Plan C

 ALEJANDRO TULLIO, EX DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL Y ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL

“Es una reforma electoral parcial”

Por Sebastián Abrevaya

Durante casi 15 años Alejandro Tullio fue el responsable de la Dirección Nacional Electoral, el organismo del Poder Ejecutivo encargado de llevar adelante las elecciones junto con el Poder Judicial y los partidos políticos. En diálogo con Página/12 y ahora en su rol de docente y especialista en derecho constitucional, señaló que el proyecto del macrismo “no es una reforma política sino una reforma electoral parcial”. Advirtió que los plazos para aplicar el voto electrónico en 2017 son “muy cortos” y reclamó que se explicite claramente que la Cámara Nacional Electoral es “la autoridad de aplicación” del sistema

–¿Qué opinión tiene sobre el proyecto presentado por el Gobierno?

–En primer lugar, el proyecto no es una reforma política sino una reforma electoral parcial. Más que nada de procedimientos electorales y no tanto de cuestiones de fondo. Eso implica una limitación a las expectativas generadas por los anuncios oficiales. Y es distinto de lo que se conversó en todas las mesas de diálogo previas. Admitiendo esa parcialidad, tiene aspectos positivos y omisiones que obligan hacer modificaciones importantes.

–¿Cuáles serían esas modificaciones?

–Se podrían dividir en dos. Por un lado, respecto del dispositivo de votación y, por el otro, de los cambios en la oferta electoral de las primarias.

–Empecemos por los cambios en las PASO...

–El proyecto impone dos cuestiones, la fórmula presidencial ya no se va a elegir completa sino solamente la candidatura de presidente, sin el vice. Una vez que pasan las primarias, el candidato a presidente podrá elegir una persona para que integre la lista, siempre que no haya sido precandidato por otra agrupación. Esto es contradictorio con uno de los objetivos declamados por el proyecto que es reforzar el sistema de partidos. No se refuerza el sistema personalizando esa decisión, nada más y nada menos que la del primero en la línea de sucesión. Si bien me parece razonable otorgar flexibilidad a los armados políticos, deberían estar limitados de dos maneras: debería ser una persona que haya participado en las primarias de la misma agrupación del candidato, en cualquier categoría. En segundo lugar, la decisión sobre el vice tiene que ser de un órgano colectivo, no de una persona.

–¿Y sobre el otro cambio en las PASO, la obligación de votar en las primarias de la misma agrupación para todas las categorías?

–Eso tiene varias lecturas, una constitucional y una politológica. La constitucional encuentra algún tipo de obstáculo porque se supone que las primarias son la primera parte de un proceso donde el ciudadano tiene libertad para combinar su voto. De hecho, en la última década importantes fuerzas que eran oposición hacían campaña para cortar boleta y ahora que llegan al Gobierno pretenden restringir algo que impulsaron cuando les era conveniente. Eso genera un poco de ruido.

Desde el punto de vista de fortalecer el sistema de partidos, no me parece mal porque esto nacionaliza la elección y da mayor coherencia a los resultados. Esto me parece que prevalece en el balance.

–Sobre el voto electrónico, muchos especialistas se pronunciaron en contra. ¿Qué opinión tiene?

–El proyecto habla de un “dispositivo de votación digital”, no menciona la boleta única electrónica como tal. No está tan orientado a una sola solución tecnológica. De todas maneras, hay omisiones en la redacción que son importantes como la necesidad de establecer claramente quién es la autoridad de aplicación. Más allá de que la provisión de los elementos está en cabeza del Ejecutivo y eso está bien porque el PEN tiene flexibilidad para contratar, quien autoriza, quien controla, quien elabora los criterios previos y evalúa si se cumplen tiene que ser la justicia nacional electoral. Eso no está especificado.

–¿Cómo debería ser el proceso entonces?

–Le corresponde a la Cámara Electoral la elaboración de criterios en base a los cuales el PEN provea las máquinas. La decisión sobre si se licita o se desarrolla es una decisión menor al lado de la decisión sobre el modelo informático y electoral. Un proyecto de informatización del mecanismo de votación no es un proyecto tecnológico, es un proyecto de base tecnológica pero es un proyecto electoral. Los derechos y garantías que rigen el proceso electoral deben estar presentes, independientemente de cuál sea el desarrollo informático. La Cámara es la que debe formular los criterios previos. Una vez que esté propuesta la solución, debe evaluar con el dictamen de una comisión de expertos informáticos y jurídicos, de las universidades públicas, si se cumplen esos criterios. Paralelamente a esa evaluación debe darse intervención a los partidos y a la sociedad civil. Para que por distintos mecanismos se efectúen auditorias. Darle acceso al código fuente y por supuesto una descripción funcional del hardware para que los partidos puedan formular observaciones y para que la sociedad también lo haga. Debemos abandonar los criterios partidocéntricos que limitan la participación civil. Las elecciones son de los ciudadanos, no de los partidos ni del Estado. Esto le da herramientas a la Cámara Electoral para producir en primer lugar la aprobación o no de la solución integral informática propuesta. Segundo, para que autorice su uso. Puede ser que se apruebe técnicamente pero que la CNE decida no autorizar esa utilización. En esta etapa de transición eso debe estar especificado.

–¿Qué pasa con la transmisión de la información el día de la elección?

–No está establecido en el proyecto la transmisión de los datos. No puede licitarse eso y ser transmitido por redes comerciales. La red del correo argentino por la que se transmitían los telegramas sigue siendo la red más viable. Y es pública.

–Algunos especialistas plantearon que el voto electrónico no cumple los principios de seguridad, integridad y auditabilidad que debe tener una elección. ¿Coincide?

–No creo eso se aplique estrictamente a este caso porque estamos ante un sistema híbrido, no únicamente informático. Como hay una disociación entre el instrumento mediante el cual se vota –que es una boleta– o el instrumento por el cual se señala el voto –que es la máquina de votar–, y el resguardo y almacenamiento de ese voto –que es la urna con un papel que contiene un chip y un código QR–, esa condición híbrida no hace estrictamente aplicable ese planteo. De todas maneras, yo afirmé en el debate en Diputados que todo sistema es vulnerable, por lo tanto hay que trabajar en vías de seguridad y minimizar las vulnerabilidades. No sé si va a haber tiempo para hacer todas las pruebas suficientes que un proyecto como este amerita. El plazo de 2017 es muy corto. En Salta se hizo en tres etapas, es decir en seis años.

–¿No es mejor el sistema de boleta única en papel?

–Si me hubiera tocado participar en la redacción del proyecto y coincidiendo en el diagnóstico de que el Estado debe proveer la totalidad de la oferta electoral en la totalidad de las mesas, yo hubiera escrito una transición de la boleta partidaria a la boleta única, en sus dos versiones: la boleta única en papel y la boleta única electrónica. Eso resolvería el problema, por un lado, y pondría un horizonte tecnológico, por el otro. Y evitaría la ansiedad que puede llevar a cometer errores.

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