Convalidaron la designación del diputado del PRO Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura
Dos años para hacerse el distraído
El juez rechazó una decena de planteos con el argumento de que la decisión a las impuganciones era ajena al Poder Judicial. Tardó casi dos años para resolver de esa manera. Tonelli entró al Consejo para terminar un mandato de una legisladora del FpV.
El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico rechazó una decena de planteos contra la designación del diputado nacional Pablo Tonelli como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, quien en 2016 fue designado sin deliberación para reemplazar a una consejera kirchnerista que tenía mandato hasta 2018. El magistrado, que tardó casi dos años en resolver la cuestión y lo hizo casi en simultáneo con las elecciones de medio término, consideró que las impugnaciones requieren una solución ajena al Poder Judicial.
“La cuestión sometida a decisión del Tribunal resulta ajena a la esencia de la jurisdicción que el Poder Judicial se encuentra facultado a ejercer”, sostuvo el titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 6 en relación a un recurso de amparo que había sido presentado en contra de la designación del diputado oficialista y tras el cual se sumaron numerosos presentaciones y pedidos en la misma línea.
Lavié Pico rechazó a todos en uno al plantear que si se dictara una medida judicial que definiera la disputa “se estaría decidiendo sobre una cuestión privativa de otro poder del Estado, encaminada a ordenarle cómo actuar y decidir, o no, en una determinada materia o en aquello que es de competencia propia”, sobre todo teniendo en cuenta que el Congreso Nacional designó a Tonelli y que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura le tomaron juramento en febrero de 2016.
La presencia de Tonelli en el Consejo de la Magistratura fue el cierre de un camino irregular. El oficialismo se paró sobre el mandato legislativo de la diputada y consejera kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, cumplido en diciembre de 2015, para discutir su presencia en el organismo de la Magistratura. En su lugar, que antes había sido ocupado por Wado de Pedro –Fernández Sagasti lo reemplazó cuando fue nombrado al frente de la Secretaría General de la Presidencia–, el bloque del FpV designó al santafesino Marcos Cleri, pero Cambiemos impuso el nombre de Tonelli, con la interpretación de que ellos habían pasado a ser la primera minoría en la Cámara de Diputados, aunque se trataba de la culminación del mandato de un cargo ya otorgado al FpV. El presidente de la Cámara, Emilio Monzó (PRO), aprobó esa lectura y nombró a Tonelli el 23 de diciembre de 2015. Sin debatir, la propuesta se convirtió en realidad, nombramiento ante la Corte Suprema y las autoridades del Consejo incluidas, en pleno verano.
Fue entonces que comenzaron a apilarse demandas que pedían la impugnación de Tonelli. Su principal objetivo era la declaración de nulidad de la resolución 1255 aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación el 23 de diciembre de 2015 en la que Tonelli era designado consejero. Entre los principales demandantes figuraron legisladores nacionales del Frente para la Victoria (FpV) como Héctor Recalde, el propio Cleri y Eduardo de Pedro.
Pocos días después de su designación, el diputado PRO negó en declaraciones a la prensa haber entrado al Consejo “por la ventana o a la fuerza”. Si concedió que “el kirchnerismo se quedó dormido” en relación a la poca reacción que tuvo para ocupar la banca que la salida de Fernández Agasti dejó vacía en el Consejo.
El juez en lo contencioso administrativo no reparó en ese camino y, en cambio, consideró que aceptar la demanda “supondría el inadmisible reconocimiento de que los jueces sean llamados en auxilio de un grupo de legisladores que en realidad sólo se quejan de haber fracasado en el juego de las mayorías y minorías propio del sistema republicano y democrático garantizado por la Constitución Nacional”. Además, recordó, que planteos de diputados nacionales del FpV, entre ellos Eduardo De Pedro y Rodolfo Tailhade, fueron rechazados meses atrás por la Comisión de Asuntos Constitucionales de esa cámara, en cuyas sesiones se había expuesto que se trataba de una cuestión exclusivamente parlamentaria. “Resulta claro que decidir sobre la pretensión articulada en autos importaría avanzar en torno a una cuestión privativa de otro poder del Estado; disponiendo sobre el procedimiento materializado por los distintos bloques e interbloques de la Cámara de Diputados de la Nación”, sostuvo Lavié Pico.
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