13 de diciembre de 2018

El Gobierno le dio 284 nuevas rutas a Flybondi y llegará hasta las Islas Malvinas

El gobierno nacional oficializó este jueves el otorgamiento de 290 rutas aéreas a las empresas Flybondi y Avian. Entre las diferentes rutas, se incluye a Malvinas.
Este jueves, el Gobierno oficializó a través del Boletin Oficial el otorgamiento a la línea aérea "low cost"Flybondi un total de 284 rutas aéreas de cabotaje e internacionales, incluida la ruta entre la ciudad de Buenos Aires y las Islas Malvinas.
El documento establece: "Otórgase a la empresa FB Líneas Aéreas SA autorización para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte".
Transporte aclaró que la operación de la ruta Buenos Aires-Islas Malvinas "estará sujeta al resultado de las consultas con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto".
Boletín Oficial by El Destape on Scribd
Nuevas rutas para la empresa vinculadas a Macri
El Ministerio de Transporte de la Nación, también otorgó a la empresa Avian la "concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte y con facultad de omitir y/o alterar escalas" en seis rutas de cabotaje.
La Resolución 1083/2018 publicada en el Boletín Oficial el 12 de diciembre, el "período de vigencia de la concesión que se otorga se extenderá por el término de quince (15) años contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución".
El Destape
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Sinverguenza y sin razón.
Declaró Fariña en la causa por lavado de dinero
Una versión con modificaciones
Por Raúl Kollmann
El arrepentido estrella Leonardo Fariña –super favorecido por el gobierno de Cambiemos– declaró largamente en el juicio de ayer por lavado de dinero en el que Lázaro Báez es el principal imputado pero el propio Fariña también está sentado en el banquillo de los acusados. Desde hace más de dos años Fariña repite que Báez sacó entre 20 y 30 millones de dólares al exterior, operaciones en las que él participó conectando al constructor con agentes financieros. Ayer ratificó esa afirmación pero dijo que era dinero lícito, ganado por Lázaro en las obras, aunque tal vez hubiera evasión impositiva. En paralelo reiteró que “Austral Construcciones era Lázaro y él, Néstor Kirchner”. La afirmación se basa en lo que –según Fariña– Lázaro le dijo.
El juicio por lavado de dinero trata sobre algunos hechos puntuales. En primer lugar, la existencia en Suiza de cuentas a nombre de sociedades de Lázaro Báez con movimientos de unos 35 millones de dólares. Fariña sostuvo que el constructor se quedó con la financiera SGI para cambiar cheques a sus propios proveedores y cobrarles intereses. Atestiguó que hubo una transferencia al exterior, después de la muerte de Néstor Kirchner, pero que era dinero lícito proveniente de la obra pública, aunque tal vez existió evasión impositiva. De manera asombrosa igualó así a Lázaro Báez con otros empresarios, incluyendo la familia presidencial, que también sacó millones de dólares al exterior en negro, a tal punto que Gianfranco Macri blanqueó 32 millones de dólares en 2016.
Otros dos hechos puntuales tienen que ver con la vida ostentosa de Fariña y la compra de dos estancias, una en Mendoza y otra en Uruguay. Fariña fue impreciso pero dió a entender que el empresario Carlos Molinari, su supuesto jefe, en verdad era su testaferro. El arrepentido sostuvo que él –Fariña– ganó mucho dinero y que las operaciones de Molinari eran con plata suya. Todo parece inverosímil pero se verá el próximo miércoles cuando Fariña conteste preguntas. Por ejemplo, le preguntarán cómo hizo la fortuna que dice tener y que le permitió la compra de un departamento sobre avenida Libertador y el uso de autos de superlujo como una Ferrari. También quedó claro que gastó una fortuna en el casamiento con la modelo Karina Jelinek. Respecto de aquella filmación en SGI donde se ve a varias personas –entre ellas Martín Báez– contando cinco millones de dólares, Fariña no dijo nada y puede ser que el tema surja dentro de una semana.
Desde el principio de la causa, a la que los medios cercanos al gobierno llamaron “La Ruta del Dinero K”, se trató de incluir a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como imputada. El juez Sebastián Casanello sostuvo que no había ninguna evidencia contra ella, ni una sociedad ni una cuenta en la que figurara alguien de la familia Kirchner como beneficiaria, y por eso le dictó la falta de mérito. Ahora tendrá que resolver la Cámara Federal, pero la indagatoria de ayer de Fariña no incluyó ningún elemento que pueda ser usado contra la ex presidenta.
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Carzoglio sobre la denuncia contra el fiscal Scalera por Pablo Moyano: "Si se confirma, se cae la causa"

El juez habló de la denuncia por parte de un barrabrava que denunció al fiscal por haber recibido presiones para acusar a Pablo Moyano.
El juez Luis Carzoglio habló de la denuncia por parte de un barrabrava que denunció al fiscal Sebastián Scalera, por haber recibido presiones para acusar a Pablo Moyano"Si se llegara a confirmar la denuncia contra Scalera, se cae toda la causa judicial", al tiempo que instó al Procurador General de Buenos Aires: "Confío en que Conte Grand impulse la investigación por la denuncia contra Scalera".
En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Carzoglio afirmó: "No me arrepiento de haber hablado como hablé por la causa de Pablo Moyano. Conmigo no van a poder, aunque tenga que pagar un precio"
Y remarcó sobre la denuncia contra el fiscal Scalera: "Me enteré por los medios de la denuncia, habrá que investigar lo que pasó"
"Si se llegara a confirmar la denuncia contra Scalera por haber presionado a un denunciante, se podría caer toda la causa contra Pablo Moyano", concluyó el juez.
El Destape

