Bullrich, la negacionista, prohibió el homenaje a las víctimas
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se convirtió en una de las más feroces negacionistas. Tanto que ahora negó el permiso para que los familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew realizaran la conmemoración que todos los años llevan a cabo en el Penal de Rawson, con motivo de cumplirse 53 años de la masacre que se produjo en la Base Aeronaval Almirante Zar, de Chubut.
“Estamos muy enojadas, para decirlo diplomáticamente”, expresó Silvia Pecci, integrante de la organización del acto que recibió la noticia apenas unas horas antes de su realización. La negativa, para Pecci, representa otra prueba más del cambio de actitud que tuvo el gobierno libertario para con los espacios de memoria. Recordó que “el pabellón donde estuvieron los familiares hoy es una comunidad terapéutica donde las personas se recuperan de sus adicciones. Hemos compartido momentos muy gratos. Pero este año la ministra no lo autorizó", afirmó.
Pagina 12
27 de julio de 2025
Milei en guerra, conjuras policíales y la jefa de las SS de Trump
Con apoyo explícito de Estados Unidos y un alineamiento ideológico cada vez más extremo, Javier Milei profundiza su “guerra” contra la justicia social y la oposición, mientras una trama de espionaje, militarización política y vínculos turbios entre policías y candidatos libertarios revela el avance de un régimen que combina represión interna, injerencia extranjera y corrupción estructural.
Nicolás Lantos
“Estamos en guerra”, anunció el presidente Javier Milei en el discurso que dio este martes en Córdoba ante la audiencia del festival de ultraderecha Ni Uno Más o Menos. El enemigo son los “parásitos mentales” que “se alimentan de lo más noble que tiene la gente” y le contagian las ideas de “la justicia social”, “los derechos sociales” y “el estado benefactor”. A los parásitos, desde ya, hay que exterminarlos.
El presidente tendrá el apoyo total del gobierno de Estados Unidos en esa guerra, como se encargó de dejar claro el futuro embajador, Peter Lamelas, en su audiencia ante el Senado, en la que también dejó saber que es voluntad de la Casa Blanca que Milei complete dos mandatos. Es un auxilio oportuno que llega justo cuando los planes de reemplazo empezaban a tomar forma en un sector de la élite local.
En la audiencia Lamelas expresó claramente cuál será su agenda: obstaculizar las inversiones chinas en áreas estratégicas a través del vínculo directo con las provincias, asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner siga presa y garantizar la estabilidad del régimen, que está verticalmente alineado con los objetivos y propósitos de Washington, más parecido a un vasallo que a un aliado.
La preocupación del embajador también fue explícita: “Hay todavía un movimiento allí, el movimiento kirchnerista, que está incluso a la izquierda del movimiento peronista, y es algo con lo que necesitamos seguir teniendo cuidado”, por lo que pidió “seguir apoyando a la presidencia de Milei a través de las elecciones de medio término y durante su segundo mandato para construir una mejor relación”.
La ayuda prometida ya está en marcha. El FMI finalmente aprobó la revisión del acuerdo en curso y en los próximos días puede destrabarse el desembolso de 2 mil millones de dólares. Pero eso es solamente una parte. Al mismo tiempo, y con el perfil bastante más bajo, hoy llega a Buenos Aires la poderosa secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Donald Trump, Kristi Noem.
La visita
Noem está a cargo del ICE, la fuerza de Control de Inmigraciones y Aduanas, que encabeza los operativos de lo que Trump bautizó como “la mayor deportación de la historia”. En poco más de medio año ya fueron expulsadas de los Estados Unidos sin juicio previo más de 150 mil personas, muchas de ellas con destino a los campos de concentración alquilados por Nayib Bukele en El Salvador.
El ICE se ha convertido rápidamente en la fuerza de choque favorita de Trump. Gracias a una ley recientemente aprobada, su presupuesto creció 75 mil millones de dólares. Eso es más que la deuda argentina al FMI, más que todo el gasto militar de la India o más que el presupuesto del FBI, la DEA, el servicio federal de policía, la agencia de regulación de armas y el sistema penitenciario yanqui juntos.
