Plan C

Bullrich infló 83% las estadísticas para justificar la polémica reforma migratoria

La titular de la cartera de Seguridad dijo que los extranjeros representan el 33% del total de detenidos por narcotráfico pero un informe del mismísimo Ministerio de Justicia elaborado en 2016 indica que son sólo el 18%.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que los extranjeros representan el 33% de los detenidos por causas ligadas al narcotráfico y en realidad ese dato es falso. Según datos oficiales para respaldar el plan oficial de endurecimiento de la política migratoria, infló 83% las estadísticas reales.

El informe que contiene la información verdadera llamado "Infracción a la ley de drogas y problemáticas asociadas", pertenece al Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

"Los argentinos representan el 82% de las personas detenidas por esta causa", sostiene el informe y completa: "El resto son extranjeros". Ergo, los extranjeros detenidos por narcotráfico representan el 18% de la población carcelaria argentina.

"La distribución según nacionalidad de los infractores (a la ley de drogas) se ha mantenido estable en términos generales entre 2005 y 2015 y de eso puede desprenderse la conclusión de que la participación de extranjeros en el narcotráfico en el país no creció.

Según una nota del periodista Juan Rezzanos, "la distribución según nacionalidad de los infractores se ha mantenido estable”, lo que no termina de entenderse la urgencia de la ministra para endurecer los controles migratorios a través de un decreto, a "aquel que cometió un delito en su país, no entra a la Argentina, y que aquel que cometa un delito en la Argentina va a ser expulsado de una manera rápida".

El ex camarista y ex ministro de Justicia León Arslanian hizo el pasado jueves, en diálogo con radio Del Plata, una distinción central al considerar que no se admita el ingreso de personas que tienen procesos penales en curso en sus respectivos países, aunque en los casos de extranjeros sobre los que no pesen restricciones para salir de sus territorios, el país de admisión no tiene objeción alguna que plantear, pero advirtió que, si se intentara prohibir el ingreso de personas con antecedentes penales pero que hubieran cumplido sus condenas, eso generaría "problemas de naturaleza constitucional".

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