Gianfranco Macri: "Yo no pagué coimas"

El hermano del Presidente llegó a las 7.30 a Comodoro Py para presentarse frente al juez Bonadio por la causa Cuadernos. Estuvo declarando casi 2 horas.
El hermano del Presidente, Gianfranco Macri, declaró en Comodoro Py frente al juez Claudio Bonadio:"Yo no pagué coimas", dijo.
El familiar de Mauricio Macri llegó a las 7.30 a Comodoro Py para presentarse frente al juez por la causa Cuadernos. Estuvo declarando casi 2 horas.
"El juez no le otorgó una prórroga solicitada para postergar la indagatoria, y el hermano de Macri llegó a las 7:40 a los tribunales de Retiro para declarar sobre supuestos sobornos pagados a ex funcionarios kirchneristas por las concesiones del acceso Oeste a través de la empresa Concesionaria Oeste y por el tramo Acceso Norte, a través de Autopistas del Sol", confirmó C5N.
Según la defensa ejercida por el abogado Ricardo Rosental, la familia Macri no tenía control sobre las decisiones de Autopistas, ya que eran “accionistas residuales”.
Por el tipo de acciones que tenían, que integraban un fideicomiso, no tenían potestad para nombrar directores y por ende no tomaban las decisiones, se explicó.
El grupo tenía el 7 por ciento desde 2004 y antes el 10 por ciento. También fue a declarar Luis Freixas Pinto, ex Ceo de Autopistas del Sol y actual presidente de Correo Argentino, que fue citado a indagatoria por Bonadio.
En Tanto, Franco Macri, el padre del presidente, pidió la suspensión de la indagatoria, ya que su defensa alega que no está en condiciones físicas ni psíquicas para declarar.
El Destape

12 de diciembre de 2018

Debían llover inversiones y diluvió desconfianza
Ayer siguió la escalada del riesgo país, la sobretasa que debe pagar el país por el crédito externo en función de la desconfianza en la capacidad de repago de la deuda. La suba ha sido constante desde el inicio de diciembre.
Por Federico Ker
La plaza financiera local sigue siendo considerada de alto riesgo para los inversores extranjeros.
La plaza financiera local sigue siendo considerada de alto riesgo para los inversores extranjeros. 
Imagen: EFE
El riesgo país no da respiro en la city porteña. Se ubicó ayer en 754 puntos básicos, con un aumento de 2 unidades. Los bonos de largo plazo marcaron una fuerte disminución. Las pérdidas fueron de más del 2 por ciento. La caída de los precios de los títulos soberanos no estuvo replicada en el resto de la región. El riesgo país de Brasil no se movió y cerró en 274. Lo mismo ocurrió con el de Uruguay, que quedó en 201 puntos, y el de Perú, que se ubicó en 141 unidades. La Argentina ya paga una tasa entre tres y cuatro veces mayor respecto del resto de las economías de Latinoamérica.
 El equipo económico no consigue hace meses bajar el riesgo país. La tendencia de los inversores es a desprenderse de los activos argentinos. En el Gobierno plantean que el problema es la incertidumbre de las elecciones presidenciales. “El mercado nos tiene más confianza que al resto de los candidatos. Por eso el diferencial de rendimientos que se observa en los bonos 2019 y los que vencen a partir de 2020”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La frase fue desafortunada. Los operadores del mercado no concuerdan. Los problemas del país no son sólo políticos sino que las variables macroeconómicas muestran falta de equilibrio. La Argentina desde abril que registra un riesgo mucho mayor respecto de la región.
Los analistas bursátiles dejaron de sorprenderse con los saltos del riesgo país. La respuesta que ofrecen a este diario es sencilla pero contundente. “¿Quién puede pensar que un inversor del exterior va a confiar en un país que tiene más inflación en un mes que todos sus vecinos juntos? Haga la comparación. Sorprende.” El dato es alarmante. En octubre el Indec registró un incremento de precios de 5,4 por ciento. En Bolivia fue de 0,18 por ciento, en Brasil de 0,40 por ciento, en Colombia de 0,10, en Chile de 0,40, en México de 0,50, en Ecuador de -0,50, en Paraguay de 0,60, en Perú de 0,10 y en Uruguay de 0,30. La inflación sumada de estos 9 países es de 2,6 por ciento. Se trata de una cifra que representa la mitad de la inflación argentina.
