Cáritas también construye viviendas populares financiadas por el Estado
Publicado el 19 de Junio de 2011
La pastoral social firmó un convenio con el Ministerio de Planificación que replica el esquema de financiamiento de la Fundación Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo. Desde 2004 ya se inauguraron 2547 casas.
La misión Sueños Compartidos que lleva adelante la Asociación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales, y que luego del caso Schoklender quedó en el ojo de la tormenta, forma parte de un programa mucho más extenso. Por caso, entre las decenas de organizaciones sociales y no gubernamentales que se dedican a este tipo de tareas con fondos del gobierno nacional, sobresale Cáritas Argentina.
La pastoral caritativa de la Iglesia Católica firmó un convenio con el Ministerio de Planificación Federal para la construcción de viviendas populares el 19 de julio de 2004. Desde entonces, se inauguraron 2547 casas y se están terminando de levantar las restantes 1100, en 14 provincias y por una suma aproximada de 100 millones de pesos.
El convenio “Programa de viviendas Cáritas”, que lleva las rúbricas del titular de la cartera de Planificación Federal, Julio De Vido, y monseñor Jorge Casaretto, entonces presidente de Cáritas Argentina –hoy lo sucede monseñor Fernando María Bargalló–, tiene por objetivo “proveer de vivienda digna a familias carenciadas mediante el sistema de autoconstrucción participativa y capacitación en obra”, tal como se desprende de la primera cláusula que figura en el documento. Se trata de un programa similar al de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que también comenzó a construir este tipo de hogares por la misma época que la pastoral caritativa.
Según el documento, Cáritas recibe “un financiamiento no reintegrable destinado a la construcción de viviendas, la provisión de equipos, herramientas y útiles de trabajo, la capacitación de obreros y los honorarios de los profesionales intervinientes”, que varía según cada convenio particular que se suscriba y es otorgado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, oficina que está bajo la órbita del ministerio a cargo de De Vido. El dinero es depositado en una cuenta bancaria específica para este programa.
Así, el 30 de junio de 2009, el director general de Cáritas Argentina, Gabriel Castelli, le escribió una carta al arquitecto Luis Bontempo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitándole dinero para levantar nuevas casas: “Tengo el agrado de comunicarme con usted a efectos de solicitar el financiamiento para la construcción de las viviendas comprendidas en el Anexo II del Convenio Particular ‘Programa de Viviendas Cáritas Quinta etapa: 1166 viviendas’”. Con un simple giro a una cuenta de Cáritas, el proyecto se puso en marcha.
Si bien, el convenio estipula una acción conjunto, articulada, entre la cartera de Planificación Federal y Cáritas, la administración de los recursos corren por parte de la pastoral caritativa de la Iglesia Católica. “Otorgada la posesión –resalta el documento– el beneficiario estará sujeto a un plan de reintegro en cuotas” definido por Cáritas. “El acumulado de las cuotas reintegradas constituirá un Fondo Solidario” destinado al fomento social en la misma comunidad beneficiaria de las viviendas. Así se ayuda por una doble vía a familias que viven en extrema pobreza.
Poner en duda este tipo de construcciones sociales, como lo hizo la mayor parte de la oposición, tomándose del caso Schoklender, es golpear el corazón de un sistema que busca solucionar un problema esencial que sufren miles de argentinos.
La pastoral caritativa de la Iglesia Católica firmó un convenio con el Ministerio de Planificación Federal para la construcción de viviendas populares el 19 de julio de 2004. Desde entonces, se inauguraron 2547 casas y se están terminando de levantar las restantes 1100, en 14 provincias y por una suma aproximada de 100 millones de pesos.
El convenio “Programa de viviendas Cáritas”, que lleva las rúbricas del titular de la cartera de Planificación Federal, Julio De Vido, y monseñor Jorge Casaretto, entonces presidente de Cáritas Argentina –hoy lo sucede monseñor Fernando María Bargalló–, tiene por objetivo “proveer de vivienda digna a familias carenciadas mediante el sistema de autoconstrucción participativa y capacitación en obra”, tal como se desprende de la primera cláusula que figura en el documento. Se trata de un programa similar al de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que también comenzó a construir este tipo de hogares por la misma época que la pastoral caritativa.
Según el documento, Cáritas recibe “un financiamiento no reintegrable destinado a la construcción de viviendas, la provisión de equipos, herramientas y útiles de trabajo, la capacitación de obreros y los honorarios de los profesionales intervinientes”, que varía según cada convenio particular que se suscriba y es otorgado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, oficina que está bajo la órbita del ministerio a cargo de De Vido. El dinero es depositado en una cuenta bancaria específica para este programa.
Así, el 30 de junio de 2009, el director general de Cáritas Argentina, Gabriel Castelli, le escribió una carta al arquitecto Luis Bontempo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitándole dinero para levantar nuevas casas: “Tengo el agrado de comunicarme con usted a efectos de solicitar el financiamiento para la construcción de las viviendas comprendidas en el Anexo II del Convenio Particular ‘Programa de Viviendas Cáritas Quinta etapa: 1166 viviendas’”. Con un simple giro a una cuenta de Cáritas, el proyecto se puso en marcha.
Si bien, el convenio estipula una acción conjunto, articulada, entre la cartera de Planificación Federal y Cáritas, la administración de los recursos corren por parte de la pastoral caritativa de la Iglesia Católica. “Otorgada la posesión –resalta el documento– el beneficiario estará sujeto a un plan de reintegro en cuotas” definido por Cáritas. “El acumulado de las cuotas reintegradas constituirá un Fondo Solidario” destinado al fomento social en la misma comunidad beneficiaria de las viviendas. Así se ayuda por una doble vía a familias que viven en extrema pobreza.
Poner en duda este tipo de construcciones sociales, como lo hizo la mayor parte de la oposición, tomándose del caso Schoklender, es golpear el corazón de un sistema que busca solucionar un problema esencial que sufren miles de argentinos.
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