Denunció a la Morgue Policial de La Plata y ahora vive amenazada
Soledad Escobar revela que la fuerza usa la burocracia para cambiar las identidades de los cadáveres. En el lugar, no hay cámara frigorífica y los restos se descomponen a temperatura ambiente, llenos de moscas, unos sobre otros.
Enterrar a un padre desgarra. Despedir la carne muerta, pálida y muda; echar tierra a lo que uno amó, aunque duela, es la ley de la vida. Pero sepultarlo dos veces es demasiado daño. Nadie está preparado para visitar dos tumbas con el mismo nombre en un cementerio. No es tolerable. Por eso, cuando Soledad Escobar, la mujer que hace un año descubrió la verdad sobre la histórica inundación que el 3 de abril de 2013 castigó a La Plata, leyó en noviembre pasado el relato de Gabriela, confirmó que la muerte había tocado otra vez a su puerta, y ella ya no podía ser ajena. Es que correr el velo que cubría al perverso mecanismo de la doble inscripción de las defunciones que practica la Policía Bonaerense todavía la mantiene caminando nerviosa, llorando bajito de madrugada para que sus hijos no despierten, sintiendo que a los muertos de su ciudad se les faltó el respeto. Y sufre porque no puede dejar de pensar en los hombres y mujeres que ya no respiran, no aman, ni pueden defenderse de los malos tratos. Para sanar, Soledad escribe. Piensa en los que no volverán a sonreír, y les pide perdón. A ellos les juró que no abandonará la lucha; y no le importa que la amenacen de muerte. Porque sabe que después de mirar de frente el horror, es imposible dar vuelta la página y olvidar.
"Cuando Gabriela me escribió, empezaron a caer en mi cabeza un montón de fichas, sobre todo los testimonios que llevaban a la morgue. Ahí recordé que un testigo de identidad reservada me había contado que el día de la inundación había diez cuerpos más que los anotados y también me acordé de cuando Vázquez (Pablo Daniel, ex comisario general de la Policía Científica en Función Judicial) dijo que fue una decisión estratégica centralizar todas las defunciones en la morgue policial de La Plata", cuenta Soledad en el living de su casa, entre documentos sobre los ahogados y fotografías que nadie quiere ver, pero que muchos eligieron callar.
Apenas el agua abandonó la ciudad, Soledad comenzó a investigar las irregularidades en el cómputo de las víctimas de la inundación. Ese trabajo la llevó a descubrir (en calidad de amicus curiae en la causa que lleva adelante el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias) el infierno mismo. Poco a poco, la búsqueda la transformó en referencia para los familiares de los ahogados. Por eso la contactó Gabriela, que confió en su honestidad aunque su padre no había muerto en la inundación. A Soledad no le resultó difícil revelar que el padre de la chica había sido enterrado en enero y en noviembre de 2013. Dos licencias de inhumación, dos tumbas. Pero esto no fue todo. La mecánica delató que La Bonaerense tiene licencia para enterrar a una persona con la identidad de otra. Y todo de manera oficial, como ocurría durante la última dictadura cívico-militar.
Para la justicia, las muertes se dividen en PCRNT (paro cardio-respiratorio no traumático) y PCRT (paro cardio-respiratorio traumático). La diferencia es que las PCRNT no dan lugar a una actuación judicial, mientras que las PCRT sí, porque se sospecha que pudo haber ocurrido un delito.
En las muertes duplicadas, según pudieron comprobar Soledad y el juez Arias, aparecen sólo las muertes traumáticas, y la mecánica para fraguarlas es simple.
Cuando una persona muere de modo violento, comienza una Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la fiscalía de turno y el cuerpo es trasladado a la morgue policial para realizar la autopsia. Una vez determinada la causa del fallecimiento, el fiscal autoriza la inscripción de la muerte en el Registro de las Personas, que expide la Licencia de Inhumación, y la víctima luego es enterrada.
Hasta aquí todo en orden. Sin embargo, la policía hace trucos para garantizar impunidad. La mecánica funciona así: transcurrido un año, por ejemplo, la morgue policial le pide al fiscal la inscripción del mismo muerto, en la misma IPP, pero como no tiene la documentación correspondiente (DNI de la persona fallecida ni tampoco sus huellas dactilares), completa los formularios con dos testigos, que son empleados de la misma morgue. La confianza de los policías para desarrollar esta maniobra se basa en que a los "viejos" cuerpos no se los puede identificar por las huellas dactilares por el avanzando proceso de descomposición. Después, cuando el fiscal libra el oficio al Registro de las Personas, y este inscribe la muerte nuevamente –sin cruzar datos– se origina una nueva Licencia de Inhumación y entonces el cementerio puede enterrar otra vez. Para el juez Arias, es evidente que la morgue policial tiene la intención de ocultar la muerte y la identidad del fallecido porque, de lo contrario, si fuera un cuerpo encontrado por la policía en avanzado estado de descomposición, el fiscal abriría una nueva IPP y luego, de no comprobarse su identidad, se enterraría como NN y no con la identidad de otras personas. ¿Habrá sido este el destino de Julio López o de Luciano Arruga? ¿Estarán bajo tierra con otro nombre y apellido? Sólo La Bonaerense puede responder por ello.
