Papel Prensa: Rechazaron un planteo de Clarín y La Nación
Publicado el 16 de Octubre de 2011
Los diarios pretendían la suspensión de los derechos societarios del Estado Nacional.
La justicia rechazó un intento de los accionistas privados de Papel Prensa para obtener “la suspensión de los derechos societarios del Estado Nacional” como accionista minoritario. La Sala B de la Cámara en lo Comercial, en un fallo firmado el 27 de septiembre pero que aún no fue formalmente notificado a las partes, confirmó la denegatoria de una medida cautelar, con la cual el Grupo Clarín y La Nación trataron de forzar el desplazamiento del Estado de la empresa que monopoliza la fabricación de papel para diarios “hasta que las acciones sean entregadas a la sociedad para su cancelación por resultado del rescate y reducción de capital social”. ¿Qué significa eso? Que los accionistas privados salieron a jugar, sin que el Estado lo supiera (hasta hoy no está formalmente notificado de la existencia de ese expediente), una carta brava: una cláusula del Estatuto Social de Papel Prensa, según la cual el paquete accionario estatal debió haber sido “rescatado” por Clarín y La Nación, a lo sumo, en 1988. “Las acciones del Estado Nacional deberán ser rescatadas por la sociedad a su valor real de mercado o nominal, según cual resulte mayor, en el término de diez años en cuotas anuales y consecutivas, a contar del segundo año de la puesta en marcha de la o las plantas correspondientes”, sostiene la cláusula en cuestión, suscripta en los albores de la última dictadura.
Fuentes judiciales consultadas por Tiempo Argentino reconocieron que en los años ochenta hubo algún movimiento en ese sentido, pero la operatoria por la cual el Estado se desprendía de sus acciones, y los grupos privados las adquirían “a título oneroso”, nunca se concretó, básicamente porque había diferencias económicas.
Clarín y La Nación desempolvaron aquella cláusula y el año pasado iniciaron el proceso ante la Justicia en lo Comercial. Se trató de un expediente nuevo, diferente a los que ya tramitaban en ese fuero. Y recayó ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 11, uno de los incluidos en el PROJUM (Proyecto Juzgado Modelo), por entonces a cargo de la jueza subrogante Gabriela Vasallo. Los accionistas privados plantearon la acción de fondo, pero también pidieron una medida cautelar ante lo que consideraron “el plan de hostigamiento orquestado por el Estado Nacional contra la sociedad, que podría llevarla hasta su propia extinción”.
La jueza subrogante, primero, y la Sala B de la Cámara en lo Comercial –integrada por los magistrados Matilde Ballerini, Ana Piaggi y María Gómez Alonso de Díaz Cordero– luego, rechazaron la pretensión. Argumentaron que “la permanencia del Estado Nacional en la sociedad, y el ejercicio de sus derechos como accionista fue consentida durante algo más de 25 años”, y que “no surge con claridad de qué modo estaría en riesgo el cumplimiento de una eventual sentencia favorable a sus pretensiones”. Esas “pretensiones” son que el resultado final del juicio sea que el Estado deba desprenderse de sus acciones en Papel Prensa.
“La medida solicitada (suspensión de los derechos societarios del Estado Nacional) aparece excesiva con relación al objeto demandado en el expediente principal (rescate de todas las acciones Clase B de titularidad del Estado Nacional)”, sostiene la resolución.
La Sala B de la Cámara confirmó el rechazo de la cautelar el 27 de septiembre. Un día después, un acuerdo plenario resolvió que todas las causas vinculadas con la disputa accionaria por Papel Prensa tramitaran ante la Sala C, para “privilegiar la unidad de conocimiento”. Cierto es que la Sala C es cuestionada por el gobierno y por la Fiscalía de Cámara por sus supuestos manejos de los expedientes en beneficio de los accionistas privados. Pero también lo es que hay en marcha un proceso de juicio político contra uno de sus integrantes y que un nuevo juez acaba de asumir en el tribunal, lo cual parece modificar el escenario.