Las subas del riesgo país se aceleraron desde que el país consiguió el primer préstamo del Fondo Monetario. La agencia de bolsa Rava Bursátil muestra la evolución de este indicador elaborado por el JP Morgan en lo que va del año. La escalada es notable a partir de junio. En enero, el riesgo país se ubicaba en 350 puntos, una cifra que no estaba tan lejos de la del resto de los países de la región. En febrero y marzo se posicionó en los 400 puntos y para finales de abril ya se ubicaba en 450 unidades. En mayo y junio, cuando el Gobierno pidió auxilio al FMI, el riesgo país se movió entre los 500 y los 600 puntos básicos. En julio se mantuvo en niveles similares. A partir de agostó se inició la disparada del indicador. El 6 de agosto cerró por primera vez en 700 puntos y el 27 del mismo mes anotó el pico del año (771 puntos). 
En septiembre se respiro algo de aire y el indicador del JP Morgan bajó hasta los 588 puntos. La tranquilidad duró poco. Para octubre y noviembre ya estaba de nuevo arriba de los 600 y en diciembre comenzó una escalada con prisa y sin pausa. El riesgo país el 3 de diciembre abrió en 698 puntos y cerró la jornada en 729 puntos básicos. Ayer esta cifra alcanzó el pico del mes (754 unidades). El gran interrogante entre los inversores es si romperá la barrera de los 800 puntos antes que termine el año. Para la primera parte de 2019 algunos analistas aseguran que podría observarse cierta tranquilidad. Se debe a que hay pagos importantes de capital e intereses que podrían reinvertirse en bonos. Esto pondría cierto freno a la caída en el precio de los títulos.  
La inestabilidad de los títulos públicos dejó sorpresas en el mercado. Las acciones de los bancos anotaron un fuerte rebote en la bolsa de Estados Unidos. El Grupo Financiero Galicia avanzó un 6,0 por ciento. Esta suba es difícil de explicar sin recurrir a la especulación de corto plazo. La banca tiene una gran porción de los títulos públicos. Si los inversores adelantan problemas de deuda deberían también adelantar problemas en el patrimonio de los bancos. 
El dólar tampoco acompañó la inestabilidad de los bonos. La cotización de la divisa cerró en 38,75 pesos, con un retroceso de 4 centavos. El tipo de cambio mayorista se ubicó en 37,81 pesos, al aumentar 15 centavos. Las reservas internacionales volvieron a bajar 61 millones de dólares y se ubicaron en 49.785 millones. El Banco Central licitó 141.172 millones de pesos. La tasa promedio fue de 58,97 por ciento, contra el 59,23 por ciento de la jornada anterior. La tasa máxima fue de 59,55. El stock de letras de la autoridad monetaria ya supera los 700.000 millones de pesos.
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“Está en riesgo la continuidad del organismo"
Abrazo contra el vaciamiento de la Defensoría del Público
Los trabajadores de la Defensoría del Público realizaron este mediodía un abrazo simbólico para denunciar que el diez por ciento de los puestos de trabajo del organismo están en riesgo por la falta de renovación de los contratos. Según explicaron, la continuidad o no de las fuentes laborales depende de la resolución de una comisión bicameral que dilata su pronunciamiento. A fin de año vencen 17 contratos.
“Aún no se resolvió la continuidad de 17 puestos de trabajo en la Defensoría del Público por decisión de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización del Congreso Nacional”, explicaron los trabajadores del área a días de cumplirse la finalización de esos contratos y plantas transitorias. “Está en riesgo la continuidad del organismo”, remarcaron.
Bajo las consignas “En la Defensoría del Público no sobra nadie” y “El derecho a la comunicación no se negocia”, los trabajadores se manifestaron en la puerta del edificio ubicado en Alsina 1470. Desde allí reclamaron ante la falta de respuesta que, además de los posibles despidos, “afectan el normal desenvolvimiento del organismo y la misión de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación”.
"Hay 17 familias que pueden quedar en la calle. Estamos hablando de más de un 10 por ciento de la planta de empleados", explicó Marcos Ocampo, delegado de ATE, en declaraciones a la AM750.

