Una red de corrupción pagó un acto de Rajoy en Buenos Aires en 2003
En la causa aparecieron facturas de una cena celebrada en La Rural hace diez años, en el marco de la campaña electoral del entonces candidato del PP. El ganador de esos comicios fue el PSOE, tras los atentados de Atocha.
Los vericuetos de la extensa red de corrupción que involucra al Partido Popular (PP) de España llegaron hasta la Argentina. Según develó ayer la prensa ibérica, una empresa que está acusada en el famoso caso Gürtel –donde la justicia investiga a una maraña de compañías que hacía regalos al PP a cambio de favores– pagó un acto electoral del actual presidente Mariano Rajoy celebrado en Buenos Aires durante diciembre de 2003. El mitin, una comida organizada en la Sociedad Rural Argentina (SRA) de cara a las elecciones españolas de 2004, costó casi 100 mil euros.
De acuerdo con lo informado por la emisora Cadena Ser, que accedió a documentación inédita incautada inicialmente por el juez Baltasar Garzón, el entonces candidato Rajoy encargó la organización del acto a Special Events, una empresa de Francisco Correa, líder de la famosa trama de corrupción Gürtel (cinturón o correa, en alemán).
La factura de Special Events detalla los gastos del mitin organizado para unas 8000 personas y que costó exactamente 94.691 euros. Sólo por catering, la empresa pagó 29.709 euros, mientras que en el rubro "banderas" figuran unos 5600 euros. Otro de los gastos más elevados figura bajo la partida "producción", por la que se pagó 22 mil euros.
La documentación revelada también constata que la Presidencia del gobierno español encargó a otra empresa de la red corrupta, Down Town Consulting, la fabricación e instalación de los estrados para la prensa en el funeral de Estado por los atentados del 11 de marzo de 2004 en la estación ferroviaria de Atocha, que se celebraron el día 24, con un costo de 11.647,15 euros.
Además, entre los documentos había facturas "A" y "B" de la compañía Orange Market vinculadas a la organización del Congreso en el que el dirigente Francisco Camp fue electo como presidente del PP de Valencia en noviembre de 2004. Según surge de la investigación, la mayor parte de los vasos utilizados en ese acto fue pagada en negro y el evento tuvo un costo total de 129.146,04 euros. Sólo se facturaron en "A" 47.492,40, mientras que los restantes 81.653,64 euros, es decir, el 63% del costo total, fue cobrado en "B".
Finalmente, los documentos incautados revelan que el matrimonio formado por Alejandro Agag y Ana Aznar, hija de José María, ex presidente español, eran clientes habituales de Pasadena, la agencia de viajes de la trama corrupta. De hecho, la relación del empresario Francisco Correa con el PP se deriva de su amistad con Agag.
El caso Gürtel, destapado por la prensa en 2009, investiga una red de empresas que pagaba comisiones y hacía regalos al PP a cambio de favores y contratos de obras y servicios en las comunidades gobernadas por los conservadores, como Madrid, Valencia y Galicia. Uno de los principales imputados es Correa, quien organizaba actos del PP durante el gobierno de Aznar (1996-2004) y que luego continuó haciendo negocios con el partido gracias a sus vínculos con el ex tesorero y senador Luis Bárcenas.
Tras el descubrimiento por parte del juez Pablo Ruz de que el ex tesorero guardaba más de 40 millones de euros en cuentas en Suiza, presuntamente derivados de la red Gürtel, saltó el caso de la "contabilidad B" del PP, del que se desprende una financiación ilegal y el pago de sobresueldos dentro de la fuerza derechista española durante dos décadas. «
españa en medio de la crisis social
Los casos de corrupción que involucran al Partido Popular (PP) de España no son el único dolor de cabeza que debe afrontar Mariano Rajoy desde que asumió la presidencia del gobierno de su país, en diciembre de 2011. Según un informe publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), debido a la crisis económica al menos cuatro de cada diez españoles mayores de 15 años tienen dificultades para acceder a "cosas esenciales", como ropa, medicamentos, comida y transporte. Entre los menores de 65 años el porcentaje de personas con este tipo de problemas asciende al 44,9%, frente al 36% de los mayores de esa edad.
Por situación laboral, entre los ciudadanos desempleados y los incapacitados para trabajar, dos de cada tres indican dificultades para pagar lo básico. Los principales motivos son los ingresos limitados (36,0%), la suba de precios (14,3%) y la situación económica de otro miembro del hogar (4,7%).
Esta información se desprende de la Encuesta de Integración Social y Salud que por primera vez difunde el INE y que incluye un análisis profundo de la situación de las personas con discapacidad. Del total de personas discapacitadas, el 8,7% tiene dificultades económicas por su condición de salud y la mitad de ellos aseguran que no tienen la ayuda necesaria para acceder a sus actividades cotidianas.
El gobierno envió otro proyecto de flexibilización como respuesta ante la crisis. Y endureció las penas por la protesta social con más multas.
Tiempo argentino
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