Plan C

El contexto del paro a largo plazo

La CGT anuncia una movilización y un paro, recién para fines de marzo. Sus razones, sus aciertos y zigzagueos, sus erradas tácticas previas. La ilegalidad macrista frente al acuerdo vigente de La Bancaria y a la Paritaria Nacional Docente. Los gobernadores, de acuerdo con el porcentaje nimio de aumento pero no con que el Gobierno evite pagar costos. Evocaciones de activismo sindical que conmovieron a la Argentina hace 30 o 20 años. La herencia que recibió el kirchnerismo.

Por Mario Wainfeld

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que participará en una movilización convocada por gremios de la industria el 7 de marzo y que convocará a un paro en la segunda quincena de ese mes. La fecha y características de esta medida de fuerza quedaron para resolver. Los voceros cegetistas más enfáticos hablaron de un “plan de lucha” (que es algo cualitativamente superior a dos movidas en un trimestre) y susurraron que la huelga podría hacerse el 30 de marzo, al cumplirse 35 años de la movilización contra la dictadura promovida por la CGT Brasil que lideraba Saúl Ubaldini. Es una fecha tremenda, plena de simbolismo.

El que avisa no es traidor y el que avisa un paro con 50 días de antelación es un negociador: le está dando margen a las contrapartes (empresarios y Gobierno) para arrimar posiciones, distender. De cualquier modo, el gesto es potente y no dejaría espacio a retractaciones o ambigüedades… si fuera coherente con el desempeño previo de la CGT frente al (o al lado del) gobierno del presidente Mauricio Macri.

Los triunviros cegetistas cuestionan la política económica, las suspensiones y los despidos (incumpliendo un pacto firmado en noviembre), el Decreto de Necedad y Urgencia (DNU) que radicaliza, ansiógeno, el proyecto de ley sobre Riesgos de Trabajo que contaba con media sanción en el Senado. Son reproches justos, irrefutables,

Lo que diluye (algo y por ahora) el impacto es la trayectoria de la Central obrera desde la asunción de Macri. El compromiso para detener la sangría de despidos y suspensiones fue un acuerdo de baja calidad. Los jefes sindicales se avinieron a suscribir un pacto sin sanciones por incumplimiento, sujeto solo a la palabra de los patrones. En algún momento esta columna dijo que, sin prever agravamiento de las indemnizaciones, reincorporaciones o penas de otro tipo, el tratado estaba impreso en papel higiénico. Nos retractamos del modo, no del concepto.

Confiar en la buena fe  de las corporaciones empresarias está muy por debajo del saber y de la astucia de las cúpulas gremiales. Alguno de sus portavoces más racionales lo explica con un par argumentos que pueden parecer contradictorios para algunos pero que él entiende acumulativos.

No querían apresurarse a confrontar con el oficialismo ni poner en riesgo la gobernabilidad, el primero.

El segundo es que imaginaban que las empresas le darían una manito a “su” gobierno, haciendo un aporte a la paz social.

Suena cándido o taimado, cada quién dirá. En cualquier supuesto, no funcionó y ahora la CGT muestra los dientes. No es la primera vez en la era macrista, recordemos el multitudinario del año pasado en la Avenida Paseo Colón y la promoción de la ley anti despidos que Macri vetó.

Claro que el tiempo pasó, la coyuntura es cada vez peor para los trabajadores, las convenciones colectivas están al caer… El cuadro se ha agravado y, representantes al fin, los compañeros cegetistas tal vez piensen que se ha llegado a un punto de no retorno.

Sobre todo porque el Gobierno da muestras de escaso apego a la negociación colectiva y a las leyes que reglamentan su ejercicio. Dos en los últimos días.

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La legalidad… te la debo: Uno es la negativa a homologar un acuerdo de La Bancaria con la mayoría de las Cámaras del sector es una señal, ilegal desde el vamos. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo convalidó una cautelar promovida por La Bancaria. El convenio estaba firmado por las partes y tiene principio de ejecución. Es contrato vigente, ley entre las partes.