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Presentes en el abrazo a la Defensoría del Público en reclamo por la continuidad laboral de sus trabajadoras y trabajadores.
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Boudou al fin afuera de la cárcel de Ezeiza
El tribunal hizo lugar al reclamo de los abogados de Boudou, quienes argumentaron que ya no había investigación que pudiera entorpecer. Tendrá que aportar una caución de un millón de pesos y le pondrán una tobillera.
Por Raúl Kollmann
El ex vicepresidente Amado Boudou había quedado detenido tras la condena en el caso Ciccone, que fue apelada.
El ex vicepresidente Amado Boudou fue excarcelado ayer a la tarde tras un fallo dividido del Tribunal Oral Federal número 4 (TOF 4) en el que las dos magistradas, Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, votaron a favor de que Boudou pueda dejar la cárcel de Ezeiza mientras que el juez Néstor Costabel votó en contra. Uno de los argumentos por los que se había ordenado la detención de Boudou tras el juicio oral era que podía entorpecer el caso Ciccone ya que faltaba investigar el expediente conocido como Ciccone II en el que fueron procesados el jueves el banquero Jorge Brito y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Al cerrarse esa segunda parte de la investigación, Boudou ya no puede entorpecer ninguna causa y por ello sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, pidieron que se lo deje en libertad. Tendrá que aportar una caución de un millón de pesos y le pondrán una tobillera para monitorear que no se aleje a más de 100 kilómetros. 
De manera llamativa el tribunal había ordenado la detención de Boudou tras la condena en el caso Ciccone. Nunca antes en ese tribunal se había encarcelado a ningún condenado en forma inmediata sino que siempre se esperó, como mínimo, el resultado de la apelación en la Cámara de Casación. Así ocurrió también con otros tribunales, por ejemplo, en el caso Cromañón o en la causa por la tragedia de Once. Sin embargo, el 7 de agosto, cuando se leyó la condena a cinco años y 10 meses por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, el Tribunal, por dos a uno, envió al ex vicepresidente al penal de Ezeiza. La movida tuvo un fuerte olor político. 
El principal argumento que se utilizó para encarcelar a Boudou fue que lo ocurrido en Ciccone fue “grave y con una mecánica compleja”, lo que hacía presumir que podría obstruir la causa Ciccone II en la que se investigaba a Brito y Echegaray, entre otros. El argumento pareció burdo ya que los hechos del caso Ciccone ocurrieron en 2010 y resulta difícil entorpecer una pesquisa sobre cosas que tienen ocho años de antigüedad. 
En todo el proceso, el fiscal Marcelo Colombo mantuvo una actitud firme a favor de la excarcelación. Justamente sostuvo que no había motivos para tener a Boudou en el penal ya que siempre estuvo a derecho. Y esta vez opinó lo mismo. Fue un elemento clave para que López Iñiguez y Palliotti votaran la excarcelación: “impone que quien debe justificar la necesidad de detención sin sentencia firme es el acusador. Sin su pedido, el tribunal se encuentra en situación compleja”. Pallioti hizo constar sus fallos anteriores en que permitió que estén libres durante el proceso hasta imputados en delitos de lesa humanidad. 
Por lo tanto, despejado el peligro de fuga y de entorpecimiento, con el apoyo del fiscal a la excarcelación, las dos mujeres del tribunal –López Iñiguez y Palliotti– resolvieron que Boudou puede abandonar el penal de Ezeiza. Lo hacía ayer con una fianza de un millón de pesos y con una tobillera que va a controlar que no se aleje a más de 100 kilómetros de su domicilio. El ex vicepresidente tendrá que ocuparse de cambiarle los pañales a León y Simón, los mellizos que el mes próximo cumplirán un año y son fruto de su pareja con la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente. 
El voto por la negativa de Néstor Costabel llama la atención. Por lo pronto sostiene que como ya se denegó la excarcelación, rige esa denegatoria anterior y no hay motivo para cambiar esa postura, en especial teniendo en cuenta que Boudou apeló su encarcelamiento a la Corte Suprema. El máximo tribunal debía resolverlo, pero continuaba demorado. Sugiere Costabel que “la gravedad y complejidad del emprendimiento criminal” del caso Ciccone inhabilitaba a una persona a dejar el penal y que después de la condena “está en crisis la presunción de inocencia”, algo que va en contra de todos los fallos anteriores. Todo el fallo de Costabel destila más política que un enfoque jurídico. 
Contra lo que se instaló públicamente, el juicio oral confirmó gran parte de la versión de los hechos que dio Boudou desde el principio, empezando por la ratificación de que Alejandro Vandenbroele no era testaferro del ex vicepresidente, dado que ni se conocían. El propio Vandenbroele –aún alineado con Cambiemos– admitió que sólo vio, de lejos, a Boudou en dos oportunidades y que nunca intercambiaron una palabra. La hipótesis de que Boudou se quedó con el 70 por ciento de las acciones de Ciccone naufragó en las audiencias. No se pudo aportar ni un solo papel y más bien se probó que quien se quedó con el manejo de la imprenta fue el banquero Jorge Brito, quien colocó a dos de sus hombres de absoluta confianza –Máximo Lanusse y Francisco Sguera– en el management de la calcográfica. El único debate real que se produjo en las audiencias estuvo relacionado con el papel que jugó José María Nuñez Carmona, amigo de Boudou, en toda la operatoria, como el hombre que acercó a las partes: la familia Ciccone, el financista Raúl Monetta y a través de él, la participación de Brito. En ese caso, a lo sumo se podía imputar al ex vicepresidente por negociaciones incompatibles con la función pública, pero no con haberse quedado con la imprenta.  
Tras la condena en el juicio oral, la apelación del caso Ciccone llegó ahora a la Cámara de Casación. Se viene una serie de recusaciones porque la Sala IV, Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, fue la que actuó durante la instrucción y jugó un papel constante contra los imputados. Seguramente se alegará que ya sentaron postura durante todos estos años por lo que no se los puede considerar imparciales. Todo indica que el caso llegará a la Corte. 
Durante la jornada de este miércoles se presentarán los pedidos de excarcelación de Nuñez Carmona y también de Nicolás Ciccone, quien está con prisión domiciliaria. El primer paso será el dictamen del fiscal Colombo. 