Ese dinero estará destinado principalmente al reclutamiento de 10 mil nuevos agentes, a la construcción de nuevos “centros de detención” con capacidad para más de 100 mil personas, y a adquirir software especializado para espionaje interno, uno de los grandes negocios que está haciendo crecer las cuentas de los magnates de Silicon Valley en esta nueva etapa.
Es difícil explicar qué viene a hacer la jefa de las SS de Trump a la Argentina, pero esta clase de viajes de funcionarios de primera línea de la Casa Blanca que no pueden explicarse por la agenda oficial ya es costumbre desde que asumió Trump, a fines de enero. En abril hizo una visita express el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y en mayo el de Salud, Robert Kennedy Jr.
Noem será recibida por Milei y por su contraparte local, Patricia Bullrich, que esta semana quedó involucrada en la conjura de 24 policías bonaerenses con el candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección, Maximiliano Bondarenko, un excomisario devenido casta política con un prontuario bastante difícil de explicar. Es una especialidad de Bullrich: la utilización política de las fuerzas de seguridad.
La investigación.
Una investigación de Asuntos Internos descubrió un “grupo de acción política” con agentes en actividad, algo prohibido en todas las fuerzas policiales del mundo, que durante sus horas de trabajo y utilizando recursos oficiales hacían tareas de militancia partidaria por La Libertad Avanza y otras actividades incompatibles, algunas de las cuales exceden al reglamento policial y pueden ser materia penal.
El grupo estaba coordinado por Bondarenko y su “compadre”, el comisario mayor Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, jefe de la división de Policía Ecológica, a través de un grupo de whatsapp, en el que se mencionan contactos directísimos con el ministerio de Seguridad y la Casa Rosada. En un mensaje, el candidato habla de una reunión “con el equipo de mesa chica de la ministra de Seguridad”.
De acuerdo a la investigación, los policías daban “asesoramiento en materia de seguridad” a dirigentes libertarios y facilitaban a legisladores y concejales de esa fuerza información sobre operativos policiales en curso, además de redactar notas, pedidos de informes y otras actividades incompatibles con la función policial. La denuncia habla incluso de “financiamiento” de la campaña con “plata negra”.
En función a los elementos secuestrados por la investigación, en el gobierno de la provincia sospechan que, además, existían planes para un “golpe comando institucional” para instalar al comisario mayor Ortiz Valenzuela en la conducción policial y que los agentes conjurados podían intentar alguna operación en los días previos a los comicios para perjudicar a los candidatos del peronismo.
Bondarenko
El excomisario que ahora encabeza la lista en la Tercera Sección es, sin lugar a dudas, un caso de casta de manual. Ingresó en la Policía Bonaerense en 1997 como cadete. En sus primeros años en la fuerza tuvo tres arrestos por “negligencia en el cumplimiento del deber” y “desobediencia a superiores”. No obstante a eso hizo una carrera meteórica enlazando ascensos difíciles de explicar.
Entre 1998 y 2004 pasó por los escalafones de oficial subayudante, oficial ayudante, oficial subinspector, oficial inspector, oficial principal, subcomisario y comisario. De acuerdo al reglamento, cada uno de esos puestos tiene un tiempo mínimo de permanencia de 3 o 4 años que se debe cumplir antes de un ascenso. Bondarenko, de alguna manera, pudo subir siete categorías en seis años.
Entre 2002 y 2007 trabajó para la custodia del gobernador Felipe Solá. Allí tendió sus primeros lazos con políticos como Emilio Monzó. También custodió a Néstor Kirchner. En 2008, recibió su último ascenso a comisario inspector. En 2010 le iniciaron un sumario por robo automotor, que se archivó por falta de pruebas. En 2012 es desafectado por Asuntos Internos pero consiguió que lo reincorporen.
