El Gobierno crea un programa para prevenir el lavado de dinero
Publicado el 18 de Octubre de 2011
Como parte del plan de acción contra el lavado de activos, el gobierno nacional creó ayer mediante un decreto el denominado “Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo”.
La norma había sido adelantada la semana pasada por el ministro de Justicia, Julio Alak, y según fue publicado en el Boletín Oficial, su objetivo será la coordinación, a nivel nacional, de todas las actividades, planes y programas de evaluación y monitoreo de las estrategias de prevención y persecución del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, también funcionará como una especie de centro de estudios, en tanto producirá investigaciones y diagnósticos sobre la materia.
El programa será presidido y coordinado por la cartera que preside Alak y contará con un consejo asesor integrado, en una primera etapa, por representantes de los organismos de inteligencia; descentralizados de regulación y supervisión financiera; ministerios y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional; y “toda otra entidad u organismo que se considere necesario para el abordaje de la temática”.
“No hay que creer que con la mera sanción de una ley vamos a cambiar la realidad de golpe, sino que tenemos que evaluar el impacto de la implementación constantemente, promoviendo los mecanismos para corregirla si es necesario”, indicaron ayer desde el Ministerio de Justicia. Para llevar a cabo esas evaluaciones, el programa creará mecanismos de consultas donde serán convocados funcionarios, especialistas y diversos actores de la sociedad civil, tal como organizaciones no gubernamentales, cámaras que agrupan a bancos, entre otros.
“El espíritu de la iniciativa es establecer una estructura que tenga por objeto el seguimiento de las reformas normativas y el funcionamiento de la lucha anti-lavado”, explicaron. El programa se suma así a dos proyectos de ley que fueron enviados al Congreso y que serán tratados luego de las elecciones. Uno de ellos implica una modificación del Libro Primero del Código Penal para incorporar un artículo que establece que “cuando alguno de los delitos previstos hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”. Y establece penas de 5 a 15 años para quienes recolecten o provean fondos para llevar a cabo dichos delitos. No obstante, el texto aclara que la aplicación del artículo, así como la facultad que se le brinda a la UIF para el congelamiento de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal “en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hecho que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales”. No obstante, la norma rechaza explícitamente cualquier identificación terrorista de cualquier acto de “protesta colectiva”.
Entre el 24 y 27 de octubre tendrá lugar en París la revisión del GAFI, y pese a que nadie se atreve a decirlo públicamente, desde las áreas más densamente implicadas en la lucha contra el lavado descuentan que el país no recibirá ningún tipo de sanciones por parte del organismo internacional. “Durante la reunión de México, en junio pasado, se instaló la idea de las sanciones. El compromiso demostrado por el país hizo que estas fueran descartadas. Venimos cumpliendo con el plan de acción, seguimos con el mismo compromiso al más alto nivel, objetivamente no hay condiciones que den lugar a sanciones”, explicó una fuente de la cartera de justicia que prefirió el anonimato.
La norma había sido adelantada la semana pasada por el ministro de Justicia, Julio Alak, y según fue publicado en el Boletín Oficial, su objetivo será la coordinación, a nivel nacional, de todas las actividades, planes y programas de evaluación y monitoreo de las estrategias de prevención y persecución del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, también funcionará como una especie de centro de estudios, en tanto producirá investigaciones y diagnósticos sobre la materia.
El programa será presidido y coordinado por la cartera que preside Alak y contará con un consejo asesor integrado, en una primera etapa, por representantes de los organismos de inteligencia; descentralizados de regulación y supervisión financiera; ministerios y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional; y “toda otra entidad u organismo que se considere necesario para el abordaje de la temática”.
“No hay que creer que con la mera sanción de una ley vamos a cambiar la realidad de golpe, sino que tenemos que evaluar el impacto de la implementación constantemente, promoviendo los mecanismos para corregirla si es necesario”, indicaron ayer desde el Ministerio de Justicia. Para llevar a cabo esas evaluaciones, el programa creará mecanismos de consultas donde serán convocados funcionarios, especialistas y diversos actores de la sociedad civil, tal como organizaciones no gubernamentales, cámaras que agrupan a bancos, entre otros.
“El espíritu de la iniciativa es establecer una estructura que tenga por objeto el seguimiento de las reformas normativas y el funcionamiento de la lucha anti-lavado”, explicaron. El programa se suma así a dos proyectos de ley que fueron enviados al Congreso y que serán tratados luego de las elecciones. Uno de ellos implica una modificación del Libro Primero del Código Penal para incorporar un artículo que establece que “cuando alguno de los delitos previstos hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”. Y establece penas de 5 a 15 años para quienes recolecten o provean fondos para llevar a cabo dichos delitos. No obstante, el texto aclara que la aplicación del artículo, así como la facultad que se le brinda a la UIF para el congelamiento de activos vinculados a delitos previstos en el artículo 306 del Código Penal “en ningún caso podrán ser aplicados a aquellos hecho que no configuren actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales”. No obstante, la norma rechaza explícitamente cualquier identificación terrorista de cualquier acto de “protesta colectiva”.
Entre el 24 y 27 de octubre tendrá lugar en París la revisión del GAFI, y pese a que nadie se atreve a decirlo públicamente, desde las áreas más densamente implicadas en la lucha contra el lavado descuentan que el país no recibirá ningún tipo de sanciones por parte del organismo internacional. “Durante la reunión de México, en junio pasado, se instaló la idea de las sanciones. El compromiso demostrado por el país hizo que estas fueran descartadas. Venimos cumpliendo con el plan de acción, seguimos con el mismo compromiso al más alto nivel, objetivamente no hay condiciones que den lugar a sanciones”, explicó una fuente de la cartera de justicia que prefirió el anonimato.
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