Tampoco prosperó una iniciativa para descontarle el salario a Oyarbide
Archivan los pedidos de juicio político contra Rafecas y Oyarbide
Los desestimó el plenario del Consejo de la Magistratura. En el caso de Rafecas, denunciado por la causa Ciccone, fue por unanimidad.
El plenario del Consejo de la Magistratura dispuso por unanimidad archivar el pedido de juicio político contra el juez federal Daniel Rafecas, acusado por presunto "mal desempeño en sus funciones" a raíz de un intercambio de mensajes de telefonía celular con un abogado, en relación con la primera etapa de la investigación de la denominada Causa Ciccone. Rafecas fue el primer juez que desestimó por inexistencia de delito la denuncia por presunto "encubrimiento" que el difunto fiscal Alberto Nisman había presentado contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el canciller, Héctor Timerman. Desde la oposición arreciaron voces vinculando ambos hechos: la desestimación de la denuncia de Nisman y el archivo del juicio político.
En el mismo plenario, pero por una ajustada mayoría conformada por los representantes kirchneristas en el Consejo, también fue desestimado el juicio político (y también una sanción económica) contra el juez federal Norberto Oyarbide, por la ostentación de un lujoso anillo sobre cuyo origen, propiedad y valor brindó erráticas y contradictorias explicaciones.
Hace un año y medio, la permanencia de Rafecas en el cargo estuvo seriamente comprometida, porque la denuncia –presentada por el ex representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Hernán Ordiales– sumaba argumentos para promover el juicio político. Pero Rafecas formuló una encendida defensa de su actuación ante el Consejo y lo que parecía su suspensión inminente se diluyó. El juez recogió fuertes respaldos a su actuación, sobre todos de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Rafecas fue denunciado cuando estalló mediáticamente la Causa Ciccone, que derivó en una embestida contra el vicepresidente Amado Boudou. El juez federal intercambió mensajes de WhatsApp con un viejo conocido, el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, quien no estaba presentado como "parte" en el expediente pero tenía una fluida relación con el empresario José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou. Esos contactos fueron revelados por el propio Danuzzo Iturraspe y motivaron el apartamiento de Rafecas de la Causa Ciccone y el pedido de juicio político ante el Consejo.
Por reglamento, un expediente por la destitución de un juez tiene un límite de tres años para su tratamiento y definición. En el caso de Rafecas, ese plazo se había superado por cuatro meses. Los once consejeros presentes en el plenario de ayer (kirchneristas, radicales, jueces de todas las tendencias, abogados de Capital Federal e interior y el académico) aprobaron el archivo del expediente y, consecuentemente, confirmaron a Rafecas en el cargo.
En el caso de la denuncia contra el juez federal Norberto Oyarbide, el tema no estaba en el orden del día. Fue el senador radical Ángel Rozas quien propuso tratarlo, a sabiendas de que para enviar a un juez a juicio político son necesarios dos tercios de los votos de los consejeros presentes. La postura de Rozas, que recogió la de su antecesor Mario Cimadevila, obtuvo seis votos: Rozas, los jueces Leónidas Moldes y Luis Cabral, los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas, y el legislador Gustavo Valdés. En contra del inicio del juicio votaron el secretario de Justicia, Julián Álvarez, el académico Jorge Candis, y los legisladores Héctor Recalde, Pablo González y Anabel Fernández Sagasti. Tampoco prosperó una iniciativa para sancionar a Oyarbide con el descuento del 30% del salario de un mes.
En el mismo plenario, pero por una ajustada mayoría conformada por los representantes kirchneristas en el Consejo, también fue desestimado el juicio político (y también una sanción económica) contra el juez federal Norberto Oyarbide, por la ostentación de un lujoso anillo sobre cuyo origen, propiedad y valor brindó erráticas y contradictorias explicaciones.
Hace un año y medio, la permanencia de Rafecas en el cargo estuvo seriamente comprometida, porque la denuncia –presentada por el ex representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Hernán Ordiales– sumaba argumentos para promover el juicio político. Pero Rafecas formuló una encendida defensa de su actuación ante el Consejo y lo que parecía su suspensión inminente se diluyó. El juez recogió fuertes respaldos a su actuación, sobre todos de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Rafecas fue denunciado cuando estalló mediáticamente la Causa Ciccone, que derivó en una embestida contra el vicepresidente Amado Boudou. El juez federal intercambió mensajes de WhatsApp con un viejo conocido, el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, quien no estaba presentado como "parte" en el expediente pero tenía una fluida relación con el empresario José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou. Esos contactos fueron revelados por el propio Danuzzo Iturraspe y motivaron el apartamiento de Rafecas de la Causa Ciccone y el pedido de juicio político ante el Consejo.
Por reglamento, un expediente por la destitución de un juez tiene un límite de tres años para su tratamiento y definición. En el caso de Rafecas, ese plazo se había superado por cuatro meses. Los once consejeros presentes en el plenario de ayer (kirchneristas, radicales, jueces de todas las tendencias, abogados de Capital Federal e interior y el académico) aprobaron el archivo del expediente y, consecuentemente, confirmaron a Rafecas en el cargo.
En el caso de la denuncia contra el juez federal Norberto Oyarbide, el tema no estaba en el orden del día. Fue el senador radical Ángel Rozas quien propuso tratarlo, a sabiendas de que para enviar a un juez a juicio político son necesarios dos tercios de los votos de los consejeros presentes. La postura de Rozas, que recogió la de su antecesor Mario Cimadevila, obtuvo seis votos: Rozas, los jueces Leónidas Moldes y Luis Cabral, los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas, y el legislador Gustavo Valdés. En contra del inicio del juicio votaron el secretario de Justicia, Julián Álvarez, el académico Jorge Candis, y los legisladores Héctor Recalde, Pablo González y Anabel Fernández Sagasti. Tampoco prosperó una iniciativa para sancionar a Oyarbide con el descuento del 30% del salario de un mes.
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