El hallazgo de este mecanismo perverso de la morgue policial motivó el allanamiento del 28 de febrero, a cargo de Gendarmería Nacional. Soledad acompañó a los peritos y estuvo 24 horas conteniendo las lágrimas, entre arcadas y muecas de espanto. Nadie que haya visto lo que sus ojos distinguieron podría culparla. En las heladeras sin energía eléctrica, amontonados como basura, estaban los cadáveres sin rotular. Las muestras biológicas para laboratorio se almacenaban en frascos de café y mermelada, mientras las moscas los sobrevolaban. Los cuerpos descompuestos a temperatura ambiente también estaban invadidos por insectos que, apenas se abrieron las puertas de madera del refrigerador que no congelaba, se echaron a volar. Pero todavía había más. En el momento en que los gendarmes abrieron la "Cámara de Vísceras", se toparon con más de cincuenta bultos, entre los que sobresalían algunas bolsas de consorcio mal cerradas. Dentro, la degradación del hombre. Lo que se cree ficción. Pero que no lo es. En los sacos de plástico oscuro sobresalían los cadáveres de bebés mezclados con cráneos de perros, que luego iban a ser incinerados en una parrilla oxidada. Todo en la morgue policial que el 10 de abril de 2013 había sido "registrada" por el juez penal Federico Atencio, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y César Albarracín, subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, quienes luego declararon, amparados en la impunidad, que todo estaba en orden en la morgue.
Después de fotografiar el escenario de lo impensado, Soledad regresó a casa y se sentó a escribir. A dejar constancia de que en la provincia de Buenos Aires se pueden fraguar muertes de inocentes. Que las prácticas que hoy se juzgan como crímenes de lesa humanidad siguen funcionando en manos del ejército azul de borceguíes negros. Pero las acciones que ponen en aprietos al poder político tienen sus consecuencias. Entonces, "la loca busca muertos", como la llaman para desprestigiarla, sintió que el terror le caminaba por la espalda. Un mensaje anónimo la alertó de que un familiar suyo estaba siendo asesinado. Todo era mentira, por cierto, pero no fue la única vez que recibió amenazas. Días más tarde, un patrullero estacionó en la puerta de su casa y los policías se le reían cuando ella los miraba aterrada desde la ventana. Con la intención de amedrentarla, hasta llegaron a hackear cuentas de Twitter de los programas de radio que la entrevistaban. Nada pudo frenar su investigación.
"Cuando viví ese espanto, creí que era una pesadilla de la que iba a despertar. Me preguntaba –recuerda triste– cómo era posible que, siendo licenciada en Informática, gustosa de mi profesión, terminara metida entre cadáveres descomponiéndose en una morgue policial. Todavía recuerdo el olor... a veces veo una foto y vuelvo a sentir el olor."
Entonces, cuando la pudrición de la carne invade los recuerdos, Soledad insiste en dormir a sus hijos, luego enciende la computadora, se sienta frente al monitor y, en el blanco del documento, revela lo que está oculto, para que ellos, los muertos, puedan descansar con algo de dignidad. «
"La bonaerense se autogobierna"
Luis Arias, el juez que ordenó “la inmediata prohibición de nuevos ingresos de cadáveres, óbitos y vísceras” en la Morgue Policial de La Plata, recibió a Tiempo Argentino en su despacho y opinó que las dobles defunciones que realiza la Bonaerense “son prácticas que remiten, sin dudas, a otra época del país”.
–¿Qué es la Policía Bonaerense?
–Es una estructura que ha tenido un fuerte rol en la represión del Estado en la desaparición forzada de personas, bajo el liderazgo del comisario Ramón Camps, y que contó con el aval de aquellos que usurparon las instituciones públicas. Esto generó una estructura, forjó negocios, porque a la par de asesinar gente, se quedaban con sus bienes. Esta organización luego se autonomizó y ahora es un Estado dentro del Estado, que tiene sus propios médicos, sus propios abogados, que no son civiles, sino que también son oficiales.
–¿Qué rol ocupan los ministros de Seguridad en este escenario?
–Los ministros delegan las cuestiones operativas en la policía. Los últimos cambios en la cúpula fueron definidos por policías. La Bonaerense se autogobierna y las autoridades políticas permanecen ajenas porque es funcional a su poder. Su poder es enorme, gerencia el delito y tiene recursos propios.
–¿La policía puede desaparecer gente?
–Totalmente. Puede matar y hacer ver que fue muerte natural.
–¿En la provincia se puede morir dos veces?
–Sí. Después de Jesucristo, nunca había visto algo así.
–¿Alguna vez pensó que encontraría las huellas digitales de la policía en un crimen?
–Lo sorprendente de todo esto es que el Poder Judicial absuelve, tapa, es cómplice y firma muertes dobles. Está tan arraigada esta filosofía, que es muy difícil desarmar estos núcleos.
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