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Sin pasar por el Congreso, Macri impuso una ley que establece si hay conflictos de interés con el Correo

Mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno presentó un mecanismo para resolver conflictos de intereses que surjan entre una empresa y el Estado, como los escandalosos casos del Correo Argentino y la aerolínea Avianca.

En el inicio de sesiones ordinarias del Congreso, Macri había dicho que impulsaría crear una ley para dirimir los conflictos de interés. Ahora, esa iniciativa se aplicó directamente mediante un decreto presidencial, es decir, confeccionado directamente por puño y letra del poder Ejecutivo (que es el que tiene los conflictos de interés), y fue publicado esta mañana en el Boletín Oficial.

El primero de los decretos, que lleva el número 201/2017, dispone que sea la Procuración del Tesoro de la Nación el organismo que patrocine al Estado "asegurando los máximos estándares de fundamentación, difusión y transparencia, de modo de evitar toda duda o prevención de la ciudadanía acerca de la recta e inequívoca gestión en favor del interés público".

En la medida se remarca que "a los fines de proveer a la adecuada defensa del Estado Nacional en procesos judiciales o extrajudiciales y de dar acabado cumplimiento a las reglas sobre ética republicana, resulta necesario establecer un procedimiento especial para los casos en que pudiera existir un conflicto de interés o vinculación entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo que suscite dudas sobre la debida gestión de los intereses del Estado".

En tanto, el segundo decreto, número 202/2017, establece en su primer artículo que "toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado (…) debe presentar una 'Declaración Jurada de Intereses'".

En esa DDJJ "deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por alguno de los siguientes supuestos de vinculación, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata" y enumera: "parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad; sociedad o comunidad; pleito pendiente; ser deudor o acreedor; haber recibido beneficios de importancia o amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato".

En este caso, será la Oficina Anticorrupción (OA), actualmente a cargo de Laura Alonso, la que reciba y examine esos documentos.
Ambos decretos llevan las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

(Fuente Télam)/Diario Registrado