En 2014 recibió una suspensión de 15 días por infracción al artículo 198 del Decreto 1050/09, sobre “faltas graves”, entre las que figuran “abandonar el servicio sin causa justificada”, “incumplir con la persecución o represión de la delincuencia”, “permitir la fuga de un detenido”, “la pérdida del armamento por negligencia grave” e “incumplir con el deber de guarda y conservación de los efectos secuestrados”.
En 2015 se sumó al PRO, de la mano de Monzó. Recibió a cambio un nombramiento en el RENAPER, al que asumió pidiendo licencia de la policía. En 2017 fue candidato a concejal en Florencio Varela por Juntos por el Cambio. En 2018 cuando el gobierno de Mauricio Macri empieza a flaquear, se abre de ese espacio y arma un monobloque, preservándose de la caída del PRO.
En 2021, para buscar la reelección, se acercó al espacio de Facundo Manes, que enfrentó en las PASO a Diego Santilli. Derrotado en la interna se quedó sin curro en el Concejo Deliberante, por lo que decidió terminar su licencia y volver a la policía. De allí lo rescató Sebastián Pareja, que lo había conocido cuando armaba en el conurbano para Monzó, y ahora es el delegado de Karina Milei.
En febrero de este año, Pareja designó a Bondarenko como responsable de La Libertad Avanza en Florencio Varela. Ya por entonces pensaban en volver a proyectarlo a la política electoral; en abril el comisario pidió su baja definitiva. Para la misma época se iniciaba el papeleo para el nombramiento de su esposa al frente de la oficina de ANSES en esa localidad. Otra caja para la guerra de Milei.
El compadre
Bondarenko es padrino del hijo de Ignacio Ortiz Valenzuela, el jefe de la Policía Ecológica que encabezaba la conjura bonaerense, y Ortiz Valenzuela es padrino del hijo de Bondarenko. Los dos viven en casas adyacentes, que construyeron al mismo tiempo, sobre dos terrenos cuya propiedad no pudieron demostrar. En el juicio por la ocupación cada uno salió de testigo por el otro.
En 2005 el compadre fue desafectado de la Bonaerense por el entonces jefe, León Arslanian. Se le imputaban “actos u omisiones que impliquen en forma directa o indirecta cualquier modo de corrupción” y “una grave afectación a la ética, el respeto, la integridad y la honestidad del funcionario”. No obstante, poco tiempo después asumió como director de fiscalización de Industrias de ACUMAR.
Su padrino en ACUMAR era el juez federal Luis Armella, encargado de ejecutar la limpieza del Riachuelo. En 2012, una investigación demostró que entre quienes recibieron contratos millonarios sin licitación por esa tarea había familiares del juez. La Corte Suprema decidió apartar a Armella de la causa e iniciar una investigación en el Consejo de la Magistratura, que nunca llegó a puerto.
Después de su experiencia en el Riachuelo, Ortiz Valenzuela consiguió no solamente ser reincorporado a la policía sino continuar su carrera hasta llegar a comisario mayor, al frente de la Policía Ecológica. Desde ese lugar (y hasta que fue apartado esta semana) tenía a cargo el control de las mismas empresas que controlaba cuando estaba a cargo de la seguridad de Acumar. Debe ser casualidad.
El Destape
17 de junio de 2025
Gravísimo: Bullrich aprueba hacer requisas a manifestantes antes de la marcha por CFK
La ministra de Seguridad también permitió la detención por diez días de personas para identificarlas justo en la semana en que se realiza una movilización por la expresidenta Cristina Kirchner.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprobó que, a partir de esta semana, la Policía Federal pueda hacer requisas a personas y vehículos que concurran a movilizaciones. Desde Nación implementan el cambio justo en la semana en que se convocó a una mega movilización para defender a Cristina Kirchner por su detención.
“Realizar requisas personales con orden judicial, conforme con lo establecido por la normativa procesal y demás legislación vigente. Sin dicha orden, podrá hacerlo respecto de personas, inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase”, reza el documento publicado en el Boletín Oficial.
