RECLAMAN AL GOBIERNO EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DE LA ONU SOBRE MILAGRO SALA
El Estado argentino debe hacer los deberes
El CELS, Amnistía Internacional y Andhes entregaron cartas a la canciller Susana Malcorra, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y al representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Leandro Despouy.
Amnistía Internacional (AI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el colectivo de Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales del Noroeste (Andhes) le pidieron al Estado nacional que “informe las acciones que está realizando para cumplir con la decisión definitiva” del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, que solicitó a fines de la semana pasada liberar de inmediato a Milagro Sala. En una carta formal entregada a la Cancillería, los organismos de plantearon que existen “fundamentos constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos” que “imponen el acatamiento de la resolución del grupo de trabajo, cuyo incumplimiento sería impensado”.
Tal como lo anunció el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, en la conferencia de prensa que ofreció el organismo tras conocerse la determinación de la ONU sobre la detención arbitraria de Sala, que lleva encerrada casi diez meses en Jujuy, quienes promovieron la denuncia sobre esa situación en instancias internacionales exigieron formalmente al Estado que informe cuándo y cómo cumplirá con la liberación de la dirigente social.
Además de considerarla arbitraria, el grupo de trabajo de la ONU apuntó que la detención de Sala “vulnera derechos consagrados”, y encomendó al Estado liberarla e informarle cómo y cuándo lo iba a hacer, si la iba a resarcirla de algún modo y que se realice una investigación sobre las violaciones de los derechos de la dirigente.
“La implementación de la decisión del grupo de trabajo, lejos de ser una opción constituye un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema jurídico argentino”, advierte el CELS, AI y Andhes en su misiva, que también fue dirigida al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y al representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Leandro Despouy.
En ese sentido, fundamentaron que desde la restitución de la democracia en el país, Argentina “ha sido un Estado pionero en materia de desarrollo y aplicación de los principios internacionales de derechos humanos” y que a partir de la reforma de 1994 la Constitución Nacional dio al derecho internacional de los derechos humanos una “enorme trascendencia”. Además, mencionaron que los dos acuerdos en los que el grupo de trabajo de la ONU sustentó la calificación de la detención de Sala como “arbitraria”, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, “son dos de los instrumentos con jerarquía constitucional” en Argentina, y que la Corte Suprema de la Nación “ha destacado en varios pronunciamientos” la responsabilidad del Estado de “acatar las decisiones de mecanismos internacionales de derechos humanos”.
Por otro lado, los organismos también destacaron que si el Estado respondió ante el pedido de información requerida por el Grupo de Trabajo mientras analizaba la situación de Sala, “no puede ahora desconocer la decisión adoptada” por esa instancia internacional. “Hacerlo contrariaría el principio de buena fe y lo haría incurrir nuevamente en responsabilidad internacional”, plantearon en la carta que tiene a la canciller Susana Malcorra como principal destinataria.
Otro argumento que añadieron fue la detención del dirigente opositor al gobierno de Venezuela Leopoldo López, cuya detención fue calificada de “arbitraria” por el Grupo de Trabajo de la ONU, el mismo dictamen que esa institución internacional aplicó en el caso de la titular de la organización social jujeña Tupac Amaru. “Un accionar coherente con estas decisiones de política internacional exige al Estado argentino acatar plenamente la decisión y arbitrar todos los medios para su inmediata liberación”, opinaron el CELS, AI y Andhes, y concluyeron que “proceder en contrario implicaría no solo desconocer principios esenciales del derecho internacional que comprometen a la Argentina, sino también un rotundo quiebre en su política exterior y un grave retroceso al liderazgo en derechos humanos que el país ha sabido consolidar ante la comunidad internacional”.
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