Constitución: la Ciudad cobraba un canon a los puesteros que desalojó
Tenían permisos otorgados en 2004 y aunque siempre pagaron, el gobierno porteño jamás les entregó el permiso definitivo. El proyecto macrista que fija nuevos parámetros de uso del espacio público y beneficia a empresas privadas.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese a haber negado sistemáticamente los permisos de trabajo a los puesteros que finalmente terminó desalojando el domingo pasado en Plaza Constitución, siguió cobrándoles un canon mensual, de manera ilegal. Esto se desprende de los mismos comprobantes emitidos por la Dirección General de Tesorería porteña, que tienen en su poder varios de los comerciantes cuyos puestos fueron desmantelados, donde constan las fechas de pago y los montos abonados. La Defensoría del Pueblo porteña inició ayer una investigación de oficio por el desalojo, la destrucción de los puestos y de la mercadería, y para establecer si existió violencia policial de parte de los efectivos de la Metropolitana durante el operativo realizado durante la madrugada del domingo. Además, indagará en los motivos por los que la administración PRO les siguió exigiendo el dinero mensual como si estuviesen habilitados. En ese marco, el jueves está previsto que se discuta en la Legislatura un proyecto de ley impulsado por el PRO que beneficiaría a concesionarios privados en las plazas públicas de la Ciudad.
Según informes oficiales, la treintena de puestos ubicados en Constitución tenían permisos otorgados en el año 2004, cuyo vencimiento operó automáticamente al año siguiente, sin respuesta oficial a los pedidos de prórroga solicitados por los comerciantes bajo el argumento de problemas administrativos. Algunos de ellos obtuvieron medidas cautelares para poder seguir trabajando. La mayoría están amparados bajo la Ley 1166 que regula las categorías 1, 2, 3 y 4 que clasifican a los puestos con ubicación fija y determinada de parrillas y venta de golosinas, panchos y garrapiñadas, con un canon correspondiente. "El Ministerio de Espacio Público pasó por encima del órgano de aplicación, que es la Dirección de Higiene, y dispone reordenar las plazas, levantando los puestos", aseguró a Tiempo Argentino Daniel Cifuentes, de la Coordinadora de Venta Ambulante. En rigor, los números de inscripción los otorgó esa dependencia pero el permiso definitivo fue retaceado por la cartera de Espacio Público, incluso en casos donde a los comerciantes les habían hecho llegar una cédula de notificación para advertir que debían pasar a retirarlos.
CANON. El recibo otorgado por la Dirección General de Tesorería (DGT-GCBA) cita en Avenida Belgrano 840 se enmarca en lo dispuesto por la Ley 1166 y el concepto es por el "pago" de un monto de 109 pesos por mes "por la ocupación y/uso de la superficie de bienes del dominio público con puestos de venta ambulante por cuenta propia o de terceros/as". Allí aparecen firmados y con un número de permiso asignado, además de por el impreso electrónico emitido por la línea de cajas de la tesorería porteña. Es decir, pese a que no tenían habilitaciones según el Ministerio de Espacio Público, se les asignaba un número de permiso y se les tomaban mes a mes los pagos bajo el rubro de expendio de alimentos. En Derecho Administrativo, estos pagos garantizan a través de una "tácita reconducción", el derecho a la explotación, aunque en este caso, la Ciudad recibió ingresos de quienes luego decidió desconocer. En hechos similares, la gestión PRO adujo la ausencia de cruce de información sobre los contribuyentes.
En declaraciones a AM530 La Voz de las Madres, Zuly Techera –una de las comerciantes desalojadas– aseguró que le preguntó a uno de los funcionarios que comandaron el operativo por qué le habían cobrado el canon y luego levantaban su puesto. "¿Y para qué lo pagó?", fue la respuesta. "No me pueden cobrar una cosa que no sirve. No lo pagué en un banco, fui a Belgrano 840. Me hicieron pagar un seguro de un carro por un año y también me lo levantaron. Nadie avisó nada del desalojo", denunció. Según accedió este diario a uno de los recibos, los puesteros abonaron de forma anual un seguro por responsabilidad civil contratado con la compañía Sancor Seguros, lo que aparenta ratificar que se encontraban en regla conforme a las exigencias impuestas por el gobierno porteño.