¿Qué ocurre con el reclamo de fondo de Clarín y La Nación? La causa está ahora a cargo del juez Fernando Saravia, ex secretario de otra sala de la Cámara, quien asumió el cargo tras ganar el concurso en el Consejo de la Magistratura el 9 de febrero pasado. El 5 de octubre pasado, Saravia consideró que, atento al criterio de unificación del plenario de la Cámara, también esta causa debía cumplir con esa premisa.
Pero los expedientes vinculados con Papel Prensa aparecen en un laberinto de competencias y todavía no está claro dónde recaerán finalmente.
Las fuentes consultadas por Tiempo interpretaron que una decisión final sobre si el Estado debe o no desprenderse de sus acciones podría llevar años. “Esos procesos se destraban rápido si los accionistas están de acuerdo, pero no es este el caso. Hay por delante un proceso complejo”, reconocieron.
Fuentes judiciales consultadas por Tiempo Argentino reconocieron que en los años ochenta hubo algún movimiento en ese sentido, pero la operatoria por la cual el Estado se desprendía de sus acciones, y los grupos privados las adquirían “a título oneroso”, nunca se concretó, básicamente porque había diferencias económicas.
Clarín y La Nación desempolvaron aquella cláusula y el año pasado iniciaron el proceso ante la Justicia en lo Comercial. Se trató de un expediente nuevo, diferente a los que ya tramitaban en ese fuero. Y recayó ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 11, uno de los incluidos en el PROJUM (Proyecto Juzgado Modelo), por entonces a cargo de la jueza subrogante Gabriela Vasallo. Los accionistas privados plantearon la acción de fondo, pero también pidieron una medida cautelar ante lo que consideraron “el plan de hostigamiento orquestado por el Estado Nacional contra la sociedad, que podría llevarla hasta su propia extinción”.
La jueza subrogante, primero, y la Sala B de la Cámara en lo Comercial –integrada por los magistrados Matilde Ballerini, Ana Piaggi y María Gómez Alonso de Díaz Cordero– luego, rechazaron la pretensión. Argumentaron que “la permanencia del Estado Nacional en la sociedad, y el ejercicio de sus derechos como accionista fue consentida durante algo más de 25 años”, y que “no surge con claridad de qué modo estaría en riesgo el cumplimiento de una eventual sentencia favorable a sus pretensiones”. Esas “pretensiones” son que el resultado final del juicio sea que el Estado deba desprenderse de sus acciones en Papel Prensa.
“La medida solicitada (suspensión de los derechos societarios del Estado Nacional) aparece excesiva con relación al objeto demandado en el expediente principal (rescate de todas las acciones Clase B de titularidad del Estado Nacional)”, sostiene la resolución.
La Sala B de la Cámara confirmó el rechazo de la cautelar el 27 de septiembre. Un día después, un acuerdo plenario resolvió que todas las causas vinculadas con la disputa accionaria por Papel Prensa tramitaran ante la Sala C, para “privilegiar la unidad de conocimiento”. Cierto es que la Sala C es cuestionada por el gobierno y por la Fiscalía de Cámara por sus supuestos manejos de los expedientes en beneficio de los accionistas privados. Pero también lo es que hay en marcha un proceso de juicio político contra uno de sus integrantes y que un nuevo juez acaba de asumir en el tribunal, lo cual parece modificar el escenario.
¿Qué ocurre con el reclamo de fondo de Clarín y La Nación? La causa está ahora a cargo del juez Fernando Saravia, ex secretario de otra sala de la Cámara, quien asumió el cargo tras ganar el concurso en el Consejo de la Magistratura el 9 de febrero pasado. El 5 de octubre pasado, Saravia consideró que, atento al criterio de unificación del plenario de la Cámara, también esta causa debía cumplir con esa premisa.
Pero los expedientes vinculados con Papel Prensa aparecen en un laberinto de competencias y todavía no está claro dónde recaerán finalmente.
Las fuentes consultadas por Tiempo interpretaron que una decisión final sobre si el Estado debe o no desprenderse de sus acciones podría llevar años. “Esos procesos se destraban rápido si los accionistas están de acuerdo, pero no es este el caso. Hay por delante un proceso complejo”, reconocieron.
Tiempo argentino
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