos Marcelo y Martín se hicieron cargo e iniciaron un proceso de expansión, hasta que en 2013 decidieron vender la empresa. El Banco de Inversión Columbus Merchant los vinculó con Gutiérrez en octubre de ese año, quien a través de la firma Vocación Empresaria SA adquirió Percomin en diciembre de 2013. A poco de tomar la empresa, sin embargo, Gutiérrez se habría negado a cumplir las condiciones de pago pactadas, aduciendo pasivos ocultos para renegociar el precio.
Allí se inicia una serie de controversias que desembocaron el la denuncia formulada por la familia Ferraro contra Miguel Gutiérrez a principio de este año, que derivó en el reconocimiento de la deuda por este último y el pacto de un nuevo compromiso de pagos, aún vigente.
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