Plan C

Autoridades de Córdoba capital desconocieron un acta firmada por los trabajadores Una maniobra contra los choferes Tras nueve días de huelga, en la noche del lunes los colectiveros hicieron un acuerdo en el Ministerio de Trabajo provincial pero horas después Mestre negó su validez. La protesta se levantó de hecho y habría una reunión la semana próxima.

Desde Córdoba Su padre Ramón Bautista Mestre fue uno de los que ordenó la represión en la Plaza de Mayo en el diciembre negro de 2001. Diecisiete años después –y salvando las diferencias de contexto– Ramón Mestre (h) siguió ese hilo de conducta y eligió militarizar la ciudad de Córdoba para enfrentar un conflicto obrero que no supo o no quiso resolver hasta ayer, cuando desde la madrugada logró doblegar a los choferes rebeldes luego de una –por lo menos– extraña reunión en el Ministerio de Trabajo provincial cuya acta fue desconocida por el intendente. Desgastados por los nueve días de huelga, la tensión de la espera y la incertidumbre por el futuro de la fuente laboral, los choferes que se dicen “huérfanos” de un delegado local (UTA-Córdoba está intervenida desde hace más de un año) habrían sido presas de su propia impericia: en la noche del lunes firmaron un acta en el Ministerio de Trabajo “ante un abogado” que luego fue desconocida por Mestre, la Federación de Empresas de Transporte (Fetap) y hasta por el propio ministro de Trabajo, Omar Sereno. En poco menos de dos horas, los huelguistas pasaron de la euforia y el alivio por la supuesta reincorporación de los casi 120 despedidos (de los cuales 48 son mujeres que manejan los trolebuses), a la zozobra. En ese acta habían logrado –supuestamente–, que no se efectivizaran los despidos y que seguirían las discusiones por el 21 por ciento; además de la normalización del gremio. A cambio de eso, levantarían la medida de fuerza. Con esa noticia, llegaron al acampe. Con esa noticia, se abrazaron y lloraron de alegría. Con ese titular, los medios de comunicación cerraban sus ediciones. Los rebeldes volvieron a sus casas para descansar y volver al trabajo a las cinco y media de la madrugada del martes, como anunciaron. Pero pasados pocos minutos de la medianoche y por Twitter, el intendente Mestre salió a desconocer el acuerdo. Y también el ministro de Trabajo. La situación entonces fue de tal desconcierto, que los conductores de los noticieros locales no sabían qué decirles a los televidentes: si volverían los recorridos habituales o se seguiría con el servicio militarizado. Pero el golpe –y el miedo– ya había surtido su efecto: más del cincuenta por ciento de los choferes fueron a trabajar y se subieron a sus ómnibus. Las empresas sólo les impidieron el paso a los que figuran en la lista de despedidos. Casi en soledad y en lo que quedaba del acampe, los delegados que llevaron adelante la protesta dieron por finalizado el paro pasado el mediodía. Les prometieron otra reunión en el ministerio a la siesta. Otra vez el ninguneo: ni los funcionarios del municipio, ni los empresarios de la Fetap asistieron. Más tarde, el propio Roberto Fernández, titular de la UTA nacional, adelantó que será él mismo quien se sentará a la mesa de negociaciones. Tras cartón, desde el Ministerio de Trabajo se emitió un comunicado diciendo que la reunión será “la semana que viene” y con las cuatro empresas. “Si este hombre (por Fernández) nos desautorizó y no nos acompañó ¿qué podemos esperar de él?”, le dijo uno de los choferes a este diario. El trabajador no quiso dar ni su nombre de pila. Tal la pavura por la pérdida del empleo. A todo esto, Mestre se comportó desde el minuto uno del martes como parte de las empresas privadas prestatarias del servicio. Aseguró que serían “intransigentes” y hasta habló en plural: “No vamos a reincorporar ningún despedido”. También adelantó que “no se les van a pagar las horas no trabajadas: acá el que no trabaja, no cobra”, dijo con voz de mando, montado en un discurso fue casi el de un empresario y no el de un intendente que, en tanto concedió el servicio a empresas, debería controlar y analizar la conducta de éstas en el marco de un paro de nueve días. Nunca esbozó, siquiera, críticas –o autocrítica– a la falta de diálogo de los empresarios o él mismo ante los trabajadores en huelga. Por su parte y con un enorme esfuerzo por mantener la fortaleza ante los micrófonos, el delegado de Aucor, Marcos González, habló por sus compañeros. “Nosotros estuvimos dispuestos al diálogo todo el tiempo. Pero nos llamaban y nos dejaban esperando tres o cuatro horas. Se nos cagaban de risa en la cara... Y nosotros fuimos a pedir algo justo”. González admitió estar “muy triste” pero también “indignado porque los compañeros vienen llorando, desesperados, y hay gente que se alegra de que nos despidan”. Se los escuchó –feroces– por las radios de los medios en los que se demonizó a los huelguistas. El delegado agradeció a los gremios “que nos apoyaron el lunes y en la marcha del martes”. Marcos González fue uno de los delegados que fueron a la firma del acta que luego fue desconocida. Contó que “en esa reunión nos recibió un abogado solo en el Ministerio de Trabajo”. Detalló que “el acta tenía los puntos ya escritos y estaba con las firmas de “(Julio) Waisman (secretario de Transporte de la Municipalidad) y de Trabajo. Después desconocieron todo”. Desde el Ministerio de Trabajo se filtró ayer que tal vez las cosas cambien en los próximos días. Que “los despidos podrían retrotraerse, ya que los de UTA nacional quieren quedar como los salvadores, ya que continuarán con el gremio intervenido”. También que “Mestre fue quien más pujó por los despidos. Más, incluso, que los empresarios”. Lo de Mestre parece claro a nivel político: lo muestra ante el gobierno macrista como el mano-dura, el hombre fuerte ante los reclamos obreros. Aún cuando haya dejado cocinar a punto de ebullición este conflicto que perjudicó no sólo a los choferes, sino a más de 350 mil personas durante más de una semana. Un costo social altísimo, para un posicionamiento en la grilla PRO-radical. Pagina 12