La Corte Suprema busca una salida
Luego del escandaloso fallo que extendió el 2x1 a los delitos de lesa humanidad, el máximo tribunal, amparado en la ley aprobada por el Congreso Nacional, prepara un nuevo pronunciamiento.
Luego de la masiva movilización del miércoles a Plaza de Mayo convocada por los organismos de derechos humanos y la rápida sanción de una ley en el Congreso para limitar la aplicación del derogado beneficio del 2 x 1 a condenados por crímenes de lesa humanidad, la Corte Suprema emitió un sintético comunicado en el que anticipó que unificará todos los pedidos pendientes de las defensas de los genocidas bajo el mismo argumento que utilizó el represor Luis Muiña y los analizará dentro de diez días, cuando las partes se hayan expedido, a la luz de la norma sancionada por el Parlamento.
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco firmaron la semana pasada el voto de mayoría que consideró aplicable, por el principio de la ley más benigna, la derogada Ley 24.390 al represor Luis Muiña, a pesar de que se trataba de delitos de lesa humanidad y que su procesamiento y su condena ocurrieron después de que la ley hubiera sido derogada.
La decisión suprema —que tuvo los votos en minoría de Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti— generó un inmediato repudio por parte de los organismos de derechos humanos, que el miércoles pasado colmaron la Plaza de Mayo bajo la consigna "Señores jueces: Nunca más ningún genocida suelto". El mismo día, el Congreso votó por unanimidad la ley 27.362, que limita la aplicación de la derogada Ley 24.390 en casos de lesa humanidad, y el Gobierno la promulgó dos días después en el Boletín Oficial.
La limitación ya estaba presente en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y en la ley 27.156, sancionada en julio de 2015 por el Congreso, que contemplaba que "las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra (...) no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga".
Por eso, el fallo de mayoría de Rosatti, Rosenkrantz y Highton de Nolasco motorizó la imputación penal contra los jueces de la Corte Suprema por "prevaricato", según lo solicitó el fiscal Guillermo Marijuán, decisión que quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas. Y también el rechazó de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que mediante un comunicado advirtió que cuando los jueces hablan de aplicar la “ley penal más benigna” no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”.
El repudio generalizado por el fallo de mayoría abrió un abanico de acciones, según analizó el constitucionalista Gustavo Arballo y reprodujo ayer PáginaI12, para que el máximo tribunal intente sortear el desprestigio al que quedó sometido y el comunicado de hoy, con la excusa de la norma sancionada por el Parlamento, parece un “puente de plata” para decir “que a la luz" de la ley sancionada "deben reconsiderar su decisión”.
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