Prohíben salir del país a Schiavi, Luna, los dueños de TBA y al titular de la CNRT
La medida busca que estén disponibles para cuando la justicia los requiera. Algunos podrían quedar imputados en el futuro.
El juez federal Claudio Bonadío resolvió ayer, sorpresivamente, prohibir la salida del país al secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi; a su segundo, el sindicalista Antonio Luna; a los dueños de la empresa TBA, Claudio y Roque Cirigliano, y al titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte CNRT, Eduardo Sícaro. Todos están formalmente siendo investigados por sus eventuales responsabilidades en la tragedia de Once, que causó 51 muertos y más de 700 heridos el 22 de febrero pasado. Fuentes vinculadas a la investigación deslizaron que “la lista podría no estar completa”. En el marco de una causa compleja como esta, la prohibición de salida del país sólo apunta a que sobre quienes pesa la medida estén disponibles para cuando la justicia los requiera. Difícilmente un juez le prohíba salir del país a un testigo; esas decisiones siempre afectan a imputados, actuales o futuros. Tal y como están planteadas las cosas, Schiavi es, de momento, el funcionario de más alta jerarquía que por ahora aparece relacionado con la investigación.
La decisión de Bonadío se conoció al caer la tarde de una jornada en la que un abogado que representa a siete familias de víctimas lo recusó, lo denunció por prevaricato (resolver a contrario de lo que indican las leyes) y ratificó una querella contra el secretario Schiavi. La ofensiva ya había sido anticipada por su impulsor, Gregorio Dalbón, durante el fin de semana. Dalbón fue presidente de la ONG Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito (FAVAT), muy activa en los ’90, que incluso empujó una modificación al Código Penal para elevar las penas del homicidio culposo de un máximo de tres a cinco años. Ahora, en el contexto del tren que se estrelló contra la punta del andén número dos de la Estación Plaza Miserere, salió a reunir a damnificados con una idea definida: el Estado Nacional tiene responsabilidad en lo ocurrido, y en consecuencia no puede ser querellante. Y si el juez Bonadío lo acepta como querellante, entonces no debe seguir al frente de la investigación.
El juez no parece preocupado por la embestida y todo indica que rechazará el planteo de excusación. Sin embargo, enterado de la medida que afecta a Schiavi y los Cirigliano, Dalbón utilizó las redes sociales de Internet para acusar al juez de actuar con “demagogia”. Bonadío había anticipado el viernes, cuando aceptó al Estado como querellante, que ello no implicaba que uno o más funcionarios pudieran ser imputados penalmente.
Dalbón apeló la decisión de aceptar al Estado como querellante, y el expediente podría ser revisado ahora por la Cámara Federal. Lo habitual es que las apelaciones se formulen contra el rechazo a ser tenido como parte querellante y no a la aceptación, pero en este caso lo que está en juego es si el Estado puede ser, al mismo tiempo, perjudicado e imputado. Además, el abogado le pidió al propio Bonadío que se aparte de la causa pues está en entredicho su imparcialidad en la investigación, justamente a partir de su determinación anunciada el viernes pasado. Y, finalmente, para completar la ofensiva, lo denunció penalmente por prevaricato. La causa recayó ante el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini de Cubría.
El desparramo de causas no quedó allí. Dalbón también ratificó una denuncia penal contra Schiavi, a quien responsabiliza por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. Ese expediente está en otro tribunal, a cargo del juez Sergio Torres.
Pese a esos movimientos, las víctimas que representa Dalbón siguen sin tener presencia activa en las pericias que se están llevando a cabo. Bonadío descartó la semana pasada a los peritos de parte aportados por el abogado, por “falta de idoneidad”, ya que uno era “licenciado en criminología” y el otro exhibía un perfil no mejor explicado que “experto en ferrocarriles”.
La decisión de Bonadío se conoció al caer la tarde de una jornada en la que un abogado que representa a siete familias de víctimas lo recusó, lo denunció por prevaricato (resolver a contrario de lo que indican las leyes) y ratificó una querella contra el secretario Schiavi. La ofensiva ya había sido anticipada por su impulsor, Gregorio Dalbón, durante el fin de semana. Dalbón fue presidente de la ONG Familiares y Víctimas de Accidentes de Tránsito (FAVAT), muy activa en los ’90, que incluso empujó una modificación al Código Penal para elevar las penas del homicidio culposo de un máximo de tres a cinco años. Ahora, en el contexto del tren que se estrelló contra la punta del andén número dos de la Estación Plaza Miserere, salió a reunir a damnificados con una idea definida: el Estado Nacional tiene responsabilidad en lo ocurrido, y en consecuencia no puede ser querellante. Y si el juez Bonadío lo acepta como querellante, entonces no debe seguir al frente de la investigación.
El juez no parece preocupado por la embestida y todo indica que rechazará el planteo de excusación. Sin embargo, enterado de la medida que afecta a Schiavi y los Cirigliano, Dalbón utilizó las redes sociales de Internet para acusar al juez de actuar con “demagogia”. Bonadío había anticipado el viernes, cuando aceptó al Estado como querellante, que ello no implicaba que uno o más funcionarios pudieran ser imputados penalmente.
Dalbón apeló la decisión de aceptar al Estado como querellante, y el expediente podría ser revisado ahora por la Cámara Federal. Lo habitual es que las apelaciones se formulen contra el rechazo a ser tenido como parte querellante y no a la aceptación, pero en este caso lo que está en juego es si el Estado puede ser, al mismo tiempo, perjudicado e imputado. Además, el abogado le pidió al propio Bonadío que se aparte de la causa pues está en entredicho su imparcialidad en la investigación, justamente a partir de su determinación anunciada el viernes pasado. Y, finalmente, para completar la ofensiva, lo denunció penalmente por prevaricato. La causa recayó ante el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini de Cubría.
El desparramo de causas no quedó allí. Dalbón también ratificó una denuncia penal contra Schiavi, a quien responsabiliza por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”. Ese expediente está en otro tribunal, a cargo del juez Sergio Torres.
Pese a esos movimientos, las víctimas que representa Dalbón siguen sin tener presencia activa en las pericias que se están llevando a cabo. Bonadío descartó la semana pasada a los peritos de parte aportados por el abogado, por “falta de idoneidad”, ya que uno era “licenciado en criminología” y el otro exhibía un perfil no mejor explicado que “experto en ferrocarriles”.
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