El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra
La ONU pide a México crear una unidad para investigar desapariciones forzadas
El organismo internacional analizó la situación mexicana y emitió un duro documento donde recomienda poner en marcha en forma urgente un registro de personas desaparecidas y una entidad con "personal calificado".
Las desapariciones forzadas en México son generalizadas desde hace largo tiempo y la mayoría de ellas quedan impunes, detalló en Ginebra el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en un duro informe elaborado a partir del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el que le recomendó al país azteca la creación de una "unidad fiscal especializada en investigar desapariciones forzadas".
Esa unidad debería funcionar "en el ámbito de la PGR (Procuraduría General de la República)" y contar "con personal específicamente calificado", así como tener "una perspectiva estratégica a nivel nacional y transnacional" que nutra "las tareas de búsqueda", añade el dictamen. México debe "redoblar sus esfuerzos" para atacar el problema de las desapariciones "generalizadas" que vive el país, pidió el comité.
"El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas", señaló el estudio.
El comité de la ONU examinó el 2 y 3 de febrero a México en el marco de las obligaciones emanadas de la convención internacional contra las desapariciones forzadas y hoy emitió un documento de 50 puntos donde detalla sus preocupaciones y recomendaciones. El dictamen fue elaborado por los diez expertos independientes que componen el Comité, que examinó el caso de México a comienzos de este mes.
La ONU pide también la creación de "un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante". Este registro es un reclamo hecho por la sociedad civil en Ginebra durante la comparecencia del gobierno de México recientemente.
Para la ONU el registro debería "reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida y lugar y fecha de desaparición", e "incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estatales".
El Comité exhorta, además, a que ese registro contenga "datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada aún cuando hayan sido esclarecidos" y "ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera permanente". También pidió avanzar "a la brevedad" en el proceso legislativo para que se adopte una ley para todo el país sobre desapariciones forzadas, con participación de las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). México ha señalado que espera que esa ley esté lista para junio.
El Comité agregó que "nota con preocupación la falta de información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad".
Esa unidad debería funcionar "en el ámbito de la PGR (Procuraduría General de la República)" y contar "con personal específicamente calificado", así como tener "una perspectiva estratégica a nivel nacional y transnacional" que nutra "las tareas de búsqueda", añade el dictamen. México debe "redoblar sus esfuerzos" para atacar el problema de las desapariciones "generalizadas" que vive el país, pidió el comité.
"El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas", señaló el estudio.
El comité de la ONU examinó el 2 y 3 de febrero a México en el marco de las obligaciones emanadas de la convención internacional contra las desapariciones forzadas y hoy emitió un documento de 50 puntos donde detalla sus preocupaciones y recomendaciones. El dictamen fue elaborado por los diez expertos independientes que componen el Comité, que examinó el caso de México a comienzos de este mes.
La ONU pide también la creación de "un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante". Este registro es un reclamo hecho por la sociedad civil en Ginebra durante la comparecencia del gobierno de México recientemente.
Para la ONU el registro debería "reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos los casos de personas desaparecidas, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona desaparecida y lugar y fecha de desaparición", e "incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estatales".
El Comité exhorta, además, a que ese registro contenga "datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada aún cuando hayan sido esclarecidos" y "ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera permanente". También pidió avanzar "a la brevedad" en el proceso legislativo para que se adopte una ley para todo el país sobre desapariciones forzadas, con participación de las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). México ha señalado que espera que esa ley esté lista para junio.
El Comité agregó que "nota con preocupación la falta de información estadística precisa sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad".
Tiempo argentino
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