Plan C

Un prófugo que pacta con el Gobierno

El acusado de ser autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez volvería al país para declarar contra ex funcionarios kirchneristas. Sería alojado fuera del Servicio Penitenciario, con Internet y fondos para su familia.

› Por Raúl Kollmann

El gobierno de Mauricio Macri terminó de concretar ayer el acuerdo que viene gestionando desde diciembre con Ibar Esteban Pérez Corradi, el traficante de efedrina, pastillas de oxicodona y supuesto autor ideológico del triple crimen de General Rodríguez. Todo indica que los abogados del prófugo firmaron en Asunción, Paraguay, un pacto por el cual Pérez Corradi declarará contra funcionarios del gobierno kirchnerista y, a cambio, será alojado en una dependencia ajena al Servicio Penitenciario, con conexión a Internet y fondos para mantener a su familia. En función de ese pacto, Pérez Corradi habría firmado un juicio abreviado en Paraguay haciendo posible su extradición a la Argentina. Los doctores Carlos Broitman y Juan José Ribelli aseguran que llegará a Buenos Aires la semana próxima. En ese momento será incorporado al programa de protección al testigo.

Pérez Corradi era un activo integrante de lo que se llamó la mafia de los medicamentos. Era socio de laboratorios y droguerías que colocaban remedios costosos en obras sociales u hospitales. Esos medicamentos eran robados o adulterados. Después se convirtió en financista de los aventureros que colocaban los medicamentos de dudoso origen.

En el mundo de las droguerías apareció en 2007 el negocio delictivo de la efedrina, un precursor necesario para fabricar drogas sintéticas. El precio de la efedrina trepó a niveles inimaginables cuando el producto fue prohibido en México. Los cárteles llegaron a pagar 10.000 dólares el kilo un producto que algunas droguerías conseguían importar de India y China a 400 ó 500 dólares. Pérez Corradi entró en ese negocio espurio y proveyó de efedrina a Jesús Martínez Espinoza, un mexicano que armó un laboratorio en Maschwitz y que aparentemente estaba conectado con el Cártel de Sinaloa.

Quien autorizó las importaciones fue la Sedronar, secretaría de control de drogas, en ese momento a cargo de José Ramón Granero. La jueza María Romilda Servini de Cubría no sólo procesó a Granero sino a todo su equipo, entre ellos al segundo, Gabriel Abboud, a Julio de Orué y a dos hermanos Zacarías, Miguel y Máximo, todos funcionarios kirchneristas. Es curioso que se pretenda involucrar en el tema a Aníbal Fernández, quien fuera un archienemigo de Granero. Lo que dice Servini, confirmado por Cámara, es que en 2006 se importaban unos 1.700 kilos anuales y dos años más tarde, en 2008, 16.000 kilos. Granero y compañía debieron darse cuenta.

En ese mismo año se produjo el triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Los tres estaban también en el negocio de la efedrina y no está claro si le vendieron a los mexicanos una partida alargada con sal o si intentaron quitarle el negocio a Pérez Corradi. También hay indicios de que Forza le debía una gran suma de dinero a Pérez Corradi. Lo cierto es que en el juicio por el triple crimen se dio por probado que Pérez Corradi contrató a los hermanos Lanatta y a los Schillaci para cometer los homicidios. También en esto último quieren involucrar a Aníbal Fernández porque alegan que es quilmeño como los Lanatta. El ex jefe de Gabinete sostiene que nunca habló ni vio a Lanatta y que no tiene relación alguna con él. En los dos meses que duró el juicio, nadie nombró a Fernández, y el abogado de los Lanatta, Roberto Cazorla Yalet, sostuvo que el condenado homicida nunca le mencionó que el ex jefe de Gabinete tuviera relación con los asesinatos.

Una de las jugadas más llamativas, concretada por el macrismo, es el pase del caso del triple crimen a la justicia federal. Fue una exigencia de Pérez Corradi y sus abogados para realizar el acuerdo. El triple crimen fue investigado por la justicia de Mercedes, principalmente el fiscal Juan Ignacio Bidone; se elevó a juicio en Mercedes, el juicio oral fue también allí y las condenas y apelaciones igualmente en Mercedes, en la justicia provincial. Siete años después se dieron cuenta que se trató de un caso de narcotráfico, Bidone se declaró incompetente y el expediente pasó a Servini. Fue parte del acuerdo que se terminó de sellar ayer.

Para que quede claro con quién pactó la administración Macri, Pérez Corradi está imputado:

- Por la justicia de Estados Unidos por haber enviado 1.700 pastillas de oxicodona, es decir opio, a ese país.

- Por haber traficado efedrina hacia México –aparentemente– en combinación con el Cartel de Sinaloa, el del Chapo Guzmán.

- Por haber contratado a cuatro homicidas para que ejecuten a Forza, Bina y Ferrón.

Si todo continúa como Pérez Corradi, sus abogados y el macrismo acordaron, el traficante llegaría a Buenos Aires la semana que viene. La lógica es que lo alojen en una unidad de la Policía Federal, la Gendarmería o la Prefectura, porque el pacto establece que no sería en ninguna unidad del Servicio Penitenciario. El resto es bastante sencillo: será incluido en el programa de protección al testigo, con un ingreso mensual y la conexión a Internet que pidió. Como prueba de fidelidad, Pérez Corradi ya dijo que “en los hechos por los que se me investiga, están involucrados muchos funcionarios kirchneristas”.

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