11 de diciembre de 2018

La denuncia de la actriz contra Juan Darthes
El video de Thelma Fardín sobre la violación



YOU TUBE

Macri se confesó a la banca internacional: “Destrozamos el salario”

El Presidente parece haber rendido cuentas de su gestión a los titular de los bancos internacionales más poderosos del mundo.


Fue el insospechable Horacio Pagni, en su programa ‘Odisea Argentina’, quien recordó que, durante la realización del G20, Mauricio Macri se reunió con los presidentes de los bancos más grandes del mundo.
A Jamie Dimon, titular del JP Morgan, y a Brian Moynihan, su par del Bank of America, como a tantos otros a los que el Presidente no busca convencer con fines electorales, les confesó “lo que Macri cree”, de lo que está convencido, según afirmó el periodista de La Nación.
Y prosiguió sobre esas reuniones: “Primera información que les dio el Presidente a estos representantes de la banca internacional, es que ‘destrozamos el salario’”; algo que los argentinos sufrimos cotidianamente pero que Macri no suele confesar con tal soltura.

Diario Registrado

Ruta del dinero M: amplían la denuncia contra Macri por la venta irregular de parques eólicos

A partir de una investigación de El Destape, aportan pruebas contra la familia presidencial, que empezó a recibir millonarias ganancias por la reventa de los aerogeneradores.
Carla Pelliza
A partir de una investigación de El Destape, el diputado del FPV-PJ Rodolfo Tailhade amplió su denuncia por la venta de seis parques eólicos en beneficio de los Macri con pruebas que confirman que la familia presidencial comenzó a recibir, de forma directa, parte de las millonarias ganancias que obtuvieron por su venta.
A fines de 2016, el Estado nacional le adjudicó dos proyectos de parques eólicos a Isolux Corsan, una empresa española al borde de la quiebra. Las empresas Sidsel y Sideli, recientemente constituidas, compraron esos dos proyectos y otros cuatro que tenía Isolux por US$25 millones. El negocio fue su reventa: lo hicieron por US$95 millones, según sus informes comerciales.
Según reveló El Destape, Gianfranco Macri, hermano del Presidente de la Nación, recibió un giro de cinco millones de dólares en forma directa de la empresa USIR, que es la controlante de Sidsel y Sideli, que fueron las empresas que ganaron los parques eólicos y los revendieron a los pocos meses, con una ganancia extraordinaria.
“La operación se disfrazó de un préstamo cuyas condiciones son absurdas y reflejan en realidad que la familia Macri comenzó a percibir las ganancias de la maniobra”, denunció el diputado del FPV-PJ.
Tanto Sidsel como Sideli, que no pasaron por licitación pública para la adjudicación de los parques eólicos, están en la mira de la Justicia con sus vínculos con la familia presidencial tras la investigación que hizo la periodista Emilia Delfino en Perfil. Según reveló, el contador Víctor Mariano Payaslián (del grupo Macri) figuraba como titular de las dos empresas, a las que Isolux les entregó la concesión de seis parques eólicos por US$25 millones. Tal como reveló El Destape, Payaslián aprobó, desde Usir el 29 de junio, un préstamo solicitado el 18 de ese mes por Gianfranco Macri, por un total de 5 millones de dólares y a una tasa del 3% anual.
Luego, el contador, como presidente de USIR, le pidió a Sideli el envío de dos millones y medio de dólares más correspondientes a dividendos de la empresa, lo que prueba de forma directa el vínculo entre la familia presidencial y la empresa de los parques eólicos, en forma fraudulenta.
Según la información que agregó el diputado Tailhade, "en el dictamen 75 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se informa que Usir Argentina “es controlada por Usir International Holding S.L., una sociedad constituida bajo las leyes del Reino de España”".
Pero, "de acuerdo al Boletín Oficial del Registro Mercantil de Barcelona, Usir International Holding SL recién comenzó a existir el 18 de septiembre de 2018" con Pedro Andrés Konrad Quintero como su administrador.
Konrad Quintero es un contador uruguayo que figura en los Panama Papers, es una de las 100 figuras que fugó más dinero en 2001, según el informe de la Comisión Especial creada a tal fin en la Cámara de Diputados, y es titular de una offshore radicada en Nevada que, a su vez, controla otras 46 sociedades de este tipo. Además, en 2011 Konrad apareció involucrado en la causa del narcoavión de los hermanos Juliá, detenidos en España con 945 kilos de cocaína.
Finalmente, el subsecretario de Energías Renovables calificó como Proyecto Crítico al proyecto de parque eólico Miramar Sociedad Anónima, por lo que recibió una serie de beneficios, como quedar eximido del pago del derecho de importación y de las tasas de estadística y comprobación a la importación para consumo de las mercaderías nuevas y no producidas en el país. O sea, que "quienes compraron los parques eólicos a las firmas vinculadas a la familia Macri, luego obtuvieron beneficios económicos del gobierno de Mauricio Macri".
https://www.scribd.com/document/395481232/Ampliacion-de-denuncia-por-negociado-de-parques-eolicos#from_embed
El Destape