DEFENSORÍA. Además de abrir un expediente nuevo por lo acontecido el domingo pasado, en relación a la rotura de mercadería, y la forma en que se llevó adelante el desalojo, la Defensoría apunta a saber si se respetaron los pasos administrativos para efectuar el desalojo y los motivos por los cuales se les siguió cobrando el tributo mensual a los comerciantes. Además insistirá en resoluciones previas que han sido incumplidas por la administración que conduce Mauricio Macri. La 2310/12, que data de agosto, ordenó cumplir el "relevamiento y/o reempadronamiento de los puestos de venta de alimentos en la vía pública, como asimismo el cumplimiento de las medidas judiciales vigentes" y "adjudicar los correspondientes puestos de conformidad a los términos de la Ley 1166". Además esa manda admite a los que hubieran sido dados de baja e insta a "establecer un mecanismo equitativo de otorgamiento de permisos que contemple la igualdad de condiciones personales de todos los postulantes". "Si éramos reconocidos por una dependencia del gobierno, íbamos y pagábamos el canon. Cumplíamos con todos los trámites. Ahora desconocen eso y se llevaron todo. Todas esas anomalías tratan de taparlas diciendo que somos ilegales", replicó Cifuentes.
PRIVADOS. El polémico proyecto de ley 1770 que fija nuevos parámetros para los permisos de uso del espacio en plazas es promovido por la cartera de Espacio Público y por el propio Macri. Entre otros requisitos excluyentes para los actuales trabajadores, otorga las categorías de venta de alimentos, panchos, golosinas y bebidas a concesionarios privados. Entre otras cosas, la iniciativa permite a un mismo licenciatario tener hasta tres plazas en distintas comunas con un máximo de 20 años. "Quieren erradicarnos y poner una pyme para los amigos", disparó Cifuentes. «
Según informes oficiales, la treintena de puestos ubicados en Constitución tenían permisos otorgados en el año 2004, cuyo vencimiento operó automáticamente al año siguiente, sin respuesta oficial a los pedidos de prórroga solicitados por los comerciantes bajo el argumento de problemas administrativos. Algunos de ellos obtuvieron medidas cautelares para poder seguir trabajando. La mayoría están amparados bajo la Ley 1166 que regula las categorías 1, 2, 3 y 4 que clasifican a los puestos con ubicación fija y determinada de parrillas y venta de golosinas, panchos y garrapiñadas, con un canon correspondiente. "El Ministerio de Espacio Público pasó por encima del órgano de aplicación, que es la Dirección de Higiene, y dispone reordenar las plazas, levantando los puestos", aseguró a Tiempo Argentino Daniel Cifuentes, de la Coordinadora de Venta Ambulante. En rigor, los números de inscripción los otorgó esa dependencia pero el permiso definitivo fue retaceado por la cartera de Espacio Público, incluso en casos donde a los comerciantes les habían hecho llegar una cédula de notificación para advertir que debían pasar a retirarlos.
CANON. El recibo otorgado por la Dirección General de Tesorería (DGT-GCBA) cita en Avenida Belgrano 840 se enmarca en lo dispuesto por la Ley 1166 y el concepto es por el "pago" de un monto de 109 pesos por mes "por la ocupación y/uso de la superficie de bienes del dominio público con puestos de venta ambulante por cuenta propia o de terceros/as". Allí aparecen firmados y con un número de permiso asignado, además de por el impreso electrónico emitido por la línea de cajas de la tesorería porteña. Es decir, pese a que no tenían habilitaciones según el Ministerio de Espacio Público, se les asignaba un número de permiso y se les tomaban mes a mes los pagos bajo el rubro de expendio de alimentos. En Derecho Administrativo, estos pagos garantizan a través de una "tácita reconducción", el derecho a la explotación, aunque en este caso, la Ciudad recibió ingresos de quienes luego decidió desconocer. En hechos similares, la gestión PRO adujo la ausencia de cruce de información sobre los contribuyentes.
En declaraciones a AM530 La Voz de las Madres, Zuly Techera –una de las comerciantes desalojadas– aseguró que le preguntó a uno de los funcionarios que comandaron el operativo por qué le habían cobrado el canon y luego levantaban su puesto. "¿Y para qué lo pagó?", fue la respuesta. "No me pueden cobrar una cosa que no sirve. No lo pagué en un banco, fui a Belgrano 840. Me hicieron pagar un seguro de un carro por un año y también me lo levantaron. Nadie avisó nada del desalojo", denunció. Según accedió este diario a uno de los recibos, los puesteros abonaron de forma anual un seguro por responsabilidad civil contratado con la compañía Sancor Seguros, lo que aparenta ratificar que se encontraban en regla conforme a las exigencias impuestas por el gobierno porteño.
