Plan C

PEDIDOS DE INFORMES EN DIPUTADOS Y EN LA LEGISLATURA POR EL USO DE TECNOPOLIS

Bullrich, en problemas por el elitismo

Las diputadas del Frente para la Victoria Juliana Di Tullio y Teresa García pidieron la interpelación del ministro de Educación por haber cerrado la feria de ciencias para el uso de los hijos de funcionarios de esa cartera.

El uso exclusivo de Tecnópolis por parte de hijos de funcionarios de Cambiemos el sábado pasado motivó la presentación de sendos pedidos de explicaciones al ministro de Educación, Esteban Bullrich en la Cámara baja. “La utilización de espacios públicos por parte de funcionarios para fines privados constituye no sólo un dilema ético sino que también podría configurarse en delito”, advirtieron las diputadas Juliana Di Tullio y Teresa García en su proyecto para interpelar a Bullrich en la Cámara baja. Los diputados Araceli Ferreyra, José Ruiz Aragón y Adrián Grana, también del Frente para la Victoria, presentaron en tanto un extenso pedido de informes para el ministro como “primer paso” pasa abordar el tema. A su vez la diputada porteña Magdalena Tiesso presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura repudie la decisión del gobierno de Maurico Macri y recordó que “usar fondos públicos para otro destino que el originario configura el delito de peculado”.

Según denunció la periodista Mariana Moyano en su blog, las personas que el sábado esperaban ingresar a las 11 a Tecnópolis debieron esperar una hora sin recibir ninguna explicación por “la ‘necesidad’ de ciertos funcionarios de que sus hijos/as tuvieran el predio para ellos”. Unos 45 adultos que forman parte del personal jerárquico del ministerio de Educación concurrieron con sus hijos, señaló, y nombró a Bullrich, a su jefe de gabinete Diego Marías, al director de Desarrollo Universitario y Voluntariado, Pablo Domenechini, y al secretario de Deportes, Carlos Mac Allister. Moyano contó que los trabajadores debieron llegar dos horas antes para cumplir con el capricho oficial y trabajaron durante la semana para acondicionar juegos que estaban fuera de servicio y que los niños Pro tuvieron el privilegio de inaugurar.

Las diputadas Di Tullio y García resumieron la nota de Moyano, advirtieron la posible malversación de caudales públicos y pidieron la citación de Bullrich para “exponer un amplio y pormenorizado informe” sobre el uso de Tecnópolis “para uso exclusivo del personal jerárquico (del ministerio) y sus hijos/as”.

“Tecnópolis fue creada como la muestra de ciencia, tecnología e industria nacional más grande de América Latina. La comunidad científica y la sociedad en general advirtieron la trascendencia de una herramienta creativa y recreativa que puso al alcance de millones de argentinos los avances científicos y tecnológicos de nuestro país y, a la vez, permitió formar y entretener de modo gratuito y sin discriminaciones ni segmentaciones de clase ni privilegios para pocos a millones” de personas, recordaron Ferreira, Ruiz Aragón y Grana. Calificaron de “acción repudiable” el uso “por parte de funcionarios de instalaciones estatales, la contratación de comidas especiales, la afectación de personal contratado por el Estado en cualquiera de las modalidades, la afectación de personal en horario no laboral, para el disfrute de unos pocos elegidos arbitrariamente según el criterio de consanguinidad o amistad”. Agregaron que se trata de “una acusación muy grave” y que “está tipificado como delito el tomar indebidamente del péculo ajeno cuando el sujeto activo es un funcionario público así como usar fondos públicos para otro destino que el originario”.

Tiesso también citó a Moyano para recordar que jueves y viernes de la semana pasada “se mantuvieron cerradas algunas zonas (de Tecnópolis)” a fin de prepararlas “especialmente para los privilegiados visitantes y hubo sectores que fueron inhabilitados al público en general para que estuviesen impecables para el uso privado de los hijos de los funcionarios”. “La utilización de los recursos del Estado para ponerlos al servicio de una pequeña elite y para fines privados debe ser algo que nos preocupe a todos”, planteó. La legisladora del FpV recordó que el artículo 261 del Código Penal establece una pena de “reclusión o prisión de dos a diez años a inhabilitación absoluta perpetua” para “el funcionario que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo”.

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