No sólo cómplices, partícipes de los crímenes de la dictadura
Histórica condena para los entregadores de Ford
El TOF 1 de San Martín condenó a dos exdirectivos de la automotriz por el secuestro de trabajadores de la planta de Pacheco durante la dictadura. Es la primera sentencia contra jerarcas de una multinacional, no como cómplices, como partícipes directos en los delitos de lesa humanidad. Recibieron penas de 10 y 12 años de prisión.
Por Ailín Bullentini
El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenó a los exdirectivos de la multinacional Ford Pedro Müller y Héctor Sibila por el secuestro y las torturas de trabajadores de la planta que la automotriz tiene en General Pacheco durante la última dictadura cívico militar. Müller, que era jefe de manufactura para el momento de los hechos, recibió la pena de 10 años de cárcel. Sibila, a cargo de la seguridad de la planta, 12 años. El tercer imputado, el represor Santiago Riveros, también fue condenado a 15 años de cárcel.
El TOF consideró que las penas deben cumplirse en cárceles comunes, pero por la edad que tienen los condenados fueron habilitados a cumplir las penas en sus casas.
Aunque son sensiblemente menores a las pedidas porosa querellas y la fiscalía --fueron de 25 años--, las condenas son históricas ya que es la primera vez que la justicia argentina condena a jerarcas de una multinacional no solo por su complicidad con el plan sistemático de la última dictadura sino por su participación directa en los crímenes de ese genocidio. Por unanimidad los jueces del TOF 1 de San Martín calificaron los hechos debatidos en el juicio como delitos de lesa humanidad.
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El ex vicepresidente recuperará la libertad
Ordenaron la excarcelación de Boudou
El Tribunal Oral 4 aceptó el pedido realizado por la defensa del ex vicepresidente. Le impuso el pago de una caución de 1 millón de pesos y el uso de una tobillera electrónica.
El Tribunal Oral 4 aprobó el pedido de excarcelación presentado ayer por la defensa del ex vicepresidente Amado Boudou y ordenó su libertad en fianza por la causa de la ex calcográfica Ciccone, por la que había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión. La medida es bajo el pago de una caución de 1 millón de pesos e incluye el uso de una tobillera electrónica.
La defensa de Boudou había planteado ayer que le concedieran al funcionario su excarcelación o mínimamente prisión domiciliaria con tobillera electrónica, luego de que el juez federal Ariel Lijo procesara el viernes a otros imputados en la causa sin prisión preventiva, a diferencia de la resolución que tomó con el funcionario en diciembre de 2017.
Los abogados se ampararon en la resolución que tomó Lijo cuando decidió procesar al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y a la ex titular de la Casa de Moneda Katya Daura sin enviarlos a prisión por considerar que no había posibilidades de entorpecer la investigación. Sobre este último punto basaron el recurso que hoy aprobaron las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliot. Votó en disidencia Néstor Costabel. 
Las juezas recordaron en su fallo que "en nuestro Estado de Derecho rige el principio de permanencia en libertad" durante un proceso penal. "El encarcelamiento sin condena firme solo puede aplicarse excepcionalmente, y cuando se considere que existe en el caso concreto peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación", manifestaron en su voto en mayoría. Y enviaron un fuerte mensaje: "A la luz de nuestra realidad carcelaria, evitar el uso abusivo de la prisión preventiva debe ser un principio rector de la magistratura." 
"En definitiva, cuando se observa la conducta procesal de Amado Boudou en este y en otros procesos penales, no se encuentra la existencia de un riesgo procesal a la altura de lo que la Corte Federal exige, esto es, un riesgo cierto en el caso concreto, fundado en circunstancias objetivas y como única posibilidad de lograr el sometimiento al proceso y la realización de la ley penal sustantiva", indica el texto de la resolución judicial. 
El mismo tribunal le había negado la excarcelación a Boudou en agosto, a la semana de haber dictado su condena. Boudou fue hallado culpable por el tribunal de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, pero los jueces habían requerido su detención inmediata en el penal de Ezeiza tras la lectura de la sentencia, a pesar de que el fallo no estaba firme.
Los magistrados acusaron a Boudou de haber adquirido el 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda y luego impulsar su salvataje, mientras era ministro de Economía. El ex funcionario siempre negó la imputación y ratificó dicha postura durante su alegato final. Ante el tribunal, afirmó que "jamás" negoció por él o a través de terceras personas la compra de la ex Ciccone y señaló que durante el juicio se "invirtió la carga de la prueba".
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El Gobierno ya puso fecha para las PASO y las Elecciones Presidenciales 2019

Rogelio Frigerio ratificó las fechas en que se desarrollarán las Primarias y los comicios que nombrarán a un nuevo presidente. De esta manera se va definiendo la agenda política de cara a unas nuevas presidenciales.



 El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, informó sobre las fechas, tanto de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), como de los comicios posteriores. 
En este sentido, las PASO serán el próximo 11 de agosto, mientras que las elecciones presidenciales se desarrollarán el 27 de octubre de 2019. 
Se habló de un posible desdoblamiento de las elecciones provinciales, aunque Frigerio aseguró: "Hasta ahora no hay en el Congreso un proyecto de ley que modifique la actual, así que hasta ahora estamos trabajando y previendo la elección de las PASO en agosto y la general en octubre". 
En conferencia en Casa de Gobierno, el ministro del Interior confirmó que estuvo manteniendo encuentros con los jueces electorales del país y con la Cámara Nacional Electoral para avanzar en las cuestiones referidas a los comicios. 
Por otra parte, reconoció que hay muchas provincias que están planteando adelantar las elecciones locales para separarlas de las nacionales. 

Diario Registrado

Sorpresa: la Justicia falló contra Macri por la deuda millonaria de una de sus empresas con la AFIP

Parece que el presidente que pide "hacer esfuerzos" a un pueblo arrasado, no toma el ejemplo. El Tribunal Fiscal dio lugar a la denuncia de la AFIP contra Yacylec: empresa que integró Mauricio Macri hasta 2016 y que adeuda decenas de millones de pesos en impuestos fiscales.

Otra causa más recae contra Macri, en este caso, una firma en la que el propio presidente era directivo hasta febrero de 2016 con parte del paquete accionario. 
La Sala D del Tribunal Fiscal falló a favor de la AFIP, por un reclamo de varios años a raíz de una deuda de nada más y nada menos que 6,9 millones de pesos. 
La empresa en cuestión de llama Yacylec, una compañía a cargo de transportar energía desde Yacyretá, en la que los Macri -y el propio presidente- tenían una parte junto a Sideco Americana y otras empresas. 
La AFIP reclama el pago de una deuda millonaria por el impuesto a las ganancias de fines de los '90 y comienzos del 2000, sumado a multas e intereses. 
Por lo que, el reclamo total de la AFIP podría superar los 45 millones de pesos contra la empresa de la que Mauricio Macri tenía un 5,33% de las acciones hasta febrero de 2016 cuando cedió su parte al holding de su familia. 
Según el propio diario La Nación, el Tribunal le dio la razón a la AFIP apoyado en la Corte Suprema de Justicia del año 2010, cuando abordaron los plazos aplicables a la amortización de bienes de uso de una empresa concesionaria de un servicio público. 
Recordemos que en el año 2016, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad autorizó la transferencia de acciones que Macri poseía en Yacylec a una sociedad offshore registrada en Panamá.