DEFENSORÍA. Además de abrir un expediente nuevo por lo acontecido el domingo pasado, en relación a la rotura de mercadería, y la forma en que se llevó adelante el desalojo, la Defensoría apunta a saber si se respetaron los pasos administrativos para efectuar el desalojo y los motivos por los cuales se les siguió cobrando el tributo mensual a los comerciantes. Además insistirá en resoluciones previas que han sido incumplidas por la administración que conduce Mauricio Macri. La 2310/12, que data de agosto, ordenó cumplir el "relevamiento y/o reempadronamiento de los puestos de venta de alimentos en la vía pública, como asimismo el cumplimiento de las medidas judiciales vigentes" y "adjudicar los correspondientes puestos de conformidad a los términos de la Ley 1166". Además esa manda admite a los que hubieran sido dados de baja e insta a "establecer un mecanismo equitativo de otorgamiento de permisos que contemple la igualdad de condiciones personales de todos los postulantes". "Si éramos reconocidos por una dependencia del gobierno, íbamos y pagábamos el canon. Cumplíamos con todos los trámites. Ahora desconocen eso y se llevaron todo. Todas esas anomalías tratan de taparlas diciendo que somos ilegales", replicó Cifuentes.
PRIVADOS. El polémico proyecto de ley 1770 que fija nuevos parámetros para los permisos de uso del espacio en plazas es promovido por la cartera de Espacio Público y por el propio Macri. Entre otros requisitos excluyentes para los actuales trabajadores, otorga las categorías de venta de alimentos, panchos, golosinas y bebidas a concesionarios privados. Entre otras cosas, la iniciativa permite a un mismo licenciatario tener hasta tres plazas en distintas comunas con un máximo de 20 años. "Quieren erradicarnos y poner una pyme para los amigos", disparó Cifuentes. «
no al 0800 de macri
En un nuevo revés judicial para el gobierno de Mauricio Macri por la línea 0800 para escuelas, la justicia porteña ordenó al Ministerio de Educación de la Ciudad "abstenerse" de sancionar a alumnos y docentes por "hechos y conductas denunciadas anónimamente".
Además, la sentencia de la jueza Helena Liberatori mantuvo la medida cautelar que restringe la utilización del 0800 y limita su funcionamiento "sólo a denuncias de conductas penales tipificadas en el Código Penal".
Esta línea había sido implementada en agosto pasado por el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, para recibir denuncias anónimas sobre actividades políticas en los colegios secundarios porteños. Esto generó el repudio generalizado de fuerzas políticas y gremios y motivó la presentación de un amparo judicial.
Como resultado, el viernes último Liberatori, titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario 4 de la Ciudad, ordenó a Bullrich "abstenerse de ejercer potestad sancionadora alguna en relación a los estudiantes y docentes de escuelas públicas con base en hechos y conductas denunciadas anónimamente".
Según el fallo, el "único propósito" de la medida adoptada por el Ejecutivo macrista apunta a "recibir información anónima respecto de actividad política ejercida por alumnos o personas afines a (la organización) La Cámpora".
La sentencia, que resuelve la cuestión de fondo de la causa, advierte también que la medida de Bullrich carece "de todos los procedimientos previstos en la ley" y que la figura de la denuncia anónima "viola el derecho constitucional". La jueza puso de relieve también que el macrismo no especificó qué funcionarios serán los encargados de acceder a la información recolectada por vía el 0800, ni tampoco estableció los "criterios en función de los cuales se tipificará qué hechos o conductas" serán penados.
La resolución de Liberatori establece que Bullrich "deberá hacer saber a la comunidad en un plazo razonable quiénes son los funcionarios a cargo de operar la línea y de analizar y clasificar esa información", junto a las acciones "a que da lugar esa información".
Además, la sentencia de la jueza Helena Liberatori mantuvo la medida cautelar que restringe la utilización del 0800 y limita su funcionamiento "sólo a denuncias de conductas penales tipificadas en el Código Penal".
Esta línea había sido implementada en agosto pasado por el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, para recibir denuncias anónimas sobre actividades políticas en los colegios secundarios porteños. Esto generó el repudio generalizado de fuerzas políticas y gremios y motivó la presentación de un amparo judicial.
Como resultado, el viernes último Liberatori, titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario 4 de la Ciudad, ordenó a Bullrich "abstenerse de ejercer potestad sancionadora alguna en relación a los estudiantes y docentes de escuelas públicas con base en hechos y conductas denunciadas anónimamente".
Según el fallo, el "único propósito" de la medida adoptada por el Ejecutivo macrista apunta a "recibir información anónima respecto de actividad política ejercida por alumnos o personas afines a (la organización) La Cámpora".
La sentencia, que resuelve la cuestión de fondo de la causa, advierte también que la medida de Bullrich carece "de todos los procedimientos previstos en la ley" y que la figura de la denuncia anónima "viola el derecho constitucional". La jueza puso de relieve también que el macrismo no especificó qué funcionarios serán los encargados de acceder a la información recolectada por vía el 0800, ni tampoco estableció los "criterios en función de los cuales se tipificará qué hechos o conductas" serán penados.
La resolución de Liberatori establece que Bullrich "deberá hacer saber a la comunidad en un plazo razonable quiénes son los funcionarios a cargo de operar la línea y de analizar y clasificar esa información", junto a las acciones "a que da lugar esa información".
Tiempo argentino
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