A través del decreto 383/2025, en la modificación al Estatuto de la Policía Federal, indican que dichos procesos podrán realizarse cuando: existan circunstancias previas que “razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito”, en caso de no ser posible esperar a la orden judicial “ante el peligro cierto de que desaparezcan pruebas que se intentan incautar” y para “operativos de prevención” en la vía pública o en lugares de acceso público, entre otros.
En esa línea remarcan que “resulta necesario” que la Policía Federal se encargue, principalmente, de investigar delitos federales y complejos y sostienen, en el mismo texto, “que, dada la importancia de este proceso de reforma, se considera conveniente explicitar los objetivos estratégicos”.
Entre los más destacados figuran: por un lado, se podrá requerir el “pago de los gastos ocasionados por tales servicios, así como por la seguridad contra incendios en aeropuertos u otros objetivos críticos”, deberá implementar y contar con un sistema de información que le dé respaldo y que a su vez, “con el fin de garantizar la eficacia y transparencia de los mecanismos de control institucionales, la Dirección General De Asuntos Internos (de PFA), además de depender de la institución policial, también tendrá un vínculo funcional con el Ministerio de Seguridad Nacional”.
Enmedio de dicha reestructuración de la fuerza, sus misiones y funciones, “es menester actualizar la estructura orgánica de la Policía Federal Argentina, con el fin de que sea más eficiente, reducida y pueda responder mejor a su principal misión”, añadieron. Allí, el ministerio de Bullrich tendrá la tarea de “redefinir el perfil y cantidad de ingresantes” en la fuerza con el objetivo de, señalan, “adecuar las características del personal y de los escalafones acorde a sus nuevos objetivos”. Esto último, se da luego de que, semanas atrás, un efectivo de la Federal –recientemente recibido– disparó más de 11 tiros en segundos y se llevó la vida de Thiago Correa.
“Asimismo, se propicia crear un Programa Presupuestario de Modernización de la PFA” bajo las órdenes de la misma Bullrich quien “podrá invertir en bienes y soluciones tecnológicas, el cual será financiado con el ahorro producido por la reducción de la cantidad de ingresantes”, explican. Y que dicha asignación de recursos deberá ser actualizado.
Sobre el cierre del decreto, que oficializa el nuevo estatuto de la Policía Federal, señalan como principales objetivos: actualizar las facultades y estructura organizativa de la Fuerza para cumplir con su nueva visión y misión; priorizar y reasignar recursos conforme a las nuevas necesidades; fortalecer el sistema de recursos humanos con el fin de contar con personal competente, motivado y altamente capacitado; modernizar protocolos, procesos y mecanismos de articulación, en particular los referentes a investigación; adquirir y utilizar en forma efectiva las Tecnologías de la Información y Comunicación y Tecnología Forense; y fortalecer la gobernanza y liderazgo de la Fuerza.
“Instrúyese al Ministerio De Seguridad Nacional a disponer la reestructuración, traslado y reasignación de recursos y de personal de las áreas que no sean prioritarias, de acuerdo con las nuevas misiones de la Policía Federal Argentina”, sentencian. Es decir, deberán priorizar la asignación de recursos, personal y equipamiento a las áreas establecidas como “estratégicas” por el propio Gobierno nacional.
El Destape
29 de abril de 2025
El exmarino ya pidió una "celda individual"
Bullrich apura el envío de Astiz y otros represores a la cárcel VIP de Campo de Mayo
El Servicio Penitenciario Federal informó que quiere vaciar el complejo de Ezeiza donde están alojados y donde recibieron el año pasado la visita de diputados oficialistas.
Luciana Bertoia
Patricia Bullrich quiere sacar a los represores del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, donde los visitaron el año pasado diputados de La Libertad Avanza (LLA), y trasladarlos a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que los organismos de derechos humanos denuncian como una cárcel VIP. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) informó de su intención a distintos tribunales de Comodoro Py.Alfredo Astiz ya pidió que le asignen unacelda individual.
El 16 de abril pasado, el director de régimen correccional del SPF, Gabriel Esteban Aquino, le informó al Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires que querían vaciar la que anteriormente se conocía como Unidad 31 de Ezeiza. El argumento invocado es que hay sobrepoblación carcelaria y que se necesitan esas plazas para alojar a mujeres.
