Báez, Arbizu y las pruebas de un "doble estándar"
Las diferencias entre los dictámenes en dos denuncias por lavado.
El "doble estándar" que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, adjudicó al fiscal Guillermo Marijuan en el tratamiento de las investigaciones que involucran al empresario Lázaro Báez y la denuncia –que data de 2008– de 469 personas físicas y jurídicas que habrían fugado dinero del país, se desprende de su propia actuación en ambos casos.
En el primero, el fiscal no dudó en imputar a todos los involucrados y cuestionó la labor de quienes lo precedieron en el expediente, en especial de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) y de su titular, Carlos Gonella. En cambio, Marijuan no solicitó la imputación de ninguno de los mencionados en la denuncia del "arrepentido" ex ejecutivo de JP Morgan, Hernán Arbizu.
A pesar de que el principal obstáculo para la investigación de la fuga de capitales que habría orquestado JP Morgan fue la reticencia de los Estados Unidos a brindar información sobre esos movimientos financieros, la fiscalía evitó pedir cualquier medida que ayudara a establecer si al menos la denuncia de Arbizu tenía asidero en la pata local de la maniobra que el ex ejecutivo describió en detalle. En el expediente 7943/08 que se tramita en el Juzgado Nº 12, se reconoció solo como imputado a Arbizu, bajo los delitos de defraudación y encubrimiento. Cuando se le corrió vista de su declaración, Marijuan impulsó el 12 de junio de 2008 la investigación pero al mencionar a los imputados, el fiscal –de acuerdo al escrito al que accedió Tiempo Argentino– sostuvo que "atento al incipiente estado de la causa no resulta posible, de momento, individualizar al autor y/o autores de los hechos aquí develados". Arbizu había aportado nombres, cifras, direcciones y el listado con las 469 personas físicas o jurídicas a las había ayudado a fugar divisas, muchas de ellas vinculadas con el Grupo Clarín. Más adelante, el propio fiscal reseñó varios de los holdings presuntamente involucrados y la modalidad que el ex ejecutivo explicó para hacerse de fondos vinculados con las extintas AFJP. Marijuan es, a su vez, el titular de la unidad especializada en delitos contra la ANSES y una de las operaciones nunca profundizadas se basaba en una defraudación con fondos jubilatorios.
Pero a la hora de pedir medidas, el fiscal se limitó a solicitar "los allanamientos que correspondan", sin mayor individualización, y que "se requiera al BCRA toda información sobre los directivos y/o responsables de las entidades bancarias involucradas". Lo mismo pidió a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa, para que den cuenta de "alguna actuación administrativa" sobre los manejos denunciados por Arbizu. Para concluir, le dejó al juez la difusa posibilidad de que ejecute "toda otra medida que estime pertinente".
Desde la UIF aseguraron que cuentan con más de 40 cajas con documentación que nunca fue sometida a análisis por movimientos cercanos a 5000 millones de dólares.
Más allá del señalamiento público de Gils Carbó ante las críticas que el fiscal le hizo por elevación, trascendió que la intención de la procuradora es asegurar que Marijuan pueda ahora avanzar con la mayor tranquilidad en la causa contra Báez debido a las amenazas que sufrió apenas comenzó su investigación. Para ello, instruyó que se agoten los medios de investigación para dar con el origen de los mensajes intimidatorios.
Paradójicamente, Marijuan, que imputó a Gils Carbó por la supuesta designación sin concurso de varios fiscales, tampoco rindió examen para ocupar la Fiscalía Nº 9, de acuerdo a la información provista por la Secretaría de Concursos del Ministerio Público. Era "fiscal adjunto" en la Fiscalía N° 12, antes de la Ley Orgánica 24.946 sancionada en 1998, con lo que su cargo era una figura que no estaba prevista legalmente y cuya designación se produjo sin concurso, al igual que las de las nuevas Procuradurías. Su nombramiento fue realizado por el ex procurador Esteban Righi, a raíz de las vacantes creadas por las renuncias de los fiscales a cargo de la causa AMIA. A partir de la sanción de la norma que regula los Ministerios Públicos en su artículo 72, inciso g, su cargo quedó equiparado de hecho al de fiscal federal. «
La cifra
469 casos es la cantidad de personas físicas o jurídicas que habrían fugado dinero del país, según la denuncia de Hernán Arbizu.
Tiempo argentino
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