La Argentina en vísperas de un desenlace que importa al mundo
El miércoles se harán las presentaciones orales de las partes involucradas en el diferendo. Durante los últimos meses, la Argentina logró apoyos de diversos sectores involucrados y por diferentes motivos. Economistas analizan posibles escenarios.
El próximo miércoles será un día clave en el desenlace del diferendo entre el gobierno nacional y los denominados fondos buitre que reclaman el pago del ciento por ciento del valor nominal de los títulos de la deuda y que no ingresaron a las ofertas de canje de bonos en 2005 y 2010, cuando lo hicieran casi un 93% de los interesados.
Ese día está pautado para que las partes involucradas hagan la última exposición, de carácter oral y con una duración de apenas 15 minutos, frente a los Tribunales de Nueva York sobre la base de los cuales, los tres jueces a cargo de la causa, se expedirán sin fecha pautada aunque, se cree, será en un plazo relativamente breve de tiempo.
Con todo, se descarta que, a pesar de que el tribunal deberá expedirse sobre la "cuestión de fondo", el diferendo no concluirá en esta instancia puesto que ambas partes podrían apelar a la Corte Suprema de los Estados Unidos en caso de sufrir un revés en los Tribunales.
El caso importa en particular a la Argentina por el impacto financiero que pueda tener sobre sus obligaciones externas para los próximos años (y su capacidad de pago) y porque, objetivamente, implicará el aval (o no) de lo actuado con relación a la política de desendeudamiento operada desde 2003 (cuando se realizó por primera vez la oferta en Dubai), a esta parte.
Pero también, y por este mismo motivo, el resultado del diferendo estará bajo la atenta mirada del mundo financiero internacional. Es que se cree que el resultado puede influir en las futuras reestructuraciones de deudas soberanas que ya se comenzaron a realizar pero que podrían continuar en los próximos años para los países de la periferia europea envueltos en la crisis financiera internacional. Un fallo en los términos del fallo incial del juez Griesa que obligaba a pagar el cien por ciento de la deuda y en efectivo a la Argentina inhibiría, en los hechos, el ingreso de cualquier bonista a toda reestructuración puesto que legitimaría el "derecho" de obtener, con independencia de su valor de mercado y de la capacidad de pago, la totalidad del valor de los bonos.
Quizás sea esa, paradójicamente, la principal carta del gobierno nacional a la hora de esperar un fallo en los términos más favorables posibles. Desde que se produjo el fallo de Griesa a esta parte, más allá de las apelaciones y las nuevas instancias que se fueron sustanciando, el gobierno ha logrado avanzar con un buen número de aliados, muchos de ellos inesperados. Bajo la forma jurídica conocida como "amicus curiae" y otras, se fueron sumando a la causa diferentes actores que, en nombre de su propio interés, terminaron por apuntalar la posición argentina.
Un sector que jugó un rol favorable y muy activo, lógicamente, fue el de la Exchange Bondholders Group, asociación que agrupa a los bonistas que sí ingresaron al canje y que habían sido amenazados con un congelamiento en sus pagos como resultado del propio fallo y que han sido quienes manifestaron con más fuerza la idea de que el pari passu imponía un techo para el reclamo de los buitres en los términos en los que ellos habían cerrado el diferendo. Caso contrario, aseguraron en las presentaciones realizadas como terceros interesados, ellos mismos se verían obligados a invocar la igualdad de trato (pari passu) reclamando el pago de la totalidad de la deuda y creando una situación de insolvencia financiera para el estado argentino que debería afrontar juicios por montos estimados entre los 43 mil y 50 mil millones de dólares que superan las reservas existentes en el BCRA.
El gobierno sumó también el apoyo de la Reserva Federal de los Estados Unidos que manifestó, en reiteradas oportunidades y bajo diversas formas, su rechazo a los embargos reclamados por el juez Griesa. La preocupación de la FED, en realidad, pasa por no resignar su lugar de liderazgo como plaza financiera internacional al crear un cuadro de inseguridad jurídica. Por el mismo motivo el Banco de Nueva York ha ingresado como parte interesada, puesto que se trata de la entidad encargada de vehiculizar los depósitos del gobierno argentino hacia los bonistas reestructurados y quien sufriera los embargos dictados por Griesa. La corriente favorable a la Argentina en las presentaciones realizadas frente a los Tribunales fue alentada también por la táctica desarrollada por nuestro país que, primero de manera elíptica y finalmente de forma casi explícita ofreció reabrir el canje para los holdouts en los términos establecidos en 2010. Esta flexibilidad y actitud negociadora suponen los representantes legales del gobierno podría inclinar al Tribunal en favor de nuestro país.
Con todo, la gama de posibles fallos es muy amplia. A los tres escenarios teóricamente posibles: el reconocimiento integral de la deuda a los fondos buitre, el respeto tajante a la ley cerrojo y la reapertura del canje se le deben sumar matices intermedios que pueden fijar diferentes modalidades de pago (en términos de plazos y de mecanismos como efectivo o emisión de nuevos bonos).
Según un informe elaborado por la consultora Econométrica a fines de 2012, en caso de abrirse camino la propuesta argentina que inste a los fondos buitre a aceptar la oferta que ya aceptara el 93% de los tenedores de deuda en default entre 2005 y 2010, para la Argentina implicaría el reciclaje de una deuda total de 6579 millones de dólares de capitales y 4599 en concepto de intereses que totalizarían 11.177 millones de dólares en nuevos bonos. Aplicando la quita del 63% de la deuda orginal, la nueva cartera de bonos (posiblemente un paquete compuesto por Global 2017 y Cupón PBI) sería por un valor de 4200 millones de dólares.
De interpretarse el pari passu aplicando los criterios del canje de 2010, entonces, como ocurriera con aquellos tenedores que ingresaron en la segunda oportunidad, no obtendrían los pagos del Cupón PBI ocurridos entre una y otra oferta. Si así fuera, los holdouts recuperarían 4200 millones de dólares hoy bloqueados por la ley cerrojo, pero resignarían el equivalente a un 21% de los dividendos creados por los premios del Cupón PBI desde 2005 a esta parte. La segunda tanda, de hecho, ya resignó un 8,8% de ganancias con relación a la primera camada de 2005.
De todas formas, más allá del resultado, la naturaleza de los tenedores de bonos todavía en default y que son los que actúan en los tribunales de Nueva York parece obligarlos a continuar la vía legal hasta la Corte Suprema, más aun si consideramos la intransigencia que mostraron en cada una de sus presentaciones a la hora de buscar una salida negociada. Para Ramiro Castiñeira, economista jefe de la consultora mencionada, un fallo enteramente favorable a los buitres "iría contra la lógica del mercado porque los que prestaron a la Argentina lo hicieron con tasas de interés que expresaban el riesgo, precisamente, a un incumplimiento y operaba como garantía frente a este escenario que se creó. Esperemos que un gabinete de abogados no sea más fuerte que las reglas del capitalismo", remató «
La cifra
43
mil millones de dólares es el monto que estimó el gobierno nacional debería enfrentar en juicios por aquellos bonistas que sí aceptaron los canjes en caso de un fallo favorable a los buitres.
Tiempo argentino
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