El gobierno español envió un proyecto para penalizar la protesta con multas
Calificada como una ley mordaza, es la respuesta del gobierno conservador a las manifestaciones contra los recortes presupuestarios y a la vez sirve para frenar expresiones independentistas contra los símbolos centralistas.
El Consejo de Ministros del gobierno español aprobó ayer el borrador de un proyecto de ley que establece multas de hasta 30 mil euros (unos 40.800 dólares) por cometer ofensas como quemar la bandera nacional, insultar al Estado o provocar disturbios graves frente al Parlamento.
El proyecto de ley presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue criticado duramente por partidos de oposición, y grupos judiciales y sociales como un intento del gobierno conservador de acallar las protestas por el manejo de la grave crisis económica que azota al país.
Las medidas, que actualizan una ley de 1992, conocida como la "ley de la patada en la puerta", también incluyen multas de hasta 1000 euros por insultar o amenazar a policías durante las manifestaciones. Se planean multas similares por difundir fotografías de agentes policiales que los pongan en peligro o de operaciones de la policía.
Tras una encendida polémica, en la que no se ahorraron calificativos como ley "mordaza" o de "represión antidemocrática", el ministerio de Fernández Díaz suavizó su borrador inicial después de las aportaciones de varias carteras, especialmente la de Justicia. De este modo, de 21 infracciones muy graves, con entre 40 mil y más de 800 mil dólares de multa previstas en el primer borrador que salió a la luz pública, se pasó a siete, mientras que las graves serán 31 –sancionadas con 1300 y 40 mil dólares–, y las leves, 20, que conllevarán multas de 135 a 1300 dólares.
En su mayor parte, el borrador no define nuevas infracciones u ofensas, sino que más bien establece las directrices para fijar las multas que podrán imponer los jueces. Hasta ahora le correspondía a un juez determinar el nivel de una multa.
Sin embargo, sí incluye cuatro ofensas nuevas, que están clasificadas como muy graves y podrían acarrear consigo multas de hasta 600 mil euros. Estas son: manifestaciones que interfieran con procesos electorales, protestas no autorizadas o prohibidas en instalaciones estratégicas como aeropuertos o plantas nucleares, apuntar luces cegadoras –como rayos láser, por ejemplo– contra el transporte público, y también la determinación de que cualquier persona que cometa tres ofensas menores en un período de dos años será candidato a una multa máxima.
El Partido Popular del jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, de corte conservador, ascendió al poder en 2011 y emitió una serie de medidas de austeridad y recortes en la salud y la educación, así como reformas laborales y financieras, como una vía para reducir el déficit fiscal. La medida desató un incremento en las manifestaciones callejeras, incluidos varios intentos de rodear el Parlamento, algunos de los cuales terminaron en enfrentamientos con la policía.
Alejandro Touriño, socio y especialista en información en la firma de abogados Ecija, consideró que, con un desempleo del 20%, no cree que esta legislación sea lo que el país necesita.
Tiempo argentino
No hay comentarios:
Publicar un comentario