Diario Registrado

Comenzaron las audiencias del juicio oral por los asesinatos en el Regimiento de La Tablada
“La orden que había era de exterminio”
El Tribunal Oral Federal 4 de San Martín juzga al general Alfredo Arrillaga por el homicidio de José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos tras el intento de tomar el regimiento en 1989. Ayer declararon los primeros testigos de la querella.
Por Adriana Meyer
Arrillaga fue el responsable del operativo que hizo desaparecer a los militantes del MTP que se habían rendido.
Roberto Felicetti sobrevivió para contarlo. “A esa altura ya se habían rendido pero la represión siguió porque la orden que había era de exterminio”, resumió el ex dirigente del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que participó de la toma del cuartel de La Tablada en enero de 1989, y cumplió condena por ese hecho. Ayer fue el primero de los testigos de la querella en el juicio oral y público por las desapariciones de sus compañeros en el Regimiento 3 del Ejército, tras haberse rendido luego del intento frustrado de copamiento, durante el cual desaparecieron cuatro personas. En el banquillo de los acusados estará el general Alfredo Arrillaga, imputado por el asesinato del militante del MTP José Díaz. “Fue dramático el relato de Felicetti, y también la declaración del desertor Daniel Salas, que estaba preso allí, quien relató que mientras las bombas incendiarias quemaban el techo de la guardia intentaron salir por la puerta pero era imposible porque estaban los militares y luego de ponerse a rezar para que se rompiera la reja se salvaron porque los barrotes milagrosamente cedieron”, describió el abogado Enrique Lombardi en diálogo con Página 12. “A esa altura ya se habían rendido, y entre los soldados desertores presos también estaban algunos militantes del MTP”, agregó.
El general Alfredo Arrillaga fue el máximo responsable del operativo militar que entre el 23 y 24 de enero de 1989 torturó, asesinó y desapareció a integrantes del MTP durante el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Habrá audiencias el miércoles y viernes de esta semana y luego siete audiencias durante la primera quincena de enero, en el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, en Diego Pombo 4183, y la sentencia sería emitida a fines de enero o principios de febrero. 
En el intento de copar el Regimiento de La Tablada se produjo un fuerte enfrentamiento que terminó con 32 militantes muertos, además de nueve militares y dos policías. Tras rendirse el 24 de enero, desaparecieron cuatro integrantes del MTP: Iván Ruiz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, y José Díaz. Ruiz y Díaz fueron fotografiados tras rendirse; Samojedny y Provenzano se entregaron con el resto de sus compañeros. 
El 23 cuando ya se habían rendido todos caminaban hacia la Plaza de Armas, donde fueron detenidos sin la presencia de ningún juez. Mientras esto sucedía, Samojedny y Felicetti también salieron para rendirse por una puerta lateral de la Compañía B, donde habían pasado la noche. Al momento de ser detenidos, los militares le fracturaron ambos brazos a Felicetti, esposaron a ambos combatientes y les vendaron los ojos, antes de llevarlos hacia el fondo del cuartel, lejos de las cámaras de televisión.
Lombardi, abogado de la querella, explicó a este diario que es el primer juicio sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la recuperación del cuartel de La Tablada, por el caso de Díaz, a quien le decían “Maradona”. Según el abogado, la orden del presidente de recuperar el cuartel era legítima, pero cuando los tienen detenidos e indefensos, ya habían depuesto las armas, “vuelve el aparato represivo de la dictadura”. Felicetti dio un panorama de lo que fueron casi treinta horas de combate, habló sobre la imposibilidad de rendirse y la política de aniquilamiento que incluyó el uso de bombas de fósforo, la bandera blanca no acatada y las manos en alto. “Fue una descripción de las violaciones luego de la rendición, el 24 enero de 1989 luego de ser detenidos son llevados a un lugar donde los torturan. Identificó a José en fotos y videos, aparece rodeado de militares y lo van llevando a un descampado”, dijo el abogado.
Arrillaga, ayer sentado en el banquillo, fue quien comandó las tropas de la represión militar contra los militantes del MTP, quienes justificaron el ataque con el argumento de que había en marcha un golpe de Estado contra Alfonsín. Este general, destinado a Mar del Plata durante la dictadura, fue condenado a reclusión perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Base Naval, la Escuela de Infantería de Marina y la Prefectura Naval. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató los fusilamientos sumarios en La Tablada tras la rendición del MTP y conminó al “Estado argentino a realizar una investigación independiente, completa e imparcial”. A poco de cumplirse 31 años de la toma, aún se desconoce el destino final de los cuatro desaparecidos.
Pagina 12
La Corte rechazó el recurso contra la Ley de Lemas
Por unanimidad, el máximo tribunal denegó y declaró “inadmisible” el planteo de inconstitucionalidad presentado por Eduardo Costa. El candidato de la UCR a gobernador de Santa Cruz fue derrotado en los comicios de 2015 por Alicia Kirchner bajo ese sistema electoral. Para la Corte, es un tema que corresponde a la justicia provincial.
En un revés contra el radicalismo, la Corte Suprema rechazó declarar inconstitucional el sistema de Ley de Lemas en la provincia de Santa Cruz y declaró “inadmisible” el planteo de ilegalidad presentado por el ex candidato a gobernador por la UCR-Cambiemos, Eduardo Costa, en 2015. Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y hasta Carlos Rosenkrantz sentenciaron por unanimidad que la vigencia de la ley que rige en ese distrito es una cuestión que corresponde a la justicia provincial. De esta forma, convalidaron también la elección que llevó a la gobernación en 2015 a Alicia Kirchner. 