El gobierno, lejos de reconocer su conducta viciosa, explica que recurrirá ante la Corte Suprema. Esta debería rechazar el recurso, por la naturaleza de la causa. Lo hace todos los días, cuando no hay conflicto laboral en danza. Con Ricardo Lorenzetti (día a día jaqueado por la diputada Elisa Carrió) y Carlos Rosenkrantz (abogado de grandes empresas, aliado de Clarín en numerosos emprendimientos) nadie puede asegurar que obrará conforme a derecho ni de modo coherente con su propio protocolo. Habrá que ver.

El otro caso testigo, que lo viene siendo desde la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, es la Paritaria Nacional Docente (PND). De nuevo, es una institución creada por la ley de Financiamiento Educativo. A Macri y su ministro de Educación Esteban Bullrich no les piace… entonces quieren derogarla de facto y de prepo.

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La bandera del 18 por ciento: La PND existe desde el año 2008, cuando el kirchnerismo acogió una constante demanda de los docentes. Es un medio, intrincado, para tratar de zurcir parte del desaguisado de la política menemista que bajo el mendaz rótulo de la “descentralización” tupacamarizó las políticas sociales, educativas y de salud. La Nación las arrojó a las provincias, sin transferirle recursos para hacer viable el traspaso. Debilitar los reclamos sindicales era otro objetivo del combo: fue resistido desde el vamos. Los maestros competían, en desventaja, con un gobierno altanero y poderoso, con el clima individualista neoconservador de la etapa. Les costaba sacudir la relativa apatía de sectores populares.

En 1997 desplegaron la Carpa Blanca ante el Congreso, “encontrándole” la vuelta para ganar la calle sin parar, hacerse visibles ante la opinión pública, mostrarse como lo que son: trabajadores de la educación. Se están por cumplir veinte años de ese prodigio de templanza y creatividad en un contexto hostil. Volveremos sobre ese año- bisagra en un ratito (ver asimismo recuadro aparte).

La PND anticipa las provinciales, con carácter obligatorio, establecido en el artículo 10 de la ley 26.075. Lo llama “convenio marco” y su función es fijar un piso para el salario inicial, que impacta en la escala. Las provincias, luego, pueden mejorar el piso, no horadarlo.

Al principio la PND funcionó muy bien, elevando la base salarial. El Gobierno nacional actuaba como aliado de los gremios. Un fondo compensatorio pagado por el Estado nacional ayudaba a las provincias con más dificultades. El número de éstas fue variando, a la baja en los últimos años del kirchnerismo, Durante el segundo mandato de Cristina hubo dos ocasiones (años 2012 y 2013) en que no se llegó a un consenso y el Estado fijó el incremento por decreto. Es la salida legal pero no más la virtuosa o deseable en términos de negociación colectiva. Pero, insistimos, el kirchnerismo creó la institución, la aplicó permanentemente, con fluctuaciones ligadas a las vicisitudes económicas.

La ambición de Macri-Bullrich es bien otra. Quieren laudar sin reunirse, una rara avis propia de la derecha. Un dieciocho por ciento sin tender la mesa y luego tirarle la pelota a las provincias.

El flojo argumento oficial es que en 2016 se reglamentó una adecuación automática del salario docente respecto del salario mínimo, vital y móvil: debe superarlo en un 20 por ciento. Pero esa “cláusula gatillo” no deroga la ley ni suple a la PND. El oficialismo manipula y distorsiona un avance virtuoso transformándolo en un retroceso.

Los gobernadores, en su mayoría y sin unanimidad, aprueban el porcentaje. Se fragmentan más ante la iniciativa de burlar la ley

Cinco mandatarios provinciales lo dijeron con todas las letras: debe haber PND. Son Mario Das Neves (Chubut), Carlos Verna (La Pampa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). Solo los dos últimos son kirchneristas, los otros son peronistas que se le opusieron desde hace mucho tiempo. Rodríguez Saá compitió contra Cristina en elecciones presidenciales, Das Neves insinuó hacerlo pero no le dio el piné. El peronismo pampeano es bien peculiar pero Verna jamás se alineó con la Casa Rosada en tiempos de Néstor o Cristina.