El Complejo VII está dividido en dos áreas: una destinada a mujeres y otra destinada mayoritariamente a condenados por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con la información que proporcionó Aquino, la unidad tiene 585 plazas y hay actualmente 506 internas. Dijo que hay 371 mujeres a la espera de ingresar al SPF. Según la versión del SPF, ese complejo pasará la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, que viene alojando a sus detenidos en comisarías y está expuesto a constantes fugas.
Lo que quiere hacer Bullrich es vaciar los pabellones 5,7 y 8, donde hay 19 represores presos. En ese sentido, el SPF le informó al TOF 5 –que juzgó los crímenes en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)-- que propiciaría el traslado hacia Campo de Mayo de Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro.
Astiz, Cavallo y Pernías reclamaron celdas individuales para que no se “agraven” sus condiciones de detención, lo que implica que ya las tenían, y que les permitan seguir usando Skype para comunicarse con sus familias. El TOF 5 respondió que no se oponía al traslado ni a los pedidos.
El TOF 2 –que juzgó los crímenes en el circuito compuesto por los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo– recibió una comunicación similar para Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos. Avena, por ejemplo, se resiste a que lo manden a Campo de Mayo. Pidió ser trasladado a la Unidad 19 del SPF, que son unas casitas que están instaladas en Ezeiza.
Desde el Ministerio de Seguridad contestan que la Unidad 34 tiene todas las comodidades y que enviarán también a los celadores que los trataban en Ezeiza. Remarcan también la proximidad con el Hospital Militar de Campo de Mayo.
Hay otros represores que están alojados en esos pabellones como Manuel Cordero Piacentini, condenado por los crímenes del Plan Cóndor, o Marcelo Cinto Courtaux, oficial de inteligencia condenado por los secuestros, desapariciones y asesinatos de militantes montoneros que participaban de la Contraofensiva. El hijo homónimo de Cinto Courtaux trabaja con Victoria Villarruel en el Senado. Por lo que pudo saber Página/12, el SPF no solicitó todavía su traslado a los tribunales que los tienen a su cargo.
“Rechazamos categóricamente la posibilidad de que los genocidas tengan privilegios. Nunca buscamos venganza, sí justicia”, remarcaron desde H.I.J.O.S Capital al dar a conocer la intentona de Bullrich. “La situación de las cárceles de nuestro país debe resolverse de forma urgente para garantizar los derechos de todas las personas privadas de la libertad. El traslado de los genocidas a Campo de Mayo no constituye una solución a la sobrepoblación carcelaria que afecta a casi la totalidad de las personas detenidas”, añadieron.
“La decisión de Bullrich de trasladar a los genocidas de la cárcel de Ezeiza, donde ya gozan de condiciones de detención de privilegio, al lugar de detención de Campo de Mayo –al que no se puede llamar cárcel– es un paso más en el camino iniciado por el actual gobierno para lograr la impunidad de los genocidas y mentir sistemáticamente sobre la dictadura militar, el terrrorismo de Estado y la desaparición de personas”, afirma Mabel Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las tres Madres de Plaza de Mayo secuestradas tras la infiltración de Astiz.
Osvaldo Barros estuvo secuestrado en la ESMA junto a su compañera. “Nosotros repudiamos la decisión de Bullrich. Son avances hacia la impunidad de los genocidas. Campo de Mayo es una cárcel VIP y los genocidas deben estar en las cárceles comunes”, resalta el integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).
La Unidad 34 por dentro. Informe SDH.
Una cárcel VIP
La Unidad 34 de Campo de Mayo funciona en lo que era la cárcel de encausados. Tras la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, se reactivó como lugar de detención para represores. Cuando era ministra de Defensa, Nilda Garré pidió en varias oportunidades su cierre. Recién se clausuró en 2013 después de que dos represores, Gustavo de Marchi y Jorge Antonio Olivera, pidieron ser trasladados desde San Juan a Campo de Mayo para atenderse en el Hospital Militar y, de paso, fugarse.
