Plan C

El fallo y después

Para el Gobierno, el tribunal fue una desagradable sorpresa que puede complicarse con la asunción de Rosenkrantz, programada para mañana. El cambio en el poder interno y las preocupaciones de Lorenzetti.

› Por Irina Hauser

El Palacio de Justicia es un lugar oscuro cuando cae el sol, porque deja de entrar la luz natural que suele iluminar todo su espacio a través de los vitrales del alto techo. El miércoles, ya cerca de la medianoche, todavía había una lámpara encendida al final de un pasillo, en el despacho de Horacio Rosatti, el más nuevo de los jueces de la Corte Suprema. Estaba sentado frente a la computadora, redactando su voto en el fallo que voltearía el tarifazo, en compañía de algunos colaboradores. En otro recodo del cuarto piso, trabajaban los funcionarios que corrigen las citas y el estilo de las sentencias. En otro despacho, un secretario.

Hacía rato que no se veía una escena así en el tribunal. Gente escribiendo contra reloj, limando hasta el último detalle, a cualquier hora. En parte era por el caso, y por la urgencia. Otro tanto empieza a revelar cambios en la distribución del poder entre los jueces y en la dinámica interna de la Corte. Son pequeños anuncios del rumbo que podría tomar cuando quede completa desde mañana, cuando le toca jurar a Carlos Rosenkrantz. En la “cocina” del fallo de las tarifas, el presidente supremo Ricardo Lorenzetti naufragó en el intento de imponer una sentencia que complaciera a Mauricio Macri. Rosatti al timón, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, orientaron la decisión mucho más en contra del Gobierno que a favor, al tomar nota de la fortaleza de un reclamo social creciente.

El fallo de la Corte anuló el tarifazo para los usuarios residenciales de gas pero dejó afuera a las empresas e industrias de todo tamaño, además de cooperativas y otras organizaciones. Los jueces cuestionaron que el Gobierno hubiera pasado por alto la convocatoria a audiencias públicas que prevé la Constitución para garantizar la participación ciudadana antes de un aumento de tarifas. Esas audiencias, dijo, son obligatorias. Y especificó que deben abarcar todos los componentes del gas: transporte, distribución y también el llamado “gas en boca de pozo” (que representa la mayor parte del valor de la tarifa) mientras esté regulado por el Estado.

Los supremos dedicaron frondosos párrafos (que dejaron al Gobierno de muy mal humor) a hablar de la razonabilidad que debe tener el precio del servicio para no volverse confiscatorio para la vida de una familia. Al universo de empresas e instituciones que quedaron afuera del fallo (podrían ser hasta las universidades) la Corte les dejó un camino marcado para litigar con éxito.

La cocina

Era previsible que en un caso de tanta trascendencia como este Rosatti, como juez recién llegado, redactara su propio voto. Porque si bien desde que desembarcó en la Corte firmó más de cien resoluciones, la de las tarifas se convertiría en su carta de presentación general. En cambio, no era tan obvio que hicieran su propio voto Highton y Maqueda. Porque al fin y al cabo todos resolvieron lo mismo, y el fallo fue unánime. Pero lo hicieron para distanciarse en principio de lo que buscaba Lorenzetti: en la lógica palaciega, los gestos de este tipo hablan mucho.

Maqueda, en los últimos años, mantuvo una alianza casi natural con Lorenzetti en la mayoría de los fallos, pero ahora se acercó a Rosatti, con quien compartió la Convención Nacional constituyente que llevó a la reforma constitucional de 1994. La sentencia, de hecho, reclama justamente que se respete el artículo 42 de la Constitución reformada, que es el que obliga a implementar mecanismos de participación ciudadana para usuarios y consumidores. A los jueces, está claro, les gusta ver “sus” frutos reformistas en los fallos. Rosatti se quedó hasta pasadas las doce de la noche en la Corte para terminar su voto. Maqueda se fue apenas un rato antes que él.

Lorenzetti había sido el primero en retirarse. Desde que fue a ver a Macri a la Casa Rosada antes de las vacaciones de invierno, exactamente el mismo día que la Corte le ordenó al gobierno que presente un informe explicativo del aumento del gas, el juez intentó que el texto de la sentencia se acercara al menos los argumentos del macrismo: que las audiencias excluyeran el “gas de boca de pozo” y que fueran solo para los usuarios residenciales. Pero no lo logró, y no se animó a quedar en disidencia con un voto individual, que en su caso lo dejaría expuesto. Tampoco quería que tamaño tema terminara tres a uno. En el Gobierno, que había creído recibir un mensaje distinto, tras conocer el resultado, estaban furiosos. Quien mantuvo el contacto con Lorenzetti fue Gustavo Lopetegui, el hombre clave en la jefatura de gabinete que aterrizó desde Lan, mantiene redes con numerosos empresarios y ha sido un incondicional de la Fundación Pensar.

