Plan C

A un año de la sentencia del caso Ferreyra, los culpables buscan atenuar sus penas

En las últimas semanas las defensas de los imputados comenzaron a preparar el terreno hacia el pedido de prisión domiciliaria. Pedraza y Fernández, con condenas a 15 años de prisión, alegan problemas de salud.

Hoy se cumple un año de la histórica condena en el juicio oral por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra que marcó un hito en el caso del crimen político más conmocionante de los últimos años. Desde fines de enero, la sentencia –que incluyó la condena al ex líder de la Unión Ferroviaria e ícono del sindicalismo empresario, José Pedraza a 15 años de prisión–está bajo revisión de la Cámara de Casación Penal, tras las múltiples apelaciones, tanto de los imputados como de las querellas que exigen la condena a perpetua. Mientras tanto, en las últimas semanas, arreciaron planteos de las defensas para preparar el terreno que permita obtener la prisión domiciliaria de los gremialistas.

El 19 de abril de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 de la Capital Federal, en una audiencia que fue elogiada por una didáctica inédita en procesos similares, tuvo a cargo de su presidente Horacio Días la lectura de la decisión de los jueces luego de varios meses de debate. Las penas más altas, de 18 años de cárcel, fueron para los autores de los disparos, el barrabrava Cristian Favale y el guarda Gabriel Sánchez, convocados por el delegado Pablo Díaz. Sus colegas Jorge Daniel González y Francisco Pipitó fueron condenados a once años y Claudio Alcorcel a ocho. En tanto, los ferroviarios Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño fueron absueltos. El líder del gremio ferroviario fue considerado partícipe del asesinato, pero no su instigador, lo mismo que su segundo, Juan Carlos "Gallego" Fernández, que recibió la misma pena de 15 años de reclusión.

Precisamente la defensa de Fernández fue la que más activa se mostró en los últimos días previos al aniversario para lograr que el sindicalista continúe purgando la condena en su casa. El 23 de abril está previsto que se realice un cateterismo en un nosocomio en la localidad bonaerense de Quilmes, perteneciente a la UF. Los jueces Días, Carlos Bossi y Diego Barroetaveña analizaron con detenimiento el pedido y aspiran a lograr que el procedimiento se lleve a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, y con el seguimiento de un profesional médico de parte de la justicia, para monitorear el verdadero estado de salud del ex segundo de Pedraza. Será el paso previo a que la fiscalía, y por ende el propio TOC21 analicen si corresponde concederle el beneficio. Pedraza, por su parte, aún no pidió que se le extienda la misma posibilidad, aunque se trata de una cuestión de tiempo, ya que cumplió con la edad requerida y acusa problemas de salud, por lo que pidió que se lo examine. Sabe que tendrá que mudar su domicilio, ya que difícilmente le sea concedida la domiciliaria en el fastuoso departamento de Puerto Madero que ocupaba al momento de ser detenido por el asesinato.

Hoy está alojado en una celda de la Unidad 1 del penal de Ezeiza y comparte pabellón con detenidos como Jorge Mangeri, el portero acusado de asesinar a la joven Ángeles Rawson; los músicos de Callejeros y muy cerca del presunto valijero Leonardo Fariña. También en Ezeiza, Favale insistió a los jueces en su pedido para que se le permita practicar boxeo con los otros reclusos, una de sus aficiones preferidas. El TOC21 se lo negó por sus violentos antecedentes.

Bajo análisis de Casación en los 70 cuerpos que tiene la causa, también están las condenas a los policías acusados se haber liberado la zona para que se produzca el ataque. Las penas más altas fueron para Luis Mansilla y Jorge Ferrerya, responsables directos del operativo, quienes recibieron diez años de cárcel por ser considerados, también, partícipes necesarios. Los policías Luis Echeverría, Gastón Conti y el ex director general de Operaciones de la Federal, Hugo Lompizano, fueron condenados a dos años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que marcó un antecedente de peso también para el accionar de las fuerzas de seguridad. Los jueces de la Sala III de Casación, Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Gustavo Hornos, previo a pronunciarse sobre la causa, deberán aguardar primero el dictamen de la fiscal Irma García Netto.

Este año, en tanto, se cumplirán cuatro años desde aquel mediodía en el que Ferreyra acompañó en 2010 una manifestación de organizaciones políticas y sociales que reclamaban la reincorporación de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca. Una patota del gremio buscó impedirlo. Los atacó primero a piedrazas y luego bajo una lluvia de disparos ante la pasividad de la Policía Federal. Si una de esas balas no hubiera quebrado su aliento, el joven que había abrazado la militancia política a los 13 años y se había convertido en un referente para sus pares, hubiera cumplido este año los veintisiete.

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