“Peleamos mucho para que los saquen de ahí. Lo planteamos en el juicio de la causa ESMA porque pusimos el ejemplo del prefecto Héctor Febres, que había aparecido muerto en la celda de Prefectura. Habíamos logrado demostrar que las condiciones de privilegio de Febres habían llevado a su asesinato”, dice la abogada Myriam Bregman.
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri decidió reabrir la unidad penitenciaria de Campo de Mayo. Hubo un aluvión de pedidos de represores de todo el país para ser trasladados allí. En la actualidad, hay 52 detenidos, pese a que la Unidad 34 tiene capacidad para 115.
El gimnasio de la U34. Informe SDH.
Un relevamiento que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti mostró las condiciones diferenciales en las que se encuentran quienes están detenidos en la U34. Gozan, entre otras comodidades, de canchas de tenis, pistas para caminata, huertas y un gimnasio con aparatos. Hay una heladera cada dos internos y hay varios represores que tienen un televisor en sus habitaciones.
Según el SPF le informó al juez Adrián Grünberg, del TOF1, hay una variedad importante de entretenimientos para los presos de Campo de Mayo: desde espacio de deportes hasta talleres de teatro, historia, filosofía, reeducación postural y stretching (estiramiento).
El plan de impunidad
Bullrich, que ahora promueve la reunificación de los detenidos por lesa, dio de baja las recompensas para encontrar a los prófugos por crímenes cometidos durante la última dictadura. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, había publicado en La Nación --durante la campaña-- que estaban trabajando en una propuesta para que no hubiera detenidos mayores de 70 años. Por ahora, ninguna iniciativa funcionó. Ni un "plenario" de Casación que dijera que la prisión domiciliaria es automática a partir de los 70 años ni un hábeas corpus presentado en un fuero amigable.
Según diputados que el año pasado fueron a Ezeiza a reunirse con Astiz y compañía, Bullrich funcionó como una facilitadora para el ingreso. Al jefe del SPF, Fernando Martínez, lo calificaron como un "excelente colaborador".
En Campo de Mayo, los represores también recibieron visitas. En marzo del año pasado, Luis Petri mandó a dos de sus funcionarios. Días después desmanteló los equipos que relevaban archivos de las Fuerzas Armadas y los aportaban a las causas de lesa. Beltrán Benedit y Alida Ferreyra, dos de los legisladores que integraron la comitiva que participó del cónclave en Ezeiza, también fueron a charlar con los represores de la Unidad 34.
Las canchas de tenis de Campo de Mayo. Informe SDH.
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18 de abril de 2025
Se investiga un posible caso de maltrato y abuso de autoridad
Una voluntaria de la Armada sufrió una grave lesión en la cabeza y hay 9 detenidos
La Justicia Federal investiga un posible caso de maltrato y abuso de autoridad ocurrida en la base naval de Vicente López, donde una voluntaria de la Armada sufrió una gravísima lesión en la cabeza, producto de la violencia recibida en un entrenamiento. La joven de 21 años estuvo en coma, hubo allanamientos y nueve miembros de la fuerza quedaron detenidos.
El hecho ocurrió el 4 de abril último, cuando Brisa Páez participaba de un simulacro de control de disturbios. Según los hechos relatados por algunas de sus compañeras, en medio de los ejercicios uno de los instructores chocó con violencia contra el escudo de la joven, de modo tal que Páez cayó hacia atrás y golpeó fuertemente su cabeza contra el suelo.
Algunos testigos sostienen que el grado de violencia de ese choque fue deliberado. Lo cierto es que, a pesar de que tenía colocado un casco de protección, la voluntaria reaccionó mostrando evidentes signos de desorientación. No obstante las prácticas siguieron durante un tiempo más.
Minutos después, Páez le manifestó sus compañeras un fuerte dolor de cabeza pero al parecer no fue atendida de inmediato. Al cabo de las horas, un médico de la base la revisó, le indicó calmantes, colocó un cuello ortopédico y ordenó su traslado al hospital militar de Campo de Mayo.