Los restantes “gobernas” también se atajan, en especial los de provincias más necesitadas. Macri anuncia la consunción del fondo compensatorio, se supone que en cuotas, hasta llegar a cero en 2020. Los taitas territoriales ya conocen al oficialismo: ajusta más de lo que anuncia. Y temen, cada uno, que los primeros cortes afecten a sus terruños. Aspiran al mismo resultado que el Gobierno nacional pero a condición de que éste pague costos. Políticos, participando de las tratativas. Y económicos, solventando a las provincias

Los sindicatos se aprestan a la disputa. Para delimitar el terreno, el diario “La Nación” dedicó un editorial clasista y mal informado a Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, una de las centrales docentes bonaerenses. Decir que lo criminalizó es exceso de opinión, decir que lo marcó como un enemigo de la sociedad abierta y republicana, es un eufemismo.

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Números y fantasías: Macri alega que la inflación de este año rondará el 20 por ciento. El tarifazo que impone, entre tanto, eleva las cifras del primer trimestre. Sin entrar en la tómbola de predicciones, suena difícil que en ese lapso esté por debajo del cinco o seis por ciento. Si se añaden incrementos de servicios privados, traslación del costo del gas y la energía eléctrica a precios, el 20 por ciento parece una de las tantas fantasías M desbaratadas día tras día.

El gobierno quiere imponer a los docentes (y luego a los demás gremios) una pauta virtual, voluntarista al extremo: ese 20 por ciento que no será. Y desea borrar de la memoria colectiva lo perdido por los trabajadores, de los formales hablamos, durante 2016. Aun para la PND, que llegó a resultados aceptables, seis o siete puntos porcentuales, para empezar. Un modelo simplificado de las convenciones colectivas tendrá a los gremios arrancando de otra inflación calculada para 2017 (no menos del 25 por ciento) con más la recuperación de lo caído el año pasado. Será el caso de la PND, entre tantos que vendrán.

Los números duros (dicho en la doble acepción del término) son los que dan contorno a la nueva táctica de la CGT. No da la impresión de que habrá cambios significativos, lo que presiona a la dirigencia.

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Memorias del pasado: El mes pasado se cumplieron veinte años del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Se evocó desde muchos ángulos: uno posible es que marcó, por causas múltiples, el principio del fin del menemismo. Una de ellas fue la revitalización de la acción sindical: muchos actores y organizaciones se embanderaron en el “No se olviden de Cabezas”. Su vanguardia fue la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), que encabezó la lucha. Un ejemplo a contracorriente en momentos en que Margaret Thatcher  (en el centro del mundo) y el entonces presidente Carlos Menem (por acá) se llevaban puestos a los valores colectivos y solidarios… y al sindicalismo en yunta.

En el transcurso del mismo año, 1997, La Carpa Blanca demarcó otro mojón en la recuperación del sindicalismo combativo. Las épocas son bien diferentes, la historia no se repite pero su recuerdo alecciona.

Es lugar común advertir que Macri no quiere ser como De la Rúa. No se señala tanto que sí desea emular a Menem, un neoconservador exitoso en las urnas, que devastó al estado benefactor y a conquistas laborales.

Para ningún gobierno es negocio generar protestas sindicales crecientes. No porque sus líderes traccionen votos o los consigan para sí. No ocurre así en la Argentina. Pero sí porque los malestares de las bases suelen traducirse en las urnas.

Millones de trabajadores haciendo su balance personal o familiar, el que mejor entienden, es tal vez la mayor clave de las elecciones de octubre. Los porcentajes manipulados, la inflación soñada, los argumentos de los duranbarbistas suelen gravitar menos.

mwainfeld@pagina12.com.ar