Plan C

La Justicia ordenó levantar el secreto bancario de Hugo Moyano por una causa por lavado de dinero

Valla judicial para la marcha de camioneros

Daniel Llermanos, abogado del líder camionero, aseguró que no hay temor por esta nueva demanda. De todas formas reconoció que desde que se anunció la marcha del 21 de febrero “se cuadruplicaron las denuncias en su contra”.

“A Moyano no le genera ningún tipo de perjuicio porque no tiene dinero que ocultar en el país y mucho menos en el extranjero”, aseguró Daniel Llermanos como representante legal del titular del gremio de Camioneros, Hugo Moyano. La afirmación viene a cuento de la orden que emitió el juez federal de Morón, Néstor Barral, para levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario del dirigente gremial en el marco de una investigación por lavado de dinero. Consultado por PáginaI12, el abogado evita ingresar al terreno político pero advirtió que “desde que anunció la marcha (del 21 de febrero) se cuadruplicaron las denuncias contra Moyano”.

La decisión se conoce ahora pero había sido sugerida por el Ministerio Público Fiscal a finales del año pasado. El juez Barral se la notificó al Banco Central y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dos días antes de que finalice 2017. Según la orden emitida, a partir de ahora es el Banco Central el que tendrá que recopilar la información de las distintas entidades bancarias donde se hayan registrado movimientos de los Moyano y de su actual esposa, Liliana Zulet y los hijos de ella, Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.

“Que hagan lo que tengan que hacer”, aseguró Moyano durante una entrevista radial y desde ese espacio contragolpeó al afirmar que él no se oculta y pidió “que hagan todo lo necesario y que ojalá la justicia investigue también a todos los funcionarios que tienen guita en todo el mundo”, señaló en referencia a las denuncias que existen contra miembros del gabinete nacional. 

Lo único que le preocupa a Llermanos es el origen de la causa judicial ya que se inició a partir de una información de carácter anónima que le llega a un funcionario de la Municipalidad de Vicente López, conducida por Cambiemos, y que luego la presentó ante la justicia. Según trascendió, el anónimo hace referencia a supuestas compras irregulares de dos viviendas en Parque Leloir a través de las cuales se estaría lavando dinero que se conseguía a partir de los sobreprecios que las empresas de los hijos de la esposa de Moyano le cobra al sindicato de Camioneros.  

“Cuando una denuncia surge de un anómino es para sospechar porque bien puede nacer de una venganza o puede ser parte de una operación de los servicios de inteligencia”, indicó Llermanos sin hasta ahora inclinarse por ninguna de las dos opciones. Eso sí, reconoció que le llama la atención que el tan mentado anónimo llegó a Vicente López, un municipio que conduce Jorge Macri. 

Por otra parte, el abogado insistió en que este tipo de causas no preocupan a Moyano “porque no tiene nada que ocultar y la fortuna que dicen que tiene en realidad es el gremio, la Federación y la mutual que prestan servicios a todos los afiliados y sus familias”.

Más allá de todas esas consideraciones el abogado reconoció que se presentará hoy en los tribunales de Morón para leer la denuncia. Eso sí, deslizó que bien podría tener el mismo destino de otras denuncias contra su representado: el archivo. Llermanos remarcó que muchas de las demandas contra Moyano tienen un objetivo político y que solo se hacen para ser publicadas en momentos de conflictivos como el actual. Ayer por caso, Moyano puso nuevamente como ejemplo a la actual diputada nacional macrista, Graciela Ocaña. En el gremio de Camioneros sostienen que la legisladora “siempre fue oficialista y por lo tanto funcional al gobierno de turno”. Es más, en el sindicato aseguran que el temor por su seguridad personal declarado por Ocaña carece de sentido porque “ningún gobierno persigue judicialmente a los suyos”.

Ayer, Moyano volvió a referirse a la legisladora y aunque se cuidó de ser agresivo no dejó de considerar que cada vez que habla “dice un disparate”. Para el dirigente sindical el último error de Ocaña fue decir que la obra social del gremio está en quiebra cuando “en realidad es el Estado el que nos debe más de 1500 millones de pesos y si estuvieran al día no tendríamos nada de déficit. Ella no sabe nada de lo que es administrar, ni su casa puede conducir”, afirmó.

Según Moyano la persecución contra él tiene mucho de discriminación de clase porque, como dijo en declaraciones radiales, “cuando se trata de un dirigente gremial, todo está prohibido. Si lo ven con zapatos nuevos lo critican. Siempre está en problema”. Es más, intentado ser más gráfico con respecto a lo que vive dijo que “si yo no fuera dirigente gremial, sería un empresario exitoso, pero soy un dirigente gremial”.

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