Una vez internada, Páez reportó pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Ante el progresivo empeoramiento del cuadro, fue trasladada al Hospital Militar Central, en Belgrano, donde hace una semana fue inducida a un coma farmacológico para detener las convulsiones.
El diagnóstico indicó que había sufrido lesión axonal difusa, una forma grave de daño cerebral provocada por fuerzas de aceleración y desaceleración violentas. Actualmente se encuentra consciente y sigue en recuperación, sin asistencia respiratoria mecánica.
Allanamientos y detenidos
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien está a cargo de la investigación, ordenó el miércoles último una serie de allanamientos en la base naval de Vicente López y en los domicilios de varios implicados, responsable de la instrucción de la que participó Páez.
El informe preliminar de la Fiscalía federal resalta que Páez contaba con solo cuatro meses de formación dentro de la Armada y no había recibido instrucción previa para este tipo de entrenamientos, que simulan respuestas ante eventuales disturbios.
Las horas las compañeras de la joven declararon ante la Justicia y señalaron que Páez habría sido objeto de un trato más violento que el resto del grupo durante la práctica. Algunas mencionaron una posible relación personal previa entre Páez y uno de los instructores, que podría haber influido en el trato recibido.
Durante los allanamientos ordenados por Arroyo Salgado, nueve militares responsables de los ejercicios antidisturbios fueron detenidos y serán indagados. Algunos son suboficiales. También se les tomará declaración a varios de los testigos que estuvieron en el adiestramiento.
Además, en los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, documentación interna y registros audiovisuales del entrenamiento.
La jueza tiene diez días para definir la situación procesal de los detenidos y acusados bajo los posibles delitos de lesiones graves, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Por su parte, la Armada le dio luz verde a una investigación interna para determinar cómo fueron los hechos y las posibles responsabilidades de los acusados, según lo establece el Código de Disciplina de la fuerza.
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Más de $1.000 millones en balas, cartuchos y máscaras
El despilfarro de Bullrich: el millonario gasto para pegar y reprimir
A contramano del discurso de que "no hay plata" que pregona el Gobierno, el Ministerio de Seguridad gastó más de $1.000 millones en granadas, cartuchos de balas de goma y lanzagas. Además, abrió una licitación millonaria para máscaras de gas y escudos. Cuánto costó el operativo del 12 de marzo para atacar jubilados e hinchas de fútbol, donde terminó gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo.
Agustin Gulman
Para reprimir a los jubilados hay plata. A poco más de un mes de la marcha del 12 de marzo en inmediaciones del Congreso, el Gobierno reconoció a Página|12 que pagó cerca de $80 millones extra para enviar a las fuerzas de seguridad que durante horas atacaron a los manifestantes, el equivalente a unas 280 jubilaciones mínimas. Al show montado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hay que sumarle las compras millonarias de material represivo durante el último año, que ascienden a más de $1.000 millones, para granadas y cartuchos similares al que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo; y a más de $500 millones para máscaras de gas, escudos y tonfas.
Los datos surgen de un pedido de acceso a la información pública que hizo este diario al día siguiente de la manifestación que acabó con una represión pocas veces vista desde el estallido social, político y económico de diciembre de 2001. Ese día, los jubilados marcharon como todos los miércoles desde hace más de un año, acompañados por hinchas de clubes, y en el operativo de seguridad el Gobierno dispuso una suma millonaria para “gastos derivados del consumo adicional de combustible y equipos de apoyo”, que en total treparon a $78.720.989,10.
La mayor parte del dinero fue para la Policía Federal, que dispuso un plus para esa jornada de $75.963.104. La Gendarmería – la fuerza señalada por el disparo de una cápsula de gas al fotógrafo Grillo – dispuso de $1.843.558,10. La Prefectura Naval gastó 477.527, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que también trabajó ese miércoles, erogó $466.800.
