La Procuración porteña había dado por válido el traspaso de los subtes
El organismo que nuclea a los abogados defensores del Estado dio por firme la transferencia el 5 de enero, cuando opinó sobre el tarifazo del PRO. Los argumentos legales que contradicen las afirmaciones y críticas de Mauricio Macri.
Por: Claudio mardones
Hay un duelo verbal, a los dos lados de la Plaza de Mayo, que tiene una trama todavía desconocida. Su última etapa de cruces, hasta ahora sin salida, estalló hace tres días, cuando el jefe de gobierno, Mauricio Macri, anunció que se negaba a aceptar la devolución de los 60 kilómetros de subterráneos que funcionan en territorio porteño y que, hasta principios de enero, estuvieron totalmente bajo la órbita del Estado Nacional. La negativa del alcalde fue retrucada al día siguiente por la presidenta, que lo acusó de tener “una actitud de capricho y adolescente”, luego de insistir que el metro más viejo y más corto de América Latina continúa “a cargo del gobierno de la Ciudad”. Ayer, Macri volvió a calzarse el traje que mejor le queda y buscó posicionarse como el principal antagonista de la Casa Rosada, aunque, en esta ocasión, acusó a la mandataria de haber dicho “siete falsedades” y remarcó que “la concesión y administración” de la red “hoy es de la Nación”. Sin embargo, hay documentos, recientes, que demuestran lo contrario y que datan del 5 de enero de este año. La fecha no es menor, porque se trata de un dictamen oficial de la Procuración General de la Ciudad que fue girado al jefe de gobierno, en forma urgente y dos días después del primer día hábil del año, cuando Macri firmó el Acta de Acuerdo de Transferencia de los Servicios de Subterráneo y Premetro. En el dictamen, firmado por el procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, Carlos Tambussi, el organismo reconoce que desde el 3 de enero, “mediante dicho instrumento, la Ciudad asumió desde la firma del mismo, el control y la fiscalización del contrato de concesión en todos sus aspectos, incluyendo la potestad exclusiva de la fijación de la tarifa correspondiente al servicio”.
La opinión del funcionario de la Procuración, puso en serios aprietos (desde principios de año) el principal argumento que Macri utilizaría esta semana para rechazar toda la negociación que, este sábado, habría cumplido 59 días de duración. Pero los funcionarios de ese organismo jurídico, admiten que en la vida administrativa del Estado porteño, la Procuración suele demorar sus dictámenes, aunque esta vez el trámite fue “abreviadísimo”, porque el secretario Legal y Técnico del gobierno porteño, Pablo Clusellas, había pedido el dictamen de la Procuración para confirmar la pertinencia de un decreto que había redactado para aumentar la tarifa del subte. El expediente data del año anterior, y lleva el número 32.187/2012, un dato que confirma que la gestión PRO estaba planificando el aumento antes de la firma del acta acuerdo de transferencia que Macri firmó luego de que Cristina le pidiera “un esfuercito”, a finales de diciembre.
Clusellas no es un desconocido para Macri: son amigos desde que compartieron el secundario en el Colegio Cardenal Newman. Ahora, “Pablo” es el hombre que “le cuida la firma” al jefe de gobierno y, dentro del círculo aúlico del magnate, es considerado como uno de sus principales hombres de confianza. Con esos galones encima, la Procuración no tenía margen para demorarse, y en vista de la importancia del aumento, Tambussi no anduvo con vueltas y sostuvo un rotundo “no tengo observaciones que formular”, “con relación al análisis jurídico del proyecto de decreto que se acompaña, relacionado con la fijación de la tarifa.
En el dictamen, la Procuración tuvo que analizar el hallazgo legal que hizo Clusellas, cuando utilizó una audiencia pública del 11 de diciembre de 1998 y un agregado al contrato de concesión, aprobada en 1999. El decreto sostiene que “en cumplimiento de la autonomía constitucional que adquirió la Ciudad de Buenos Aires con la Reforma de la Constitución, debe hacerse cargo del servicio”. Esa medida habilitó una actualización en dólares que fue discutida en una audiencia pública desconocida. Sin embargo, Macri sigue repitiendo que la red de subtes “hoy es de la Nación”, aunque los papeles de su propio gobierno lo dejen mal parado.
La opinión del funcionario de la Procuración, puso en serios aprietos (desde principios de año) el principal argumento que Macri utilizaría esta semana para rechazar toda la negociación que, este sábado, habría cumplido 59 días de duración. Pero los funcionarios de ese organismo jurídico, admiten que en la vida administrativa del Estado porteño, la Procuración suele demorar sus dictámenes, aunque esta vez el trámite fue “abreviadísimo”, porque el secretario Legal y Técnico del gobierno porteño, Pablo Clusellas, había pedido el dictamen de la Procuración para confirmar la pertinencia de un decreto que había redactado para aumentar la tarifa del subte. El expediente data del año anterior, y lleva el número 32.187/2012, un dato que confirma que la gestión PRO estaba planificando el aumento antes de la firma del acta acuerdo de transferencia que Macri firmó luego de que Cristina le pidiera “un esfuercito”, a finales de diciembre.
Clusellas no es un desconocido para Macri: son amigos desde que compartieron el secundario en el Colegio Cardenal Newman. Ahora, “Pablo” es el hombre que “le cuida la firma” al jefe de gobierno y, dentro del círculo aúlico del magnate, es considerado como uno de sus principales hombres de confianza. Con esos galones encima, la Procuración no tenía margen para demorarse, y en vista de la importancia del aumento, Tambussi no anduvo con vueltas y sostuvo un rotundo “no tengo observaciones que formular”, “con relación al análisis jurídico del proyecto de decreto que se acompaña, relacionado con la fijación de la tarifa.
En el dictamen, la Procuración tuvo que analizar el hallazgo legal que hizo Clusellas, cuando utilizó una audiencia pública del 11 de diciembre de 1998 y un agregado al contrato de concesión, aprobada en 1999. El decreto sostiene que “en cumplimiento de la autonomía constitucional que adquirió la Ciudad de Buenos Aires con la Reforma de la Constitución, debe hacerse cargo del servicio”. Esa medida habilitó una actualización en dólares que fue discutida en una audiencia pública desconocida. Sin embargo, Macri sigue repitiendo que la red de subtes “hoy es de la Nación”, aunque los papeles de su propio gobierno lo dejen mal parado.
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