Deberá revelar su fuente sobre precios
Publicado el 21 de Septiembre de 2011
La justicia federal le requirió al Fondo Monetario Internacional (FMI) que informe acerca de los datos que toma como base a la hora de elaborar sus estimaciones de inflación para la Argentina. El pedido lo formuló Alejandro Catania, titular del Juzgado Federal en lo Penal Económico 4, quien el 15 de septiembre reclamó que se libre un oficio dirigido a la oficina que el organismo multilateral de crédito mantiene en Buenos Aires.
En concreto, el magistrado busca saber “qué parámetros utiliza el FMI en la confección de sus informes sobre datos de inflación de la República Argentina”, y si para ello ha tomado como referencia para el período 2006-2011 “estimaciones efectuadas por M&S Consultores, o Carlos Melconian o Rodolfo Santángelo”. Incluso le pidió al FMI que informe si ha mantenido con ellos “reuniones de trabajo o de requerimiento de opinión”.
El pedido de información al Fondo tiene lugar en el marco de la causa penal que se sigue a M&S Consultores por el supuesto delito de estafas al Estado, y que tiene como querellante a la Secretaría de Comercio Interior. A comienzos de julio, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno presentó una denuncia en el juzgado de Catania contra la consultora M&S, a la que acusó de crear un índice de inflación ficticio o “de escritorio” con el objeto de favorecer a aquellos clientes que tienen títulos públicos atados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
El CER es un indicador cuya movilidad está estrechamente asociada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mensualmente el Indec, por lo que mientras más alta sea la inflación, mayor será el diferencial que cobran los tenedores de bonos atados al CER, y por ende, el monto que tiene que afrontar el Estado argentino.
La presentación de la Secretaría de Comercio Interior ante la justicia excede la denuncia ante M&S y señala la existencia de una espuria complicidad entre consultaras privadas, bancos y compañías financieras para estafar al Estado argentino. “Algunas consultoras privadas informan un índice de inflación más elevado, intentando presionar al Estado Nacional para que también lo haga”, indica la demanda.
Justamente, con el objeto de desentramar ese contubernio, Catania –entre otras medidas– también libró oficios a los diarios Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, El Cronista, BAE y Página/12 para que “informen si han facturado espacios para publicaciones a M&S Consultores desde 2006 hasta la fecha”.
En concreto, el magistrado busca saber “qué parámetros utiliza el FMI en la confección de sus informes sobre datos de inflación de la República Argentina”, y si para ello ha tomado como referencia para el período 2006-2011 “estimaciones efectuadas por M&S Consultores, o Carlos Melconian o Rodolfo Santángelo”. Incluso le pidió al FMI que informe si ha mantenido con ellos “reuniones de trabajo o de requerimiento de opinión”.
El pedido de información al Fondo tiene lugar en el marco de la causa penal que se sigue a M&S Consultores por el supuesto delito de estafas al Estado, y que tiene como querellante a la Secretaría de Comercio Interior. A comienzos de julio, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno presentó una denuncia en el juzgado de Catania contra la consultora M&S, a la que acusó de crear un índice de inflación ficticio o “de escritorio” con el objeto de favorecer a aquellos clientes que tienen títulos públicos atados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
El CER es un indicador cuya movilidad está estrechamente asociada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mensualmente el Indec, por lo que mientras más alta sea la inflación, mayor será el diferencial que cobran los tenedores de bonos atados al CER, y por ende, el monto que tiene que afrontar el Estado argentino.
La presentación de la Secretaría de Comercio Interior ante la justicia excede la denuncia ante M&S y señala la existencia de una espuria complicidad entre consultaras privadas, bancos y compañías financieras para estafar al Estado argentino. “Algunas consultoras privadas informan un índice de inflación más elevado, intentando presionar al Estado Nacional para que también lo haga”, indica la demanda.
Justamente, con el objeto de desentramar ese contubernio, Catania –entre otras medidas– también libró oficios a los diarios Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, El Cronista, BAE y Página/12 para que “informen si han facturado espacios para publicaciones a M&S Consultores desde 2006 hasta la fecha”.
Tiempo argentino
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