De acuerdo con el registro oficial al que tuvo acceso este diario, en total intervinieron 1.266 efectivos, una cifra similar a la que se dispone para un superclásico entre Boca y River. Y para reprimir hubo una gran variedad: los gendarmes, por ejemplo, dispararon con cartuchos 38.1 mm de lanzagas. Uno de ellos, disparado por el cabo Guerrero, le pegó de lleno en la cabeza a Grillo, que un mes después de recibir el impacto continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Argerich, donde esta semana fue operado nuevamente.
Su padre, Fabián Grillo, le dijo a Página|12 que la evolución de su hijo es favorable y se esperanzó con que en las próximas semanas pueda ser externado de la unidad de terapia intensiva. “La evolución es muy buena. Lee mucho, lee cosas de fotografía, sus colegas le traen libros de ellos. También alguna novela, algunos comics que le trajeron”, contó. Del momento del disparo no recuerda nada. Lo primero que leyó fue El Principito, la novela de Antoine de Saint-Exupéry que le llevó una enfermera. En paralelo, la familia fue aceptada como querellante en la causa a cargo de la jueza federal María Servini, donde se busca dilucidar las circunstancias en que quedó en estado crítico.
Pero además, la Gendarmería contó con granadas de mano, aerosoles de gas pimienta M9-OC, granadas de mano de gas, cartuchos de gas y cartuchos de “AT”. La Prefectura Naval tuvo un equipamiento similar: cartuchos de bala 12/70 con perdigones de goma que llevaban la marca de Fabricaciones Militares, Pellets químicos Pepper (OC-PAVA) disuasivo orgánico, candelas de mano de Fabricaciones Militares y proyectiles de gas de 40 mm.
El supermercado de balas, cascos y tonfas de Bullrich
De todos modos, sí se puede seguir el rastro de las compras de material represivo que ha hecho Bullrich en el último año. Por ejemplo, a finales de julio de 2024 se compraron 5.875 cartuchos y granadas de gas lacrimógeno a Fabricaciones Militares, sin licitación y en dólares. En total, según consta en el propio portal de compras del Estado, Seguridad pagó $992.875 dólares. En pesos, al tipo de cambio de este viernes 18 de abril, son $1.151.735.000. Sólo para comprar y tener una referencia, representaría unas 3.142 jubilaciones mínimas con el bono de $70.000 - congelado hace más de un año - incluido. Cada cartucho como el que le impactó en la cabeza a Grillo costó 169 dólares, unos $196.040.
En el propio documento adjunto a la compra, Fabricaciones Militares habla de los gases antidisturbio como “cartuchos de hostigamiento”. Sobre los cartuchos lanzagas de 38.1 mm, dice que son “elementos de disuasión que permiten mediante un compuesto químico la emisión de un gas en forma de nube de humo disuadida, continua, uniforme y densa, con efecto lacrimógeno altamente irritante sobre las vías respiratorias y piel, y ataque al sistema nervioso”.
Además, hay que sumar el gas pimienta, que las fuerzas de seguridad rocían cuantiosamente cada miércoles. La dirigente de izquierda Myriam Bregman informó en marzo que cada uno cuesta $250 mil.
A esto hay que sumar el equipamiento que utilizan los oficiales. Según el portal de compras oficiales, en 2024 el Ministerio de Seguridad abrió una licitación para que la Policía Federal adquiera trajes para protección personal (300), cascos antidisturbios de policarbonato (700), escudos antidisturbio en formato “burbuja” (300), máscaras antigas con visor que protejan ante “agresivos químicos” y filtros descartables (500), tonfas de 60 centímetros (1.000) y bastones para “control de disturbio” de 95 centímetros (1.000).
Esta licitación fue abierta a finales de 2024 y se adjudicó en marzo a tres empresas. Los trajes, los cascos, los escudos y los bastones fueron para una empresa que cobró $321.500.000. Las mascaras, para otra firma que cobró $238.746.120; y las tonfas fueron para una cooperativa por $20.000.000. Según Bregman, vestir a cada oficial con el equipamiento que llevan a las marchas cuesta $1.074.404, lo que equivale a unas tres jubilaciones con bono.