La primera señal de que el fallo no sería exclusivamente técnico sino que llevaría una impronta política desde el vamos fue que dentro de la Corte tramitó en la secretaría 5, a cargo de Cristian Abritta –un secretario histórico, de la época de Julio Nazareno, conocedor de toda la doctrina suprema– bautizada como “de asuntos institucionales”. En cualquier circunstancia hubiera ido a la secretaría 4, que se ocupa de los juicios específicos contencioso administrativos, un universo del que forman parte los que involucran al Estado. Como presidente supremo, Lorenzetti es quien suele asignar las causas. Esta vez llegó hasta ahí, porque luego la deliberación se le fue de las manos.

Su equipo de comunicación elaboró un informe de prensa, con un resumen de la sentencia. Pero Maqueda le envió un brief de su voto, con la condición de se lo entregaran intacto a los periodistas. Rosatti, nada.

Primeros chispazos

En esta Corte en vías de recomposición, los primeros chispazos que empezaron a poner en jaque a Lorenzetti como voz unívoca, se vieron cuando el periodista Horacio Verbitsky reveló que el Gobierno dispuso que los jueces supremos podían viajar en primera clase de Aerolíneas Argentinas sin pagar, en medio de la batalla judicial por las tarifas. Los otros tres jueces aguardaron a ver qué hacía el presidente supremo. Dejaron pasar algo más de 24 horas. Como no hizo nada –ni desmentir, confirmar o contestar– uno de ellos, encolerizado, mandó un e-mail al gerente de aeropuertos que figuraba en la comunicación interna que publicó este diario y que llevaba como asunto “upgrade ministros de la Corte”. Hizo saber que nunca había pedido un upgrade ni lo quería. La encarga de comunicación del tribunal, María Bourdin, quedó horrorizada porque nadie había pasado por su filtro habitual.

El chusmerío de los pasillos supremos preanuncia que cuando llegue Rosenkrantz, la Corte se convertirá en una guerra de egos. Rosenkrantz y Rosatti ya demostraron su capacidad de sortear las peores circunstancias, después de haber sido gravemente cuestionados por aceptar ser nombrados en comisión, por decreto, situación que quedó salvada cuando les dio acuerdo el Senado. Ninguno de los dos tiene carrera judicial. Rosatti es un constitucionalista apasionado por la política. Viene del peronismo, fue intendente de Santa Fe y ministro de Justicia con Néstor Kirchner. Rosenkrantz viene de dirigir la Universidad de San Andrés y de litigar por un sinfín de empresas como abogado. Entre otras, su estudio representó al Grupo Clarín en la causa de la Ley de Medios.

Es difícil saber qué perfil exactamente adoptará la Corte nueva. Pero es posible prever que los nuevos jueces atacarán los criterios que viene utilizando la Corte para aceptar cualquier caso de la llamada doctrina de “arbitrariedad de sentencia”. O sea, expedientes que llegan por haber arbitrariedad en las decisiones. Mucho más interesados en que la Corte se concentre en las discusiones exclusivas de constitucionalidad (como el caso de las tarifas) intentarían barrer con todos esos expedientes, que son cientos. La Corte no logró en los últimos años, pese a las prédicas, bajar de su promedio de 13 mil causas.

Un punto inquietante, en especial para los organismos de derechos humanos, es que ambos jueces nuevos son críticos de la posición adoptada por la Corte hasta ahora, según la cual las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de acatamiento obligatorio. Ellos, con matices, lo cuestionan. Es un punto riesgoso hoy para las políticas de memoria, verdad y justicia, ya que tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Judicial se advierten decisiones regresivas y un vuelta a las trabas para juzgar a los represores, y ni qué decir de los cómplices civiles del terrorismo de Estado.

La discusión de las tarifas seguirá y pronto, ya con Rosenkrantz, la Corte tendrá que resolver la medida cautelar dictada por la Cámara de la Plata que suspendió el aumento de la luz. En el Gobierno estaban enojados con su tardanza para jurar (atribuida a trabajos que debía terminar) porque creían que mantendría una posición favorable al tarifazo y complicaría la discusión suprema. De Rosatti no esperaban una decisión tan netamente adversa, atenta a los derechos sociales.

Mientras la Corte se reorganiza se vendrán otros temas grandes: tienen que resolver quién investiga la muerte de Alberto Nisman, la situación del padre Julio Grassi, será tema la edad jubilatoria de los jueces cuando el año próximo Elena Highton de Nolasco cumpla 75, entre otras cosas, y habrá que ver si la presidencia de Lorenzetti, que consiguió en una elección anticipada, dura hasta 2019 o con el nuevo esquema de poder se termina antes. Y todavía está latente la discusión sobre el número de miembros supremos.

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