Plan C

El juez Rafecas ordenó 16 detenciones por “La masacre de la quinta de Moreno”, ocurrida en 1976

La justicia llegó luego de 42 años

El juez dispuso la detención e indagatoria de militares y policías por su responsabilidad en los siete asesinatos cometidos en el marco de un congreso convocado por el PRT-ERP a pocos días del golpe de marzo del ’76.

Cinco días después del último golpe de Estado, el 29 de marzo de 1976, miembros del comité central del PRT–ERP encabezados por Mario Roberto Santucho se reunieron para realizar un congreso en una quinta de Moreno conocida como “La Pastoril”. El encuentro, del que participaron dirigentes de distintas organizaciones revolucionarias del Cono Sur, derivó en un operativo ilegal de la flamante dictadura, que terminó con siete personas asesinadas y al menos ocho secuestradas y derivadas a distintos centros clandestinos para ser interrogadas bajo torturas. A 42 años del episodio, que pasó a la historia como “La masacre de la quinta de Moreno”, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención e indagatoria de militares y policías por su responsabilidad en aquellos crímenes. El magistrado, que instruye la megacausa por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, ordenó en total 16 detenciones por hechos correspondientes a distintos tramos de la investigación.

Del congreso en La Pastoril, ubicada en La Reja, participó más de medio centenar de militantes del PRT, que en su mayoría lograron escapar a tiempo por el fondo de la quinta, mientras sus compañeros resistían el ataque por el frente. El saldo del operativo fue de siete muertos: cuatro fusilados en la misma quinta y otros tres en la localidad de Marcos Paz, mientras huían de la represión. Según se pudo reconstruir en la causa, decenas de militares y policías participaron de la operación, muchos en lugares de responsabilidad y que ya están fallecidos, otros sobre los que el juez continúa la investigación.

Las detenciones que dispuso Rafecas incluyen por el momento a Miguel Angel Armúa, por entonces mayor del Ejército a cargo de la Compañía 10 de Pablo Podestá; su segundo Juan Carlos Jocker, por entonces capitán, y Carlos Alberto Guardiola, cabo primero de la misma compañía; Eduardo Sakamoto, segundo jefe y capitán de la Compañía de Ingenieros del Agua de Campo de Mayo; Héctor Alberto Raffo, quien se desempeñaba como oficial logístico; y los policías Julio Salvetti, Juan José Ruiz, Julio Alejandro Pérez y Omar Elisendo Hernández, todos de la Comisaría de Moreno, que habrían actuado junto a los militares en el operativo.

Otro operativo ilegal protagonizado por miembros del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes tuvo lugar el 10 de julio de 1976 en una imprenta del ERP en San Andrés, donde se hacían El Combatiente y Estrella Roja. Protagonizado por miembros del Regimiento de Mercedes, concluyó con la muerte de José Emilio Arancibia y el secuestro y las torturas de otro militante, quienes custodiaban al entonces asesinado vicecomodoro Roberto Echegoyen. En la causa se acreditó que el operativo surgió del interrogatorio de un alto jefe de propaganda del ERP secuestrado días antes, que fue llevado a la imprenta por los militares. La investigación permitió hilvanar las caídas de 37 víctimas, en su mayoría en Luján, todas vinculadas con la creación, edición, impresión o distribución de El Combatiente, y también reconstruir la relación de militancia (la mayoría en el ERP) y directa entre las víctimas, por la concurrencia a la misma escuela o a lugares como el taller literario del escritor Dardo Dorronzoro, víctima en la misma megacausa. Entre los desaparecidos se encuentra María Cristina Cournou –a quien su hermano, el cantante Víctor Heredia, le dedicara la canción “Carta a María Cristina”– y su esposo, el escritor Claudio Nicolás Grande; también Rocío Martínez Borbolla, editora de El Combatiente. Por los testimonios de cinco sobrevivientes y de ex conscriptos, el juez pudo concluir que existió un centro clandestino usado por Regimiento de Mercedes en una casa quinta que aún no ha sido identificada.

Los nuevos detenidos por estos hechos son el teniente coronel Alberto Ramón Schollaert, ex jefe del regimiento de Mercedes, fue imputado por 37 privaciones ilegales de la libertad, ocho homicidios y cinco casos de torturas; y el cabo primero Rubén Osmar Andrade, indagado por un homicidio, dos secuestros y un caso de torturas. Rafecas ya procesó en este tramo de la causa al mayor Luis Felipe Fernández Bustos, quien se desempeñó como segundo jefe del Regimiento y jefe de la Plana Mayor;  el entonces teniente primero Serapio Eduardo del Río, que era jefe de la Compañía A; el teniente primero Gustavo Delfor González Sass, ex jefe de la Compañía Comando y Servicios: y los entonces subtenientes Emilio Pedro Morello (de la Compañía A), Luis Alberto Brun (de la Compañía B) y Martín Eduardo Sánchez Zinny (de la Compañía C), y el subteniente Horacio Linari.

En el tramo de la investigación relacionado con el centro clandestino Sheraton, que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, Rafecas dispuso la detención de tres ex miembros del Grupo de Artillería de Ciudadela: el entonces capitán Alejandro Federico Salice, de logística; el teniente primero Ricardo Alberto Pascual, de personal; y el teniente primero Roberto Horacio Sifón, jefe de finanzas. Los tres integraban la plana mayor del Grupo, con responsabilidad en el centro clandestino que habría alojado al menos a 26 víctimas en condiciones infrahumanas, responsable además del operativo ilegal donde murieron Carlos Alberto Hobert y Graciela María Maliandi. Salice, Pascual y Sifón se suman a otros ocho imputados por Sheraton, que actualmente son juzgados por el Tribunal Oral Federal 1.

En la investigación de los crímenes en el circuito represivo que tuvo por eje a Mansión Seré, bajo la órbita de la Fuerza Aérea, el juez ordenó la detención de Roberto Ricardo Chiessi, quien como oficial principal de policía bonaerense tuvo a su cargo el Destacamento de Paso del Rey, donde fueron secuestradas y torturadas al menos cinco personas. Por los mismos hechos también dispuso detener al comisario de Moreno, de quien dependía Paso del Rey, Omar Elisendo Hernández, a quien también imputó por crímenes en la subcomisaría de Francisco Alvarez, que dependía de la Fuerza Aérea.

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