La ley de lemas determina que quien resulte más votado dentro del mismo espacio se llevará los sufragios de los demás candidatos que compartan el sello electoral. Bajo esa condición compitieron los postulantes de todos los partidos tres años atrás. Ese sistema electoral le permitió a Alicia Kirchner llegar a la gobernación provincial hace tres años, a pesar de que en forma individual el radical Eduardo Costa la había superado en cantidad de votos. 
El sistema había sido propuesto en 2014 por el entonces gobernador Daniel Peralta, ante la falta de acuerdo con el kirchnerismo, para garantizar al candidato más votado del Frente para la Victoria la sumatoria de todos los votos que obtuvieran las otras listas del frente. La oposición se presentó en la Justicia para pedir su inconstitucionalidad pero en todas las instancias fue rechazada la solicitud, que ahora también fue denegada por todos los jueces de la Corte Suprema. 
Esta no es la primera vez que la Corte trata un recurso contra la ley de lemas que se implementa en varias provincias del país. Hace 15 años, en una causa sobre la aplicación de la ley en la provincia de Santa Fe, se declaró incompetente por considerar que era una decisión ajena a la Corte. En su fallo de hoy, repitió esos argumentos al sostener que se trata de un tema que corresponde a la justicia provincial.
Desde el gobierno de Mauricio Macri se habló poco sobre este tema, pero el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había ratificado más temprano que la alianza oficialista está en contra del sistema. “Nosotros hemos tenido una posición común como espacio político en contra de la ley de lemas”, recordó a su arribo en Río Gallegos y admitió que el Gobierno intentó que la provincia, “más allá de la decisión judicial”, tomara la decisión de cambiar esa norma electoral.
Pagina 12
El FMI enviará antes del cierre del año otros 7600 millones de dólares
Dos semanas hasta recibir refuerzos
Las reservas del Banco Central bajaron otros 221 millones de dólares. Ya se perdieron 4200 millones del último desembolso del FMI. El Gobierno espera la llegada de un nuevo giro para recomponer el stock entre Navidad y Año Nuevo.
Por Tomás Lukin
En ocho días se reunirá el directorio del FMI que conduce Christine Lagarde para aprobar un nuevo giro.
La caída en las reservas del Banco Central continuará, por lo menos, durante los próximos quince días. La merma se detendrá recién cuando ingrese el tercer desembolso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Entre Navidad y Año Nuevo”, indicaron desde el Palacio de Hacienda al señalar la fecha esperada para la transferencia de los 7600 millones de dólares del préstamo condicionado al cumplimiento de un estricto programa de ajuste y reformas. Aunque los miembros del staff del organismo multilateral dieron su beneplácito a finales del mes pasado, el Directorio Ejecutivo del FMI todavía tiene que rubricar esa evaluación para concretar la operación. Ese encuentro será dentro de ocho días. 
“El desembolso ocurrirá una vez que los directores se reúnan para analizar la segunda revisión del acuerdo Stand-By”, recordaron en el organismo encabezado por Christine Lagarde ante la consulta de este diario. Horas más tarde el FMI informó en su sitio web que la reunión tendrá lugar el miércoles 19 de diciembre. Durante ese mismo convite las autoridades del Fondo tienen previsto evaluar los acuerdos de financiamiento con la República Centroafricana y Gabón. Así, el tercer desembolso se concretará, según indicaron colaboradores del ministro Nicolás Dujovne, después de la navidad. Con esa transferencia habrán llegado alrededor de 28.000 millones de dólares del Fondo, equivalentes a la mitad del crédito negociado con el organismo. 
El ingreso de las divisas ofrecerá un paréntesis limitado para la caída en las reservas. En ausencia de fuentes genuinas que permiten al BCRA acumular divisas y en un escenario de creciente fragilidad financiera, los vencimientos de la deuda consumirán rápidamente los recursos prestados por el organismo internacional. “Las reservas van a seguir cayendo porque tenemos vencimientos de deuda. Además las reservas se utilizan para financiar, por ejemplo, la energía que el Tesoro importa en dólares”, indicaron desde el BCRA ante la consulta de este diario. El stock de la autoridad monetaria alcanzó ayer los 49.844 millones de dólares. La cifra representa una caída de 221 millones de dólares respecto del viernes pasado. El retroceso en las reservas alcanza los 4196 millones desde el 30 de octubre pasado cuando ingresó el anterior desembolso del FMI por 5631 millones de dólares. 
La apuesta del equipo económico es que el financiamiento del FMI permita cubrir la mayor parte de los vencimientos de deuda previstos para 2019. Aunque moderadas por el ajuste recesivo del BCRA -contracción monetaria y aumento en las tasas de interés- las tensiones cambiarias representan un riesgo latente para la frágil estrategia oficial. “Con cada tramo de financiamiento del préstamo del FMI vamos a sumar reservas y entonces van a volver a caer hasta que vuelven a ingresar. Está calzado con los desembolsos. Es el financiamiento para hacer frente al programa financiero. No es un tema para preocuparse. No hay nada nuevo”, aseguran los colaboradores del banquero central Guido Sandleris.  
“La deuda externa contraída en estos años y el acuerdo con el FMI serán una carga para las próximas administraciones. Una porción significativa del PBI y, en particular, de los dólares que genera el país, hoy se debe destinar al pago de la deuda externa, la cual no contribuyó a generar su propia capacidad de repago ya que se destinó a financiar partidas ociosas”, advierten los economistas Pablo Wahren, Martín Harracá y Andrés Cappa en un informe difundido ayer. “El acuerdo con el FMI implica una enorme pérdida de soberanía de la política económica porque implica acordarla de manera conjunta. Sólo en 2022 y 2023 al organismo se le deben devolver 55.000 millones de dólares”, sostienen los analistas del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas.
@tomaslukin